http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326954&id_seccion=11
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
1/07/2010
Aeropuerto en riesgo
Aeropuerto en riesgo
Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426
Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426
Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
Jueves 07 de Enero de 2010. Jueves 07 de enero del 2010 País
Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
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El alcalde Augusto Barrera acusa a los bancos de presión por el aeropuerto
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
Aeropuerto: implicados defienden actuaci
Aeropuerto: implicados defienden actuación
Publicado el 07/Enero/2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rechazo-a-acusacion-fiscal-de-peculado-386037.html
Varios de los seis implicados, por la Fiscalía, defendieron su actuación, en el caso de la garantía municipal
La emisión del dictamen acusatorio, por parte del fiscal provincial de Pichincha, Marco Freire López, contra seis implicados sobre el caso de la garantía municipal emitida en 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito, generó reacciones.
Los ex alcaldes de la capital Paco Moncayo y Andrés Vallejo, junto a Carlos Jaramillo, ex procurador municipal, considerados autores de presunto delito de peculado, rechazaron la acusación.
Moncayo señaló que la Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Agregó que los prestamistas exigieron una garantía que firmó previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito. Y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio del 2005.
Su versión fue respaldada a través de una carta enviada, el 22 de febrero de 2008, por el BID al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en la cual se indica que: " Ni el BID, ni las restantes entidades financistas del proyecto del nuevo aeropuerto... han solicitado u obtenido del Ecuador, aquellas garantías previstas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control..."
"Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire, presionado, según lo aseverado por personas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha por el Fiscal General Dr. Washington Pesantez", señaló.
En el dictamen acusatorio también fueron señalados en calidad de cómplices Luis Eduardo Pérez, ex funcionario de Quiport, Barry Tito Morocho, del área financiera del concesionario y Diego Pachel, ex director de la Corpaq.
El Presidente y Director de Quiport, Philippe Baril, expresó que todos y cada uno de los contratos suscritos con el Municipio de Quito se firmaron respetando las leyes ecuatorianas y obteniendo los dictámenes favorables de las autoridades de control del Estado, lo cual garantiza la legalidad y honestidad de este proceso.
La Tercera Sala de lo Penal de Pichincha dictará el auto llamamiento de juicio.
El dictamen del fiscal se produce luego de un año de indagación y ocho meses de instrucción, lo cual coincide con el proceso de renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea entre el Municipio, el concesionario y los prestamistas.
Baril manifestó que la acción del Fiscal es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación. (NJ/MDA)
Publicado el 07/Enero/2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rechazo-a-acusacion-fiscal-de-peculado-386037.html
Varios de los seis implicados, por la Fiscalía, defendieron su actuación, en el caso de la garantía municipal
La emisión del dictamen acusatorio, por parte del fiscal provincial de Pichincha, Marco Freire López, contra seis implicados sobre el caso de la garantía municipal emitida en 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito, generó reacciones.
Los ex alcaldes de la capital Paco Moncayo y Andrés Vallejo, junto a Carlos Jaramillo, ex procurador municipal, considerados autores de presunto delito de peculado, rechazaron la acusación.
Moncayo señaló que la Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Agregó que los prestamistas exigieron una garantía que firmó previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito. Y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio del 2005.
Su versión fue respaldada a través de una carta enviada, el 22 de febrero de 2008, por el BID al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en la cual se indica que: " Ni el BID, ni las restantes entidades financistas del proyecto del nuevo aeropuerto... han solicitado u obtenido del Ecuador, aquellas garantías previstas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control..."
"Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire, presionado, según lo aseverado por personas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha por el Fiscal General Dr. Washington Pesantez", señaló.
En el dictamen acusatorio también fueron señalados en calidad de cómplices Luis Eduardo Pérez, ex funcionario de Quiport, Barry Tito Morocho, del área financiera del concesionario y Diego Pachel, ex director de la Corpaq.
El Presidente y Director de Quiport, Philippe Baril, expresó que todos y cada uno de los contratos suscritos con el Municipio de Quito se firmaron respetando las leyes ecuatorianas y obteniendo los dictámenes favorables de las autoridades de control del Estado, lo cual garantiza la legalidad y honestidad de este proceso.
La Tercera Sala de lo Penal de Pichincha dictará el auto llamamiento de juicio.
El dictamen del fiscal se produce luego de un año de indagación y ocho meses de instrucción, lo cual coincide con el proceso de renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea entre el Municipio, el concesionario y los prestamistas.
Baril manifestó que la acción del Fiscal es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación. (NJ/MDA)
PACO MONCAYO SE DEFIENDE DE ACUSACIÓN DE FISCAL SOBRE AEROPUERTO DE QUITO
PACO MONCAYO SE DEFIENDE DE ACUSACIÓN
DE FISCAL SOBRE AEROPUERTO DE QUITO
EcuadorInmediato.com
Paco Moncayo / Facebook
Mediante un comunicado emitido a través de la red social Facebook, y que ha sido pagado en remitido a los diversos medios impresos del Ecuador, el ex alcalde de Quito, y asambleista nacional, General (r) Paco Moncayo Gallegos, defendió su honor y dignidad frente a las acusaciones de las que es objeto por parte del fiscal Marco freire en el tema de contratación y construcción del nuevo Aeropuerto de Quito.
El texto del remitido, que Ecuadorinmediato.com, lo pone a disposición en una publicación considerada como noticia, es el siguiente:
AL PUEBLO DEL ECUADOR:
Elegido por el pueblo quiteño para desempeñar el honroso cargo de Alcalde Metropolitano me empeñé y dediqué mis mayores esfuerzos para que la Capital cuente con el aeropuerto de Tababela, indispensable para impulsar su desarrollo.
La Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, del de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los prestamistas exigieron una garantía que firmé previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesiones públicas del Concejo Metropolitano de 5 de agosto de 2004 y de 17 de junio de 2005. Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios, el perito nombrado por la fiscalía, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire.
A pesar de haberme asegurado la certeza de mi honestidad, el Presidente Rafael Correa, en acto público, de trascendencia mundial, aseveró que la concesión del Aeropuerto de Quito era el mayor atraco de la larga noche neoliberal y, con sus palabras, así no haya sido su intención, firmó anticipadamente mi sentencia; fue a partir de entonces que la fiscalía que antes se había referido reiteradamente a mi honestidad, se empeñó en la acuciosa tarea de empañar mi prestigio y buen nombre para validar las expresiones del Presidente; no obstante que el propio Presidente en más de una ocasión, ha reconocido la limpieza de los procedimientos.
Con la conciencia tranquila, porque jamás he tocado un centavo de los dineros públicos ni he utilizado en beneficio personal o familiar los altos cargos que me confió la Patria, deseo llegar a las conciencias y al corazón de mis compatriotas para pedirles, como única recompensa a mis largos años de servicios, la confianza y credibilidad que creo merecerla.
A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad.
A mis compañeros militares, aunque parezca innecesario, porque me conocen de cuarenta años de compartir sacrificios y esperanzas, deseo que sepan que mi uniforme de soldado y mis escudos de General están como siempre límpidos.
A mis heroicos compañeros de las gestas del Cenepa, tengan la certeza que los lauros alcanzados con su abnegación y sacrificio en los campos de batalla no serán jamás marchitados por una conducta indigna de su Comandante.
A mi querida familia, que solamente ha cosechado sinsabores de mi participación política, no necesito asegurarles que los apellidos que recibimos intachables de nuestros abuelos y padres los entregaré inmaculados a mis hijos.
A la Fiscalía, cuyos motivos de persecución desconozco, sepan que en defensa de mi honor de ciudadano y militar que han manchado gravemente, causándome un incalculable daño moral, no descansaré hasta que se corrija esta infamia. Espero que la Función Judicial corrija esta desacertada actuación.
Finalmente, advierto al pueblo ecuatoriano las graves consecuencias que pueden derivarse de esta injusta acusación, si se paralizan los trabajos y se pospone, aún más, la inauguración del nuevo aeropuerto.
GENERAL PACO MONCAYO GALLEGOS
DE FISCAL SOBRE AEROPUERTO DE QUITO
EcuadorInmediato.com
Paco Moncayo / Facebook
Mediante un comunicado emitido a través de la red social Facebook, y que ha sido pagado en remitido a los diversos medios impresos del Ecuador, el ex alcalde de Quito, y asambleista nacional, General (r) Paco Moncayo Gallegos, defendió su honor y dignidad frente a las acusaciones de las que es objeto por parte del fiscal Marco freire en el tema de contratación y construcción del nuevo Aeropuerto de Quito.
El texto del remitido, que Ecuadorinmediato.com, lo pone a disposición en una publicación considerada como noticia, es el siguiente:
AL PUEBLO DEL ECUADOR:
Elegido por el pueblo quiteño para desempeñar el honroso cargo de Alcalde Metropolitano me empeñé y dediqué mis mayores esfuerzos para que la Capital cuente con el aeropuerto de Tababela, indispensable para impulsar su desarrollo.
La Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, del de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los prestamistas exigieron una garantía que firmé previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesiones públicas del Concejo Metropolitano de 5 de agosto de 2004 y de 17 de junio de 2005. Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios, el perito nombrado por la fiscalía, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire.
A pesar de haberme asegurado la certeza de mi honestidad, el Presidente Rafael Correa, en acto público, de trascendencia mundial, aseveró que la concesión del Aeropuerto de Quito era el mayor atraco de la larga noche neoliberal y, con sus palabras, así no haya sido su intención, firmó anticipadamente mi sentencia; fue a partir de entonces que la fiscalía que antes se había referido reiteradamente a mi honestidad, se empeñó en la acuciosa tarea de empañar mi prestigio y buen nombre para validar las expresiones del Presidente; no obstante que el propio Presidente en más de una ocasión, ha reconocido la limpieza de los procedimientos.
Con la conciencia tranquila, porque jamás he tocado un centavo de los dineros públicos ni he utilizado en beneficio personal o familiar los altos cargos que me confió la Patria, deseo llegar a las conciencias y al corazón de mis compatriotas para pedirles, como única recompensa a mis largos años de servicios, la confianza y credibilidad que creo merecerla.
A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad.
A mis compañeros militares, aunque parezca innecesario, porque me conocen de cuarenta años de compartir sacrificios y esperanzas, deseo que sepan que mi uniforme de soldado y mis escudos de General están como siempre límpidos.
A mis heroicos compañeros de las gestas del Cenepa, tengan la certeza que los lauros alcanzados con su abnegación y sacrificio en los campos de batalla no serán jamás marchitados por una conducta indigna de su Comandante.
A mi querida familia, que solamente ha cosechado sinsabores de mi participación política, no necesito asegurarles que los apellidos que recibimos intachables de nuestros abuelos y padres los entregaré inmaculados a mis hijos.
A la Fiscalía, cuyos motivos de persecución desconozco, sepan que en defensa de mi honor de ciudadano y militar que han manchado gravemente, causándome un incalculable daño moral, no descansaré hasta que se corrija esta infamia. Espero que la Función Judicial corrija esta desacertada actuación.
Finalmente, advierto al pueblo ecuatoriano las graves consecuencias que pueden derivarse de esta injusta acusación, si se paralizan los trabajos y se pospone, aún más, la inauguración del nuevo aeropuerto.
GENERAL PACO MONCAYO GALLEGOS
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