El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 37, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y el control en esta materia, así como proteger a las personas y bienes que se transportan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en aras del bienestar general de los ciudadanos.
Paco Moncayo Asambleísta por Pichincha propuso un cambio en la estructura y en la jerarquía del sector Estatal encargado del tema, sostuvo que es necesario crear el Sistema Nacional de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, tal como lo determina la Constitución, el mismo debería conformarse con el Ministerio de Transporte, el Consejo Nacional de Tránsito y sus órganos desconcentrados, los Gobiernos autónomos descentralizados y los Centros de Mediación de Conflictos.
Otro de los temas que le preocupa al asambleísta como miembro de la comisión de territorio en la asamblea y como ex alcalde; es que las competencias de los municipios están siendo violentadas. En temas tan sensibles como la entrega de permisos y contratos de operación, que son inherentes al desarrollo, crecimiento, ordenamiento y planificación territorial que le compete SOLAMENTE al municipio. Esto es inconstitucional, pues no se pueden revertir competencias asignadas antes de la expedición de la actual constitución.
Durante el debate, los diversos sectores legislativos (hubo 28 intervenciones) subrayaron que el problema de la accidentabilidad en materia de tránsito no es consecuencia de los vacíos que puedan existir en la ley, sino de las dificultades para aplicar las sanciones y multas, sobre todo porque los juzgados de tránsito no tienen la capacidad operativa para cumplir con su labor, por lo que es necesario que se dé paso a la creación de los juzgados de contravenciones, que serán los encargados de agilizar los procedimientos en materia de tránsito.
La propuesta presentada por Moncayo busca armonizar la normativa a la Constitución.
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