Observaciones
1. Es importante destacar la importancia de una buena gestión de los bienes públicos en un país donde lamentablemente todavía lo que es bien público no es de nadie, nade se preocupa, nadie preserva, como es fácil ver en las instituciones estatales. En muchas ocasiones personas y autoridades inescrupulosas se apropian de los bienes públicos respaldado por procesos judiciales que les aúpan. En la alcaldía de Quito una de las primeras preocupaciones fue la de crear una unidad de Bienes para la administración de los mismos, con excelentes resultados.
2. Sería muy importante, por lo mismo que existan reglas comunes para todo el sector público y que cada Función y cada nivel de gobierno manejen de forma similar este que es patrimonio de todos.
3. El proyecto presentado no cubre estas expectativas, se refiere a una Función, la Ejecutivo y a un nivel de gobierno, el Central. Lo cual está bien para respetar las autonomías y para proteger a los bienes de los afiliados de la voracidad tradicional de los gobiernos centrales. El proyecto de ley que debatimos tiene como antecedente el Decreto No. 1479 que crea la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, publicado en el Registro Oficial 495, 24-XII-2008, y cuyas disposiciones han sido incorporadas mayoritariamente en el Proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público.
4. El ámbito de acción del Decreto Ejecutivo 1479 se encuentra bien definido, ya que señala para su aplicación: a las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, y crea y le otorga a esta entidad la rectoría sobre el sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, cuando debería ser simplemente para el gobierno central.
5. Destaco, que las atribuciones otorgadas a la unidad de gestión parecen las más adecuadas para la entidad y realzo la creación del Catastro único de bienes Inmuebles del Estado (CUBE), registro diferente del catastro manejado por los municipios, que sin duda sirve para controlar y gestionar los bienes inmuebles por la entidad así como por los organismos de control de forma adecuada.
6. Sin embargo, al transformar el Decreto en Proyecto de Ley, en el artículo referido al ámbito del proyecto se señala que las disposiciones de la ley, son de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como en las instituciones financieras públicas, instituciones financieras en saneamiento y liquidación y entidades descentralizadas propietarias de bienes inmuebles ubicados en todos los cantones del país. Dicho sea de paso, si estas instituciones en saneamiento son de régimen transitorio, las disposiciones para ellas deberían ser también transitorias.
7. De conformidad con la norma constitucional la denominación sector público comprende lo siguiente: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.
8. Cada función del estado, así como los Gobiernos descentralizados y las entidades como el IESS, ISFA, Universidades, que no son parte ni dependen de ninguna de las funciones del Estado, gozan de independencia y autonomía, razón por la cual no pueden ni debe incluirse dentro del ámbito de aplicación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Por lo antes anotado no se considera necesaria ni procedente la exclusión expresa de los bienes de estas entidades contenidas en el artículo uno del proyecto en calidad de excepciones.
9. Al analizar el objeto del proyecto de reforma se revela que el sentido de la norma no es establecer parámetros de gestión o administración de los bienes inmuebles, sino más bien regular las acciones del ente encargado de la administración y disposición de bienes inmuebles del sector público. Es decir que, entre el ámbito y el objeto del proyecto no hay coherencia y como consecuencia se provoca la incompatibilidad de las disposiciones legales.
10. Sobre la base de las observaciones anteriormente efectuadas, considero que si la intención de la ley no es generar un verdadero marco regulatorio, que armonice, potencie o reforme la normativa existente para el manejo, administración y disposición de todos los bienes públicos a nivel nacional, el proyecto de ley presentado debe reducirse a los bienes que correspondan al gobierno central, como fue originalmente en el Decreto Ejecutivo.
Atentamente,
Paco Moncayo Gallegos
2/06/2010
En la Asamblea no hay 63 votos para juicio político
February 4, 2010
www.elcomercio.com
33 legisladores de Alianza País enviaron un cuestionario a Washington Pesántez. Él sostiene que no rehuirá a un juicio político
Alianza País puso a Washington Pesántez en la Fiscalía General de la Nación y, ahora, un grupo de asambleístas de ese movimiento quiere sacarlo.
33 de los 58 legisladores de esa bancada buscan un proceso de fiscalización en su contra. El martes prepararon un cuestionario, en el cual pidieron a Pesántez su declaración de bienes y certificados de relación de parentesco con cinco funcionarios de la Fiscalía: Hernán Pesántez, Víctor Miño, Santiago Acurio, Francisco Moscoso y Cristina Marchán.
“Nosotros, al posesionarnos, hicimos una declaración juramentada en la cual ya demostramos que no tenemos parentesco familiar de ninguna especie con el doctor Pesántez. Eso, me parece, es parte de la persecución en su contra”, dijo Acurio a este Diario.
Los asambleístas también solicitaron datos sobre sus viajes al exterior y la contratación de sondeos para medir su popularidad.
“La Asamblea me envió muchas preguntas, las mismas que, en su momento y de acuerdo con lo que establece la Ley, responderé. No rehúyo a un juicio político, porque será la oportunidad que me da la vida para demostrar que mientras administré la Fiscalía no hubo ningún acto doloso”, enfatizó ayer Pesántez, quien es fiscal general desde el 30 de noviembre de 2007. Esa noche, la mayoría de Alianza País (80 de 130 votos), en Montecristi, decidió destituir al fiscal Jorge German.
Antes, Pesántez había participado en el concurso de oposición y merecimientos para ocupar el cargo. Obtuvo el primer lugar y encabezó la terna enviada al Congreso. Pero allí Sociedad Patriótica, PSC y Prian eligieron a Jorge German, último de la terna.
Pesántez nunca ha escondido su amistad con el presidente y líder de Alianza País, Rafael Correa. Los dos se conocieron cuando estudiaban en la universidad de Lovaina, en Bélgica.
Al llegar al despacho de la Fiscalía General, dijo a este Diario que esa relación le obligaba a ser “severo con sus indagaciones”.
Para la oposición, esa cercanía marcó un precedente negativo en la fiscalización del Régimen. Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, cree que el pedido de los asambleístas del movimiento gobiernista es la bocanada de oxígeno que necesitaba el presidente Correa para que la atención mediática se descuide de temas como el desempleo, la corrupción, entre otros.
Él no cree que se reunirán los 63 votos que se necesitan para censurar a Pesántez. “Solo hay 33 firmas. Alianza País, para aprobar leyes sensibles, ha reunido 58 y hasta 65 votos. Esto es un show”.
Los siete representantes del Prian están escépticos. Vicente Taiano, de esa bancada, señaló que esperarán las respuestas que envíe el Fiscal.
Hasta ayer, la iniciativa de los 33 asambleístas de Alianza País tenía el apoyo de los siete legisladores del Movimiento Madera de Guerrero y de los cinco del Movimiento Alianza Libertad.
Paco Moncayo, integrante de Alianza Libertad, precisó que si bien sus cuatro compañeros apoyarán la fiscalización, él no participará, porque tiene en su contra una investigación que impulsa la Fiscalía por la contratación del nuevo aeropuerto de Quito. No quiere que su actuación sea considerada como una represalia a los agentes que lo indagan.
Dentro de la bancada legislativa de Alianza País tampoco hay la certeza de sumar más apoyo para censurar al Fiscal General. Los criterios están divididos.
Los legisladores que impulsan la rendición de cuentas del fiscal Washington Pesántez en la Asamblea negaron haber participado en reuniones con otras agrupaciones para completar los 63 votos para la salida del Fiscal.
Según Vethowen Chica, coordinador de la bancada, esperarán la respuesta al cuestionario enviado. “No hay juicio político, iniciamos un proceso de fiscalización”.
Sociedad Patriótica quiere comprobar el avance de la fiscalización, antes de definir una posición. De eso dependerá que sus 17 legisladores se sumen o no a un juicio político contra el Fiscal.
Pesántez se fue con licencia no sin antes elogiar a Correa.
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33 legisladores de Alianza País enviaron un cuestionario a Washington Pesántez. Él sostiene que no rehuirá a un juicio político
Alianza País puso a Washington Pesántez en la Fiscalía General de la Nación y, ahora, un grupo de asambleístas de ese movimiento quiere sacarlo.
33 de los 58 legisladores de esa bancada buscan un proceso de fiscalización en su contra. El martes prepararon un cuestionario, en el cual pidieron a Pesántez su declaración de bienes y certificados de relación de parentesco con cinco funcionarios de la Fiscalía: Hernán Pesántez, Víctor Miño, Santiago Acurio, Francisco Moscoso y Cristina Marchán.
“Nosotros, al posesionarnos, hicimos una declaración juramentada en la cual ya demostramos que no tenemos parentesco familiar de ninguna especie con el doctor Pesántez. Eso, me parece, es parte de la persecución en su contra”, dijo Acurio a este Diario.
Los asambleístas también solicitaron datos sobre sus viajes al exterior y la contratación de sondeos para medir su popularidad.
“La Asamblea me envió muchas preguntas, las mismas que, en su momento y de acuerdo con lo que establece la Ley, responderé. No rehúyo a un juicio político, porque será la oportunidad que me da la vida para demostrar que mientras administré la Fiscalía no hubo ningún acto doloso”, enfatizó ayer Pesántez, quien es fiscal general desde el 30 de noviembre de 2007. Esa noche, la mayoría de Alianza País (80 de 130 votos), en Montecristi, decidió destituir al fiscal Jorge German.
Antes, Pesántez había participado en el concurso de oposición y merecimientos para ocupar el cargo. Obtuvo el primer lugar y encabezó la terna enviada al Congreso. Pero allí Sociedad Patriótica, PSC y Prian eligieron a Jorge German, último de la terna.
Pesántez nunca ha escondido su amistad con el presidente y líder de Alianza País, Rafael Correa. Los dos se conocieron cuando estudiaban en la universidad de Lovaina, en Bélgica.
Al llegar al despacho de la Fiscalía General, dijo a este Diario que esa relación le obligaba a ser “severo con sus indagaciones”.
Para la oposición, esa cercanía marcó un precedente negativo en la fiscalización del Régimen. Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, cree que el pedido de los asambleístas del movimiento gobiernista es la bocanada de oxígeno que necesitaba el presidente Correa para que la atención mediática se descuide de temas como el desempleo, la corrupción, entre otros.
Él no cree que se reunirán los 63 votos que se necesitan para censurar a Pesántez. “Solo hay 33 firmas. Alianza País, para aprobar leyes sensibles, ha reunido 58 y hasta 65 votos. Esto es un show”.
Los siete representantes del Prian están escépticos. Vicente Taiano, de esa bancada, señaló que esperarán las respuestas que envíe el Fiscal.
Hasta ayer, la iniciativa de los 33 asambleístas de Alianza País tenía el apoyo de los siete legisladores del Movimiento Madera de Guerrero y de los cinco del Movimiento Alianza Libertad.
Paco Moncayo, integrante de Alianza Libertad, precisó que si bien sus cuatro compañeros apoyarán la fiscalización, él no participará, porque tiene en su contra una investigación que impulsa la Fiscalía por la contratación del nuevo aeropuerto de Quito. No quiere que su actuación sea considerada como una represalia a los agentes que lo indagan.
Dentro de la bancada legislativa de Alianza País tampoco hay la certeza de sumar más apoyo para censurar al Fiscal General. Los criterios están divididos.
Los legisladores que impulsan la rendición de cuentas del fiscal Washington Pesántez en la Asamblea negaron haber participado en reuniones con otras agrupaciones para completar los 63 votos para la salida del Fiscal.
Según Vethowen Chica, coordinador de la bancada, esperarán la respuesta al cuestionario enviado. “No hay juicio político, iniciamos un proceso de fiscalización”.
Sociedad Patriótica quiere comprobar el avance de la fiscalización, antes de definir una posición. De eso dependerá que sus 17 legisladores se sumen o no a un juicio político contra el Fiscal.
Pesántez se fue con licencia no sin antes elogiar a Correa.
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