En Tababela las obras siguen en curso
El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.
86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos
Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.
Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.
Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.
Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.
Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.
Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.
Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.
Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.
El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.
Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.
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1/08/2010
Hay intereses económicos en el aeropuerto
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980632
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
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8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
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Caso aeropuerto levanta polvareda
El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.
El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
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Carta de Apoyo al Gnral. Paco Moncayo
Señor General
Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
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