Paco Moncayo insiste en que nunca vio a Abdalá Bucaram llevándose sacos de dinero de Carondelet
El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratifica el contenido de la carta que dirigió al hijo del ex Presidente
No, Abdalá Bucaram Ortiz, el ex presidente de la República, no salió nunca del Palacio de Carondelet, el día del golpe de Estado del 7 de febrero de 1997, con sacos de dinero, como lo afirmaba la prensa de esos días. Quien así lo señala es el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Paco Moncayo, quien estuvo en los últimos momentos del ex Jefe de Estado antes de que este abandone Quito aquel día. El hoy también asambleísta hizo pública esta revelación a través de una carta que dirigió al también legislador Abdalá Bucaram Pulley, hijo del ex mandatario, hoy asilado político en Panamá.
El general Moncayo explica cómo es que se da su acercamiento con Abdalá Bucaram Pulley: “El hijo de Abdalá Bucaram es ahora mi compañero asambleísta (…), y este joven, que no puede hacer que otra cosa que lo que está haciendo, pues, reivindicar su apellido, el nombre de su padre, entonces él se ha acercado a hablar conmigo, a decirme: ‘Mire, Paco, no debemos guardar resentimientos, no debemos guardar odios, yo creo que la política del Ecuador ha sufrido mucho por eso, porque se han tomado las decisiones sobre sentimientos negativos‘, y me ha dicho: ‘Yo quisiera saber qué fue lo que pasó exactamente, y usted fue un actor importante en esa época’”.
“Una cosa que a mí me ha enternecido de este joven legislador es cuando en la Asamblea dice: ‘Ustedes no saben lo que es ver que le saquen al padre de uno de la casa la policía en Panamá, porque le encuentran un kilo de cocaína en su carro; verle arrastrado al padre de uno a la cárcel, tomarlo fotos con traje de rayas, porque el gobierno le mandó a poner, con agentes internacionales, pagados por el gobierno, le mandó a poner esa droga’… Mire usted, yo, créame que digo, yo, de hijo, no descansaría”, agregó el asambleísta durante la entrevista que dio al programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.
El asambleísta expresó que, “tomando en cuenta que este chico no tiene porqué seguir sufriendo sin conocer la verdad, y también considerando que su propio padre, el padre de Abdalá Bucaram Pulley, me ha calumniado a mí de las maneras más atroces, entonces, yo digo: es justo que se sepa la verdad”.
Reconoce que es muy difícil ser al mismo tiempo historiador y actor, sin embargo, asegura que en la carta que envió a Abdalá Bucaram Pulley no pone nada que no esté en actas, en referencia a las que existe en el Consejo de Seguridad, en donde se registraron las reuniones a las que se refiere Moncayo en su misiva.
De acuerdo con Paco Moncayo, “el presidente Bucaram tuvo cosas buenas, pésimas, como pocos hombres, inclusive él ya sabemos cómo es de temperamento, todo eso, pero mire, él hizo cosas interesantes. Por ejemplo, no cambió el Comando (Conjunto de las Fuerzas Armadas), no cambió la Cancillería y tuvo al frente, en momentos tan difíciles, a las personas con experiencia”.
El asambleísta continúa con su relato: “Mire, si él cuando recibe el Plan Zorro, forjado por Montesinos, suplantando mi firma, y de no ser por dos errores, claro, el presidente Bucaram también me hubiera botado del cargo, pero lo que pasa es que ahí, aparentemente, yo estaba dando ya una orden para botarlo al presidente Bucaram, pero se equivoca el señor Montesinos, porque aquí nosotros llamamos zonas militares, y en el Perú llaman regiones militares, y ponen en el plan: Primera región militar, Segunda región militar… y se equivoca en el nombre de Sandoval, que se llaman Telmo Sandoval, el general, y le ponen un nombre distinto, entonces, cuando me llama el general Bayas, le digo: ‘A ver, Víctor, lee, pues, es un documento forjado en el Perú’”.
En la carta, Paco Moncayo cuenta cómo es que se despidió del ex presidente Bucaram, “porque si algo debe ser un militar, es decente. Le hago notar que yo estuve junto al Presidente hasta el último minuto, corriendo los riesgos, en la casa (Presidencial), no mandé a un mayor a decirle o no mandé por teléfono ni llamé a la prensa a decir… Yo estuve con él, por eso también le digo, no es como decían, igual que Honduras. En Honduras le sacaron al Presidente de la cama; aquí el Presidente se fue con sus pies, en un avión, con sus amigos, sin que nadie le apunte una pistola, en definitiva, si él se quedaba a defender su espacio, habría sido distinto; él se fue por sus pies. Yo estuve hasta el último minuto; mire, a los hermanos les sacamos del Congreso, porque querían lincharlos, (…), porque eran legisladores, y a su familia le sacamos, el general Manuel Suárez, que es el comandante de la Zona de Defensa, les puso chompas militares, gorras militares y les sacó en un bus militar. Yo por eso decía: le salvamos la vida a toda la parentela y encima este señor abogado Bucaram me ha dicho de todo”.
Respecto a la afirmación que siempre se lanzó, de que Bucaram Ortiz salió del Palacio de Carondelet cargando sacos de dinero, Paco Moncayo, quien dijo que estuvo en todo momento con el ex Jefe de Estado, asegura que nunca vio tal situación, porque si eso hubiese pasado, él los habría hecho meter presos.
Oir entrevista de audio:
http://ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/paco_moncayo_insiste_en_que_nunca_vio_a_abdala_bucaram_llevandose_sacos_de_dinero_de_carondelet_audio--120587
1/30/2010
1/29/2010
Carta a Abdalá Bucaram Pulley
Quito, 19 de enero, 2010.
Señor Asambleísta.
Abdalá Bucaram Pulley
Ciudad.-
De mi consideración:
Entiendo perfectamente la forma como ha marcado su vida y la de su familia los acontecimientos de la vida política de su señor padre, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz y creo que es mi deber responder a su pedido de información sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los acontecimientos de 1997.
Hace ya quince años el país enfrentó con éxito la campaña militar del Cenepa, enfrentamiento provocado por los apetitos de poder y megalomanía del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, acolitado por personajes funestos para su propio país y para el Ecuador como Vladimiro Montesinos.
El éxito militar y la conducción prudente de las negociaciones diplomáticas permitieron que el arquitecto Sixto Durán Ballén pueda gobernar en un ambiente de relativa tranquilidad política, solamente alterada por los problemas del Vicepresidente, economista Alberto Dahik, que derivaron en su renuncia del cargo y abandono del país.
En agosto de 1995 fui nombrado Comandante General del Ejército y desempeñaba esas funciones cuando se realizó la campaña electoral en que triunfó su padre, Como siempre, en esta ocasión, los dos aspirantes a la presidencia conversaron directa o indirectamente con los mandos militares, sobre el nombramiento de los altos cargos militares. Yo me negué a dichas reuniones, porque quería dar un ejemplo de profesionalismo y no politización. Cuando se acercaron a solicitarme reuniones con los candidatos, simplemente respondí que hablaría con el triunfador de las elecciones si me llamaba, como en efecto sucedió, cuando triunfó el abogado Bucaram.
En esos tiempos, el Perú inició un proceso de rearme y fortalecimiento militar que, por informes de inteligencia recibidos, obedecían a las presiones de sus Fuerzas Armadas para buscar el desquite. Para ese fin trabajaba Montesinos en operaciones encubiertas en nuestro propio territorio, intentando crear desconfianza entre los actores políticos y los mandos militares. No podemos olvidar que vivíamos un frágil armisticio con nuestro vecino del Sur.
Antes de posesionarse, su padre me invitó a reunirme con él en Guayaquil, lo que en efecto sucedió y, en esa ocasión, con gran despliegue de medios, me ofreció el cargo de jefe del Comando Conjunto, que acepté inmediatamente. Para mí no solamente era la culminación de mi carrera militar, sino especialmente, un deber con mi país, en las complejas circunstancias de las negociaciones de paz. El Presidente electo aseguró algo como: “Yo soy el líder político de este país, usted es el líder militar. Vamos a trabajar juntos.”
El abogado Bucaram actuó con responsabilidad al mantener al embajador Galo Leoro Franco al frente de la Cancillería y no desmanteló los mandos militares.
Mis relaciones con su padre fueron respetuosas y profesionales; no recuerdo sino un hecho que pudo haber creado desconfianza y que estimamos fue maquinado por la inteligencia militar peruana por la gran cobertura que tuvo en ese país; se trataba del falso “Plan Zorro”, que presuntamente teníamos las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. No fue difícil que el general Víctor Bayas, Ministro de Defensa demostrara al Presidente la falacia porque en el forjado documento constaba equivocado el nombre del general Telmo Sandoval, a quien presuntamente iba dirigido; también se equivocaban al hablar de regiones militares a la usanza peruana, cuando en nuestro país usamos la denominación de zonas militares. Mi firma era superpuesta.
En otra ocasión, el helicóptero de escolta del Presidente sufrió un percance, se habló de un atentado fallido, su padre nos convocó a su domicilio nos reclamó y yo le respondí firmemente que debía confiar en los mandos, que jamás nos prestaríamos para un acto de esa naturaleza y que exigiríamos los más estrictos controles a los responsables para que no vuelvan a sucederse ese tipo de percances.
Por un elemental sentido de responsabilidad, mi principal preocupación estaba enfocada en el avance de las negociaciones de la paz, en mantener a las Fuerzas Armadas preparadas para el evento de la reiniciación del conflicto, y en mantenerlas totalmente alejadas de la política interna, siempre corrosiva. Jamás, ni como lejana tentación, pasó por mi cabeza realizar un acto antidemocrático que, por otra parte, habría podido servir de pretexto para reiniciar el conflicto armado.
Los días 23, 24 y 25 de enero de 1997 la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre realizó en sus instalaciones un ejercicio de seguridad interna, sobre los escenarios que se veían venir y, al término del cual presentamos al Presidente una información completa y algunas recomendaciones a fin de evitar que se agrave el conflicto.
El lunes siguiente, 27 de enero, fuimos invitados a la ciudad de Durán a la entrega de las viviendas del programa del gobierno, único caso de participación del Jefe del Comando Conjunto en un acto oficial de esa naturaleza.
En el mes de febrero la situación interna del país se agravó. Hubo escasez de combustibles, se cerraron carreteras, hubo también amenazas de bombas en edificios públicos, estudiantes marcharon hacia el Congreso a reclamar por las medidas económicas y el transporte interprovincial dejó de operar. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que el paro convocado para el día 5 se extendería hasta el fin de semana y que si el presidente Bucaram no abandonaba el cargo continuarían las medidas de hecho.
Se organizó el Frente Patriótico con movimientos sindicales y organizaciones sociales a los que se sumó la CONAIE, que anunció un levantamiento indefinido hasta que el Presidente abandone el poder. Posteriormente se sumaron los partidos políticos. Con la firma de sus líderes, exigían un gobierno de transición que debía designar el Congreso.
En esas circunstancias, el día 4, el Ministro de Defensa y el mando militar invitamos al Presidente a un almuerzo por su cumpleaños en el Club Naval. La situación era grave, analizamos opciones que incluían mover la sede del Ejecutivo a Manabí, lo cual desaconsejamos unánimemente los militares, que asesoramos manejar la crisis desde el Palacio de Gobierno.
El Presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad Nacional para conocer sobre la situación, especialmente sobre la actitud del Congreso en torno a su destitución. A la reunión no asistió el Presidente del Congreso ni el de la Corte Suprema de Justicia. Esa reunión fue de lo más dura, unos miembros del Consejo recomendaban que el Presidente ordene el cierre del Congreso. De mi parte, la recomendación fue que eso sería atentar contra la Constitución y que debía buscarse una solución legal negociada. El Presidente descartó la clausura.
El día 5 el Comando Conjunto mantuvo el seguimiento de la aplicación de los planes de operaciones de Defensa Interna se comenzaron a aplicar en la fase correspondiente. El denominado Paro Cívico Nacional convocado por los sectores productivos y sociales, transcurrió sin novedades mayores. El Presidente plegó simbólicamente al paro y dijo entender la situación económica creada por las medidas económicas, que planteó iba a revisar.
En uso de sus facultades constitucionales el Gobierno comunicó a las nueve y cuarenta y cinco el decreto de Movilización con la advertencia de que las sanciones se aplicarían con sujeción a lo establecido en el Código Penal Militar.
Los Alcaldes de las principales ciudades, ex mandatarios constitucionales, ex candidatos, líderes sindicales y gremiales encabezaron las marchas Dados los rumores que se difundían en todo el país, ese día las Fuerzas Armadas tuvimos que emitir un comunicado sobre la situación y sobre la falsedad de la detención del Presidente del Congreso.
Cuando intentaron ingresar al palacio legislativo, se mantuvo la protección policial y militar, se incluyó en el impedimento de inceso al alcalde Jamil Mahuad quien, a nombre de la Asamblea de la Ciudad, apoyaba la salida del Presidente. El Comandante de la Zona de Defensa, general Manuel Suárez quien logró evacuar a la familia del Presidente vistiéndoles con uniformes militares.
En la mañana del día seis, el Presidente del Congreso buscaba lograr los votos para designar el gobierno de transición. César Verduga anunció que el presidente interino podría ser el Presidente del Congreso o el de la Corte Suprema de Justicia y que Rosalía Arteaga estaba excluida.
El gobierno, buscando tranquilizar a la población, anunció la suspensión de las medidas económicas decretadas.
Por disposición del Ministro de Defensa convoqué a reunión del Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, Consta así en la respectiva Acta: “En la ciudad de Quito, a las 1630 horas , en el Auditorio de la Fuerza Aérea, con la presencia de todos los señores Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y el Sr. Gral. Marco Hinojosa, Comandante General de la Policía Nacional, presididos por el Sr. Grae. VICTOR BAYAS G., Ministro de Defensa Nacional, se inicia esta sesión para conocer y analizar la situación interna que vive el país, y los problemas suscitados con relación a la estabilidad del gobierno del Sr. Presidente de la República, Ab. Abdalá Bucaram O.
El Sr. Ministro, interviene relievando(sic.) que las FFAA se han mantenido al margen de la política en estricto cumplimiento de la Constitución, velando por la institucionalidad, por lo que plantea abordar el tema considerando las siguientes premisas:
- Reafirmar la unidad institucional
- Que el Alto Mando no pliegue a ninguna dictadura, y
- Que frente a cualquier situación, los mandos militares deben mantenerse como están configurados.
Indica que este planteamiento también hará conocer al Sr. Presidente de la República y a las 1645 horas, se retira dejando la Presidencia a cargo del Sr.GRAE. Paco Moncayo G., Jefe del COMACO.”
Luego de un amplio debate sobre la situación interna, el Consejo Ampliado el tema, a las 1830 horas se emite un comunicado de las FFAA. al país expresando que la salida de la crisis debía lograrse por medio de la concertación y la legalidad, llamamos a la cordura y ratificamos nuestra decisión de respetar la Constitución y mantener la paz ciudadana.
En esos mismos momentos conocimos que el Presidente recibió al Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, que había venido al país por su requerimiento, para apoyar el mantenimiento del orden constitucional.
A las 2000 horas, el Alto Mando Militar fuimos llamados a la Presidencia de la República, En esa reunión revisamos las medidas de seguridad del Mandatario y sus colaboradores y se nos informó, que esperaba poder solucionar políticamente el problema toda vez que contaba con el apoyo de varios diputados que se encontraban ese momento en Palacio y a quienes pudimos observar reunidos en el Salón de Sesiones del Gabinete. .
A las 2230 horas, llegaron la Vicepresidenta de la República, Dra. Rosalía Arteaga S. y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Solórzano quienes, luego del análisis de la situación, coincidieron en expresar que el Congreso Nacional estaría violando la Constitución en caso de destituir al Presidente de la República aplicando el artículo 100, literal d. y de nominar un Presidente Interino.
La Sra. Vicepresidenta expresó, además, que la sucesión presidencial en ausencia definitiva del Presidente fue aprobada por mayoría absoluta por el H. Congreso Nacional, durante el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, correspondiéndole al Vicepresidente dicha sucesión, pero que, por error en la codificación, el Congreso actual le niega este derecho, que por ley le asiste.
A esa hora, se conoce la resolución del H. Congreso Nacional de destituir al Presidente de la República en aplicación del Art. 100 literal d, y la nominación de un Presidente Interino en la persona del Dr. Fabián Alarcón R., ante lo cual el Presidente Bucaram da a conocer que no acatará tal resolución.
A las 23:00 horas y con los argumentos expresados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Ampliado decidió no aceptar la decisión del Congreso, porque no podían 44 voluntades dar al traste con los procedimientos constitucionales. Entonces emitimos un segundo comunicado invocando al pueblo ecuatoriano a respaldar la concertación y al diálogo como únicos instrumentos válidos para mantener la vigencia de una democracia auténtica.
Alas 23:55 horas arribó una comisión del Congreso conformada por los diputados Franco Romero, Heinz Meller y Carlos Vallejo. El diputado Franco Romero, en representación del Congreso Nacional, explicó que ante la aguda crisis que venía afrontando el país en las últimas semanas, se vieron obligados a convocar a un Congreso extraordinario a través del cual llegaron a la resolución que pidió dar lectura por Secretaría. En la resolución se declaraba la incapacidad mental del Abogado Abdalá Bucaram y el cese de funciones, así como la designación del doctor Fabián Alarcón como Presidente Constitucional.
Como Jefe del COMACO, confirmé la recepción del documento, aseguré que teníamos una Institución bien modelada, con un bien ganado prestigio, por lo que su conducta sería serena y responsable; seguiremos cumpliendo nuestro deber y evitaremos el caos. Afirmé que las FFAA expresarán su opinión, luego del análisis del documento y finaliza indicando que nos encontramos férreamente unidos, por lo que cualquier intento que afecte a esa unión será rechazado.
El Dr. Heinz Meller, aclaró que se cuestionaba la decisión del Congreso; que le preocupa la situación internacional con el Perú, que se encontraba en plena fase de negociaciones. Que el Art. 1 de la Constitución establece la soberanía de las funciones del Estado y espera que la decisión de FFAA se dé en función de país.
El Diputado Carlos Vallejo, expresó que ni el Parlamento, ni grupo político alguno se permitirá resquebrajar la unidad de las FFAA. Manifestó, además, que se encontraban en defensa de la institucionalidad, porque el Presidente había traicionado el respaldo recibido del pueblo.
Ya el día 7 de febrero a los veinte minutos de iniciado el día, recibí un llamado del la Vicepresidenta haciéndome conocer que ante el vacío de poder que se había producido por la resolución inconstitucional del Congreso había decidido asumir la Presidencia de la República y que pedía el respaldo de las Fuerzas Armadas, además me ofreció el Ministerio de Defensa a lo que respondí indignado que no está pensando en mi situación personal sino en la crítica situación del país y que cualquier decisión se haga conocer al mando. Lo cual se realizó y a la una y media llegó el doctor Nelson Robelli portando el Decreto por el cual la señora vicepresidenta asumía la Presidencia.
A esas mismas horas, manifestantes pedían la salida del Presidente en los alrededores del Palacio de Carondelet.
Frente a los hechos suscitados y con tres autoridades exigiendo la obediencia de las Fuerzas Armadas decidimos hacer un nuevo llamado al diálogo a las tres autoridades, sin tomar partido, e insistimos en la necesidad de una salida constitucional.
A las 02:20, se conoce una declaración del Tribunal de Garantías Constitucionales a través del cual manifiesta la inconstitucionalidad de la destitución del Presidente Bucaram y felicita la acción democrática y constitucional de las FFAA.. A esta hora se incorporan al Consejo los. Oficiales Generales de la Policía Nacional.
A las 03:00, se realiza una rueda de prensa, y hacemos conocer un nuevo comunicado invitando al diálogo a las partes para obtener una salida constitucional y exhortando al pueblo a mantener la calma.
A las once de la mañana el presidente Bucaram invitó a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia aceptando el diálogo; a las once y media el doctor Fabián Alarcón declaró que solamente había un presidente de la República y convocó al pueblo a salir a las calles, como en efecto sucedió. Recibí una llamada pidiéndome que me una a la “marcha del pueblo” a lo que me negué y responsabilicé a él y a los políticos de la sangre que pueda derramarse en esa marcha al Palacio.
A las 1600 horas se reinstala la sesión del Consejo Ampliado. Los Generales, al retornar de sus unidades miitares informan de la situación, se conoce el contenido de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, documento a través del cual expresan su preocupación por la situación que vive Ecuador y resaltando la actuación de FFAA, a más de su esperanza por una solución pacífica. También se recibieron criterios positivos de países como Chile y Argentina, que destacaban la actuación de Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les informé también de las visitas recibidas por parte de de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo, el Frente Unitario de Trabajadores, las Cámaras de la Producción, quienes pedían se obedezca el mandato del Congreso. La respuesta siempre fue que no era esa nuestra obligación.
Los oficiales generales informaron que había enorme preocupación en las tropas y que en los cuarteles se creía que debía obedecerse las decisiones del Congreso. Luego de largos análisis, el Consejo acordó que el Mando Militar se desplace hasta donde el Presidente Bucaram a expresarle que su presencia en el Palacio ante la situación que se vivía era un serio peligro para su seguridad y la de sus colaboradores; que se le invite a abandonar el mismo y que, dadas las circunstancias, era imposible continuar respaldándole; de igual modo que se siga solicitando una solución constitucional.
Los miembros del Comando Conjunto salimos, a las 14:30, sale con destino al Palacio Presidencial.
En el despacho presidencial se produjo una tensa reunión, con presencia de los colaboradores cercanos del Presidente, quien me invitó a un cuarto aledaño a su oficina y me planteó que como 44 diputados o un Consejo de Generales podían resolver contra la decisión dada por el pueblo en las urnas. Yo le expliqué que estábamos sitiados, que se intentaba asaltar el Palacio y que esto podía dar lugar a un grave derramamiento de sangre.
De vuelta al despacho presidencial, acordaron encargar la presidencia a la Vicepresidenta hasta que se calmen los ánimos y se retorne a la normalidad. Llegó la Vicepresidenta, no hubo acuerdo y el presidente planteó que su presencia en el lugar podía ocasionar un problema mayor y que viajaría a Guayaquil. Con el Grupo de Operaciones Especiales, se organizó la evacuación con todo éxito.
Al despedirnos, le dije al Presidente que lamentaba este desenlace y que había cumplido mi deber con lealtad. Abdalá Bucaram se despidió agradeciéndome y asegurando que yo era un caballero. Esto lo reiteró a su llegada a Guayaquil.
El sábado 8 de febrero visitaron el Ministerio de Defensa varias personalidades de la política nacional pidiendo unos el respaldo a la Vicepresidenta y otros al doctor Alarcón. Nuestra respuesta: Nosotros no vamos a ser árbitros de este conflicto. Que las tres autoridades busquen un acuerdo.
Cuando a las tres de la tarde reinstalamos la sesión del Consejo ampliado informé a los generales sobre las actividades de la mañana y tarde. El planteamiento del doctor Heinz Meller de lograr una solución constitucional aceptando que está cesante el Presidente Bucaram, se encargue el poder a la Vicepresidenta y se convoque al Congreso a encontrar un proceso de sucesión constitucional.
Les informé también que el señor general Víctor Bayas había presentado su renuncia y que conforme a las leyes militares estaba a cargo de esa Cartera de Estado hasta que se nombre al titular. Poco después ingresó al auditorio el Ministro cesante y manifestó que con lealtad institucional, de acuerdo a su planteamiento inicial, presentó su renuncia; agradeció por el apoyo prestado y se despidió deseando suerte a la Institución.
Continuábamos reunidos. Mientras el Congreso seguía firme en su postura de apoyar al Dr. Alarcón, el Abogado Bucaram en Guayaquil aseguraba que seguía siendo el Presidente Constitucional, del mismo modo que la Vicepresidenta. El país continuaba en el dilema de contar con tres presidentes.
En una nueva visita, el doctor. Heinz Meller me hizo conocer que, con el apoyo del Abogado Jaime Nebot planteaba la siguiente solución :
1.- El Congreso se ratifica en su posición de destituir al Abogado Bucaram.
2.- El Congreso nombra otro Presidente y
3.- Se convoca a una consulta popular para legitimar el proceso.
El Abogado Jaime Nebot llamó telefónicamente. Participó en la conversación el ingeniero León Febres Cordero, quien se refirió a la urgencia de hallar una salida porque el país no podía continuar en esa situación de caos. La respuesta es que las Fuerzas armadas están de acuerdo, pero piden una salida constitucional.
A la media noche, llegaron los jefes de los distintos bloques del Congreso nacional s dialogar con el Mando Militar y hacen conocer sobre una solución negociada con la señora Vicepresidenta, en los siguientes términos:
1. Se ratifica la destitución del Presidente Bucaram.
2. A pedido del Dr. Fabián Alarcón se deja sin efecto su nominación como Presidente Interino.
3. Se encarga el poder a la Sra. Vicepresidenta hasta que se nombre constitucionalmente al Presidente Interino.
Plantean que con esta proposición, se obtendría una salida constitucional que se nos explicó contaba con los dos tercios de los votos de los miembros del Congreso.
Expliqué entonces a los legisladores cual había sido la posición institucional de las Fuerzas Armadas, fieles a la democracia y a la constitucionalidad, Que las Fuerzas Armadas acataríamos las resoluciones del Congreso, que tenía mayoría de 57 legisladores; que la institución no aceptaba ser consultada porque sería inconstitucional hacerlo. Pedí que se respete a los mandos y puse mi cargo a disposición del Congreso.
Inmediatamente informé al Consejo Ampliado sobre lo tratado y recibimos el respaldo unánime de sus miembros. Se nombró entonces una comisión para que redacte un nuevo comunicado que fue conocido y aprobado. El comunicado decía: “Una vez que
El Congreso Nacional ha ratificado la cesación de funciones el Sr. Abogado Abdalá Bucaram Ortiz como Presidente Constitucional de la República, el Sr. Doctor Fabián Alarcón Rivera ha pedido al Congreso Nacional deje insubsistente su nombramiento como Presidente Constitucional Interino y la Sra. Doctora Rosalía Arteaga Serrano ha retirado su nominación como Presidenta y que el Congreso Nacional ha encargado temporalmente la Presidencia de la República a la Sra. Rosalía Arteaga, hasta el nombramiento del Presidente Constitucional Interino, las Fuerzas Armadas reafirman su inquebrantable vocación democrática y de respeto absoluto a la Constitución y Leyes de la República y subordinan la Institución a la autoridad legítimamente elegida por el Congreso Nacional; exhortan al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unido en aras de la paz y el progreso del país.”
El día 11 de febrero, su padre abandonó el país, la Vicepresidenta renunció al encargo de la presidencia y el doctor Alarcón fue designado Presidente Interino.
El día martes 12 de febrero, a las cuatro de la tarde, reinstalamos la sesión del Consejo Ampliado. Informé a los oficiales generales de los últimos acontecimientos y destaqué que con un mando unificado, con el consenso de los miembros, aplicando profesionalmente los planes y la doctrina, se había logrado una participación legal y positiva de la Fuerza Pública. La doctrina de seguridad interna se había mostrado adecuada para enfrentar un caso tan difícil y el Plan de Defensa Interna funcionó a cabalidad. Felicité a las Fuerzas de Tarea por el su comportamiento profesional, al haber operado con sensatez e inteligencia, protegiendo los derechos humanos, orientados por los valores, principios y doctrina para mantener la unidad nacional y el sistema democrático.
Esa es la realidad de los hechos. Existen las actas y grabaciones que dan fe de todo lo aquí relatado. Cabe entonces una pregunta: ¿Podía un mando militar haber adoptado un comportamiento más firme y leal al Presidente Bucaram y a la democracia, en circunstancias como las vividas? ¿Dónde un atisbo de interés o ambición personal?
Tengo mucha información de la prensa peruana que desinformaba al mundo sobre mis ambiciones presidenciales, sobre el golpe fraguado por mi persona, y sobre la corrupción de mis actos. Lastimosamente su padre abonó a esa y otras campañas en contra de mi honor, de las que jamás hice caso, porque estaban absolutamente fuera de la realidad.
Todo esto lo he escrito pensando en usted, en su angustia de hijo y en el dolor de toda su familia. No puedo sentirme culpable de lo sucedido, aunque no dejo de solidarizarme con su pesar, que espero termine pronto. Sobre si yo supe u observé de sacos de dinero que llevaron de Palacio el día 7 de febrero, puedo afirmar que no. Solamente leí y escuché de esas acusaciones en los medios, posteriormente.
Esa es la información que le entrego, junto a mi autorización para que pueda usarla conforme a su mejor interés. Hay personas del equipo de gobierno de su padre que estuvieron presentes en todos estos momentos. Ellos podrán certificar lo que he dicho.
Paco Moncayo Gallegos
ASAMBLEÍSTA.
Señor Asambleísta.
Abdalá Bucaram Pulley
Ciudad.-
De mi consideración:
Entiendo perfectamente la forma como ha marcado su vida y la de su familia los acontecimientos de la vida política de su señor padre, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz y creo que es mi deber responder a su pedido de información sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los acontecimientos de 1997.
Hace ya quince años el país enfrentó con éxito la campaña militar del Cenepa, enfrentamiento provocado por los apetitos de poder y megalomanía del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, acolitado por personajes funestos para su propio país y para el Ecuador como Vladimiro Montesinos.
El éxito militar y la conducción prudente de las negociaciones diplomáticas permitieron que el arquitecto Sixto Durán Ballén pueda gobernar en un ambiente de relativa tranquilidad política, solamente alterada por los problemas del Vicepresidente, economista Alberto Dahik, que derivaron en su renuncia del cargo y abandono del país.
En agosto de 1995 fui nombrado Comandante General del Ejército y desempeñaba esas funciones cuando se realizó la campaña electoral en que triunfó su padre, Como siempre, en esta ocasión, los dos aspirantes a la presidencia conversaron directa o indirectamente con los mandos militares, sobre el nombramiento de los altos cargos militares. Yo me negué a dichas reuniones, porque quería dar un ejemplo de profesionalismo y no politización. Cuando se acercaron a solicitarme reuniones con los candidatos, simplemente respondí que hablaría con el triunfador de las elecciones si me llamaba, como en efecto sucedió, cuando triunfó el abogado Bucaram.
En esos tiempos, el Perú inició un proceso de rearme y fortalecimiento militar que, por informes de inteligencia recibidos, obedecían a las presiones de sus Fuerzas Armadas para buscar el desquite. Para ese fin trabajaba Montesinos en operaciones encubiertas en nuestro propio territorio, intentando crear desconfianza entre los actores políticos y los mandos militares. No podemos olvidar que vivíamos un frágil armisticio con nuestro vecino del Sur.
Antes de posesionarse, su padre me invitó a reunirme con él en Guayaquil, lo que en efecto sucedió y, en esa ocasión, con gran despliegue de medios, me ofreció el cargo de jefe del Comando Conjunto, que acepté inmediatamente. Para mí no solamente era la culminación de mi carrera militar, sino especialmente, un deber con mi país, en las complejas circunstancias de las negociaciones de paz. El Presidente electo aseguró algo como: “Yo soy el líder político de este país, usted es el líder militar. Vamos a trabajar juntos.”
El abogado Bucaram actuó con responsabilidad al mantener al embajador Galo Leoro Franco al frente de la Cancillería y no desmanteló los mandos militares.
Mis relaciones con su padre fueron respetuosas y profesionales; no recuerdo sino un hecho que pudo haber creado desconfianza y que estimamos fue maquinado por la inteligencia militar peruana por la gran cobertura que tuvo en ese país; se trataba del falso “Plan Zorro”, que presuntamente teníamos las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. No fue difícil que el general Víctor Bayas, Ministro de Defensa demostrara al Presidente la falacia porque en el forjado documento constaba equivocado el nombre del general Telmo Sandoval, a quien presuntamente iba dirigido; también se equivocaban al hablar de regiones militares a la usanza peruana, cuando en nuestro país usamos la denominación de zonas militares. Mi firma era superpuesta.
En otra ocasión, el helicóptero de escolta del Presidente sufrió un percance, se habló de un atentado fallido, su padre nos convocó a su domicilio nos reclamó y yo le respondí firmemente que debía confiar en los mandos, que jamás nos prestaríamos para un acto de esa naturaleza y que exigiríamos los más estrictos controles a los responsables para que no vuelvan a sucederse ese tipo de percances.
Por un elemental sentido de responsabilidad, mi principal preocupación estaba enfocada en el avance de las negociaciones de la paz, en mantener a las Fuerzas Armadas preparadas para el evento de la reiniciación del conflicto, y en mantenerlas totalmente alejadas de la política interna, siempre corrosiva. Jamás, ni como lejana tentación, pasó por mi cabeza realizar un acto antidemocrático que, por otra parte, habría podido servir de pretexto para reiniciar el conflicto armado.
Los días 23, 24 y 25 de enero de 1997 la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre realizó en sus instalaciones un ejercicio de seguridad interna, sobre los escenarios que se veían venir y, al término del cual presentamos al Presidente una información completa y algunas recomendaciones a fin de evitar que se agrave el conflicto.
El lunes siguiente, 27 de enero, fuimos invitados a la ciudad de Durán a la entrega de las viviendas del programa del gobierno, único caso de participación del Jefe del Comando Conjunto en un acto oficial de esa naturaleza.
En el mes de febrero la situación interna del país se agravó. Hubo escasez de combustibles, se cerraron carreteras, hubo también amenazas de bombas en edificios públicos, estudiantes marcharon hacia el Congreso a reclamar por las medidas económicas y el transporte interprovincial dejó de operar. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que el paro convocado para el día 5 se extendería hasta el fin de semana y que si el presidente Bucaram no abandonaba el cargo continuarían las medidas de hecho.
Se organizó el Frente Patriótico con movimientos sindicales y organizaciones sociales a los que se sumó la CONAIE, que anunció un levantamiento indefinido hasta que el Presidente abandone el poder. Posteriormente se sumaron los partidos políticos. Con la firma de sus líderes, exigían un gobierno de transición que debía designar el Congreso.
En esas circunstancias, el día 4, el Ministro de Defensa y el mando militar invitamos al Presidente a un almuerzo por su cumpleaños en el Club Naval. La situación era grave, analizamos opciones que incluían mover la sede del Ejecutivo a Manabí, lo cual desaconsejamos unánimemente los militares, que asesoramos manejar la crisis desde el Palacio de Gobierno.
El Presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad Nacional para conocer sobre la situación, especialmente sobre la actitud del Congreso en torno a su destitución. A la reunión no asistió el Presidente del Congreso ni el de la Corte Suprema de Justicia. Esa reunión fue de lo más dura, unos miembros del Consejo recomendaban que el Presidente ordene el cierre del Congreso. De mi parte, la recomendación fue que eso sería atentar contra la Constitución y que debía buscarse una solución legal negociada. El Presidente descartó la clausura.
El día 5 el Comando Conjunto mantuvo el seguimiento de la aplicación de los planes de operaciones de Defensa Interna se comenzaron a aplicar en la fase correspondiente. El denominado Paro Cívico Nacional convocado por los sectores productivos y sociales, transcurrió sin novedades mayores. El Presidente plegó simbólicamente al paro y dijo entender la situación económica creada por las medidas económicas, que planteó iba a revisar.
En uso de sus facultades constitucionales el Gobierno comunicó a las nueve y cuarenta y cinco el decreto de Movilización con la advertencia de que las sanciones se aplicarían con sujeción a lo establecido en el Código Penal Militar.
Los Alcaldes de las principales ciudades, ex mandatarios constitucionales, ex candidatos, líderes sindicales y gremiales encabezaron las marchas Dados los rumores que se difundían en todo el país, ese día las Fuerzas Armadas tuvimos que emitir un comunicado sobre la situación y sobre la falsedad de la detención del Presidente del Congreso.
Cuando intentaron ingresar al palacio legislativo, se mantuvo la protección policial y militar, se incluyó en el impedimento de inceso al alcalde Jamil Mahuad quien, a nombre de la Asamblea de la Ciudad, apoyaba la salida del Presidente. El Comandante de la Zona de Defensa, general Manuel Suárez quien logró evacuar a la familia del Presidente vistiéndoles con uniformes militares.
En la mañana del día seis, el Presidente del Congreso buscaba lograr los votos para designar el gobierno de transición. César Verduga anunció que el presidente interino podría ser el Presidente del Congreso o el de la Corte Suprema de Justicia y que Rosalía Arteaga estaba excluida.
El gobierno, buscando tranquilizar a la población, anunció la suspensión de las medidas económicas decretadas.
Por disposición del Ministro de Defensa convoqué a reunión del Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, Consta así en la respectiva Acta: “En la ciudad de Quito, a las 1630 horas , en el Auditorio de la Fuerza Aérea, con la presencia de todos los señores Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y el Sr. Gral. Marco Hinojosa, Comandante General de la Policía Nacional, presididos por el Sr. Grae. VICTOR BAYAS G., Ministro de Defensa Nacional, se inicia esta sesión para conocer y analizar la situación interna que vive el país, y los problemas suscitados con relación a la estabilidad del gobierno del Sr. Presidente de la República, Ab. Abdalá Bucaram O.
El Sr. Ministro, interviene relievando(sic.) que las FFAA se han mantenido al margen de la política en estricto cumplimiento de la Constitución, velando por la institucionalidad, por lo que plantea abordar el tema considerando las siguientes premisas:
- Reafirmar la unidad institucional
- Que el Alto Mando no pliegue a ninguna dictadura, y
- Que frente a cualquier situación, los mandos militares deben mantenerse como están configurados.
Indica que este planteamiento también hará conocer al Sr. Presidente de la República y a las 1645 horas, se retira dejando la Presidencia a cargo del Sr.GRAE. Paco Moncayo G., Jefe del COMACO.”
Luego de un amplio debate sobre la situación interna, el Consejo Ampliado el tema, a las 1830 horas se emite un comunicado de las FFAA. al país expresando que la salida de la crisis debía lograrse por medio de la concertación y la legalidad, llamamos a la cordura y ratificamos nuestra decisión de respetar la Constitución y mantener la paz ciudadana.
En esos mismos momentos conocimos que el Presidente recibió al Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, que había venido al país por su requerimiento, para apoyar el mantenimiento del orden constitucional.
A las 2000 horas, el Alto Mando Militar fuimos llamados a la Presidencia de la República, En esa reunión revisamos las medidas de seguridad del Mandatario y sus colaboradores y se nos informó, que esperaba poder solucionar políticamente el problema toda vez que contaba con el apoyo de varios diputados que se encontraban ese momento en Palacio y a quienes pudimos observar reunidos en el Salón de Sesiones del Gabinete. .
A las 2230 horas, llegaron la Vicepresidenta de la República, Dra. Rosalía Arteaga S. y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Solórzano quienes, luego del análisis de la situación, coincidieron en expresar que el Congreso Nacional estaría violando la Constitución en caso de destituir al Presidente de la República aplicando el artículo 100, literal d. y de nominar un Presidente Interino.
La Sra. Vicepresidenta expresó, además, que la sucesión presidencial en ausencia definitiva del Presidente fue aprobada por mayoría absoluta por el H. Congreso Nacional, durante el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, correspondiéndole al Vicepresidente dicha sucesión, pero que, por error en la codificación, el Congreso actual le niega este derecho, que por ley le asiste.
A esa hora, se conoce la resolución del H. Congreso Nacional de destituir al Presidente de la República en aplicación del Art. 100 literal d, y la nominación de un Presidente Interino en la persona del Dr. Fabián Alarcón R., ante lo cual el Presidente Bucaram da a conocer que no acatará tal resolución.
A las 23:00 horas y con los argumentos expresados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Ampliado decidió no aceptar la decisión del Congreso, porque no podían 44 voluntades dar al traste con los procedimientos constitucionales. Entonces emitimos un segundo comunicado invocando al pueblo ecuatoriano a respaldar la concertación y al diálogo como únicos instrumentos válidos para mantener la vigencia de una democracia auténtica.
Alas 23:55 horas arribó una comisión del Congreso conformada por los diputados Franco Romero, Heinz Meller y Carlos Vallejo. El diputado Franco Romero, en representación del Congreso Nacional, explicó que ante la aguda crisis que venía afrontando el país en las últimas semanas, se vieron obligados a convocar a un Congreso extraordinario a través del cual llegaron a la resolución que pidió dar lectura por Secretaría. En la resolución se declaraba la incapacidad mental del Abogado Abdalá Bucaram y el cese de funciones, así como la designación del doctor Fabián Alarcón como Presidente Constitucional.
Como Jefe del COMACO, confirmé la recepción del documento, aseguré que teníamos una Institución bien modelada, con un bien ganado prestigio, por lo que su conducta sería serena y responsable; seguiremos cumpliendo nuestro deber y evitaremos el caos. Afirmé que las FFAA expresarán su opinión, luego del análisis del documento y finaliza indicando que nos encontramos férreamente unidos, por lo que cualquier intento que afecte a esa unión será rechazado.
El Dr. Heinz Meller, aclaró que se cuestionaba la decisión del Congreso; que le preocupa la situación internacional con el Perú, que se encontraba en plena fase de negociaciones. Que el Art. 1 de la Constitución establece la soberanía de las funciones del Estado y espera que la decisión de FFAA se dé en función de país.
El Diputado Carlos Vallejo, expresó que ni el Parlamento, ni grupo político alguno se permitirá resquebrajar la unidad de las FFAA. Manifestó, además, que se encontraban en defensa de la institucionalidad, porque el Presidente había traicionado el respaldo recibido del pueblo.
Ya el día 7 de febrero a los veinte minutos de iniciado el día, recibí un llamado del la Vicepresidenta haciéndome conocer que ante el vacío de poder que se había producido por la resolución inconstitucional del Congreso había decidido asumir la Presidencia de la República y que pedía el respaldo de las Fuerzas Armadas, además me ofreció el Ministerio de Defensa a lo que respondí indignado que no está pensando en mi situación personal sino en la crítica situación del país y que cualquier decisión se haga conocer al mando. Lo cual se realizó y a la una y media llegó el doctor Nelson Robelli portando el Decreto por el cual la señora vicepresidenta asumía la Presidencia.
A esas mismas horas, manifestantes pedían la salida del Presidente en los alrededores del Palacio de Carondelet.
Frente a los hechos suscitados y con tres autoridades exigiendo la obediencia de las Fuerzas Armadas decidimos hacer un nuevo llamado al diálogo a las tres autoridades, sin tomar partido, e insistimos en la necesidad de una salida constitucional.
A las 02:20, se conoce una declaración del Tribunal de Garantías Constitucionales a través del cual manifiesta la inconstitucionalidad de la destitución del Presidente Bucaram y felicita la acción democrática y constitucional de las FFAA.. A esta hora se incorporan al Consejo los. Oficiales Generales de la Policía Nacional.
A las 03:00, se realiza una rueda de prensa, y hacemos conocer un nuevo comunicado invitando al diálogo a las partes para obtener una salida constitucional y exhortando al pueblo a mantener la calma.
A las once de la mañana el presidente Bucaram invitó a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia aceptando el diálogo; a las once y media el doctor Fabián Alarcón declaró que solamente había un presidente de la República y convocó al pueblo a salir a las calles, como en efecto sucedió. Recibí una llamada pidiéndome que me una a la “marcha del pueblo” a lo que me negué y responsabilicé a él y a los políticos de la sangre que pueda derramarse en esa marcha al Palacio.
A las 1600 horas se reinstala la sesión del Consejo Ampliado. Los Generales, al retornar de sus unidades miitares informan de la situación, se conoce el contenido de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, documento a través del cual expresan su preocupación por la situación que vive Ecuador y resaltando la actuación de FFAA, a más de su esperanza por una solución pacífica. También se recibieron criterios positivos de países como Chile y Argentina, que destacaban la actuación de Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les informé también de las visitas recibidas por parte de de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo, el Frente Unitario de Trabajadores, las Cámaras de la Producción, quienes pedían se obedezca el mandato del Congreso. La respuesta siempre fue que no era esa nuestra obligación.
Los oficiales generales informaron que había enorme preocupación en las tropas y que en los cuarteles se creía que debía obedecerse las decisiones del Congreso. Luego de largos análisis, el Consejo acordó que el Mando Militar se desplace hasta donde el Presidente Bucaram a expresarle que su presencia en el Palacio ante la situación que se vivía era un serio peligro para su seguridad y la de sus colaboradores; que se le invite a abandonar el mismo y que, dadas las circunstancias, era imposible continuar respaldándole; de igual modo que se siga solicitando una solución constitucional.
Los miembros del Comando Conjunto salimos, a las 14:30, sale con destino al Palacio Presidencial.
En el despacho presidencial se produjo una tensa reunión, con presencia de los colaboradores cercanos del Presidente, quien me invitó a un cuarto aledaño a su oficina y me planteó que como 44 diputados o un Consejo de Generales podían resolver contra la decisión dada por el pueblo en las urnas. Yo le expliqué que estábamos sitiados, que se intentaba asaltar el Palacio y que esto podía dar lugar a un grave derramamiento de sangre.
De vuelta al despacho presidencial, acordaron encargar la presidencia a la Vicepresidenta hasta que se calmen los ánimos y se retorne a la normalidad. Llegó la Vicepresidenta, no hubo acuerdo y el presidente planteó que su presencia en el lugar podía ocasionar un problema mayor y que viajaría a Guayaquil. Con el Grupo de Operaciones Especiales, se organizó la evacuación con todo éxito.
Al despedirnos, le dije al Presidente que lamentaba este desenlace y que había cumplido mi deber con lealtad. Abdalá Bucaram se despidió agradeciéndome y asegurando que yo era un caballero. Esto lo reiteró a su llegada a Guayaquil.
El sábado 8 de febrero visitaron el Ministerio de Defensa varias personalidades de la política nacional pidiendo unos el respaldo a la Vicepresidenta y otros al doctor Alarcón. Nuestra respuesta: Nosotros no vamos a ser árbitros de este conflicto. Que las tres autoridades busquen un acuerdo.
Cuando a las tres de la tarde reinstalamos la sesión del Consejo ampliado informé a los generales sobre las actividades de la mañana y tarde. El planteamiento del doctor Heinz Meller de lograr una solución constitucional aceptando que está cesante el Presidente Bucaram, se encargue el poder a la Vicepresidenta y se convoque al Congreso a encontrar un proceso de sucesión constitucional.
Les informé también que el señor general Víctor Bayas había presentado su renuncia y que conforme a las leyes militares estaba a cargo de esa Cartera de Estado hasta que se nombre al titular. Poco después ingresó al auditorio el Ministro cesante y manifestó que con lealtad institucional, de acuerdo a su planteamiento inicial, presentó su renuncia; agradeció por el apoyo prestado y se despidió deseando suerte a la Institución.
Continuábamos reunidos. Mientras el Congreso seguía firme en su postura de apoyar al Dr. Alarcón, el Abogado Bucaram en Guayaquil aseguraba que seguía siendo el Presidente Constitucional, del mismo modo que la Vicepresidenta. El país continuaba en el dilema de contar con tres presidentes.
En una nueva visita, el doctor. Heinz Meller me hizo conocer que, con el apoyo del Abogado Jaime Nebot planteaba la siguiente solución :
1.- El Congreso se ratifica en su posición de destituir al Abogado Bucaram.
2.- El Congreso nombra otro Presidente y
3.- Se convoca a una consulta popular para legitimar el proceso.
El Abogado Jaime Nebot llamó telefónicamente. Participó en la conversación el ingeniero León Febres Cordero, quien se refirió a la urgencia de hallar una salida porque el país no podía continuar en esa situación de caos. La respuesta es que las Fuerzas armadas están de acuerdo, pero piden una salida constitucional.
A la media noche, llegaron los jefes de los distintos bloques del Congreso nacional s dialogar con el Mando Militar y hacen conocer sobre una solución negociada con la señora Vicepresidenta, en los siguientes términos:
1. Se ratifica la destitución del Presidente Bucaram.
2. A pedido del Dr. Fabián Alarcón se deja sin efecto su nominación como Presidente Interino.
3. Se encarga el poder a la Sra. Vicepresidenta hasta que se nombre constitucionalmente al Presidente Interino.
Plantean que con esta proposición, se obtendría una salida constitucional que se nos explicó contaba con los dos tercios de los votos de los miembros del Congreso.
Expliqué entonces a los legisladores cual había sido la posición institucional de las Fuerzas Armadas, fieles a la democracia y a la constitucionalidad, Que las Fuerzas Armadas acataríamos las resoluciones del Congreso, que tenía mayoría de 57 legisladores; que la institución no aceptaba ser consultada porque sería inconstitucional hacerlo. Pedí que se respete a los mandos y puse mi cargo a disposición del Congreso.
Inmediatamente informé al Consejo Ampliado sobre lo tratado y recibimos el respaldo unánime de sus miembros. Se nombró entonces una comisión para que redacte un nuevo comunicado que fue conocido y aprobado. El comunicado decía: “Una vez que
El Congreso Nacional ha ratificado la cesación de funciones el Sr. Abogado Abdalá Bucaram Ortiz como Presidente Constitucional de la República, el Sr. Doctor Fabián Alarcón Rivera ha pedido al Congreso Nacional deje insubsistente su nombramiento como Presidente Constitucional Interino y la Sra. Doctora Rosalía Arteaga Serrano ha retirado su nominación como Presidenta y que el Congreso Nacional ha encargado temporalmente la Presidencia de la República a la Sra. Rosalía Arteaga, hasta el nombramiento del Presidente Constitucional Interino, las Fuerzas Armadas reafirman su inquebrantable vocación democrática y de respeto absoluto a la Constitución y Leyes de la República y subordinan la Institución a la autoridad legítimamente elegida por el Congreso Nacional; exhortan al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unido en aras de la paz y el progreso del país.”
El día 11 de febrero, su padre abandonó el país, la Vicepresidenta renunció al encargo de la presidencia y el doctor Alarcón fue designado Presidente Interino.
El día martes 12 de febrero, a las cuatro de la tarde, reinstalamos la sesión del Consejo Ampliado. Informé a los oficiales generales de los últimos acontecimientos y destaqué que con un mando unificado, con el consenso de los miembros, aplicando profesionalmente los planes y la doctrina, se había logrado una participación legal y positiva de la Fuerza Pública. La doctrina de seguridad interna se había mostrado adecuada para enfrentar un caso tan difícil y el Plan de Defensa Interna funcionó a cabalidad. Felicité a las Fuerzas de Tarea por el su comportamiento profesional, al haber operado con sensatez e inteligencia, protegiendo los derechos humanos, orientados por los valores, principios y doctrina para mantener la unidad nacional y el sistema democrático.
Esa es la realidad de los hechos. Existen las actas y grabaciones que dan fe de todo lo aquí relatado. Cabe entonces una pregunta: ¿Podía un mando militar haber adoptado un comportamiento más firme y leal al Presidente Bucaram y a la democracia, en circunstancias como las vividas? ¿Dónde un atisbo de interés o ambición personal?
Tengo mucha información de la prensa peruana que desinformaba al mundo sobre mis ambiciones presidenciales, sobre el golpe fraguado por mi persona, y sobre la corrupción de mis actos. Lastimosamente su padre abonó a esa y otras campañas en contra de mi honor, de las que jamás hice caso, porque estaban absolutamente fuera de la realidad.
Todo esto lo he escrito pensando en usted, en su angustia de hijo y en el dolor de toda su familia. No puedo sentirme culpable de lo sucedido, aunque no dejo de solidarizarme con su pesar, que espero termine pronto. Sobre si yo supe u observé de sacos de dinero que llevaron de Palacio el día 7 de febrero, puedo afirmar que no. Solamente leí y escuché de esas acusaciones en los medios, posteriormente.
Esa es la información que le entrego, junto a mi autorización para que pueda usarla conforme a su mejor interés. Hay personas del equipo de gobierno de su padre que estuvieron presentes en todos estos momentos. Ellos podrán certificar lo que he dicho.
Paco Moncayo Gallegos
ASAMBLEÍSTA.
1/28/2010
EL UNIVERSO
Jueves 28 de Enero de 2010. Jueves 28 de enero del 2010 Política
El asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE) dijo que tomará varias acciones luego de conocer el contenido de una carta en la que se revela la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y algunos políticos en el golpe de Estado que derrocó de la presidencia a su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, en febrero de 1997.
El documento, de nueve páginas, fue entregado el martes pasado (con fecha 19 de enero del 2010) por el actual asambleísta Paco Moncayo, quien era el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. en aquella época.
Según la interpretación de Bucaram Pulley sobre la versión firmada por Moncayo, el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad y el ex diputado socialcristiano Heinz Moeller, apoyado por el ex mandatario León Febres-Cordero y el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, planificaron la caída del gobierno roldosista.
Por eso el hijo del ex mandatario Bucaram dijo que creará una comisión en la Asamblea Nacional “para que investigue y castigue a los golpistas”.
Agregó que entregará información, incluido el documento firmado por Moncayo, a cada uno de sus colegas legisladores, a quienes sugirió darle la amnistía a su padre “el único perseguido político de este país”. Y que escribirá un libro sobre “la verdad histórica” de los acontecimientos.
Apoyado en el relato del ex jefe militar, Bucaram destacó la inocencia de su padre, y cuestionó las versiones que lo acusan de haber sacado dinero en sacos del Palacio de Carondelet. “Si el jefe del Comando Conjunto, que evacuó al Presidente una madrugada del 7 de febrero, porque su vida corría peligro, reconoce que no observó a nadie sacando dinero, ¿cómo es posible que cierto sector de la prensa haya dicho que sacaron 11.000 millones de sucres?”.
Por ello, dijo que espera la autorización del comandante de la Policía, Freddy Martínez, para que el cabo Miguel Lara, quien fue señalado como el testigo de que vio a Bucaram Ortiz llevar sacos de dinero, comparezca ante los medios para desmentirlo.
Con todo lo expuesto, Bucaram dijo que demandará de los políticos ecuatorianos la honestidad del caso y que espera que el presidente Rafael Correa cumpla con todo lo que ha expresado, “porque si considera que lo de Bucaram fue inconstitucional y señala que los presidentes no pueden ser responsables de los actos de sus ministros, tiene que actuar igual en todos los casos, y no con doble moral”, enfatizó.
Admitió que el golpe de Estado de 1997 ocurrió sin la intervención de los militares, como creyó su padre, una vez que ya no estaba en el poder.
El contenido total de la carta fue publicado el martes en el sitio web www.asambleanacional.gov.ec/blogs/abdala_bucaram, en el que Bucaram reconoce el gesto de Moncayo.
Informe: Otros documentos
Abdalá Bucaram Pulley dijo que dará información a los asambleístas sobre una conversación telefónica entre Franklin Verduga, ex diputado del PSC y Jaime Nebot, “quienes hablan paso a paso de la persecución jurídica y política, como en efecto se dio, contra mi padre”. También presentará amparos y consultas a la Procuraduría sobre la prescripción de los juicios.
© Copyright 2009. Compañia Anónima EL UNIVERSO. Todos los derechos reservados.
Jueves 28 de Enero de 2010. Jueves 28 de enero del 2010 Política
El asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE) dijo que tomará varias acciones luego de conocer el contenido de una carta en la que se revela la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y algunos políticos en el golpe de Estado que derrocó de la presidencia a su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, en febrero de 1997.
El documento, de nueve páginas, fue entregado el martes pasado (con fecha 19 de enero del 2010) por el actual asambleísta Paco Moncayo, quien era el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. en aquella época.
Según la interpretación de Bucaram Pulley sobre la versión firmada por Moncayo, el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad y el ex diputado socialcristiano Heinz Moeller, apoyado por el ex mandatario León Febres-Cordero y el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, planificaron la caída del gobierno roldosista.
Por eso el hijo del ex mandatario Bucaram dijo que creará una comisión en la Asamblea Nacional “para que investigue y castigue a los golpistas”.
Agregó que entregará información, incluido el documento firmado por Moncayo, a cada uno de sus colegas legisladores, a quienes sugirió darle la amnistía a su padre “el único perseguido político de este país”. Y que escribirá un libro sobre “la verdad histórica” de los acontecimientos.
Apoyado en el relato del ex jefe militar, Bucaram destacó la inocencia de su padre, y cuestionó las versiones que lo acusan de haber sacado dinero en sacos del Palacio de Carondelet. “Si el jefe del Comando Conjunto, que evacuó al Presidente una madrugada del 7 de febrero, porque su vida corría peligro, reconoce que no observó a nadie sacando dinero, ¿cómo es posible que cierto sector de la prensa haya dicho que sacaron 11.000 millones de sucres?”.
Por ello, dijo que espera la autorización del comandante de la Policía, Freddy Martínez, para que el cabo Miguel Lara, quien fue señalado como el testigo de que vio a Bucaram Ortiz llevar sacos de dinero, comparezca ante los medios para desmentirlo.
Con todo lo expuesto, Bucaram dijo que demandará de los políticos ecuatorianos la honestidad del caso y que espera que el presidente Rafael Correa cumpla con todo lo que ha expresado, “porque si considera que lo de Bucaram fue inconstitucional y señala que los presidentes no pueden ser responsables de los actos de sus ministros, tiene que actuar igual en todos los casos, y no con doble moral”, enfatizó.
Admitió que el golpe de Estado de 1997 ocurrió sin la intervención de los militares, como creyó su padre, una vez que ya no estaba en el poder.
El contenido total de la carta fue publicado el martes en el sitio web www.asambleanacional.gov.ec/blogs/abdala_bucaram, en el que Bucaram reconoce el gesto de Moncayo.
Informe: Otros documentos
Abdalá Bucaram Pulley dijo que dará información a los asambleístas sobre una conversación telefónica entre Franklin Verduga, ex diputado del PSC y Jaime Nebot, “quienes hablan paso a paso de la persecución jurídica y política, como en efecto se dio, contra mi padre”. También presentará amparos y consultas a la Procuraduría sobre la prescripción de los juicios.
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1/20/2010
Moncayo: Jamás se entregó en propiedad ni un gramo de arena
Moncayo: Jamás se entregó en propiedad ni un gramo de arena
VISTAZO 19 enero 2010
El ex Alcalde de Quito se defiende de las denuncias de peculado en su contra y afirma que toda la documentación del nuevo aeropuerto está disponible en internet.
Moncayo explica que a los prestamistas (los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo) se les extendió una garantía referida a:
No interrumpir el funcionamiento del aeropuerto Mariscal Sucre y el del futuro aeropuerto.
Dar los derechos de vía para que puedan construir la infraestructura.
Dar los permisos, si cumplen todos los requisitos, para la construcción de los edificios.
Bajar las antenas de HCJB, porque están en el cono de aproximación.
Y, en caso de que muriese alguna persona por culpa de la Corpaq, a cancelar las indemnizaciones correspondientes.
Durante una entrevista en Contacto Directo, el periodista y director del espacio Francisco Pinoargotti afirmó que existen otras garantías adicionales en la página web de la Corpaq, una de ellas firmada en Miami por el procurador síndico del municipio.
A esto, Moncayo respondió que el único que pudo firmar una garantía que competa a la Municipalidad era él pero debía pedir criterio al Procurador General del Estado, al procurador municipal y autorización a la Dirección Nacional de Administración de Bienes en Depósito (CONSEP).
Además, sostiene que el BID “no se va a prestar para una atraco” y que, por pedido de la actual Alcaldía, el Ministerio de Finanzas da un certificado en el que se aclara que ninguno de los prestamistas posee garantía financiera alguna y que no pueden reclamarle al Municipio ni al Estado.
El ex Alcalde asegura que jamás se entregó en propiedad “ni un gramo de arena” y “terminada la concesión, el aeropuerto y todas sus instalaciones pasan a ser parte de la Municipalidad, patrimonio de Quito”.
También rechazó las declaraciones del presidente Rafael Correa, quien lo calificó como “idiota honrado”, al considerar que posee la suficiente experiencia en la administración pública.
Explica que para el proyecto del nuevo aeropuerto se crearon comisiones jurídicas, financieras y técnicas, las cuales informaron al directorio conformado por el Alcalde, tres Ministros, el Prefecto de Pichincha, concejales, representantes de las universidades y sectores productivos.
Además, el actual asambleísta manifiesta que con anterioridad se publicó el libro “El nuevo aeropuerto de Quito, documentos para la historia”, para evitar malas interpretaciones. En el texto se encuentran todos los documentos del proyecto e incluso fueron colgados en la web para que la ciudadanía aceda a ellos.
VISTAZO 19 enero 2010
El ex Alcalde de Quito se defiende de las denuncias de peculado en su contra y afirma que toda la documentación del nuevo aeropuerto está disponible en internet.
Moncayo explica que a los prestamistas (los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo) se les extendió una garantía referida a:
No interrumpir el funcionamiento del aeropuerto Mariscal Sucre y el del futuro aeropuerto.
Dar los derechos de vía para que puedan construir la infraestructura.
Dar los permisos, si cumplen todos los requisitos, para la construcción de los edificios.
Bajar las antenas de HCJB, porque están en el cono de aproximación.
Y, en caso de que muriese alguna persona por culpa de la Corpaq, a cancelar las indemnizaciones correspondientes.
Durante una entrevista en Contacto Directo, el periodista y director del espacio Francisco Pinoargotti afirmó que existen otras garantías adicionales en la página web de la Corpaq, una de ellas firmada en Miami por el procurador síndico del municipio.
A esto, Moncayo respondió que el único que pudo firmar una garantía que competa a la Municipalidad era él pero debía pedir criterio al Procurador General del Estado, al procurador municipal y autorización a la Dirección Nacional de Administración de Bienes en Depósito (CONSEP).
Además, sostiene que el BID “no se va a prestar para una atraco” y que, por pedido de la actual Alcaldía, el Ministerio de Finanzas da un certificado en el que se aclara que ninguno de los prestamistas posee garantía financiera alguna y que no pueden reclamarle al Municipio ni al Estado.
El ex Alcalde asegura que jamás se entregó en propiedad “ni un gramo de arena” y “terminada la concesión, el aeropuerto y todas sus instalaciones pasan a ser parte de la Municipalidad, patrimonio de Quito”.
También rechazó las declaraciones del presidente Rafael Correa, quien lo calificó como “idiota honrado”, al considerar que posee la suficiente experiencia en la administración pública.
Explica que para el proyecto del nuevo aeropuerto se crearon comisiones jurídicas, financieras y técnicas, las cuales informaron al directorio conformado por el Alcalde, tres Ministros, el Prefecto de Pichincha, concejales, representantes de las universidades y sectores productivos.
Además, el actual asambleísta manifiesta que con anterioridad se publicó el libro “El nuevo aeropuerto de Quito, documentos para la historia”, para evitar malas interpretaciones. En el texto se encuentran todos los documentos del proyecto e incluso fueron colgados en la web para que la ciudadanía aceda a ellos.
1/19/2010
Gracias a Todos por Cartas de Apoyo
Gracias, y mil veces gracias a todas las cartas de apoyo que nos han enviado. La razón habla por sí sola, y seguiremos luchando y defendiendo el trabajo íntegro que necesita nuestro país.
Paco.
Para revisar y bajar cartas de apoyo, favor visitar:
www.pacomoncayo.ec
Paco.
Para revisar y bajar cartas de apoyo, favor visitar:
www.pacomoncayo.ec
1/15/2010
Moncayo: El Presidente "ya me sentenció"
El general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito y actual asambleísta, calificó de "persecución" al proceso que se sigue en su contra por la garantía para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. También dijo que envió una carta al Presidente Rafael Correa en la que le manifiesta que "sin querer ya me sentenció".
El ex alcalde Quito mencionó que es una "ofensa" para la ciudad que el Fiscal manifieste que los concejales quedan libres de culpa "porque la señora Macarena Valarezo en sus declaraciones dijo que no sabían lo que estaban aprobando". Considera que se actúa políticamente porque "quieren librarle al alcalde (Augusto Barrera), para eso liberan a todos los demás". Calificó de "grave" el dictamen del Fiscal de Pichincha, que se da en momentos en que se realiza el proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto. Según dice, con este dictamen se benefician "los dueños del aeropuerto de Guayaquil, que son una empresa en la que está la familia Deller". Moncayo aclaró que él conoce diez años los inconvenientes alrededor de la nueva terminal aérea. En su periodo municipal desestimó la propuesta del Ejecutivo de 70 millones por la administración del aeropuerto, cuando la compañía canadiense consiguió los 350 millones de la obra con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, más un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Moncayo explicó que los Concejos Municipales en el 2004 y otro distinto, en el 2005, con nueve meses de diferencia aprobaron la garantía. Además contó con la opinión vinculante del procurador general del Estado y del procurador síndico de Quito para firmar la garantía municipal no financiera para la construcción del aeropuerto en Tababela.
En torno a construcción de la vía a Gualo para el nuevo aeropuerto, Moncayo indicó que siguieron los juicios de expropiación, pero que se descuidó la adjudicación de la obra de 13 kilómetros. Sin embargo, ahora quieren construir un acceso por el sur de que tiene 20 kilómetros, por lo que no estaría lista en 2 años y harían falta 100 millones de dólares adicionales para expropiación. Trabajo en la Asamblea Nacional Paco Moncayo se autodenominó como "social demócrata" que apoyó la Constitución por la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático con la participación ciudadana. No obstante, cuestionó los proyectos de ley enviados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) porque no serían afines a la Carta Magna; agregó que en el país los jueces no muestran independencia.
DCCH
Publicado por: Editor Noticias 01 MULTIMEDIOS 106
El ex alcalde Quito mencionó que es una "ofensa" para la ciudad que el Fiscal manifieste que los concejales quedan libres de culpa "porque la señora Macarena Valarezo en sus declaraciones dijo que no sabían lo que estaban aprobando". Considera que se actúa políticamente porque "quieren librarle al alcalde (Augusto Barrera), para eso liberan a todos los demás". Calificó de "grave" el dictamen del Fiscal de Pichincha, que se da en momentos en que se realiza el proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto. Según dice, con este dictamen se benefician "los dueños del aeropuerto de Guayaquil, que son una empresa en la que está la familia Deller". Moncayo aclaró que él conoce diez años los inconvenientes alrededor de la nueva terminal aérea. En su periodo municipal desestimó la propuesta del Ejecutivo de 70 millones por la administración del aeropuerto, cuando la compañía canadiense consiguió los 350 millones de la obra con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, más un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Moncayo explicó que los Concejos Municipales en el 2004 y otro distinto, en el 2005, con nueve meses de diferencia aprobaron la garantía. Además contó con la opinión vinculante del procurador general del Estado y del procurador síndico de Quito para firmar la garantía municipal no financiera para la construcción del aeropuerto en Tababela.
En torno a construcción de la vía a Gualo para el nuevo aeropuerto, Moncayo indicó que siguieron los juicios de expropiación, pero que se descuidó la adjudicación de la obra de 13 kilómetros. Sin embargo, ahora quieren construir un acceso por el sur de que tiene 20 kilómetros, por lo que no estaría lista en 2 años y harían falta 100 millones de dólares adicionales para expropiación. Trabajo en la Asamblea Nacional Paco Moncayo se autodenominó como "social demócrata" que apoyó la Constitución por la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático con la participación ciudadana. No obstante, cuestionó los proyectos de ley enviados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) porque no serían afines a la Carta Magna; agregó que en el país los jueces no muestran independencia.
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1/14/2010
La Verdad sobre el Aeropuerto
La Verdad sobre el Aeropuerto
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En el año 2000, al iniciar nuestra gestión, tomamos la posta del proceso que habían venido realizando por más de 30 años la Dirección General de Aviación Civil y la Vicepresidencia de la República en los distintos gobiernos para la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio escogido previamente y cuyos terrenos habían sido expropiados para ese propósito 20 años antes.
La situación del aeropuerto “Mariscal Sucre”, era desastrosa; apenas brindaba en malas condiciones los servicios de una pobre terminal terrestre, de una ciudad secundaria.
En 1970, la Junta Nacional de Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil, contrataron a Airways Engineering Corp., a fin de efectuar un estudio de pre-factibilidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; cinco años después, el 5 de noviembre de 1975, el Gobierno Nacional contrató con las compañías International Engineering Co. y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., un estudio para la selección definitiva del sitio en que debía ubicarse el aeropuerto internacional de Quito.
En las recomendaciones presentadas, tras el respectivo estudio, los consultores afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Y: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año 1982, el Gobierno Nacional contrató al consorcio FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realice la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrolle el Plan Maestro de Ejecución.
En julio del año 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas y publicó las Bases de Precalificación para empresas interesadas en participar en la construcción.
En octubre de 2000 a los tres meses de iniciada mi gestión, el Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de conformidad con lo previsto en el Art. 249 de la Constitución Política y el Art. 1 de la Ley de Aviación Civil, entre otras normas, emitió el Decreto Ejecutivo número 885, traspasando a la Municipalidad quiteña la construcción del nuevo aeropuerto internacional, así como para la administración y operación del aeropuerto Mariscal Sucre. El Decreto mandaba que cada municipalidad conforme una unidad ejecutora para realizar el proyecto.
Conformación de la CORPAQ
El Concejo Metropolitano de Quito, vistos los informes legales favorables emitidos por la Procuraduría General del Estado, por resolución unánime y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo 885, resolvió la constitución de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ).
De conformidad con el Estatuto de la CORPAQ, los órganos de dirección de dicha entidad son: el Directorio y el Comité Ejecutivo, que se encuentran conformados de la siguiente manera:
DIRECTORIO:
- El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
- El Ministro de Relaciones Exteriores
- El Ministro de Comercio Exterior
- El Ministro de Turismo
- El presidente del CONAM
- El Director General de Aviación Civil
- Dos concejales designados por el Concejo Metropolitano
- Un concejal designado por el Alcalde
- Un delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Prefecto Provincial de Pichincha
- Un delegado de los sectores productivos organizados
- Un representante elegido por los rectores de las universidades y escuelas politécnicas con sede en Quito
- El Director de Planificación del Municipio de Quito
- El presidente de EXPOFLORES
COMITÉ EJECUTIVO:
- El Presidente del Directorio (Alcalde Metropolitano)
- El Vicepresidente del Directorio (Concejal designado por el Concejo Metropolitano)
- El delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Director de Aviación Civil
- El Director de Planificación del Municipio de Quito.
Es fácil observar que las decisiones que se tomaron en el proceso de concesión y en la administración superior de la CORPAQ, fueron tomadas por un organismo que tiene representantes del sector público en los tres niveles de gobierno y presentes a la sociedad civil, el sector académico y el sector empresarial. Con esta conformación se aseguró que en la toma de decisiones exista una amplia participación, que asegure un proceso transparente en beneficio del país y la ciudad. La Dirección de Aviación Civil ha tenido una directa participación en este proceso, no sólo por cuanto su Director es miembro nato del Directorio y del Comité Ejecutivo de la CORPAQ, sino porque ha votado a favor en todas las decisiones adoptadas.
La oposición al proyecto
La negociación de la concesión tomó casi cinco años; todos los pasos se realizaron públicamente; toda firma de documentos en actos solemnes; en cada caso participó representando al gobierno del Canadá el Embajador de dicho país. Todo cambió cuando se legró el cierre financiero; entonces, cuando la construcción era un hecho y no una locura del Alcalde, como se decía entonces, “porque nadie querría invertir tanto dinero en este país”, que los intereses económicos comenzaron a conspirar de una manera activa y con una campaña costosa cuyo financiamiento debería investigarse.
Una tarde, me visitaron Alberto y Michel Deller y me advirtieron que no firme los contratos, porque me arrepentiría toda mi vida. Me dijeron que ellos podían construir el aeropuerto en 170 millones. Yo les respondí que si ellos presentaban una propuesta seria y una garantía, inmediatamente pediría al Directorio de la CORPAQ, terminar con la relación con el gobierno de Canadá. Nunca recibimos ni la propuesta y, peor la garantía. Los argumentos han sido los siguientes:
1) La inviabilidad del sitio de Puembo
En los estudios realizados en los años 1975 - 1976 para la selección del sitio participaron las consultoras Peat Marwick & Mitchell, especializada en estudios de navegación aérea, y Helmuth Obata y Kassabaum, diseñadora de aeropuertos –– se consideraron todos los temas como topografía y superficie, espacio aéreo, condiciones meteorológicas, planificación urbana, social y ambiental, acceso al aeropuerto, ingeniería y aspectos constructivos, informe final y plan maestro.
En las conclusiones plantean: “Desde el punto de vista de la planificación urbana y de los factores sociales y del medio ambiente, la acción más indicada es cerrar el aeropuerto Mariscal Sucre y desarrollar un nuevo aeropuerto en cualquiera de las dos partes.” Por la altura y consideraciones de planificación urbana aconsejan Puembo.; En las recomendaciones afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Considerando las condiciones del espacio aéreo los consultores afirman: “El sitio de Puembo constituiría una buena mejora con relación al aeropuerto existente… El sitio de Puembo satisface los criterios de despegue para las salidas al norte y al sur”
Sobre la aproximación de precisión afirman que “funcionarán dentro de los parámetros indicados.” Y en la conclusión final dice: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año de 1982, para dar continuidad al proyecto, el Gobierno nacional contrata a FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realicen la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrollen el Plan Maestro de Ejecución. Entonces los consultores plantean en el tema de Circuitos de Espera y Procedimientos de Aproximación una advertencia operativa en el sentido de que: “la orografía difícil no permite aplicar rigurosamente las prescripciones OACI en lo que se refiere a la aproximación por instrumentos, considerando que corresponde a las autoridades locales decidir sobre el tema.” De haber sido éste, como ahora pretenden descubrir, un impedimento para la ejecución del Proyecto, lo lógico habría sido que las autoridades gubernamentales y la DGAC lo suspendieran y buscaran otras alternativas.
Sobre la base de los estudios realizados, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas en julio de 1996 y publicó para este efecto las Bases de Precalificación, en las cuales se afirma: “Los estudios para la selección del sitio para el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se iniciaron en 1968 y luego se profundizaron en todos sus aspectos con el Estudio de Selección de Sitio efectuado por el consorcio IECO- CAE….Los estudios desarrollados por el consorcio IECO –CAE determinaron que el sitio más conveniente para el emplazamiento del nuevo aeropuerto es Puembo … La ubicación geográfica de la ciudad de Quito determina la imposibilidad de encontrar, dentro de una distancia aceptable desde el centro de la ciudad un sitio que responda a todos los requerimientos como sitio ideal. Por lo tanto, algunas de las limitaciones del sitio de Puembo deben ser aceptadas como inevitables y vinculantes al desarrollo del proyecto.”
En el año 1997, frente a pretensiones de que el aeropuerto de Quito se desarrolle en Latacunga, el Director de la DGAC, responde al Ministro de Defensa: “Es deber de esta Dirección dar las explicaciones necesarias a fin de que no exista duda alguna de las decisiones que desde mucho tiempo atrás se han tomado, respecto a los lugares donde se ha decidido construirlos, a debida cuenta que responde a estudios muy serios realizados con el aval de anteriores gobiernos y del actual Gobierno, por lo que esta Dirección se ratifica en todo lo actuado, pues corresponde a estudios avalizados por el organismo de aviación civil internacional (OACI) que ha actuado muy estrechamente con la Dirección de Aviación Civil…”
En términos similares responde la DAC al Jefe del Comando Conjunto, cargo que me honraba en desempeñar: “No existe otra alternativa para el país sino la de concluir los nuevos aeropuertos so pena de quedarnos aislados de las rutas internacionales, lo cual significará enormes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano que en corto tiempo sobrepasarán el valor previsto (para la construcción)”
Del mismo modo, ante la pregunta: “¿Porqué no se utiliza el aeropuerto de Latacunga como alternativa a la construcción de un nuevo aeropuerto en Quito?”, la DAC contestó al diputado Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político: “El tema ha sido estudiado y analizado en el transcurso de los últimos años, llegando a la conclusión técnica que el aeropuerto de Latacunga no puede reemplazar al aeropuerto de Quito; inciden en esta conclusión factores económicos, operativos y de demanda del centro de mayor consumo de los servicios que es la ciudad de Quito.”
Observen la irracionalidad de la campaña de los conspiradores que se pasaron más de un año con la cantaleta de que el sitio no era el adecuado. Lo cierto es que como no pudieron evitar la firma de la concesión, pretendieron parar su construcción. El temor es que si el actual aeropuerto funciona en apenas 130 ha., con una pista de 3.200 m., a una altura de 2.850 m. sobre el nivel del mar. Por estas razones los aviones no pueden salir con carga y combustible completos y los pasajeros debemos hacer escala obligada en Guayaquil, mientras que en Puembo, el nuevo aeropuerto se encuentra instalado en una extensión de 1.500 ha., tiene una pista de 4.100 m. y está a una altura de 2.400 m. Tales condiciones permitirán a los aviones salir con carga y combustible para llegar directamente a los principales aeropuertos de Norteamérica y Europa. Esta es una de las causas de la ciega oposición.
2) El sobreprecio en la concesión
Frente a denuncias de “sobreprecios” en la construcción, pedí al Directorio que se contrate dos consultoras independientes para determinar si era posible que la CORPAQ haya sido llevada a error por los concesionarios o por sus propios asesores. Así pues, en el año 2006, la CORPAQ contrató a las consultoras Louis Berger, de EEUU, y Agosta & Campana, de Argentina, ambas de reconocido prestigio internacional, para que analizaran las inquietudes relacionadas con el costo de construcción del proyecto contratado.
Louis Berger realizó su estudio utilizando el método comparativo con infraestructura similar de otros aeropuertos recientemente construidos. Así, compara terminales de pasajeros, terminales de carga, pista principal, torre de control y elabora un cuadro de costos de construcción por metro cuadrado, de cuyo análisis se desprende que el costo de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, a su juicio, se encuentra dentro de un rango aceptable de fluctuación de 5%.
La consultora Agosta & Campana realizó su estudio utilizando el método constructivo a base de precios unitarios, es decir que hizo su propio cálculo del costo de construcción como si se tratara del constructor y concluyó que, a su juicio, el costo es un 12% más bajo que el señalado en el contrato de 2005.
No solamente eso, sino que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financistas del proyecto, su criterio. Esta fue la respuesta recibida el 22 de diciembre de 2005 que, entre otros temas, indica:
“La revisión detallada del proyecto que hizo el BID durante el proceso para la aprobación del préstamo, incluyó la revisión de los costos de construcción por parte de un ingeniero independiente; los cuales fueron confirmados dentro de un rango aceptable comparado con proyectos internacionales con características similares. Además la empresa Louis Berger, contratada por CORPAQ, realizó un análisis comparativo de costos del nuevo aeropuerto de Quito, y su conclusión fue que en la fecha de ese estudio, el costo de construcción estimado por ellos alcanzaba un monto cuya diferencia era de aproximadamente 1% superior en relación con el costo propuesto por el concesionario.
Finalmente, cabe recordar que CORPAQ realizó un proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Swiss Challenge que le permitió al mercado en general participar y ofrecer un precio más competitivo. La falta de interés de otros participantes en el proceso sugiere que, en su momento, el precio del aeropuerto no presentaba una discrepancia significativa que resultase en contrapropuestas más competitivas.”
Como se insistió en las diferencias en los precios de la Terminal y Torre de Control, volví a pedir aclaraciones. La administración respondió que se debían a las especiales medidas de seguridad necesarias en la construcción por tratarse de una zona sísmica y que las exigencias planteadas generan esa diferencia de precios.
3) Ventajas desproporcionadas a favor del Concesionario
Era necesario, como en el caso de los “sobreprecios” comprobar que los concesionarios hayan sacado provecho y engañado a los asesores y a la Administración. Por lo tanto, en defensa de los intereses de Quito, pedí al Directorio que disponga la contratación de una consultora experta que aclare este punto.
Como un mecanismo de transparencia adicional, dispuse que, a través de un proceso de selección, se contrate una firma independiente para que analice ese y los demás estudios financieros relativos al proyecto del nuevo aeropuerto. En efecto, se realizó un concurso público y el Consorcio Proventus-PKF fue contratado para la auditoría y revisión de los planes financieros. La consultoría determinó con toda claridad que la tasa interna de retorno del proyecto se ubica entre el 16.5% y la del accionista es 19.78%.
4) Las garantías de rentabilidad a favor de los Concesionarios y prestamistas
La Garantía Municipal consta del documento emitido el 22 de junio de 2005. Respalda las obligaciones que, en virtud de los diferentes contratos y acuerdos relativos a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, asumió la unidad de gestión municipal CORPAQ. El objeto de la garantía es:
- Otorgar los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción del aeropuerto, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes;
- No obstaculizar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto;
- Conceder los derechos de vía requeridos para la instalación de servicios básicos;
- No expropiar indebidamente el área concesionada ni la infraestructura edificada;
- Remover los obstáculos que impidan una segura operación del aeropuerto, como las antenas de HCJB;
- No impedir la normal operación del aeropuerto actual o la del nuevo aeropuerto, una vez construido, excluyéndose, por cierto, casos fortuitos o de fuerza mayor,
- Prestar los servicios de seguridad en el actual y en el nuevo aeropuerto y otras obligaciones similares.
Ni la Novación de la Garantía ni el Acuerdo de Consentimiento alteran en forma alguna el alcance de la Garantía lo cual sería además, jurídicamente improcedente. Ni la Garantía Municipal ni algún otro documento, han sido emitidos en respaldo de eventuales incumplimientos del concesionario, Corporación Quiport S.A, como han asegurado los dos concejales opuestos al proyecto y recogen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Distrital de Pichincha.
Es todavía peor, falso de falsedad absoluta y malsano en su intención, afirmar que exista “el consentimiento expreso de la Municipalidad de responsabilizarse por riesgos, de todo tipo, incluyendo aquellos vinculados con la falta de pago del financiamiento por parte de Quiport S.A…”
Nota: Para conocimiento general he publicado en la página Web personal el documento completo de la garantía.
5) No se ha considerado el “aporte público” en la valoración del proyecto y en la distribución de los ingresos.
La verdad es que en los estudios previos se había pensado en utilizar los aeropuertos para urbanizarlos y ayudar al financiamiento. Cuando el Concejo, en defensa de la salud de la población decidió que esos terrenos se conviertan en un parque, los asesores financieros, recomendaron al Comité Ejecutivo y al Directorio que la única forma de lograr el cierre financiero sería si la totalidad de los excedentes que genere el actual fuesen invertidos, única y exclusivamente, en el nuevo aeropuerto.
Por otra parte, la propiedad de los terrenos de Tababela es del Municipio, se concede solamente el usufructo, no se ha entregado la propiedad de dichas tierras al Concesionario. Finalmente los servicios básicos no los da la Municipalidad; por el contrario, el Concesionario proveerá de éstos a varias comunidades colindantes de estos servicios.
6) La Concesión se hizo a una empresa fantasma con ochocientos dólares de capital
Se ha dicho y el Presidente ha reiterado que con 70 millones de dólares el gobierno puede asumir el aeropuerto. No es así. El Concesionario invierte 110 millones de dinero propio y 350 millones de préstamos que ellos obtuvieron. No hay ningún crédito que deba pagar el Estado ecuatoriano, como aseguran opositores, la Contraloría y la Fiscalía. El total de aporte de los concesionarios es pues de 460 millones. Me parece que alguien que no soy yo no sabe de números. Además, como nadie es experto en todo, se contrataron especialistas en cada campo y contamos en el equipo de administración a economistas como Washington Herrera o Elsa de Mena, personas honradas y de reconocido prestigio.
7) La concesión no es al gobierno del Canadá
Todos los contratos celebrados para la ejecución del proyecto han sido suscritos con el Gobierno del Canadá, representado por la Canadian Commercial Corporation. Dicho gobierno, adicionalmente, emitió su formal garantía, por la cual asegura que el nuevo aeropuerto internacional de Quito será construido de conformidad con las especificaciones técnicas, precios, plazos y más condiciones acordadas. Todo esto fue ratificado por la Nota Diplomática que el Embajador del Canadá remitiera a la Cancillería ecuatoriana, a fin de atender el pedido formulado por la Comisión Anticorrupción.
El siguiente es parte del contenido de la comunicación:
“El Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, actualmente en marcha, conlleva la directa participación del Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation (CCC). La CCC es una Corporación Estatal del Gobierno de Canadá, establecida por el Parlamento Canadiense mediante Acta Parlamentaria de 1946.
De conformidad con la legislación canadiense, la CCC tiene la facultad de celebrar contratos, ya sea en su nombre, o a nombre del Gobierno de Canadá.
En Junio del año 2005 la Corporación Comercial Canadiense (CCC) celebró en su nombre los respectivos contratos con la CORPAQ, unidad de gestión de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para ejecutar tan importante proyecto.
Los contratos relativos al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito fueron suscritos por la Canadian Commercial Corporation mediante escrituras públicas celebradas en Quito, el 22 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, lo que implica una obligación directa, bajo las legislaciones ecuatoriana y canadiense, de dicha entidad en los términos y condiciones establecidos en dichos documentos.
Adicionalmente, la Canadian Commercial Corporation emitió formalmente la garantía de cumplimiento mediante documento de 20 de diciembre de 2005, de conformidad con el texto que consta del Anexo B del Contrato de Construcción.
Por consiguiente, el Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, garantiza que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, será construido de conformidad con las especificaciones, plazos, costos y demás aspectos previstos en los contratos suscritos para el efecto.”
Esta es la verdad. Somos perseguidos por haber hecho posible un sueño del pueblo quiteño. Por haber tomado todas las previsiones, dentro de lo posible; por no tenerle miedo al poder económico y político que están detrás de la conspiración.
El pueblo de Quito vio con horror la campaña electoral más miserable de su historia, utilizando este proyecto para destruir mi honra, con recursos de financiamiento a campañas de quienes apoyaron la presunta inconveniencia del nuevo aeropuerto.
Es una pena que la Contraloría haya sido sometida a vergüenza por malos funcionarios que obraron por las razones antes expuestas en beneficio de los conspiradoras, es una pena que la Fiscalía Distrital de Pichincha haya, por razones que despiertan sospecha, emitido un dictamen acusatorio justamente cuando el alcalde Augusto Barrera se encontraba renegociando los contratos, con mi apoyo, porque si le es posible mejorar las condiciones para el país no puedo menos que adherirme.
No nos queda más que esperar del juicio de Dios y del de la Historia, porque en el de los hombres, en nuestro país resulta imposible.
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En el año 2000, al iniciar nuestra gestión, tomamos la posta del proceso que habían venido realizando por más de 30 años la Dirección General de Aviación Civil y la Vicepresidencia de la República en los distintos gobiernos para la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio escogido previamente y cuyos terrenos habían sido expropiados para ese propósito 20 años antes.
La situación del aeropuerto “Mariscal Sucre”, era desastrosa; apenas brindaba en malas condiciones los servicios de una pobre terminal terrestre, de una ciudad secundaria.
En 1970, la Junta Nacional de Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil, contrataron a Airways Engineering Corp., a fin de efectuar un estudio de pre-factibilidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; cinco años después, el 5 de noviembre de 1975, el Gobierno Nacional contrató con las compañías International Engineering Co. y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., un estudio para la selección definitiva del sitio en que debía ubicarse el aeropuerto internacional de Quito.
En las recomendaciones presentadas, tras el respectivo estudio, los consultores afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Y: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año 1982, el Gobierno Nacional contrató al consorcio FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realice la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrolle el Plan Maestro de Ejecución.
En julio del año 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas y publicó las Bases de Precalificación para empresas interesadas en participar en la construcción.
En octubre de 2000 a los tres meses de iniciada mi gestión, el Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de conformidad con lo previsto en el Art. 249 de la Constitución Política y el Art. 1 de la Ley de Aviación Civil, entre otras normas, emitió el Decreto Ejecutivo número 885, traspasando a la Municipalidad quiteña la construcción del nuevo aeropuerto internacional, así como para la administración y operación del aeropuerto Mariscal Sucre. El Decreto mandaba que cada municipalidad conforme una unidad ejecutora para realizar el proyecto.
Conformación de la CORPAQ
El Concejo Metropolitano de Quito, vistos los informes legales favorables emitidos por la Procuraduría General del Estado, por resolución unánime y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo 885, resolvió la constitución de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ).
De conformidad con el Estatuto de la CORPAQ, los órganos de dirección de dicha entidad son: el Directorio y el Comité Ejecutivo, que se encuentran conformados de la siguiente manera:
DIRECTORIO:
- El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
- El Ministro de Relaciones Exteriores
- El Ministro de Comercio Exterior
- El Ministro de Turismo
- El presidente del CONAM
- El Director General de Aviación Civil
- Dos concejales designados por el Concejo Metropolitano
- Un concejal designado por el Alcalde
- Un delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Prefecto Provincial de Pichincha
- Un delegado de los sectores productivos organizados
- Un representante elegido por los rectores de las universidades y escuelas politécnicas con sede en Quito
- El Director de Planificación del Municipio de Quito
- El presidente de EXPOFLORES
COMITÉ EJECUTIVO:
- El Presidente del Directorio (Alcalde Metropolitano)
- El Vicepresidente del Directorio (Concejal designado por el Concejo Metropolitano)
- El delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Director de Aviación Civil
- El Director de Planificación del Municipio de Quito.
Es fácil observar que las decisiones que se tomaron en el proceso de concesión y en la administración superior de la CORPAQ, fueron tomadas por un organismo que tiene representantes del sector público en los tres niveles de gobierno y presentes a la sociedad civil, el sector académico y el sector empresarial. Con esta conformación se aseguró que en la toma de decisiones exista una amplia participación, que asegure un proceso transparente en beneficio del país y la ciudad. La Dirección de Aviación Civil ha tenido una directa participación en este proceso, no sólo por cuanto su Director es miembro nato del Directorio y del Comité Ejecutivo de la CORPAQ, sino porque ha votado a favor en todas las decisiones adoptadas.
La oposición al proyecto
La negociación de la concesión tomó casi cinco años; todos los pasos se realizaron públicamente; toda firma de documentos en actos solemnes; en cada caso participó representando al gobierno del Canadá el Embajador de dicho país. Todo cambió cuando se legró el cierre financiero; entonces, cuando la construcción era un hecho y no una locura del Alcalde, como se decía entonces, “porque nadie querría invertir tanto dinero en este país”, que los intereses económicos comenzaron a conspirar de una manera activa y con una campaña costosa cuyo financiamiento debería investigarse.
Una tarde, me visitaron Alberto y Michel Deller y me advirtieron que no firme los contratos, porque me arrepentiría toda mi vida. Me dijeron que ellos podían construir el aeropuerto en 170 millones. Yo les respondí que si ellos presentaban una propuesta seria y una garantía, inmediatamente pediría al Directorio de la CORPAQ, terminar con la relación con el gobierno de Canadá. Nunca recibimos ni la propuesta y, peor la garantía. Los argumentos han sido los siguientes:
1) La inviabilidad del sitio de Puembo
En los estudios realizados en los años 1975 - 1976 para la selección del sitio participaron las consultoras Peat Marwick & Mitchell, especializada en estudios de navegación aérea, y Helmuth Obata y Kassabaum, diseñadora de aeropuertos –– se consideraron todos los temas como topografía y superficie, espacio aéreo, condiciones meteorológicas, planificación urbana, social y ambiental, acceso al aeropuerto, ingeniería y aspectos constructivos, informe final y plan maestro.
En las conclusiones plantean: “Desde el punto de vista de la planificación urbana y de los factores sociales y del medio ambiente, la acción más indicada es cerrar el aeropuerto Mariscal Sucre y desarrollar un nuevo aeropuerto en cualquiera de las dos partes.” Por la altura y consideraciones de planificación urbana aconsejan Puembo.; En las recomendaciones afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Considerando las condiciones del espacio aéreo los consultores afirman: “El sitio de Puembo constituiría una buena mejora con relación al aeropuerto existente… El sitio de Puembo satisface los criterios de despegue para las salidas al norte y al sur”
Sobre la aproximación de precisión afirman que “funcionarán dentro de los parámetros indicados.” Y en la conclusión final dice: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año de 1982, para dar continuidad al proyecto, el Gobierno nacional contrata a FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realicen la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrollen el Plan Maestro de Ejecución. Entonces los consultores plantean en el tema de Circuitos de Espera y Procedimientos de Aproximación una advertencia operativa en el sentido de que: “la orografía difícil no permite aplicar rigurosamente las prescripciones OACI en lo que se refiere a la aproximación por instrumentos, considerando que corresponde a las autoridades locales decidir sobre el tema.” De haber sido éste, como ahora pretenden descubrir, un impedimento para la ejecución del Proyecto, lo lógico habría sido que las autoridades gubernamentales y la DGAC lo suspendieran y buscaran otras alternativas.
Sobre la base de los estudios realizados, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas en julio de 1996 y publicó para este efecto las Bases de Precalificación, en las cuales se afirma: “Los estudios para la selección del sitio para el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se iniciaron en 1968 y luego se profundizaron en todos sus aspectos con el Estudio de Selección de Sitio efectuado por el consorcio IECO- CAE….Los estudios desarrollados por el consorcio IECO –CAE determinaron que el sitio más conveniente para el emplazamiento del nuevo aeropuerto es Puembo … La ubicación geográfica de la ciudad de Quito determina la imposibilidad de encontrar, dentro de una distancia aceptable desde el centro de la ciudad un sitio que responda a todos los requerimientos como sitio ideal. Por lo tanto, algunas de las limitaciones del sitio de Puembo deben ser aceptadas como inevitables y vinculantes al desarrollo del proyecto.”
En el año 1997, frente a pretensiones de que el aeropuerto de Quito se desarrolle en Latacunga, el Director de la DGAC, responde al Ministro de Defensa: “Es deber de esta Dirección dar las explicaciones necesarias a fin de que no exista duda alguna de las decisiones que desde mucho tiempo atrás se han tomado, respecto a los lugares donde se ha decidido construirlos, a debida cuenta que responde a estudios muy serios realizados con el aval de anteriores gobiernos y del actual Gobierno, por lo que esta Dirección se ratifica en todo lo actuado, pues corresponde a estudios avalizados por el organismo de aviación civil internacional (OACI) que ha actuado muy estrechamente con la Dirección de Aviación Civil…”
En términos similares responde la DAC al Jefe del Comando Conjunto, cargo que me honraba en desempeñar: “No existe otra alternativa para el país sino la de concluir los nuevos aeropuertos so pena de quedarnos aislados de las rutas internacionales, lo cual significará enormes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano que en corto tiempo sobrepasarán el valor previsto (para la construcción)”
Del mismo modo, ante la pregunta: “¿Porqué no se utiliza el aeropuerto de Latacunga como alternativa a la construcción de un nuevo aeropuerto en Quito?”, la DAC contestó al diputado Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político: “El tema ha sido estudiado y analizado en el transcurso de los últimos años, llegando a la conclusión técnica que el aeropuerto de Latacunga no puede reemplazar al aeropuerto de Quito; inciden en esta conclusión factores económicos, operativos y de demanda del centro de mayor consumo de los servicios que es la ciudad de Quito.”
Observen la irracionalidad de la campaña de los conspiradores que se pasaron más de un año con la cantaleta de que el sitio no era el adecuado. Lo cierto es que como no pudieron evitar la firma de la concesión, pretendieron parar su construcción. El temor es que si el actual aeropuerto funciona en apenas 130 ha., con una pista de 3.200 m., a una altura de 2.850 m. sobre el nivel del mar. Por estas razones los aviones no pueden salir con carga y combustible completos y los pasajeros debemos hacer escala obligada en Guayaquil, mientras que en Puembo, el nuevo aeropuerto se encuentra instalado en una extensión de 1.500 ha., tiene una pista de 4.100 m. y está a una altura de 2.400 m. Tales condiciones permitirán a los aviones salir con carga y combustible para llegar directamente a los principales aeropuertos de Norteamérica y Europa. Esta es una de las causas de la ciega oposición.
2) El sobreprecio en la concesión
Frente a denuncias de “sobreprecios” en la construcción, pedí al Directorio que se contrate dos consultoras independientes para determinar si era posible que la CORPAQ haya sido llevada a error por los concesionarios o por sus propios asesores. Así pues, en el año 2006, la CORPAQ contrató a las consultoras Louis Berger, de EEUU, y Agosta & Campana, de Argentina, ambas de reconocido prestigio internacional, para que analizaran las inquietudes relacionadas con el costo de construcción del proyecto contratado.
Louis Berger realizó su estudio utilizando el método comparativo con infraestructura similar de otros aeropuertos recientemente construidos. Así, compara terminales de pasajeros, terminales de carga, pista principal, torre de control y elabora un cuadro de costos de construcción por metro cuadrado, de cuyo análisis se desprende que el costo de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, a su juicio, se encuentra dentro de un rango aceptable de fluctuación de 5%.
La consultora Agosta & Campana realizó su estudio utilizando el método constructivo a base de precios unitarios, es decir que hizo su propio cálculo del costo de construcción como si se tratara del constructor y concluyó que, a su juicio, el costo es un 12% más bajo que el señalado en el contrato de 2005.
No solamente eso, sino que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financistas del proyecto, su criterio. Esta fue la respuesta recibida el 22 de diciembre de 2005 que, entre otros temas, indica:
“La revisión detallada del proyecto que hizo el BID durante el proceso para la aprobación del préstamo, incluyó la revisión de los costos de construcción por parte de un ingeniero independiente; los cuales fueron confirmados dentro de un rango aceptable comparado con proyectos internacionales con características similares. Además la empresa Louis Berger, contratada por CORPAQ, realizó un análisis comparativo de costos del nuevo aeropuerto de Quito, y su conclusión fue que en la fecha de ese estudio, el costo de construcción estimado por ellos alcanzaba un monto cuya diferencia era de aproximadamente 1% superior en relación con el costo propuesto por el concesionario.
Finalmente, cabe recordar que CORPAQ realizó un proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Swiss Challenge que le permitió al mercado en general participar y ofrecer un precio más competitivo. La falta de interés de otros participantes en el proceso sugiere que, en su momento, el precio del aeropuerto no presentaba una discrepancia significativa que resultase en contrapropuestas más competitivas.”
Como se insistió en las diferencias en los precios de la Terminal y Torre de Control, volví a pedir aclaraciones. La administración respondió que se debían a las especiales medidas de seguridad necesarias en la construcción por tratarse de una zona sísmica y que las exigencias planteadas generan esa diferencia de precios.
3) Ventajas desproporcionadas a favor del Concesionario
Era necesario, como en el caso de los “sobreprecios” comprobar que los concesionarios hayan sacado provecho y engañado a los asesores y a la Administración. Por lo tanto, en defensa de los intereses de Quito, pedí al Directorio que disponga la contratación de una consultora experta que aclare este punto.
Como un mecanismo de transparencia adicional, dispuse que, a través de un proceso de selección, se contrate una firma independiente para que analice ese y los demás estudios financieros relativos al proyecto del nuevo aeropuerto. En efecto, se realizó un concurso público y el Consorcio Proventus-PKF fue contratado para la auditoría y revisión de los planes financieros. La consultoría determinó con toda claridad que la tasa interna de retorno del proyecto se ubica entre el 16.5% y la del accionista es 19.78%.
4) Las garantías de rentabilidad a favor de los Concesionarios y prestamistas
La Garantía Municipal consta del documento emitido el 22 de junio de 2005. Respalda las obligaciones que, en virtud de los diferentes contratos y acuerdos relativos a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, asumió la unidad de gestión municipal CORPAQ. El objeto de la garantía es:
- Otorgar los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción del aeropuerto, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes;
- No obstaculizar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto;
- Conceder los derechos de vía requeridos para la instalación de servicios básicos;
- No expropiar indebidamente el área concesionada ni la infraestructura edificada;
- Remover los obstáculos que impidan una segura operación del aeropuerto, como las antenas de HCJB;
- No impedir la normal operación del aeropuerto actual o la del nuevo aeropuerto, una vez construido, excluyéndose, por cierto, casos fortuitos o de fuerza mayor,
- Prestar los servicios de seguridad en el actual y en el nuevo aeropuerto y otras obligaciones similares.
Ni la Novación de la Garantía ni el Acuerdo de Consentimiento alteran en forma alguna el alcance de la Garantía lo cual sería además, jurídicamente improcedente. Ni la Garantía Municipal ni algún otro documento, han sido emitidos en respaldo de eventuales incumplimientos del concesionario, Corporación Quiport S.A, como han asegurado los dos concejales opuestos al proyecto y recogen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Distrital de Pichincha.
Es todavía peor, falso de falsedad absoluta y malsano en su intención, afirmar que exista “el consentimiento expreso de la Municipalidad de responsabilizarse por riesgos, de todo tipo, incluyendo aquellos vinculados con la falta de pago del financiamiento por parte de Quiport S.A…”
Nota: Para conocimiento general he publicado en la página Web personal el documento completo de la garantía.
5) No se ha considerado el “aporte público” en la valoración del proyecto y en la distribución de los ingresos.
La verdad es que en los estudios previos se había pensado en utilizar los aeropuertos para urbanizarlos y ayudar al financiamiento. Cuando el Concejo, en defensa de la salud de la población decidió que esos terrenos se conviertan en un parque, los asesores financieros, recomendaron al Comité Ejecutivo y al Directorio que la única forma de lograr el cierre financiero sería si la totalidad de los excedentes que genere el actual fuesen invertidos, única y exclusivamente, en el nuevo aeropuerto.
Por otra parte, la propiedad de los terrenos de Tababela es del Municipio, se concede solamente el usufructo, no se ha entregado la propiedad de dichas tierras al Concesionario. Finalmente los servicios básicos no los da la Municipalidad; por el contrario, el Concesionario proveerá de éstos a varias comunidades colindantes de estos servicios.
6) La Concesión se hizo a una empresa fantasma con ochocientos dólares de capital
Se ha dicho y el Presidente ha reiterado que con 70 millones de dólares el gobierno puede asumir el aeropuerto. No es así. El Concesionario invierte 110 millones de dinero propio y 350 millones de préstamos que ellos obtuvieron. No hay ningún crédito que deba pagar el Estado ecuatoriano, como aseguran opositores, la Contraloría y la Fiscalía. El total de aporte de los concesionarios es pues de 460 millones. Me parece que alguien que no soy yo no sabe de números. Además, como nadie es experto en todo, se contrataron especialistas en cada campo y contamos en el equipo de administración a economistas como Washington Herrera o Elsa de Mena, personas honradas y de reconocido prestigio.
7) La concesión no es al gobierno del Canadá
Todos los contratos celebrados para la ejecución del proyecto han sido suscritos con el Gobierno del Canadá, representado por la Canadian Commercial Corporation. Dicho gobierno, adicionalmente, emitió su formal garantía, por la cual asegura que el nuevo aeropuerto internacional de Quito será construido de conformidad con las especificaciones técnicas, precios, plazos y más condiciones acordadas. Todo esto fue ratificado por la Nota Diplomática que el Embajador del Canadá remitiera a la Cancillería ecuatoriana, a fin de atender el pedido formulado por la Comisión Anticorrupción.
El siguiente es parte del contenido de la comunicación:
“El Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, actualmente en marcha, conlleva la directa participación del Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation (CCC). La CCC es una Corporación Estatal del Gobierno de Canadá, establecida por el Parlamento Canadiense mediante Acta Parlamentaria de 1946.
De conformidad con la legislación canadiense, la CCC tiene la facultad de celebrar contratos, ya sea en su nombre, o a nombre del Gobierno de Canadá.
En Junio del año 2005 la Corporación Comercial Canadiense (CCC) celebró en su nombre los respectivos contratos con la CORPAQ, unidad de gestión de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para ejecutar tan importante proyecto.
Los contratos relativos al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito fueron suscritos por la Canadian Commercial Corporation mediante escrituras públicas celebradas en Quito, el 22 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, lo que implica una obligación directa, bajo las legislaciones ecuatoriana y canadiense, de dicha entidad en los términos y condiciones establecidos en dichos documentos.
Adicionalmente, la Canadian Commercial Corporation emitió formalmente la garantía de cumplimiento mediante documento de 20 de diciembre de 2005, de conformidad con el texto que consta del Anexo B del Contrato de Construcción.
Por consiguiente, el Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, garantiza que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, será construido de conformidad con las especificaciones, plazos, costos y demás aspectos previstos en los contratos suscritos para el efecto.”
Esta es la verdad. Somos perseguidos por haber hecho posible un sueño del pueblo quiteño. Por haber tomado todas las previsiones, dentro de lo posible; por no tenerle miedo al poder económico y político que están detrás de la conspiración.
El pueblo de Quito vio con horror la campaña electoral más miserable de su historia, utilizando este proyecto para destruir mi honra, con recursos de financiamiento a campañas de quienes apoyaron la presunta inconveniencia del nuevo aeropuerto.
Es una pena que la Contraloría haya sido sometida a vergüenza por malos funcionarios que obraron por las razones antes expuestas en beneficio de los conspiradoras, es una pena que la Fiscalía Distrital de Pichincha haya, por razones que despiertan sospecha, emitido un dictamen acusatorio justamente cuando el alcalde Augusto Barrera se encontraba renegociando los contratos, con mi apoyo, porque si le es posible mejorar las condiciones para el país no puedo menos que adherirme.
No nos queda más que esperar del juicio de Dios y del de la Historia, porque en el de los hombres, en nuestro país resulta imposible.
1/08/2010
En Tababela las obras siguen en curso
En Tababela las obras siguen en curso
El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.
86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos
Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.
Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.
Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.
Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.
Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.
Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.
Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.
Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.
El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.
Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.
86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos
Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.
Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.
Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.
Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.
Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.
Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.
Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.
Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.
El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.
Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.
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Hay intereses económicos en el aeropuerto
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980632
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
Para más articulos visitar sección Noticias en:
www.pacomoncayo.ec
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
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Caso aeropuerto levanta polvareda
El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.
El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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Carta de Apoyo al Gnral. Paco Moncayo
Señor General
Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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1/07/2010
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326954&id_seccion=11
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
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El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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Aeropuerto en riesgo
Aeropuerto en riesgo
Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426
Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
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Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426
Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
Jueves 07 de Enero de 2010. Jueves 07 de enero del 2010 País
Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
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El alcalde Augusto Barrera acusa a los bancos de presión por el aeropuerto
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
Aeropuerto: implicados defienden actuaci
Aeropuerto: implicados defienden actuación
Publicado el 07/Enero/2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rechazo-a-acusacion-fiscal-de-peculado-386037.html
Varios de los seis implicados, por la Fiscalía, defendieron su actuación, en el caso de la garantía municipal
La emisión del dictamen acusatorio, por parte del fiscal provincial de Pichincha, Marco Freire López, contra seis implicados sobre el caso de la garantía municipal emitida en 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito, generó reacciones.
Los ex alcaldes de la capital Paco Moncayo y Andrés Vallejo, junto a Carlos Jaramillo, ex procurador municipal, considerados autores de presunto delito de peculado, rechazaron la acusación.
Moncayo señaló que la Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Agregó que los prestamistas exigieron una garantía que firmó previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito. Y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio del 2005.
Su versión fue respaldada a través de una carta enviada, el 22 de febrero de 2008, por el BID al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en la cual se indica que: " Ni el BID, ni las restantes entidades financistas del proyecto del nuevo aeropuerto... han solicitado u obtenido del Ecuador, aquellas garantías previstas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control..."
"Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire, presionado, según lo aseverado por personas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha por el Fiscal General Dr. Washington Pesantez", señaló.
En el dictamen acusatorio también fueron señalados en calidad de cómplices Luis Eduardo Pérez, ex funcionario de Quiport, Barry Tito Morocho, del área financiera del concesionario y Diego Pachel, ex director de la Corpaq.
El Presidente y Director de Quiport, Philippe Baril, expresó que todos y cada uno de los contratos suscritos con el Municipio de Quito se firmaron respetando las leyes ecuatorianas y obteniendo los dictámenes favorables de las autoridades de control del Estado, lo cual garantiza la legalidad y honestidad de este proceso.
La Tercera Sala de lo Penal de Pichincha dictará el auto llamamiento de juicio.
El dictamen del fiscal se produce luego de un año de indagación y ocho meses de instrucción, lo cual coincide con el proceso de renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea entre el Municipio, el concesionario y los prestamistas.
Baril manifestó que la acción del Fiscal es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación. (NJ/MDA)
Publicado el 07/Enero/2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rechazo-a-acusacion-fiscal-de-peculado-386037.html
Varios de los seis implicados, por la Fiscalía, defendieron su actuación, en el caso de la garantía municipal
La emisión del dictamen acusatorio, por parte del fiscal provincial de Pichincha, Marco Freire López, contra seis implicados sobre el caso de la garantía municipal emitida en 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito, generó reacciones.
Los ex alcaldes de la capital Paco Moncayo y Andrés Vallejo, junto a Carlos Jaramillo, ex procurador municipal, considerados autores de presunto delito de peculado, rechazaron la acusación.
Moncayo señaló que la Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Agregó que los prestamistas exigieron una garantía que firmó previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito. Y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio del 2005.
Su versión fue respaldada a través de una carta enviada, el 22 de febrero de 2008, por el BID al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en la cual se indica que: " Ni el BID, ni las restantes entidades financistas del proyecto del nuevo aeropuerto... han solicitado u obtenido del Ecuador, aquellas garantías previstas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control..."
"Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire, presionado, según lo aseverado por personas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha por el Fiscal General Dr. Washington Pesantez", señaló.
En el dictamen acusatorio también fueron señalados en calidad de cómplices Luis Eduardo Pérez, ex funcionario de Quiport, Barry Tito Morocho, del área financiera del concesionario y Diego Pachel, ex director de la Corpaq.
El Presidente y Director de Quiport, Philippe Baril, expresó que todos y cada uno de los contratos suscritos con el Municipio de Quito se firmaron respetando las leyes ecuatorianas y obteniendo los dictámenes favorables de las autoridades de control del Estado, lo cual garantiza la legalidad y honestidad de este proceso.
La Tercera Sala de lo Penal de Pichincha dictará el auto llamamiento de juicio.
El dictamen del fiscal se produce luego de un año de indagación y ocho meses de instrucción, lo cual coincide con el proceso de renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea entre el Municipio, el concesionario y los prestamistas.
Baril manifestó que la acción del Fiscal es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación. (NJ/MDA)
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