Gnral. Paco Moncayo - Asambleista

ENTREVISTA DIARIO EXPRESO

2011-08-02T09:01:00.000-07:00

ENTREVISTA DIARIO EXPRESO

Lo que hizo el oficialismo muestra que están dispuestos a vale todo"

¿El domingo la oposición mostró, poniendo de candidata a Betty Amores, un nuevo perfil? ¿Esa opción es resultado de un aprendizaje o apenas una muestra de oportunidad política? Paco Moncayo, uno de sus miembros y hombre respetado por el oficialismo, responde:

¿Cómo se debe interpretar el hecho de que usted fue quien propuso a Betty Amores, y que ella, exasambleísta de PAIS, haya sido la figura alrededor de la cual se puso de acuerdo la oposición?

Es un mensaje que estuvo explícito en mi intervención. No estamos planteando una candidatura de la oposición ideológica, es decir una presidenta de la derecha que vaya a enfrentar el modelo del Ejecutivo; estamos planteando, de manera sensata, una persona de la línea y además de la auténtica línea de la propuesta de la Revolución Ciudadana, democrática, alegre, sin caudillos, sin líderes carismáticos ni mesiánicos.

La Asamblea no quiere ser un lugar para obstruir el trabajo del Ejecutivo. Queremos ser respetados como una función independiente, autónoma, trabajar junto con el presidente, no postrados de rodillas ante él.

Pero, explícitamente, ¿sobre qué ejes políticos se unió la oposición?

Esto es un aprendizaje. En la consulta aprendimos que habían muchas cosas que nos unían a las oposiciones de izquierda, de centro y de derecha, pero que hay causas fundamentales a las cuales no podemos renunciar.

¿Usted dice que poner a Betty Amores no fue un ejercicio de oportunidad política sino de convicción?

De esto hemos hablado. Hemos aprendido en la oposición que tenemos fines superiores a nuestras naturales divergencias: defender la democracia, las libertades, los derechos humanos, defender la Constitución (no importa los errores que tenga y que habrá que reformar, pero esa es la norma que nos rige), defender la República que implica división de funciones, evitar y enfrentar a un gobierno autocrático, obligarlo a volver al discurso inicial y democrático con el que convencieron a muchos ecuatorianos.

¿Se puede hablar desde ayer de un empate político en la Asamblea?

El parteaguas fue la consulta. Ahí se acabó el mundo del reino de Alianza PAIS en solitario. Si ellos hubieran leído con claridad los acontecimientos, se habrían dado cuenta de que había otro momento en el proceso que ellos iniciaron y que, para nosotros como oposición, también fue un parteaguas: nos dimos cuenta de que habían muchas cosas importantes por defender en las que teníamos que estar juntos.

Ayer hubo otro parteaguas en la Asamblea porque el presidente Cordero gana la presidencia sin siquiera los votos suficientes de "sí". Acomodaron los votos blancos para llegar a la presidencia. Es un castigo a Cordero por dos años de desaciertos.

¿Qué reacción tiene ante el video en que presuntamente se oye al candidato Cordero disponer a la presidenta Irina Cabezas anular la votación?

Los casos en derecho tienen que seguir un debido proceso. Hay que estudiar en detalle cuál es la legalidad de la elección y la posesión de Fernando Cordero. Lo que ellos hicieron muestra que están dispuestos a vale todo. ¿Cuándo usted hubiera podido imaginarse al candidato parado dirigiendo la sesión detrás de la señora presidenta? O sea vale todo. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está una mínima decencia para saber ganar y perder y hasta para guardar las formas?

¿Qué implicaría su lectura política para Fernando Cordero?

Que si no hay impedimento legal para que ejerza la presidencia, él debe entender que es presidente de la Asamblea y no un subordinado del presidente Correa ni jefe de bloque de Alianza PAIS. Haber ganado de la manera en que ganó supone dos opciones: una de resentimiento, que sería la peor alternativa, o una inteligente comprensión de lo que le piden los asambleístas: que dirija a la Asamblea, que sea capaz.

¿Cuál es su expectativa sobre las vicepresidencias si se tiene en cuenta el empate político en la Asamblea?

Si no hubiera impedimento legal para que Cordero ejerza la presidencia, tienen que devolver a Betty Amores la primera vicepresidencia. Ella ganó, no hay duda de que ella ganó. El señor asambleísta Gracia dijo: "Yo voté por Betty Amores". El voto no es el botón, es la voluntad del elector.

José Hernández - Redacción Quito

LISTO PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

2011-07-13T23:20:00.001-07:00

BOLETIN DE PRENSA No. 138

Para debate con la comunidad:

LISTO PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Paco Moncayo, Asambleísta de Alianza Libertad, manifestó que ante las múltiples amenazas que afectan a la población ecuatoriana es imperativo, mediante una norma clara, objetiva y práctica, asegurar “el total ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana, garantía de convivencia y desarrollo equilibrado y armónico de la comunidad, a fin de construir una sociedad sana, libre de violencia, discriminación y delincuencia, en donde puedan crecer las futuras generaciones y alcanzar mejores niveles de vida”.

Según el Asambleísta Moncayo, es necesario “establecer un sistema legalmente respaldado de participación mancomunada de planificación y acción en la que todos los ciudadanos, todos los niveles de gobierno, todas las funciones del Estado, sean capaces de mantener un diálogo perseverante y un trabajo sistemático conjunto, sin protagonismos de clase alguna”, de lo contrario –dijo- “no podrá el Ecuador llevar adelante una estrategia victoriosa contra la delincuencia”.

Sostuvo que el enfoque de la seguridad ciudadana, debe poner énfasis en la calidad de vida de la población, en los derechos y deberes de la ciudadanía y en el conjunto de las distintas fases y expresiones de la violencia. Del mismo modo, precisó Paco Moncayo, la nueva concepción de la seguridad obliga a un rediseño de las políticas públicas, a una revisión a fondo de la institucionalidad y a formas distintas de planificación de la prevención y control de los actos violentos. “La seguridad ciudadana busca, más bien, promover el ejercicio de los derechos y responsabilidades de la población, con una intensa participación de la propia ciudadanía, de los distintos niveles de gobierno y de todas las funciones del Estado”, recalcó el Legislador.

En virtud de lo expresado, Paco Moncayo manifestó que el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, es un documento base que deberá ser ampliamente debatido por la sociedad, a fin de que la propuesta final, a ser presentada en la Asamblea Nacional, emerja de la base social y se constituya en un compromiso de todos los actores. “A partir del momento en que el Ecuador disponga de una ley de seguridad ciudadana, que asegure una participación protagónica de los gobiernos autónomos descentralizados y de la ciudadanía, se podrá articular actividades que reviertan la tendencia creciente del delito”, concluyó el Asambleísta.

Finalmente, el Legislador invito a la ciudadanía para que ingrese a su página WEB, www.pacomoncayo.ec, sitio en el que se encuentra publicado el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, con el propósito de que analicen la propuesta, la critiquen, la comenten y la enriquezcan con sus criterios. Del mismo modo, convocó a los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales del país para que participen activamente en este proceso de construcción colectiva. “Este proyecto no es de Paco Moncayo, ni de un grupo de especialistas, es un proyecto que debe nacer de la sociedad y debe ser debatido por la sociedad”, puntualizó.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO JAPONES

2011-03-15T19:05:00.000-07:00

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO JAPONES

ASAMBLEISTA PACO MONCAYO G.

CONSIDERANDO

Que, con fecha 11 de marzo del 2011, el hermano pueblo de Japón sufrió las consecuencias de un devastador terremoto de 9 grados en la escala de Richter, el de mayor magnitud vivido en ese país desde que hay registros y el quinto de mayor intensidad en el planeta;

Que, el fuerte movimiento sísmico desató un tsunami que afectó dramáticamente a varias regiones del este del país, arrasando con varios poblados, dejando una estela de angustia y desolación;

Que, el cataclismo ha provocado dolor y tristeza ante el fallecimiento de miles de habitantes, víctimas fatales de la naturaleza y una centena de miles de pobladores heridos, desaparecidos o que han perdido sus hogares y pertenencias;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 132 faculta a la Asamblea Nacional a emitir acuerdos o resoluciones, y tal facultad se encuentra regulada en el Artículo 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 416, numeral 1, proclama la “cooperación, la integración y la solidaridad” en las relaciones con la comunidad internacional y el numeral 10 expresa que debemos promover “la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural”;

Que, el Ecuador históricamente ha mantenido relaciones sociales, políticas, comerciales, culturales con el Estado de Japón, en un marco de respecto, afectividad y hermandad con su pueblo, lo que se verifica en convenios como el de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC), o el de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) en los que el Gobierno japonés colabora con el Ecuador en el combate a la pobreza, conservación ambiental, entre otros;

Que, el pueblo japonés ha demostrado, a lo largo de su historia, su fortaleza, integridad, coraje y capacidad para reconstruir su país y aprender a vivir de nuevo;

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales:

RESUELVE:

Art. 1.- Expresar su sentimiento de solidaridad al Gobierno y pueblo japonés, a los familiares y víctimas del devastador terremoto registrado el 11 de marzo del 2011; en total coherencia con los estrechos lazos de amistad que existen entre nuestros países.

Art. 2.- Hacer votos para que el pueblo japonés, que siempre ha evidenciado su extraordinaria voluntad y capacidad para sobreponerse a las adversidades y embates de la naturaleza, junto a sus autoridades, supere estos difíciles y dolorosos momentos.

Art. 3.- Recomendar al Presidente Rafael Correa Delgado expresar la disposición del Estado y pueblo ecuatoriano a contribuir, en la medida de sus posibilidades, a los esfuerzos de la comunidad internacional en solidaridad con el pueblo japonés.

Art. 4.- Remitir al Gobierno de Japón una copia de la presente Resolución, y hacerla conocer a través de los medios de comunicación públicos.

DENUNCIA DE CONVENIOS NO CAMBIA INVERSION NEOLIBERAL

2011-03-15T19:03:00.000-07:00

BOLETIN DE PRENSA No. 123

Paco Moncayo:

DENUNCIA DE CONVENIOS NO CAMBIA INVERSION NEOLIBERAL

Paco Moncayo, Asambleísta de Alianza Libertad, al referirse a la denuncia de los convenios para la promoción y protección recíproca de inversiones, analizados en el Pleno legislativo, manifestó que lo fundamental es preguntarse qué gana o qué pierde el país con ello.

Detalló que con la denuncia de los tratados no cambia nada en el país porque se mantiene la estructura de inversiones que caracterizó al período neoliberal, dificultándose más bien la nueva inversión que debe impulsarse en el Ecuador. Según el legislador, “todos los tratados tienen la cláusula de prórroga, lo cual implica que, las inversiones que ya están dentro del país y que se han acogido a este régimen, continuarán bajo la protección de estos tratados dentro de los próximos 15 años”.

Precisó, Paco Moncayo, que el cambio unilateral de la normativa afecta a la imagen de seriedad del país; afectan, dijo, “al gobierno del presidente Correa, afecta al pueblo ecuatoriano, afecta al interés nacional. Los que van a sufrir –añadió- son los ecuatorianos por la falta de inversión, las personas seguirán desempleadas, los pobres no saldrán de la pobreza y el país continuará en el subdesarrollo”.

Aseguró que en un inició se consideró que con la vigencia del Código de la Producción estaba todo resuelto, no obstante, advirtió que “si la Constitución ha cambiado 20 veces y hoy, con una vigencia de apenas 2 años, se la está reformando, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando?”. El Asambleísta Moncayo añadió que si esto ocurre con la Constitución de la República, qué puede pasar con el Código de la Producción. Lamentó que “inversiones decentes, trasparentes, dignas” no cuenten con seguridad jurídica en el Ecuador. Finalmente, afirmó que no hay que satanizar las inversiones, “cuando hay rectitud, verticalidad y transparencia en los negociadores nacionales, no se firman convenios contrarios al interés nacional”, puntualizó.

OBSERVACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

2010-12-10T12:39:00.000-08:00

OBSERVACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

En el marco del debate de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Asambleísta Paco Moncayo planteó una serie de observaciones, a través de las cuales se pretende mejorar sustancialmente la ley:

De la Organización Territorial.-

La organización territorial que manda la Constitución debe servir de base para el funcionamiento de los órganos desconcentrados, de modo que las Zonas, distritos y circuitos permitan la coordinación con las autoridades de los GAD, en especial con los municipios, cuyas competencias están constitucionalmente establecidas. De otra manera la concurrencia establecida en la Constitución en el artículo 260 es inaplicable. La Carta del Estado es muy clara cuando en su artículo 343 habla de una visión intercultural acorde con la DIVERSIDAD GEOGRÁFICA…

Del Consejo Nacional de Educación.-

La existencia de un solo Consejo Nacional de Educación es un retroceso que conducirá a un debate homogenizador que no tome en cuenta la gran diversidad que caracteriza a nuestro país, por tal razón, deberían existir consejos en los que esté asegurada la participación de los GAD y la ciudadanía en cada nivel desconcentrado.

Del currículo nacional.-

Lo anterior se vincula a un error fundamental de definición del currículo nacional. Debe establecerse un currículo general pero dejándose un espacio para la diversidad y para poder aplicar la estrategia territorial, justicia y equidad en el espacio.

Del Plan Nacional de Desarrollo.-

A los tres puntos anteriores se suma la vinculación que plantea la ley del currículo y la organización con el Plan Nacional de Desarrollo, dejando de lado la planificación estratégica y territorial de los GAD, lo cual afecta notablemente tanto a la disposición constitucional de la planificación participativa, como a la asignación de recursos a través del presupuesto de cada gobierno.

De los gobiernos municipales.-

En el caso de los gobiernos municipales recomiendo incorporar, después del Capítulo VII, uno que con el título de Obligaciones del Gobierno Municipal y Distrital integre los asuntos recogidos en el art. 35 y en la Disposición General Tercera incorporando los siguientes temas:

1. Seguridad física de los establecimientos educativos (frente a riesgos como incendios, inundaciones, sismos, etc.)

2. Mantenimiento y protección de las instalaciones patrimoniales utilizadas para el funcionamiento de los centros educativos.

3. Seguridad vial que incluye: señalización con límites de velocidad, pasos cebra, pasos elevados, semáforos.

4. Control del uso del espacio público por parte de negocios o actividades lesivos a la moral o que interfieran en el normal funcionamiento de los establecimientos.

5. Control y regulaciones para el transporte escolar

6. Correspondencia de la planificación y gestión del espacio público con la construcción de la infraestructura educativa, acercando el plantel al estudiante.

7. Apoyo a la construcción y mantenimiento de espacios públicos de utilización escolar.

8. Apoyo para la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones.

9. Mantenimiento de redes de bibliotecas, hemerotecas, vinculadas con las necesidades del sistema educativo.

10. Apoyo a la educación no formal mediante la coordinación del uso de las instalaciones escolares para la comunidad en horarios que no interfieran con los procesos educativos.

11. Todas las competencias establecidas en la Constitución el COOTAD.

De las instituciones educativas binacionales.-

Sobre las instituciones educativas binacionales el texto del artículo 60 debe modificarse en la última parte, en el sentido de que estas instituciones pueden mantener un régimen especial aprobado por la Autoridad educativa nacional, en el marco de las normas constitucionales y legales vigentes.

De la educación artesanal.-

Se debe modificar el art. 42 sobre la educación artesanal dejando vigente solamente el literal b), lo que implica que este tipo de educación se asimila al del bachillerato técnico, en la medida que en el literal b) del art. 43 así consta cuando habla de “especialización técnica, artesanal, artística, etc”. En este caso la educación artesanal puede iniciarse desde los tres años últimos de la educación general básica.

De las instituciones educativas.-

El artículo 345 de la Constitución establece la clasificación general de instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares; es evidente que el legislador constitucional incluyó en la pública las distintas instituciones municipales, militares, policiales. En la ley se hace constar las dos últimas pero no las primeras, razón por la cual es necesario modificar el artículo 54.

De los deberes del sistema educativo y derechos de la naturaleza.-

Es importante desarrollar los deberes del sistema educativo con los derechos de la naturaleza que constan en la Constitución a partir del artículo 71 hasta el 74 y el artículo 27, en los que se establece con claridad que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, AL MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE y a la democracia.

De la participación ciudadana.-

La nueva democracia implica la participación protagónica de la ciudadanía y por lo tanto, debería ser elemento central tanto de la educación formal, como de la no formal. Los contenidos de la ley se reducen a elementos importantes como la veeduría o rendición de cuentas, pero no enfatizan en la educación para la formación política (no partidaria) que se requiere en la democracia deliberativa. Por esta razón sugiero que se incremente en el texto de la ley un articulado que regule la educación como factor fundamental de la construcción de una ciudadanía crítica, reflexiva, deliberante, democrática, tolerante. De esa manera se cumpliría con el Mandato Constitucional contenido, entre otros, en el artículo 95.

De las observaciones para el primer debate.-

En las observaciones enviadas para el primer debate puse especial énfasis en la equidad de género que implica la participación paritaria o un proceso para llegar a ella, en los organismo colegiados de dirección y de consejo; del mismo modo, envié aportaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos y el respeto a la diversidad, que no han sido tomados en cuenta, por espero sean revisados. Hacerlo así permitirá cumplir con el Mandato Constitucional, art. 347, No. 4 que dice que será responsabilidad del Estado “asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos” ; No. 5 “garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo y No. 6 “erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes”.

2010-09-26T08:02:00.000-07:00

Ley Orgánica de Función Legislativa "amarra de pies y manos" a Asamblea Nacional

Entrevista Ecuador Inmediato 2010-09-24

El legislador asegura que es en el Palacio de Gobierno donde se toman las resoluciones legislativas, y no en el plenario.

El asambleísta por Alianza Movimiento Municipalista por la Integridad, Paco Moncayo, advierte que desde hace tiempo al interior del Legislativo ecuatoriano se enfrenta un grave problema. "'El Congresillo', o sea, la Comisión de Legislación que ocupó interinamente las funciones legislativas,
simplemente dejó a la Asamblea con una Ley Orgánica que le amarra de pies y manos", aseveró el también ex Alcalde de Quito.
Durante la entrevista que dio al programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio, dijo que “es evidente que no ha habido un solo juicio político hasta este momento, y hay casos tan graves que ya están en la fiscalía, casos que están en la justicia, escándalos que están en los libros, que están en los periódicos”.

Según Moncayo, no es posible fiscalizar “porque para hacerlo usted necesita que el 25% de los asambleístas soliciten hacer, iniciar un juicio político, eso está muy bien, lo malo es que va a una comisión de once, donde tiene mayoría el Ejecutivo y nunca ha pasado, hasta este momento, un solo caso”. “Pero es tan reconocido esto por el propio bloque de Gobierno, que este
momento estamos reformando nuestra Ley Orgánica para poder cumplir con el pueblo ecuatoriano a cabalidad las tareas de una Asamblea”, agregó.

No obstante, Paco Moncayo considera que legislar “en las actuales condiciones significa lo siguiente: usted tiene, conforme a la ley, dos debates, habemos asambleístas que sudamos para llevar una opinión, para presentar un informe, pero, ¿qué sucede?, que en el último término se
inventaron un sistema, que el jefe de la mesa, que es de Alianza PAÍS, es el ponente y él sabe lo que acepta y lo que no acepta a los debates. ¿Cómo puede ser que una persona reemplace a todo el plenario y acepte o no acepte lo que en el plenario se ha debatido?”, cuestionó.

“Y por último, después viene el veto, y el veto lo negocian el bloque de Gobierno con el Presidente en Carondelet, o sea, ya las resoluciones legislativas se toman en Carondelet.
En Carondelet votan, o sea, entre ellos sí hay alguna democracia, porque entonces cuando no hay acuerdo en un veto, el Presidente les toma votación”, afirmó el Legislador, para quien el Primer Mandatario no está en condición de colegislador, sino de “legislador único”.
En criterio del Asambleísta, la única solución que existe para sanjar la crisis en el Legislativo es aplicar la figura constitucional de la “Muerte Cruzada”, “excepto que el Presidente quiera respetarle a la Asamblea, excepto que el Presidente quiera respetarle a su bancada, excepto que el Presidente quiera respetarle al presidente Cordero, porque al pobre presidente Cordero le ha
dejado en el vacío cuántas veces”, acotó.

DENUNCIA DEL TRATADO DE SEGURIDAD DE INVERSIONES CON ALEMANIA OBSERVACIONES PACO MONCAYO

2010-09-09T13:55:00.000-07:00

DENUNCIA DEL TRATADO DE SEGURIDAD DE INVERSIONES CON ALEMANIA
OBSERVACIONES PACO MONCAYO

1. Introducción:
Parto de asegurar que defiendo y respaldo el mandato constitucional de “la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales; el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural; y, el fomento de un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad. La pregunta es, si el Tratado que debatimos afecta de alguna manera a esta y otras normas constitucionales, en su totalidad o en una de sus partes.

Es importante que debatamos el pedido de denuncia de los dos tratados desde una visión más amplia que la de un simple trámite, sobre la base de una discutible inconstitucionalidad. El marco para este diálogo democrático debe partir de la situación de la economía del país y de las necesidades objetivas para su desarrollo económico y social.

Los principales problemas de la economía del país son: 1) balanza de pagos deficitaria, pese a precios del petróleo, 2) falta de inversión pública en proyectos productivos, por pobreza fiscal, 3) importantes déficits presupuestarios y dificultad de obtener créditos en condiciones favorables y 4) falta de inversión privada nacional e internacional.

Los cuatro problemas están profundamente interrelacionados y generan una serie de efectos internos y externos.

EFECTOS INTERNOS: La Falta de inversión afecta a la producción exportable, disminuye los empleos, restringe la demanda y la producción. Los créditos para cubrir el déficit son difíciles de obtener y cada vez más costosos.

EFECTOS EXTERNOS: la crisis mundial afecta a la demanda de nuestros productos en el extranjero y a las remesas que envían los emigrantes. La demora en la negociación con la Unión Europea y el debilitamiento de los proyectos de integración andina y latinoamericana, configuran un escenario peligroso.

2. Sobre el Tratado
El objetivo del tratado es fortalecer los lazos tradicionales de amistad, entre los dos países, ampliar las relaciones económicas, especialmente en el área de las inversiones mediante el flujo de capital y tecnología, además de buscar un trato justo y equitativo a las inversiones, evitando medidas arbitrarias o discriminatorias.

En el articulado se desarrollan principios y prácticas sobre la figura de nación más favorecida; todos los compromisos adquiridos por los dos Estados son favorables a una sana relación económica.

Una lectura pragmática y no prejuiciado del tratado, llevaría a cualquier observador independiente a considerarlo conveniente para el Ecuador.
Aún en los artículos en que se establecen las garantías de seguridad jurídica, se plantea un abanico de opciones de las cuales la última es el CIADI.

3. Sobre el dictamen de la Corte Constitucional
Parece que la Corte Constitucional, primero define el dictamen a gusto del Ejecutivo y posteriormente aporta con las justificaciones. Me parece inapropiado referirse al Art. 276.5, sobre el régimen de desarrollo que garantiza la soberanía nacional e impulsa una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. El Tratado fue firmado en ejercicio de la soberanía ecuatoriana y no afecta a dichos valores.

Del mismo modo, no se entiende la referencia al Art. 277 que se refiere al buen vivir y establece como deberes del Estado, entre otros, 5. “Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley”. No veo como se esta afectando a la norma constitucional.

Por el contrario, en el Art. 284.8.- que también se cita, se plantea como objetivo propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes, que, según hemos visto es precisamente el fin del Tratado.

Igual sucede con el Art. 416.- que en su último inciso “Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados. El rechazo, no es una norma, es una política.

Es referido al tema, en cambio el Art. 422.- “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica…”

Están bien citados los artículos referidos al procedimiento: el Art. 417.- sobre la constitucionalidad y el Art. 419.- sobre la ratificación- Art. 425.- sobre el orden jerárquico de aplicación de las normas, el Art. 429.- La Corte Constitucional es el máximo órgano de control y el Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante en los Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.
Normativa internacional

Convención de Viena. Art. 27.”El derecho interno y la observancia de los tratados.- Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

Art. 46. “Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe”.

Conclusión sobre la constitucionalidad

El dictamen carece de un sólido análisis jurídico constitucional a la luz de las normas del Derecho Internacional Público.
El Tratado con Alemania para la protección a inversiones establece como última instancia, la “posibilidad” de aplicar el convenio de 1965 (CIADI). Antes se plantean procedimientos diplomáticos, un tribunal arbitral ad-hoc, constituido por un representante de cada una de las Partes y un tercero que será su Presidente electo de un tercer Estado nombrado por los Gobiernos de las Partes contratantes y la intervención de los primeros personeros de la Corte Internacional de Justicia. Igual sucede con el artículo 10 que se refiere a las diferencias de particulares con el Estado.

Sobre el proceso de socialización

El Dr. Jorge Acosta, Subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales Inversión extranjera directa, IED, señala que “la IED alemana en el país, ha representado en promedio, período 2002-2009, un 1.5% del total de la inversión extranjera directa, equivalente a US$ 5,9 millones, siendo el mayor monto invertido en 2006 con US$ 11.9 millones”.
El Gobierno Nacional está trabajando en un marco normativo general y nacional que promueva las inversiones nacionales y extranjeras, con el fin de tener una misma normativa que garantice y brinde seguridad para todos los inversionistas.

Este Tratado en la práctica no ha sido recíproco y únicamente ha beneficiado a los nacionales de la contraparte, evidenciando además un fracaso evidente en su objetivo de atraer inversión, convirtiéndose a la par, en mecanismo de presión a la política económica de los Gobiernos;
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, se compromete a informar debidamente al gobierno de este país, las razones constitucionales para denunciar el tratado y los esfuerzos que estamos haciendo para establecer un régimen jurídico seguro para todas las inversiones.

En primer lugar no puede culparse de las bajas inversiones al Tratado. Debemos reconocer que el país ha vivido en la época una situación de grave inestabilidad e incertidumbre.
El lunes 2 de agosto de 2010, la Comisión recibió la visita del señor Gunther Neubert, Gerente de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana quien solicitó una salida negociada a la posible contradicción entre ciertas cláusulas del Tratado y las disposiciones constitucionales, señalando que el inversionista de cualquier parte, desea un arbitraje en diferencias que pudiesen presentarse, generalmente en lugares o países ajenos a las partes. Afirma que la denuncia del Tratado sería la peor señal para los inversionistas. Invita al Estado ecuatoriano a solucionar el problema a base de las correspondientes negociaciones bilaterales, afirmando que el acto de denuncia unilateral, enviaría señales negativas del Ecuador a los inversionistas alemanes. Iguales argumentos planteó el señor Bernardo Traversari en su calidad de Vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales.

Creo que esa habría sido una mejor solución para el tema de la inconstitucionalidad del arbitraje del CIADI y no optar por la denuncia.

En la presentación del doctor René Maugé Mosquera, persona a la que aprecio y respeto, pero cuya experiencia en temas de política internacional y comercio exterior no conozco, se plantea el análisis de el Jus cogens (perentory norms) o normas de derecho imperativo; al concepto “erga omnes”, sobre valores fundamentales para la comunidad internacional, al principio de “pacta sun Servando”: Lo pactado debe cumplirse de buena fe y la “Rebus sic Standibus” aplicable cuando las circunstancias que mediaron para la firma de estos tratados, han cambiado radicalmente.
El tratadista Charles Rosseau se refiere al tema en los siguientes términos: “B.Cambio radical e imprevisible de las circunstancias. Se da el nombre de doctrina rebus sic standibus a la teoría según la cual un cambio sustancial en las circunstancias de hecho que contribuyeron a la conclusión de un tratado puedan dar lugar a la caducidad del mismo o, al menos, afectar a su fuerza obligatoria… un acontecimiento imprevisto, cuyo efecto propio no es el de extinguir automáticamente un tratado, sino el de facultar a las partes para obtener la readaptación o revisión de un orden jurídico que ya no corresponde a la finalidad para la que se creó…” como se verá nada tiene que ver esta figura con el argumento de la Comisión, que: "si alguna de las obligaciones contraídas llegase a poner en peligro la existencia o el desarrollo vital de una de las partes por causa de un cambio imprevisto de las circunstancias, el Estado interesado tendría derecho a formular la petición correspondiente para quedar libre de dicha obligación.”
Tomemos en cuenta, además, lo que plantea la propia Comisión sobre la vigencia, según el Art. 12 del Tratado por hasta doce meses después de que una de las partes comunique a la otra su terminación; así como la vigencia de las protecciones por 15 años después de la fecha de su terminación. Y podremos observar la conveniencia de haber renegociado este instrumento jurídico internacional.

Finalmente, es inexplicable la diferencia que existe con relación al Convenio con PETROCHINA, que todavía no se ha enviado a la Asamblea, en que el gobierno actual, contrario al Tratado de Protección de Inversiones, aceptó el arbitraje de la Corte Imperial de Londres, la misma que el año 2007 falló a favor de la transnacional Occidental, obligando al Estado ecuatoriano a devolver injustamente más de 100 millones de dólares por el IVA petrolero.
2. Argumentos del informe
El informe de la Comisión fundamenta su recomendación en los siguientes argumentos
• Los Tratados fueron firmados en una época distinta, en donde las condiciones no eran necesariamente ventajosas para nuestro país. Mucho peor son las actuales, cuando la crisis del capitalismo mundial y la situación interna han afectado a la demanda, inversión y exportación de productos ecuatorianos.
• Según el Dr. Acosta, la IED alemana en el país, ha representado en promedio, período 2002-2009, un 1.5% del total de la inversión extranjera directa, equivalente a US$ 5,9 millones, siendo el mayor monto invertido en 2006 con US$ 11.9 millones.
• En temas de balanza comercial e inversiones no ha habido un aumento significativo. Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones hacia Alemania crecieron un 26,6% entre 1996 y 2006. En 2009, las ventas a ese país fueron de 325 millones de dólares, sobre todo en banano, café, flores y conservas de pescado. Las importaciones también registran un incremento en los últimos 14 años. Así, en el 96 se importó $151 millones, mientras que 10 años después la cifra fue de $223 millones. El 2009 cerró con $365 millones de importaciones. Con Reino Unido también se registra una mejora comercial desde la firma del convenio (1994). En esa fecha se vendió $50,4 millones, 10 años después las ventas a ese país sumaron $76,1 millones. El 2009 cerró con exportaciones por $98,4 millones.
• Hay otros mecanismos para atraer las inversiones y uno de ellos es la propuesta del Código de la Producción. La aprobación de este Código permitirá mecanismos para garantizar la estabilidad de los inversionistas. ¿No sería prudente, entonces, esperar a que se expida ese código, ates de crear un vacío legal para inversiones de esos países?
• Desde el 2009, no somos parte del Ciadi y no podemos mantener esos compromisos. Los Tratados que se denuncian son mucho más que los artículos sobre solución de controversias.
• La figura del arbitraje queda limitada a la región latinoamericana. Región que es receptora de inversión extranjera y de la que no se puede esperar flujos importantes en ese sentido. Antes de dar el paso de denunciarlos tener una negociación con esos países para ver como adecuarlos al nuevo sistema constitucional. Los inversionistas van a sentirse desprotegidos y el país puesto en desventaja con relación a otros países latinoamericanos.
• Los inversionistas no quedarán desamparados pues los propios convenios establecen que los derechos se mantienen por 15 o 20 años más. De ser así, por qué denunciamos con tanta premura? Mientras se aprueba el Código debió mantenerse los tratados para no dar una mala imagen del país ante la comunidad internacional.
Conclusiones:
1. Son ligeras y poco pertinentes las normas constitucionales a las que acude la Corte para determinar la inconstitucionalidad del Tratado.
2. No se considera que el Derecho Internacional, crea tres opciones frente a la teoría del rebus sic standibus: renegociar el tratado, reformar la Constitución -que no es el caso- o la denuncia. Si el interés nacional es el primer deber que debe defender el Estado, debería haberse optado por la renegociación.
3. Como el Tratado fenecerá en un año, pero sus efectos perdurarán 15 se podría esperar que se expida el Código de la Producción y se creen las condiciones de seguridad para la inversión privada nacional e internacional antes de tomar una medida de esta naturaleza.
4. El gobierno actual ha aceptado el arbitraje de tribunales como el de Londres para sus convenios con Petrochina

“Vetos del Ejecutivo ponen en riesgo a la democracia”

2010-09-07T09:13:00.001-07:00

Paco Moncayo: “Vetos del Ejecutivo ponen en riesgo a la democracia”

El asambleísta Paco Moncayo, del Movimiento Alianza Libertad advierte que la democracia en el país está en riesgo y que los vetos del Presidente de la República a los proyectos de Ley de Educación Superior, de Servicio Público y el Código de Ordenamiento Territorial, confirman las intenciones de control desde el Ejecutivo y que es hora de que la ciudadanía reaccione.

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno con los vetos a estas tres leyes?
La intención es clara, tomar el control de todos los organismos desde el Ejecutivo, lo que está en todas las leyes que vienen con esta visión obsesiva de que solo el Presidente puede resolver los problemas del país, que solo él sabe cómo hacerlo.

¿Qué modelo es este el que se quiere implementar?
Este es el modelo Senplades, que es vertical y autoritario, en el que todos los temas de la política están en manos del Presidente, o si no miren cómo está vetado el proyecto de Ley de Educación Superior, donde se acaba la autonomía universitaria, en la Ley de Aguas hay una autoridad única del Agua, es decir, todo bajo el control del Presidente.

¿Usted afirmó que este es un modelo neofascista?
Claro, porque la República tiene pesos y contrapesos, pero si un gobierno quiere irrespetar que hay cinco niveles y autonomías, eso ya es un gobierno autoritario de partido único, es decir, una autoridad sobre todas las demás. Lo mismo pasa con el veto en la Ley de Servicio Público, donde se dice que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene que regular los asuntos laborales de la Asamblea Nacional, eso es totalitarismo y fascismo.

¿Hay un afán de control absoluto de la administración pública?
Sí, porque quieren tomar el control total del Estado y eso no es democracia. Eso es neofascismo. Y eso hay que combatir desde la Asamblea Nacional, desde las calles.

¿Cómo?
En la Asamblea hay que debatir todos los temas y denunciarlos. En las calles hay que salir a reclamar cuando se cometen estas arbitrariedades.

¿Pero quién puede liderar esos reclamos?
No se trata de la oposición de un líder, sino de la suma de voluntades en el sitio donde estemos. Yo he protestado desde mi sitio y he reclamado que se debe respetar la Constitución, pero hay otras acciones que se pueden emprender en defensa de los derechos y de la democracia.

¿No hay votos para insistir en lo que aprobó la Asamblea?
No los hay.

Moncayo plantea que se reforme Ley Orgánica de la Función Legislativa

2010-07-22T11:26:00.000-07:00

Ver Video Entrevista:

http://www.ecuadorenvivo.com/2010072254704/politica/moncayo_plantea_que_se_reforme_ley_organica_de_la_funcion_legislativa.html

El asambleísta del grupo político Alianza Libertad, Paco Moncayo, señaló que actualmente la Asamblea se encuentra estancada y en una situación insoportable ya que así no se puede legislar. Hay una posición frontal y dura por parte del Gobierno “porque el verdadero legislador es el Ejecutivo” y del bloque de asambleístas de Alianza País que no han atinado a dar trámite a leyes importantes como la de Comunicación y la Educación Superior. (Ecuavisa)

La solución inmediata para esta situación es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa “que es la herencia nefasta que dejó el Congresillo” que nos impide legislar como fiscalizar.

ESPIONAJE Y CONSPIRACION EVIDENCIAN DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD NACIONAL

2010-06-30T15:16:00.001-07:00

BOLETIN DE PRENSA No. 103

Paco Moncayo:

ESPIONAJE Y CONSPIRACION EVIDENCIAN DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD NACIONAL

Paco Moncayo, Asambleísta y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mostró su preocupación ante el supuesto espionaje a las comunicaciones del Presidente de la República y sus colaboradores más cercanos y ante la demanda de conspiración, presentada por el Sr. Alexis Mera, en la Fiscalía del Estado. Me parece, dijo el Legislador, que, debemos analizar estos hechos en el contexto de lo que está ocurriendo con los sistemas de seguridad que todo Estado debe estructurar para salvaguardar su propia defensa.

Indicó el General Moncayo, que el actual gobierno, a inicios de su mandato, con una visión desmontó los sistemas de seguridad, producto de lo cual han sucedido dos agresiones desde Colombia, la primera ocurrida en marzo del 2008, en el bombardeo a Angostura y la segunda, los pinchazos a los teléfonos de las instituciones. En este sentido, afirmó que si en el país estuviera activo el Consejo de Seguridad Nacional y sus organismos especializados, no se hubieran producido estos hechos.

“Si la incursión de Angostura fue abusiva, contraria totalmente al derecho internacional, esta es peor todavía”, puntualizó el Asambleísta, al tiempo de manifestar que el gobierno ecuatoriano tiene que exigir explicaciones, no a la DAS, sino al presidente Uribe, que es quien debe emitir una respuesta oficial.”

Frente a una eventual ruptura de las relaciones entre los dos países, expresó que “es necesario restablecer las medidas de confianza mutua, para evitar una agudización del conflicto”. Es indispensable, dijo, que Ecuador y Colombia busquen mejorar la relación, seguir en el proceso de normalización, pero exigiendo el respeto que como país soberano nos merecemos. “No podemos terminar destruyendo la integración por diferencias ideológicas”, puntualizó.

Según Paco Moncayo, la denuncia de conspiración presentada por el Abogado de la Presidencia, evidencia que no existe una Secretaría Nacional de Inteligencia, “porque lo lógico es, que si llega un correo electrónico, en el que se hable de una conspiración, primero se evalúe, se procese científicamente en esa instancia especializada, antes de dar por cierta la presunta conspiración y propiciar un escándalo público en la fiscalía”. “Estos hechos deben servir para alertarnos sobre las deficiencias de los Sistemas de Seguridad en el Ecuador”, concluyó el Asambleísta.

EL AGUA ES VIDA PERO HAY QUE RECONOCER QUE EL AGUA ES PODER

2010-05-07T14:29:00.000-07:00

BOLETIN INFORMATIVO

Paco Moncayo:

“EL AGUA ES VIDA PERO HAY QUE RECONOCER QUE EL AGUA ES PODER”

El Asambleísta Paco Moncayo, en su intervención en el pleno legislativo que analizó en segundo debate, el informe de la Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, manifestó que desde 1514 se ha montado un sistema de dominación y de control que ha impedido el verdadero desarrollo de los pueblos americanos. Precisó que con mucha razón se expresa “que el agua es vida, pero hay que reconocer que, fundamentalmente, el agua es poder y nada afecta y ha afectado más a la vida de los seres humanos en la historia, que la acumulación y la concentración de poder”.

Según el legislador esa es la razón fundamental para cuestionar la creación de una autoridad única del agua, que con el nombre de Secretaría manejaría este recurso estratégico, acumulando un enorme poder. Para Moncayo el problema radica en el modelo que se pretende imponer, con los proyectos de ley remitidos por la SENPLADES o por el Ejecutivo que irrespetan constantemente la Constitución que los mismos Asambleístas de País escribieron en Montecristi.

A decir del Asambleísta La Ley de Recursos Hídricos atenta contra tres ejes fundamentales de la Carta del Estado: descentralización, participación ciudadana y garantía de derechos. Respecto a la descentralización calificó como absurdo jurídico que en el art. 1 se hable de “competencia exclusiva del Estado central, cuando este no existe y si lo hubiese ¿cúal es el estado periférico? El Estado somos todos, básicamente, el pueblo, el territorio y por supuesto, el poder político, por lo que no puede el artículo fundamentarse solamente en esta visión que otorga al estado central el control del agua. Si es un bien estratégico, el recurso tiene que estar controlado por el pueblo, no por este, ni por el próximo, ni por los futuros gobiernos”, afirmó.

Paco Moncayo cuestionó que en el art.7 relacionado con la Gestión Integrada e Integral se exprese “que la autoridad única del agua coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados ”, lo que contradice los artículos, 262, 263, 264, 267 de la Constitución, en los que las competencias se distribuyeron en los cinco niveles de gobierno, por lo que no es la autoridad única del agua la que coordina con los gobiernos locales, sino que se gestiona concurrentemente en la competencia. Adicionalmente, dijo, que en el art.182 de la ley propuesta, se desconoce la competencia exclusiva de los gobiernos provinciales en todo lo que hace referencia a construcción y mantenimiento de los sistemas de riego por lo que no puede incluirse, a tanta autoridad del Gobierno Central que obstaculizaría la gestión, en lugar de facilitar el manejo eficiente del agua, concluyó.

Finalmente, consideró que la participación no es convertir a la comunidad, a través de veedurías, en una suerte de espías o policías, la participación es integral, afirmó Paco Moncayo, al tiempo de precisar que el pueblo debe intervenir activamente en la definición de políticas, gestión del recurso, control y, las autoridades deben rendir cuentas a la comunidad, aspecto que inexplicablemente no se prevé en esta ley. “Lo racional, lógico, democrático es que el Consejo Plurinacional Intercultural sea la autoridad rectora, y la Secretaría su órgano ejecutor, así se organiza en el mundo cualquiera de estos sistemas”

Sala de Prensa

Contactos Dra. Lorena Mora

FONOS

2010-05-06T12:24:00.000-07:00

LEY DE RECURSOS HÍDRICOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA
INTERVENCIÓN ASAMBLEÍSTA PACO MONCAYO GALLEGOS
Sesión No. 40 del Pleno Legislativo
04-05-2010

Paco Moncayo: “El agua es vida, pero hay que reconocer que, fundamentalmente, el agua es poder”

Voy a iniciar mi intervención dando lectura a un documento de 1514, autoría de Juan López de Palacio Rubio que dirigiéndose a los indios americanos refirió: "Os tomaremos a vosotros, a vuestras mujeres, a vuestros hijos y os volveréis esclavos vendidos o repartidos como convenga a sus altezas. Tomaremos vuestros bienes haciendo tanto mal y todos los estragos que podamos como vasallos rebeldes que se rehúsan a coger a su señor que lo recienten y rechazan".

Desde 1514 se ha montado un sistema de dominación y de control que ha impedido el verdadero desarrollo de los pueblos americanos. Con mucha razón se ha expresado que el agua es vida, pero hay que reconocer que, fundamentalmente, el agua es poder y nada afecta y ha afectado más a la vida de los seres humanos en la historia que la acumulación y la concentración de poder.

Esa es la razón fundamental por la que hay que oponerse de manera democrática a la intención de crear una autoridad única del agua, que con el nombre de Secretaría manejará este recurso estratégico por excelencia y por naturaleza, acumulando un enorme poder. No importa quien esté al frente del Estado, lo trascendente es establecer mecanismos que permitan una adecuada distribución del poder para el ejercicio de una auténtica democracia.

Los pueblos del Ecuador en su lucha milenaria, han logrado intervenir en la gestión del agua, lo cual debe ser reforzado, no obstante, es evidente que en este proceso hay una enorme concentración en el control, uso y manejo del recurso. Es necesario, por tanto, romper esos patrones y no reafirmarlos mediante disposiciones legales que excluyan la posibilidad de democratizar este bien estratégico. El problema es del modelo que se pretende imponer. Lamentablemente los proyectos de ley remitidos por la SENPLADES o por el Ejecutivo irrespetan constantemente la Constitución.
Voy a sustentar lo afirmado. El petróleo es un bien estratégico. Si está en manos del Presidente a través de su delegado, del ministro y del representante de la SENPLADES, todo el poder del manejo de este bien estratégico, ya no está en manos del pueblo, está en manos del Presidente, del Presidente y del Presidente; lo mismo se plantea que ocurra con el agua, este recurso que va a generar graves conflictos internacionales y también nacionales estará en manos del Presidente, del Presidente y del Presidente a través del Secretario de Agua colocado directamente por él.
El otro elemento básico de la Constitución que ustedes mismo aprobaron, es la gestión descentralizada de un gobierno, para lo cual crearon cinco niveles. Esta ley se rompe la norma constitucional aprobada en Montecristi, y, por supuesto el tercer elemento que es el reconocimiento, garantía y judicialización de los derechos de los ecuatorianos; estos tres elementos, participación, descentralización y garantía de derechos son el alma del nuevo modelo de país que ustedes escribieron y que traicionan en cada proyecto de ley que remiten a esta Asamblea.

Analicemos los artículos que están en contra de uno de estos tres ejes. Descentralización: El artículo uno se refiere al tema del valor estratégico y del control, dice “como competencia exclusiva del Estado central”. Eso es un absurdo jurídico, ya lo he mencionado antes, no hay estado central, si lo hubiese entonces ¿cúal es el estado periférico? El Estado somos todos, básicamente, el pueblo, el territorio y por supuesto, el poder político, por lo que no puede el artículo fundamentarse solamente en esta visión que otorga al estado central el control del agua. Si es un bien estratégico, el recurso tiene que estar controlado por el pueblo, no por este, ni por el próximo, ni por los futuros gobiernos que tenga que soportar el pueblo ecuatoriano.

El artículo dos sigue refiriendo lo mismo, “que el Estado central en coordinación”; y gracias Jimmy Pinoargote por haber pedido que, por lo menos tome en cuenta a los gobiernos autónomos descentralizados cuando dice, “en coordinación”, lo cual de ninguna manera es correcto. Si leen ustedes los artículos, 262, 263, 264, 267 de la Constitución, verán que en Montecristi las competencias se repartieron inteligentemente entre los cinco niveles de gobierno, entonces, no es que la autoridad única del agua va a coordinar como dice el artículo con los gobiernos locales, hay que gestionar concurrentemente en la competencia, actuar contrario violentar la norma constitucional. En el 182 de la ley propuesta, simplemente se desconoce que es competencia exclusiva de los gobiernos provinciales todo lo que hace referencia a construcción y mantenimiento de los sistemas de riego; no puede incluirse a tanta autoridad del Gobierno Central que obstaculizaría la gestión, en lugar de facilitar el maneje eficiente del bien este. Mi tiempo está por concluir, citaré también los artículos 213, 218, 270 y paso al tema de participación ciudadana.

La participación no es convertir a la comunidad, a través de veedurías, en una suerte de espías o policías, la participación es integral. El pueblo debe intervenir activamente en la definición de políticas, gestión del recurso, control y, las autoridades deben rendir cuentas a la comunidad, aspecto que inexplicablemente no se prevé en esta ley. Lo racional, lógico, democrático es que el Consejo Plurinacional Intercultural sea la autoridad rectora, y la Secretaría su órgano ejecutor, así se organiza en el mundo cualquiera de estos sistemas.
Recabo que seamos fieles al modelo de país que dijimos que íbamos a construir con esta revolución ciudadana. Muchas gracias.

PROYECTO DE LEY REFORMATORIO A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

2010-04-21T08:18:00.000-07:00

Oficio No. 273 PMG-AP-2010

Quito, 20 de abril de 2010

Arquitecto

Fernando Cordero Cueva

PRESIDENTE ASAMBLEA NACIONAL

En su despacho

Señor Presidente:

Me dirijo a usted, al amparo de lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 54 y del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de presentar el siguiente PROYECTO DE LEY REFORMATORIO A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, de iniciativa del suscrito y con el número de firmas legalmente requeridas, para el debido conocimiento y trámite del Pleno de la Asamblea Nacional.

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Paco Moncayo Gallegos

ASAMBLEISTA

PMG/gpo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El inciso segundo del artículo 1 de la Constitución establece que la soberanía radica en el Pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

El numeral 9 del artículo 120 de la Constitución establece que es atribución de la Asamblea Nacional, entre otras, fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.

El artículo 127 de la Constitución señala que las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes.

El numeral 8 del artículo 3 de la Constitución señala entre los deberes primordiales del estado, el garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

El artículo 131 de la Constitución señala de forma expresa que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley.

El numeral 8 del artículo 83 señala entre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos el administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.

La garantía Normativa contenida en el artículo 84 de la Constitución establece la obligación para todo órgano con potestad normativa de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

En esta línea, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 7 señala que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas.

Dentro de las atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 9 numeral 9, se establece la de Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias

La Ley Orgánica de la Función Legislativa en los artículos: 76, 81, 82, 83 violenta la norma y el espíritu del mandato constitucional al amputar la capacidad de todos los asambleístas de legislar y fiscalizar, conforme al mandato otorgado por sus electores, y atribuir a una Comisión de once miembros la posibilidad de convertirse en instancia final de decisión en cuanto a archivar o dar trámite a los juicios políticos, con lo cual dicha Ley ha impedido que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, como manda la Constitución de la República del Ecuador.

La capacidad de fiscalizar debe tener un tratamiento igual a la de legislar y la comisión de Fiscalización y Control Político las mismas normas, de modo que pueda presentar informes de consenso o de mayoría y minoría que deben pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea, único nivel de resolución y decisión, conforme a la propia Ley que dispone en su artículo 7 que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas.

Los vacíos existentes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se han transparentado en el Juicio Político al Fiscal General del Estado, causando grave conmoción ética en la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas y afectado gravemente a la democracia.

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República establece que la soberanía radica en el pueblo, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Que la Constitución establece que es atribución de la Asamblea Nacional, entre otras, fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.

Que es uno de los deberes primordiales del estado, garantizar a sus habitantes vivir en una sociedad democrática libre de corrupción.

Que entre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos se encuentra el de administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.

Que La Constitución de la República manda que los asambleístas actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

Art. 1.- … Sustitúyase el último inciso del Art. 76 por el siguiente:

Evacuado el procedimiento, la comisión especializada deberá elaborar un informe debidamente fundamentado, que deberá ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para que sea esta la que resuelva el archivo o la procedencia del juicio.

Art. 2.- … Agréguese el siguiente inciso al final del Art. 76:

En cualquiera de los casos, uno o varios asambleístas podrán presentar informes de minoría.

Art. 3.- … Sustitúyase el primer inciso del Art. 81 por el siguiente:

“La Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de cinco días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República y el artículo 79 de esta ley, caso contrario la archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.”

Art. 4.- … Sustitúyase el Art. 82 por el siguiente:

“Vencido el plazo de quince días señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir, en el plazo de cinco días, a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las pruebas de cargo y de descargo evacuadas durante el proceso. En caso de que no exista consenso, uno o varios asambleístas podrán presentar informes de minoría. De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta o Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales.”

Art. 5 … Sustitúyase el primer inciso del Art. 83 por el siguiente:

“Con el informe de la comisión especializada, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional dispondrá, a través de Secretaría General, la difusión del informe. Transcurridas cuarenta y ocho horas luego de la difusión del informe, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder al juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria, de ser el caso.”

AMPUTADA CAPACIDAD DE ASAMBLEÍSTAS DE FISCALIZAR

2010-04-20T14:55:00.000-07:00

El asambleísta Paco Moncayo, frente a los lamentables hechos protagonizados por la Asamblea Nacional, como consecuencia del proceso de juicio político al Fiscal y que han generado malestar en la ciudadanía, lesionando gravemente la institucionalidad de este poder del Estado y evidenciando, una vez más, la incapacidad de la Asamblea de cumplir con una de sus principales funciones, como es la de fiscalizar, presentó el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el asambleísta, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en los artículos: 76, 81, 82, 83 violenta la norma y el espíritu del mandato constitucional al amputar la capacidad de todos los asambleístas de legislar y fiscalizar, conforme al mandato otorgado por sus electores, y atribuir a una Comisión de once miembros la posibilidad de convertirse en instancia final de decisión en cuanto a archivar o dar trámite a los juicios políticos, con lo cual dicha Ley ha impedido que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, como manda la Constitución de la República del Ecuador.

“La capacidad de fiscalizar debe tener un tratamiento igual a la de legislar y la comisión de Fiscalización y Control Político las mismas normas, de modo que pueda presentar informes de consenso o de mayoría y minoría que deben pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea, único nivel de resolución y decisión, conforme a la propia Ley que dispone en su artículo 7 que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas”, según expresó Paco Moncayo.

Finalmente expresó que los vacíos existentes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se han transparentado en el Juicio Político al Fiscal General del Estado, causando grave conmoción ética en la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas y afectado gravemente a la democracia.

Boletín de Prensa Electronico 17-abril-2010

2010-04-17T19:32:00.000-07:00

El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 37, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y el control en esta materia, así como proteger a las personas y bienes que se transportan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en aras del bienestar general de los ciudadanos.

Paco Moncayo Asambleísta por Pichincha propuso un cambio en la estructura y en la jerarquía del sector Estatal encargado del tema, sostuvo que es necesario crear el Sistema Nacional de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial, tal como lo determina la Constitución, el mismo debería conformarse con el Ministerio de Transporte, el Consejo Nacional de Tránsito y sus órganos desconcentrados, los Gobiernos autónomos descentralizados y los Centros de Mediación de Conflictos.

Otro de los temas que le preocupa al asambleísta como miembro de la comisión de territorio en la asamblea y como ex alcalde; es que las competencias de los municipios están siendo violentadas. En temas tan sensibles como la entrega de permisos y contratos de operación, que son inherentes al desarrollo, crecimiento, ordenamiento y planificación territorial que le compete SOLAMENTE al municipio. Esto es inconstitucional, pues no se pueden revertir competencias asignadas antes de la expedición de la actual constitución.

Durante el debate, los diversos sectores legislativos (hubo 28 intervenciones) subrayaron que el problema de la accidentabilidad en materia de tránsito no es consecuencia de los vacíos que puedan existir en la ley, sino de las dificultades para aplicar las sanciones y multas, sobre todo porque los juzgados de tránsito no tienen la capacidad operativa para cumplir con su labor, por lo que es necesario que se dé paso a la creación de los juzgados de contravenciones, que serán los encargados de agilizar los procedimientos en materia de tránsito.

La propuesta presentada por Moncayo busca armonizar la normativa a la Constitución.

SALA DE PRENSA

Boletín de Prensa 7-abril-2010

2010-04-07T09:06:00.000-07:00

Paco Moncayo Gallegos Asambleísta por Pichincha, ofició al Ministro de Defensa Nacional una comunicación sobre el proyecto de Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal para la tipificación y juzgamiento de los delitos cometidos en el servicio militar y policial. Dado que luego de las múltiples explicaciones y observaciones presentadas al mismo y el cual fué aprobado en segundo debate, solicitó al ministro que por su intermedio se coordine con la Presidencia de la República para que se realice un análisis profundo y se de el veto presidencial con las correcciones necesarias.

El proyecto se basa en el establecimiento de la Unidad Jurisdiccional en la que ninguna autoridad ajena a la Función Judicial puede administrar justicia, por lo que la legislación penal militar y policial que datan de 1961 quedarían derogadas. El documento diferencia las infracciones penales cometidas en ejercicio de funciones y fuera de ellas, con penas aplicables sin perjuicio de la baja de la institución. Las causas penales serán con la competencia de un juez con formación especializada en derecho penal militar y policial. Entre los delitos propios de los servidores militares y policiales contempla la insubordinación, deserción, atentado contra la seguridad de las operaciones militares, libertad indebida de prisiones en conflicto armado, abuso de facultades y revelación de información reservada entre otros.

Sala de Prensa

081649000/087210744

Paco Moncayo Viaja a Bruselas como invitado especial al intercambio bi-regional entre Parlamentarios y expertos de América Latina y de la Unión

2010-03-22T18:06:00.000-07:00

Paco Moncayo Viaja a Bruselas como invitado especial al intercambio bi-regional entre Parlamentarias/os y expertas/os de América Latina y de la Unión Europea en Bruselas

Con anterioridad a la Cumbre EUROLAT en mayo de este año, la Friedrich-

Ebert-Stiftung promueve el diálogo parlamentario entre la Unión Europea y Estados Latinoamericanos alrededor de importantes temas de interés mutuo. Los aspectos centrales de discusión en esta Cumbre serán la política climática y la política de seguridad. Ambos temas son de suma relevancia tanto para Latinoamérica como para la Unión Europea.

La política de seguridad global es uno de los asuntos centrales para las relaciones internacionales. En América Latina, los debates sobre seguridad están dominados por la transnacionalización de la criminalidad organizada y la así provocada infiltración de instituciones democráticas como la policía, el ejército y en alguna medida, los parlamentos. En Europa, el terrorismo internacional y el envío de tropas europeas a zonas en crisis - como por ejemplo a Afganistán - son asuntos prioritarios de una agenda europea común de seguridad. Ambos continentes comparten el interés por la creación de alianzas regionales con capacidad operativa y, sobre todo, el control parlamentario de las fuerzas de seguridad.

La discusión sobre una política climática adecuada y sostenible goza actualmente de prioridad en Europa y América Latina. La Cumbre climática en Copenhague, altamente controvertida, no llegó a acuerdos sobre temas claves como la reducción de emisiones, el financiamiento de medidas de adaptación en países emergentes y en países en vías de desarrollo así como la transferencia de tecnologías. En el marco de esta Cumbre se manifestó más bien la necesidad de una mayor coordinación y cooperación y la importancia de un intercambio multilateral a largo plazo sobre la protección del clima. Una coordinación entre las regiones supondría una alta dinámica, ventajas para ambas y beneficios en el plano climático.

Con este trasfondo, la Friedrich-Ebert-Stiftung invito a dos delegaciones de Parlamentarias/os a un programa de visita a Bruselas. Este encuentro ofrece una oportunidad para el diálogo y la construcción de redes parlamentarias entre Europa y América Latina para promover una agenda común de la política de seguridad así como acuerdos sobre posiciones comunes en la política climática.

El programa de encuentro contempla el intercambio con los Miembros Europeos de la Reunión Parlamentaria EUROLAT, con los expertos de la Comisión y del Consejo responsables para la política de seguridad y la política del clima así como representantes importantes de la sociedad civil europea. Este intercambio tendrá lugar tanto en el marco de entrevistas bilaterales como en coloquios / conferencias en el Parlamento Europeo y en la Oficina Europea de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Esta visita de Parlamentarios/as y expertas/os en Bruselas será del 22 al 26 de marzo de 2010.

La Friedrich-Ebert-Stiftung se hace cargo de los gastos de vuelo, alojamiento y alimentación durante su estadía.

Participantes:

• José Bayardi, Diputado Nacional, Frente Amplio, Uruguay

• José Luis Jaime Correa, Diputado, Partido de la Revolución Democrática (PRD), México

• Patricio Hales, Diputado, Partido Por la Democracia (PD), Chile

• Paco Moncayo, Asamblea Nacional Ecuador

• Alcides Costa Vaz, Professor adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasília, Brasil.

Sala de Prensa

Observaciones al Articulo 38 sobre Regularización de Inmigrantes Haitainos

2010-03-14T19:35:00.000-07:00

OBSERVACIONES GENERALES

1.1. En primer lugar mi solidaridad con el pueblo haitiano y con el pueblo chileno que soportan los estragos de los graves sismos que han afectado a tantos hermanos y hermanas latinoamericanos y mi mejor voluntad de apoyar este y todos los proyectos que permitan hacer realidad la solidaridad de los corazones de un pueblo sensible como es el ecuatoriano..

1.2. Deseo, por lo mismo hacer algunos comentarios al proyecto. En primer lugar la referencia a los artículos constitucionales que se plantean como sustento.

Art. 9. Los extranjeros tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION. Por lo tanto no pueden estar protegidos por la inmunidad en casos de que no cumplan las normas legales.

Art. 40. Se reconoce el derecho a migrar y no se identificará ni considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria; sin embargo en el propio proyecto se reconoce que están en una situación irregular. Una vez más, todos estos derechos se entienden que protegen a quienes cumplen con la ley.
Art. 66, numeral 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país DE ACUERDO CON LA LEY.

Art. 416. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional RESPONDERA A LOS INTERESES DEL PUEBLO ECUATORIANO y en ese marco se reconoce la ciudadanía universal.
En consecuencia toda ingenua apertura sin por lo menos considerar el principio de la reciprocidad puede devenir en graves problemas para el Ecuador. En relaciones internacionales los idealismos ingenuos siempre han devenido en fracasos estrepitosos. La historia territorial del país es un ejemplo.

COMENTARIOS A LOS CONSIDERANDOS

2.1 Considerando Quinto
La obligación de decretar una “amnistía migratoria” que regularice el estatus migratorio de los ciudadanos haitianos es uno de los puntos del "Plan para la Contribución Solidaria de los Países del ALBA al esfuerzo de reconstrucción de Haití " resultado de la Reunión Extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) con fecha 25 de enero de 2010, en la ciudad de Caracas-República Bolivariana de Venezuela, conforme se lee de los considerandos séptimo y octavo del Decreto Ejecutivo 248.
El tratado “Declaración Conjunta de la Alternativa Bolivariana para las Américas” ha recibido un dictamen previo de constitucionalidad favorable de parte de la Corte Constitucional, y está pendiente su aprobación de parte de la Asamblea Nacional, de forma previa a la ratificación, al encasillarse como un acuerdo de integración y comercio, según el Art. 419 de la Constitución. Por lo tanto, no es un Tratado válido ni obliga al pueblo ecuatoriano.

2.2 Considerando Sexto
Son irrelevantes los pronunciamientos de los ministros sobre constitucionalidad, cuando es facultad privativa de la Corte Constitucional conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, según el Art. 436 num. 2 de la Constitución.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ARTICULADO

3.1 Artículo Único

De conformidad con el Art. 7 del Código Civil, la Ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo, en consecuencia la derogatoria sólo será efectiva desde la publicación de la norma como tal en el Registro Oficial. En consecuencia, el efecto de la derogatoria es que el beneficio del no pago de multas, se hace extensivo a todos los extranjeros con independencia de su calidad migratoria. Es evidente, por lo mismo que bajo el pretexto y utilizando la tragedia del pueblo haitiano como parapeto, se quiere liberar a todos los extranjeros en situación irregular de las sanciones que legalmente les corresponde. Esto es impunidad y crea sospechas sobre la verdadera intención de la derogatoria.

3.2 Disposición Transitoria Primera
La multa desde el punto de vista conceptual es una pena de tipo pecuniario, y consiste en el pago de una suma de dinero, establecida en sentencia, que el condenado está obligado a realizar a favor del estado.
De otro lado, aparentemente se pretende tratar a la multa del Art. 38 de la Ley de Migración equivocadamente como un tributo (Tasa), ya que se habla de la exoneración en el sentido señalado por el Código tributario (Art. 31) probablemente por esa razón incluyeron los términos subrayados “EXONERACIÓN ECONÓMICO TRIBUTARIA A FAVOR DE” en el título de la norma.

Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley de Migración señala que para el cumplimiento del servicio de migración, la Comandancia General de Policía tendrá los siguientes deberes y atribuciones fundamentales: … “VII.- Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que gravan el movimiento migratorio”. No es menos cierto que, para que una norma pueda considerarse como tributaria, debe determinar según lo dispone el Código Tributario en su Art. 4 (ley especial en la materia): el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse. Las referencias de la Ley de Migración no satisfacen la disposición del Art. 4 del Código Tributario.

3.3 Disposición Transitoria Segunda
Si se tratasen como tributos a los pagos realizados por los ciudadanos Haitianos por concepto de obtención de visa y pagos adicionales, estarían sujetos de forma obligatoria a las disposiciones de devolución de lo indebidamente pagado, regulado en los Arts. 122, 305 y siguientes del Código Tributario.

La devolución de la multa, no procedería ya que es la consecuencia del cometimiento de una infracción que fue sancionada mediante resolución de autoridad competente.

Sin embargo, constitucionalmente es atribución del Presidente de la República de conformidad con el Art. 147, num. 18: Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley, razón por la cual si hubiese una sana y urgente voluntad de favorecer a los hermanos haitianos, esto ya pudo hacer sido realizado con medidas del Ejecutivo.

4. Concluyendo: El proyecto debe ser revisado, orientarse con exclusividad a la situación de los pueblos haitiano y chileno y la derogatoria del Art. 38 tratarla en las necesarias reformas a las leyes migratorias.

Paco Moncayo Gallegos.
Asambleísta por Pichincha.

PRESENTACION COOTAD

2010-03-14T19:27:00.001-07:00

PRESENTACION COOTAD.

1. FUNDAMENTOS
1.1 El Estado ecuatoriano. Siglo XXI
Estamos dando un paso adelante en un largo proceso que ha permitido que el país pueda enfrentar con madurez el debate de esta ley. El Ecuador por la lucha de sus organizaciones sociales y por la fuerza del sistema democrático ha logrado avances que necesitamos consolidar y reforzar.
Ayer celebrábamos el día de LA MUJER y teníamos que reconocer los avances que en equidad de género se han logrado gracias a la lucha de las Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuando, Nela Martínez, Zoila Ugarte, Matilde Hidalgo y tantas otras.
El país ha avanzado en legislación y acciones que protegen a personas con discapacidades, la tercera edad, niños, niñas y adolescentes, gracias a una intensa lucha de reformadores sociales.
Las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios avanzan en una etapa superior de la defensa y goce de los derechos colectivos.
Y los gobiernos locales, desde la Junta Parroquial, hasta las provincias y el Distrito Metropolitano, quieren confirmar los logros de una larga resistencia al centralismo, lacra funesta en la historia de los pueblos, generadora de injusticia, exclusión, inequidad, abandono y pérdida de la soberanía territorial.
El viejo paradigma del estado nacional homogéneo ha sido superado. En los viejos conceptos, la nación era unidimensional y homogénea, como lo era también el territorio. Los avances alcanzados en los últimos años en la política territorial nos permiten intensificar los esfuerzos para la construcción de una sociedad incluyente y equitativa en un territorio diverso, equilibradamente desarrollado.
El bicentralismo, que ha afectado especialmente a las ciudades de Quito y Guayaquil, en virtud de un sistema político administrativo del Estado que ha sido funesto porque ha impedido el desarrollo equilibrado y solidario de la Nación, avivado el regionalismo, politizando la asignación y transferencia de recursos, sobreponiendo las competencias y afectando a la unidad nacional, que solamente puede lograrse con un sistema territorial justo y equitativo.

Bien decía Tocqueville, hace cerca de dos siglos refiriéndose a la descentralización “NO SOLAMENTE ES UN VALOR ADMINISTRATIVO, LO ES TAMBIEN CIVICO, PUESTO QUE MULTIPLICA LAS OCASIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS SE INTERESEN EN LOS ASUNTOS PUBLICOS, ELLA LOS ACOSTUMBRA A USAR LA LIBERTAD.” TOCQUEVILLE. (1840)

El Código en que la Comisión ha trabajado con tanto ahínco como entusiasmo y patriotismo, dejando de lado las comprensibles diferencias partidarias y poniendo por delante el bien de la Patria, debió haberse tratado ahora en primer debate, lo cual habría permitido una participación más rica de la Asamblea; sin embargo, el apresuramiento de la Comisión de Legislación y Fiscalización en aprobar tan complejo cuerpo legal en primer debate, nos pone en situación de darle un tratamiento especial a este segundo debate a fin de poder recoger los aportes importantes que sin duda presentarán los legisladores. No nos apresuremos y démosle el tiempo que sea necesario para que este Código pueda contar con la aprobación de ser posible unánime de los asambleístas.

2. DESARROLLO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES.

2.1 TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
El Art. 1, define al Ecuador como un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico que se organiza en forma republicana, se administra descentralizadamente y el poder público se ejerce con la participación directa de la población. El Estado tiene como misión principal Art. 3.6 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; El Territorio es inalienable nadie atentará contra la unidad ni fomentará la secesión.

2.2 TITULO II. Derechos. CAPÍTULO IV. Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Art. 57. 9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

El Código aplica estos mandatos principalmente en el Artículo 93.- Naturaleza de las Circunscripciones Territoriales de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianas y Montubias.- Son regímenes especiales de gobierno establecidos por autodefinición de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el marco de la organización político administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente. Los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que los habitan mayoritariamente, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y este Código.

Artículo 98.- Gobierno.- En las circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que se conformen de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y este Código, habrá un gobierno autónomo descentralizado que corresponderá al nivel provincial, cantonal o parroquial, según sea la circunscripción territorial en la que se hayan constituido. Dicho gobierno adoptará, para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, las medidas contempladas en la Constitución, los instrumentos internacionales vigentes y este Código. Además, elaborará a través del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado, y según sus condiciones específicas, usos, costumbres y tradiciones, las normas pertinentes.

2.3 TITULO IV Participación y organización del poder.
Capítulo primero. Derechos de participación. Sección primera. Principios de la participación

Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos.

El Código da respuesta a estos mandatos en el Capítulo III. La Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Artículo 305.- Participación Ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

Artículo 306.- Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.

2.4 TITULO V. Organización Territorial del Estado
CAPITULO PRIMERO. Principios Generales.

Art. 238..- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

El tema de la autonomía es el central de este código; la descentralización su fundamental herramienta. Esto está perfectamente establecido en el proyecto de Código.

Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su propia responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado, y no permitirá la secesión del territorio nacional.

Artículo 6.- Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.

Artículo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general aplicables dentro de su circunscripción.

Artículo 9.- Facultad Ejecutiva.- La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales.

CAPITULO IV. Régimen de Competencias.

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos Las hay privativas y no.

He citado solamente dos artículos por su importancia, pero el Código desarrolla todo el mandato constitucional de la siguiente manera: Título V. Descentralización y Sistema Nacional de Competencias. Capítulo I Descentralización

Artículo 107.- Sistema nacional de competencias.- Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, a fin de alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente.

Artículo 108.- Sectores.- Son las áreas de intervención y responsabilidad que desarrolla el Estado. Según su organización podrán constituir un sistema sectorial. Se clasifican en sectores privativos, estratégicos y comunes.

Art. 109. Son sectores privativos la defensa nacional, protección interna y orden público; las relaciones internacionales; las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria, fiscal y monetaria; de comercio exterior; y de endeudamiento externo.

Artículo 117.- Consejo Nacional de Competencias.- El Consejo Nacional de Competencias es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, patrimonio propio y sede en la ciudad de Quito.
Artículo 118.- Integración.- El Consejo Nacional de Competencias se integrará con todos los niveles de gobierno y distritos y Circunscripciones

Capítulo VI. Del Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Artículo 151.- Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias,
Artículo 152.- Responsables del fortalecimiento institucional.- El diseño del proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con las entidades asociativas. Podrá establecer convenios con la escuela de gobierno de la administración pública, las asociaciones de gobiernos autónomos descentralizados, universidades, Artículo 153.- Presupuesto para el fortalecimiento institucional.- Provendrá del presupuesto general del Estado asignados al Consejo Nacional de Competencias; y, del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados.

Comentarios. Este articulado debe ser valorado por los siguientes razonamientos: Con el sistema diseñado se hace por fin realidad la tan anhelada descentralización. Deja ésta de ser voluntaria y cada nivel debe asumir sus competencias, para lo cual se establece también un sistema de fortalecimiento institucional; El Consejo Nacional de Competencias les da poder a los gobiernos locales, toda vez que tienen mayoría en el mismo y será un rico espacio para la negociación y solución de conflictos entre los distintos niveles de gobierno. Tiene además el deber de, a través de una comisión, costear las competencias para que cada GAD que reciba una de estas, lo haga con los recursos financieros, humanos, logísticos y tecnológicos que permita su ejecución. Si se analiza el artículo 109 se verá que, en definitiva, en el ordenamiento jurídico, el gobierno central mantiene como privativas solamente las mismas de la Constitución anterior.

2.5 La Constitución en el CAPITULO QUINTO, se refiere al tema más polémico del Código, los recursos económicos.
Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.
Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.
Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:
1. Tamaño y densidad de la población.
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados.
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias.

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley.

El Código da cumplimiento a estos mandatos en el Capítulo II. Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Artículo 171.- Tipos de recursos financieros.-
a) Ingresos propios de la gestión;
b) Transferencias del presupuesto general del Estado;
c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;
d) Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables; y,
e) Recursos provenientes de endeudamiento.

Artículo 193.- Principios para la participación en las rentas del Estado.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Artículo 194.- Tipos de transferencias.- Las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados serán:

a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes correspondientes a las competencias exclusivas. Por ingresos permanentes se entenderá los actuales ingresos corrientes del presupuesto general del Estado; y por no permanentes, los ingresos de capital exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta la cuenta de financiamiento e importación de derivados;
b) Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de nuevas competencias;
c) Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios se generen, exploten o industrialicen recursos no renovables.

Sección Segunda. Transferencias provenientes de Ingresos Permanentes y No Permanentes para la Equidad Territorial

Artículo 197.- Objetivo.- El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión similar de bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias de cada nivel de gobierno autónomo descentralizado; se garantizará un gasto estándar por habitante, de acuerdo a las particularidades territoriales. Estas particularidades territoriales considerarán los criterios constitucionales de tamaño y densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y cumplimiento de metas del plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.

Artículo 198.- Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público.
Este monto deberá ser equivalente a las transferencias obligatorias que realizaba el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados con base en las compensaciones y leyes de creación de fondos especiales vigentes hasta la aprobación del presente Código.

Artículo 199.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos
a) Estratificar en grupos en cada uno de los niveles, según su producto interno bruto territorial por habitante, con el objetivo de que aquellos con similares características tengan el mismo tratamiento;
b) Calcular los recursos necesarios de cada gobierno autónomo descentralizado para cubrir los costos de las competencias exclusivas constitucionales ajustados a la realidad territorial;
c) Calcular la capacidad fiscal de cada gobierno autónomo descentralizado en relación a su potencial, de manera que incentive el esfuerzo fiscal;
d) Establecer la brecha de financiamiento por habitante, la misma que será cubierta en un porcentaje o índice de equidad definido conforme a la disponibilidad fiscal y al monto total de las transferencias; y,
e) Multiplicar la brecha de financiamiento por el número total de habitantes del gobierno autónomo descentralizado correspondiente.

Artículo 200.- Gasto para provisión de bienes y servicios públicos territoriales.- El gasto estandarizado consiste en la determinación de los recursos por habitante destinados a financiar las competencias exclusivas constitucionales según los siguientes criterios: población, un criterio de distribución por partes iguales, la densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, y cumplimiento de los objetivos de la planificación nacional y territorial.
Se dará mayor ponderación a la población rural, como medida de acción afirmativa que promueva la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad.
Cada cuatro años, el Consejo Nacional de Competencias a través de la comisión de costeo de competencias determinará las ponderaciones de los criterios para el ajuste del gasto estandarizado.
Para calcular el gasto estandarizado por habitante se observará una metodología elaborada por el Consejo Nacional de Competencias a través de la comisión de costeo de competencias que considerará el costo de la provisión de bienes y servicios públicos similares que deben atender los gobiernos autónomos descentralizados conforme sus competencias exclusivas.

Artículo 201.- Capacidad fiscal.- Consiste en comparar la generación efectiva de ingresos propios de cada gobierno autónomo descentralizado con su capacidad potencial, incentivando el esfuerzo fiscal, considerando los promedios de los últimos cuatro años, con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales

Artículo 202.- Índice de equidad.- Para cubrir la brecha fiscal se considerará un índice de equidad, que constituye una herramienta de política económica y se define como el porcentaje de la brecha fiscal de los gobiernos autónomos descentralizados que será cubierto por las transferencias provenientes del Presupuesto General del Estado. Este índice no podrá ser menor al cincuenta por ciento, y se aplicará de manera diferenciada por estratos. Será determinado cada año por el organismo rector de las finanzas públicas en coordinación con el organismo técnico de planificación nacional y el Consejo Nacional de Competencias

Artículo 203.- Destino.- Estas transferencias podrán financiar hasta el treinta por ciento de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas con base a su plan plurianual participativa.

Artículo 204.- Crecimiento obligatorio.- Se garantiza que todos los gobiernos autónomos descentralizados tengan una tasa de crecimiento anual de sus transferencias con respecto al año anterior, hasta completar los porcentajes de participación de los gobiernos autónomos descentralizados en los ingresos permanentes y no permanentes del presupuesto general del Estado previstos en este Código.

Para el efecto, se establece una banda de crecimiento cuyo mínimo corresponderá a la estimación de la variación del deflactor del Producto Interno Bruto para el año en curso; y cuyo máximo corresponderá a seis veces esta tasa mínima.

En caso de que un gobierno autónomo descentralizado por aplicación del modelo de distribución, y considerando que no puede recibir un monto inferior al asignado en el ejercicio fiscal del año 2008, sus transferencias se incrementarán en al menos esta tasa mínima.

Artículo 205.- Obligatoriedad de las asignaciones.- Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados.

Este tema requiere de algunos comentarios:

1. El reto principal es cumplir con los principios constitucionales de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Esto es que los gobiernos más cercanos a la gente tengan las competencias y los recursos, que estos se distribuyan en mayor cantidad a los GAD más pobres y atrasados.

2. El Código no espera la publicación de la Ley de régimen financiero, sino que define con claridad ingresos permanentes y no permanentes, evitando cualquier discrecionalidad del respectivo ministerio.

3. Para que las conquistas alcanzadas por las provincias, cantones y parroquias no se perjudiquen y para aplicar los principios antes señalados se aplica la norma constitucional con el 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes. En esos montos se incluyen, insisto todas las anteriores preasignaciones. A partir de la aplicación del Código, al crecer los ingresos, crecerá también la participación de los GAD.

4. Se establece que las transferencias tienen por fin atender a todos los ecuatorianos en la prestación de los servicios básicos y se crea un modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos con un proceso lógico. 1) Estratificación según el PIB, para dar un tratamiento diferenciado según el nivel de desarrollo y para comparar entre similares 2) Cálculo de lo que constaría al GAD, entregar los servicios; 3) Calcular la capacidad del cada GAD para el financiamiento; 4) Establecer la diferencia que se corregirá con un índice de equidad que no podrá ser menor al cincuenta por ciento, y se aplicará de manera diferenciada por estratos. El objeto de la aplicación de este índice es acelerar el desarrollo de los atrasados sin entorpecer el de los que tienen una mejor situación-

Por lo tanto, es importante revisar una vez más para comprobar que la fórmula propuesta cumpla los conceptos elaborados en esta parte del Código.
2.6 Finalmente deseo hacer un comentario importante, con la clara aceptación de que sería imposible comentar todo el código para una presentación de diez minutos. La Constitución en su TITULO VI. REGIMEN DE DESARROLLO.CAPITULO PRIMERO. Principios Generales, manda. Art. 275. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.

El Código detalla los planes y la forma participativa de desarrollarlos, establece una coordinación entre todos los niveles de gobierno, no sujeta la planificación de los GAD a ninguna autoridad superior y permite el pleno uso de sus autonomías en el ejercicio de sus competencias exclusivas. Así es en todos los países de régimen autonómico actuales; del mismo modo manda que los presupuestos sean elaborados sobre la base de los planes aprobados participativamente, con una metodología de programas, proyectos y procesos, con una limitación a los gastos corrientes.

3. CONCLUSION. Este Código constituye un paso esencial y oportuno para lograr las autonomías, hacer realidad la descentralización y especialmente mejorar la vida de TODOS los ecuatorianos. Espero que las diferencias partidistas, legítimas y deseables, no entorpezcan su aprobación.

Paco Moncayo Gallegos.
Asambleísta por Pichincha.

Moncayo: Código de Ordenamiento Territorial democratizará el poder

2010-03-10T15:26:00.000-08:00

Moncayo: Código de Ordenamiento Territorial democratizará el poder

Miércoles, 10 de marzo de 2010 09:45

El asambleísta del Movimiento Municipalista, Paco Moncayo, indicó que con la aprobación del Código de Ordenamiento Territorial se democratizará el poder y ya no habrá posibilidad de que el Ministerio de Economía manosee los recursos de los gobiernos locales porque con la aplicación de una fórmula el dinero irá de una manera directa y sin intermediarios a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales.

Informe y observaciones sobre Ley de Bienes Inmuebles Públicos

2010-02-06T07:23:00.000-08:00

Observaciones

1. Es importante destacar la importancia de una buena gestión de los bienes públicos en un país donde lamentablemente todavía lo que es bien público no es de nadie, nade se preocupa, nadie preserva, como es fácil ver en las instituciones estatales. En muchas ocasiones personas y autoridades inescrupulosas se apropian de los bienes públicos respaldado por procesos judiciales que les aúpan. En la alcaldía de Quito una de las primeras preocupaciones fue la de crear una unidad de Bienes para la administración de los mismos, con excelentes resultados.
2. Sería muy importante, por lo mismo que existan reglas comunes para todo el sector público y que cada Función y cada nivel de gobierno manejen de forma similar este que es patrimonio de todos.
3. El proyecto presentado no cubre estas expectativas, se refiere a una Función, la Ejecutivo y a un nivel de gobierno, el Central. Lo cual está bien para respetar las autonomías y para proteger a los bienes de los afiliados de la voracidad tradicional de los gobiernos centrales. El proyecto de ley que debatimos tiene como antecedente el Decreto No. 1479 que crea la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, publicado en el Registro Oficial 495, 24-XII-2008, y cuyas disposiciones han sido incorporadas mayoritariamente en el Proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público.
4. El ámbito de acción del Decreto Ejecutivo 1479 se encuentra bien definido, ya que señala para su aplicación: a las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, y crea y le otorga a esta entidad la rectoría sobre el sistema nacional de gestión inmobiliaria del sector público, cuando debería ser simplemente para el gobierno central.
5. Destaco, que las atribuciones otorgadas a la unidad de gestión parecen las más adecuadas para la entidad y realzo la creación del Catastro único de bienes Inmuebles del Estado (CUBE), registro diferente del catastro manejado por los municipios, que sin duda sirve para controlar y gestionar los bienes inmuebles por la entidad así como por los organismos de control de forma adecuada.
6. Sin embargo, al transformar el Decreto en Proyecto de Ley, en el artículo referido al ámbito del proyecto se señala que las disposiciones de la ley, son de aplicación obligatoria en todas las entidades, organismos y dependencias del sector público, así como en las instituciones financieras públicas, instituciones financieras en saneamiento y liquidación y entidades descentralizadas propietarias de bienes inmuebles ubicados en todos los cantones del país. Dicho sea de paso, si estas instituciones en saneamiento son de régimen transitorio, las disposiciones para ellas deberían ser también transitorias.
7. De conformidad con la norma constitucional la denominación sector público comprende lo siguiente: 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.
8. Cada función del estado, así como los Gobiernos descentralizados y las entidades como el IESS, ISFA, Universidades, que no son parte ni dependen de ninguna de las funciones del Estado, gozan de independencia y autonomía, razón por la cual no pueden ni debe incluirse dentro del ámbito de aplicación del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Por lo antes anotado no se considera necesaria ni procedente la exclusión expresa de los bienes de estas entidades contenidas en el artículo uno del proyecto en calidad de excepciones.
9. Al analizar el objeto del proyecto de reforma se revela que el sentido de la norma no es establecer parámetros de gestión o administración de los bienes inmuebles, sino más bien regular las acciones del ente encargado de la administración y disposición de bienes inmuebles del sector público. Es decir que, entre el ámbito y el objeto del proyecto no hay coherencia y como consecuencia se provoca la incompatibilidad de las disposiciones legales.
10. Sobre la base de las observaciones anteriormente efectuadas, considero que si la intención de la ley no es generar un verdadero marco regulatorio, que armonice, potencie o reforme la normativa existente para el manejo, administración y disposición de todos los bienes públicos a nivel nacional, el proyecto de ley presentado debe reducirse a los bienes que correspondan al gobierno central, como fue originalmente en el Decreto Ejecutivo.

Atentamente,

Paco Moncayo Gallegos

En la Asamblea no hay 63 votos para juicio político

2010-02-06T07:04:00.000-08:00

February 4, 2010
www.elcomercio.com

33 legisladores de Alianza País enviaron un cuestionario a Washington Pesántez. Él sostiene que no rehuirá a un juicio político

Alianza País puso a Washington Pesántez en la Fiscalía General de la Nación y, ahora, un grupo de asambleístas de ese movimiento quiere sacarlo.

33 de los 58 legisladores de esa bancada buscan un proceso de fiscalización en su contra. El martes prepararon un cuestionario, en el cual pidieron a Pesántez su declaración de bienes y certificados de relación de parentesco con cinco funcionarios de la Fiscalía: Hernán Pesántez, Víctor Miño, Santiago Acurio, Francisco Moscoso y Cristina Marchán.

“Nosotros, al posesionarnos, hicimos una declaración juramentada en la cual ya demostramos que no tenemos parentesco familiar de ninguna especie con el doctor Pesántez. Eso, me parece, es parte de la persecución en su contra”, dijo Acurio a este Diario.

Los asambleístas también solicitaron datos sobre sus viajes al exterior y la contratación de sondeos para medir su popularidad.

“La Asamblea me envió muchas preguntas, las mismas que, en su momento y de acuerdo con lo que establece la Ley, responderé. No rehúyo a un juicio político, porque será la oportunidad que me da la vida para demostrar que mientras administré la Fiscalía no hubo ningún acto doloso”, enfatizó ayer Pesántez, quien es fiscal general desde el 30 de noviembre de 2007. Esa noche, la mayoría de Alianza País (80 de 130 votos), en Montecristi, decidió destituir al fiscal Jorge German.

Antes, Pesántez había participado en el concurso de oposición y merecimientos para ocupar el cargo. Obtuvo el primer lugar y encabezó la terna enviada al Congreso. Pero allí Sociedad Patriótica, PSC y Prian eligieron a Jorge German, último de la terna.

Pesántez nunca ha escondido su amistad con el presidente y líder de Alianza País, Rafael Correa. Los dos se conocieron cuando estudiaban en la universidad de Lovaina, en Bélgica.

Al llegar al despacho de la Fiscalía General, dijo a este Diario que esa relación le obligaba a ser “severo con sus indagaciones”.

Para la oposición, esa cercanía marcó un precedente negativo en la fiscalización del Régimen. Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, cree que el pedido de los asambleístas del movimiento gobiernista es la bocanada de oxígeno que necesitaba el presidente Correa para que la atención mediática se descuide de temas como el desempleo, la corrupción, entre otros.

Él no cree que se reunirán los 63 votos que se necesitan para censurar a Pesántez. “Solo hay 33 firmas. Alianza País, para aprobar leyes sensibles, ha reunido 58 y hasta 65 votos. Esto es un show”.

Los siete representantes del Prian están escépticos. Vicente Taiano, de esa bancada, señaló que esperarán las respuestas que envíe el Fiscal.

Hasta ayer, la iniciativa de los 33 asambleístas de Alianza País tenía el apoyo de los siete legisladores del Movimiento Madera de Guerrero y de los cinco del Movimiento Alianza Libertad.

Paco Moncayo, integrante de Alianza Libertad, precisó que si bien sus cuatro compañeros apoyarán la fiscalización, él no participará, porque tiene en su contra una investigación que impulsa la Fiscalía por la contratación del nuevo aeropuerto de Quito. No quiere que su actuación sea considerada como una represalia a los agentes que lo indagan.

Dentro de la bancada legislativa de Alianza País tampoco hay la certeza de sumar más apoyo para censurar al Fiscal General. Los criterios están divididos.

Los legisladores que impulsan la rendición de cuentas del fiscal Washington Pesántez en la Asamblea negaron haber participado en reuniones con otras agrupaciones para completar los 63 votos para la salida del Fiscal.

Según Vethowen Chica, coordinador de la bancada, esperarán la respuesta al cuestionario enviado. “No hay juicio político, iniciamos un proceso de fiscalización”.

Sociedad Patriótica quiere comprobar el avance de la fiscalización, antes de definir una posición. De eso dependerá que sus 17 legisladores se sumen o no a un juicio político contra el Fiscal.

Pesántez se fue con licencia no sin antes elogiar a Correa.

Paco Moncayo insiste en que nunca vio a Abdalá Bucaram llevándose sacos de dinero de Carondelet

2010-01-30T07:08:00.000-08:00

Paco Moncayo insiste en que nunca vio a Abdalá Bucaram llevándose sacos de dinero de Carondelet

El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ratifica el contenido de la carta que dirigió al hijo del ex Presidente
No, Abdalá Bucaram Ortiz, el ex presidente de la República, no salió nunca del Palacio de Carondelet, el día del golpe de Estado del 7 de febrero de 1997, con sacos de dinero, como lo afirmaba la prensa de esos días. Quien así lo señala es el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Paco Moncayo, quien estuvo en los últimos momentos del ex Jefe de Estado antes de que este abandone Quito aquel día. El hoy también asambleísta hizo pública esta revelación a través de una carta que dirigió al también legislador Abdalá Bucaram Pulley, hijo del ex mandatario, hoy asilado político en Panamá.

El general Moncayo explica cómo es que se da su acercamiento con Abdalá Bucaram Pulley: “El hijo de Abdalá Bucaram es ahora mi compañero asambleísta (…), y este joven, que no puede hacer que otra cosa que lo que está haciendo, pues, reivindicar su apellido, el nombre de su padre, entonces él se ha acercado a hablar conmigo, a decirme: ‘Mire, Paco, no debemos guardar resentimientos, no debemos guardar odios, yo creo que la política del Ecuador ha sufrido mucho por eso, porque se han tomado las decisiones sobre sentimientos negativos‘, y me ha dicho: ‘Yo quisiera saber qué fue lo que pasó exactamente, y usted fue un actor importante en esa época’”.

“Una cosa que a mí me ha enternecido de este joven legislador es cuando en la Asamblea dice: ‘Ustedes no saben lo que es ver que le saquen al padre de uno de la casa la policía en Panamá, porque le encuentran un kilo de cocaína en su carro; verle arrastrado al padre de uno a la cárcel, tomarlo fotos con traje de rayas, porque el gobierno le mandó a poner, con agentes internacionales, pagados por el gobierno, le mandó a poner esa droga’… Mire usted, yo, créame que digo, yo, de hijo, no descansaría”, agregó el asambleísta durante la entrevista que dio al programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.

El asambleísta expresó que, “tomando en cuenta que este chico no tiene porqué seguir sufriendo sin conocer la verdad, y también considerando que su propio padre, el padre de Abdalá Bucaram Pulley, me ha calumniado a mí de las maneras más atroces, entonces, yo digo: es justo que se sepa la verdad”.

Reconoce que es muy difícil ser al mismo tiempo historiador y actor, sin embargo, asegura que en la carta que envió a Abdalá Bucaram Pulley no pone nada que no esté en actas, en referencia a las que existe en el Consejo de Seguridad, en donde se registraron las reuniones a las que se refiere Moncayo en su misiva.

De acuerdo con Paco Moncayo, “el presidente Bucaram tuvo cosas buenas, pésimas, como pocos hombres, inclusive él ya sabemos cómo es de temperamento, todo eso, pero mire, él hizo cosas interesantes. Por ejemplo, no cambió el Comando (Conjunto de las Fuerzas Armadas), no cambió la Cancillería y tuvo al frente, en momentos tan difíciles, a las personas con experiencia”.

El asambleísta continúa con su relato: “Mire, si él cuando recibe el Plan Zorro, forjado por Montesinos, suplantando mi firma, y de no ser por dos errores, claro, el presidente Bucaram también me hubiera botado del cargo, pero lo que pasa es que ahí, aparentemente, yo estaba dando ya una orden para botarlo al presidente Bucaram, pero se equivoca el señor Montesinos, porque aquí nosotros llamamos zonas militares, y en el Perú llaman regiones militares, y ponen en el plan: Primera región militar, Segunda región militar… y se equivoca en el nombre de Sandoval, que se llaman Telmo Sandoval, el general, y le ponen un nombre distinto, entonces, cuando me llama el general Bayas, le digo: ‘A ver, Víctor, lee, pues, es un documento forjado en el Perú’”.

En la carta, Paco Moncayo cuenta cómo es que se despidió del ex presidente Bucaram, “porque si algo debe ser un militar, es decente. Le hago notar que yo estuve junto al Presidente hasta el último minuto, corriendo los riesgos, en la casa (Presidencial), no mandé a un mayor a decirle o no mandé por teléfono ni llamé a la prensa a decir… Yo estuve con él, por eso también le digo, no es como decían, igual que Honduras. En Honduras le sacaron al Presidente de la cama; aquí el Presidente se fue con sus pies, en un avión, con sus amigos, sin que nadie le apunte una pistola, en definitiva, si él se quedaba a defender su espacio, habría sido distinto; él se fue por sus pies. Yo estuve hasta el último minuto; mire, a los hermanos les sacamos del Congreso, porque querían lincharlos, (…), porque eran legisladores, y a su familia le sacamos, el general Manuel Suárez, que es el comandante de la Zona de Defensa, les puso chompas militares, gorras militares y les sacó en un bus militar. Yo por eso decía: le salvamos la vida a toda la parentela y encima este señor abogado Bucaram me ha dicho de todo”.

Respecto a la afirmación que siempre se lanzó, de que Bucaram Ortiz salió del Palacio de Carondelet cargando sacos de dinero, Paco Moncayo, quien dijo que estuvo en todo momento con el ex Jefe de Estado, asegura que nunca vio tal situación, porque si eso hubiese pasado, él los habría hecho meter presos.

Oir entrevista de audio:

http://ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/paco_moncayo_insiste_en_que_nunca_vio_a_abdala_bucaram_llevandose_sacos_de_dinero_de_carondelet_audio--120587

Carta a Abdalá Bucaram Pulley

2010-01-29T15:16:00.000-08:00

Quito, 19 de enero, 2010.

Señor Asambleísta.
Abdalá Bucaram Pulley
Ciudad.-

De mi consideración:

Entiendo perfectamente la forma como ha marcado su vida y la de su familia los acontecimientos de la vida política de su señor padre, el abogado Abdalá Bucaram Ortiz y creo que es mi deber responder a su pedido de información sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los acontecimientos de 1997.

Hace ya quince años el país enfrentó con éxito la campaña militar del Cenepa, enfrentamiento provocado por los apetitos de poder y megalomanía del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, acolitado por personajes funestos para su propio país y para el Ecuador como Vladimiro Montesinos.

El éxito militar y la conducción prudente de las negociaciones diplomáticas permitieron que el arquitecto Sixto Durán Ballén pueda gobernar en un ambiente de relativa tranquilidad política, solamente alterada por los problemas del Vicepresidente, economista Alberto Dahik, que derivaron en su renuncia del cargo y abandono del país.

En agosto de 1995 fui nombrado Comandante General del Ejército y desempeñaba esas funciones cuando se realizó la campaña electoral en que triunfó su padre, Como siempre, en esta ocasión, los dos aspirantes a la presidencia conversaron directa o indirectamente con los mandos militares, sobre el nombramiento de los altos cargos militares. Yo me negué a dichas reuniones, porque quería dar un ejemplo de profesionalismo y no politización. Cuando se acercaron a solicitarme reuniones con los candidatos, simplemente respondí que hablaría con el triunfador de las elecciones si me llamaba, como en efecto sucedió, cuando triunfó el abogado Bucaram.

En esos tiempos, el Perú inició un proceso de rearme y fortalecimiento militar que, por informes de inteligencia recibidos, obedecían a las presiones de sus Fuerzas Armadas para buscar el desquite. Para ese fin trabajaba Montesinos en operaciones encubiertas en nuestro propio territorio, intentando crear desconfianza entre los actores políticos y los mandos militares. No podemos olvidar que vivíamos un frágil armisticio con nuestro vecino del Sur.

Antes de posesionarse, su padre me invitó a reunirme con él en Guayaquil, lo que en efecto sucedió y, en esa ocasión, con gran despliegue de medios, me ofreció el cargo de jefe del Comando Conjunto, que acepté inmediatamente. Para mí no solamente era la culminación de mi carrera militar, sino especialmente, un deber con mi país, en las complejas circunstancias de las negociaciones de paz. El Presidente electo aseguró algo como: “Yo soy el líder político de este país, usted es el líder militar. Vamos a trabajar juntos.”

El abogado Bucaram actuó con responsabilidad al mantener al embajador Galo Leoro Franco al frente de la Cancillería y no desmanteló los mandos militares.

Mis relaciones con su padre fueron respetuosas y profesionales; no recuerdo sino un hecho que pudo haber creado desconfianza y que estimamos fue maquinado por la inteligencia militar peruana por la gran cobertura que tuvo en ese país; se trataba del falso “Plan Zorro”, que presuntamente teníamos las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. No fue difícil que el general Víctor Bayas, Ministro de Defensa demostrara al Presidente la falacia porque en el forjado documento constaba equivocado el nombre del general Telmo Sandoval, a quien presuntamente iba dirigido; también se equivocaban al hablar de regiones militares a la usanza peruana, cuando en nuestro país usamos la denominación de zonas militares. Mi firma era superpuesta.

En otra ocasión, el helicóptero de escolta del Presidente sufrió un percance, se habló de un atentado fallido, su padre nos convocó a su domicilio nos reclamó y yo le respondí firmemente que debía confiar en los mandos, que jamás nos prestaríamos para un acto de esa naturaleza y que exigiríamos los más estrictos controles a los responsables para que no vuelvan a sucederse ese tipo de percances.

Por un elemental sentido de responsabilidad, mi principal preocupación estaba enfocada en el avance de las negociaciones de la paz, en mantener a las Fuerzas Armadas preparadas para el evento de la reiniciación del conflicto, y en mantenerlas totalmente alejadas de la política interna, siempre corrosiva. Jamás, ni como lejana tentación, pasó por mi cabeza realizar un acto antidemocrático que, por otra parte, habría podido servir de pretexto para reiniciar el conflicto armado.

Los días 23, 24 y 25 de enero de 1997 la Academia de Guerra de la Fuerza Terrestre realizó en sus instalaciones un ejercicio de seguridad interna, sobre los escenarios que se veían venir y, al término del cual presentamos al Presidente una información completa y algunas recomendaciones a fin de evitar que se agrave el conflicto.

El lunes siguiente, 27 de enero, fuimos invitados a la ciudad de Durán a la entrega de las viviendas del programa del gobierno, único caso de participación del Jefe del Comando Conjunto en un acto oficial de esa naturaleza.

En el mes de febrero la situación interna del país se agravó. Hubo escasez de combustibles, se cerraron carreteras, hubo también amenazas de bombas en edificios públicos, estudiantes marcharon hacia el Congreso a reclamar por las medidas económicas y el transporte interprovincial dejó de operar. El Frente Unitario de Trabajadores anunció que el paro convocado para el día 5 se extendería hasta el fin de semana y que si el presidente Bucaram no abandonaba el cargo continuarían las medidas de hecho.

Se organizó el Frente Patriótico con movimientos sindicales y organizaciones sociales a los que se sumó la CONAIE, que anunció un levantamiento indefinido hasta que el Presidente abandone el poder. Posteriormente se sumaron los partidos políticos. Con la firma de sus líderes, exigían un gobierno de transición que debía designar el Congreso.

En esas circunstancias, el día 4, el Ministro de Defensa y el mando militar invitamos al Presidente a un almuerzo por su cumpleaños en el Club Naval. La situación era grave, analizamos opciones que incluían mover la sede del Ejecutivo a Manabí, lo cual desaconsejamos unánimemente los militares, que asesoramos manejar la crisis desde el Palacio de Gobierno.

El Presidente convocó a reunión del Consejo de Seguridad Nacional para conocer sobre la situación, especialmente sobre la actitud del Congreso en torno a su destitución. A la reunión no asistió el Presidente del Congreso ni el de la Corte Suprema de Justicia. Esa reunión fue de lo más dura, unos miembros del Consejo recomendaban que el Presidente ordene el cierre del Congreso. De mi parte, la recomendación fue que eso sería atentar contra la Constitución y que debía buscarse una solución legal negociada. El Presidente descartó la clausura.

El día 5 el Comando Conjunto mantuvo el seguimiento de la aplicación de los planes de operaciones de Defensa Interna se comenzaron a aplicar en la fase correspondiente. El denominado Paro Cívico Nacional convocado por los sectores productivos y sociales, transcurrió sin novedades mayores. El Presidente plegó simbólicamente al paro y dijo entender la situación económica creada por las medidas económicas, que planteó iba a revisar.

En uso de sus facultades constitucionales el Gobierno comunicó a las nueve y cuarenta y cinco el decreto de Movilización con la advertencia de que las sanciones se aplicarían con sujeción a lo establecido en el Código Penal Militar.

Los Alcaldes de las principales ciudades, ex mandatarios constitucionales, ex candidatos, líderes sindicales y gremiales encabezaron las marchas Dados los rumores que se difundían en todo el país, ese día las Fuerzas Armadas tuvimos que emitir un comunicado sobre la situación y sobre la falsedad de la detención del Presidente del Congreso.

Cuando intentaron ingresar al palacio legislativo, se mantuvo la protección policial y militar, se incluyó en el impedimento de inceso al alcalde Jamil Mahuad quien, a nombre de la Asamblea de la Ciudad, apoyaba la salida del Presidente. El Comandante de la Zona de Defensa, general Manuel Suárez quien logró evacuar a la familia del Presidente vistiéndoles con uniformes militares.

En la mañana del día seis, el Presidente del Congreso buscaba lograr los votos para designar el gobierno de transición. César Verduga anunció que el presidente interino podría ser el Presidente del Congreso o el de la Corte Suprema de Justicia y que Rosalía Arteaga estaba excluida.

El gobierno, buscando tranquilizar a la población, anunció la suspensión de las medidas económicas decretadas.

Por disposición del Ministro de Defensa convoqué a reunión del Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, Consta así en la respectiva Acta: “En la ciudad de Quito, a las 1630 horas , en el Auditorio de la Fuerza Aérea, con la presencia de todos los señores Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y el Sr. Gral. Marco Hinojosa, Comandante General de la Policía Nacional, presididos por el Sr. Grae. VICTOR BAYAS G., Ministro de Defensa Nacional, se inicia esta sesión para conocer y analizar la situación interna que vive el país, y los problemas suscitados con relación a la estabilidad del gobierno del Sr. Presidente de la República, Ab. Abdalá Bucaram O.

El Sr. Ministro, interviene relievando(sic.) que las FFAA se han mantenido al margen de la política en estricto cumplimiento de la Constitución, velando por la institucionalidad, por lo que plantea abordar el tema considerando las siguientes premisas:

- Reafirmar la unidad institucional
- Que el Alto Mando no pliegue a ninguna dictadura, y
- Que frente a cualquier situación, los mandos militares deben mantenerse como están configurados.

Indica que este planteamiento también hará conocer al Sr. Presidente de la República y a las 1645 horas, se retira dejando la Presidencia a cargo del Sr.GRAE. Paco Moncayo G., Jefe del COMACO.”

Luego de un amplio debate sobre la situación interna, el Consejo Ampliado el tema, a las 1830 horas se emite un comunicado de las FFAA. al país expresando que la salida de la crisis debía lograrse por medio de la concertación y la legalidad, llamamos a la cordura y ratificamos nuestra decisión de respetar la Constitución y mantener la paz ciudadana.

En esos mismos momentos conocimos que el Presidente recibió al Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, que había venido al país por su requerimiento, para apoyar el mantenimiento del orden constitucional.

A las 2000 horas, el Alto Mando Militar fuimos llamados a la Presidencia de la República, En esa reunión revisamos las medidas de seguridad del Mandatario y sus colaboradores y se nos informó, que esperaba poder solucionar políticamente el problema toda vez que contaba con el apoyo de varios diputados que se encontraban ese momento en Palacio y a quienes pudimos observar reunidos en el Salón de Sesiones del Gabinete. .

A las 2230 horas, llegaron la Vicepresidenta de la República, Dra. Rosalía Arteaga S. y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Solórzano quienes, luego del análisis de la situación, coincidieron en expresar que el Congreso Nacional estaría violando la Constitución en caso de destituir al Presidente de la República aplicando el artículo 100, literal d. y de nominar un Presidente Interino.

La Sra. Vicepresidenta expresó, además, que la sucesión presidencial en ausencia definitiva del Presidente fue aprobada por mayoría absoluta por el H. Congreso Nacional, durante el Gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, correspondiéndole al Vicepresidente dicha sucesión, pero que, por error en la codificación, el Congreso actual le niega este derecho, que por ley le asiste.

A esa hora, se conoce la resolución del H. Congreso Nacional de destituir al Presidente de la República en aplicación del Art. 100 literal d, y la nominación de un Presidente Interino en la persona del Dr. Fabián Alarcón R., ante lo cual el Presidente Bucaram da a conocer que no acatará tal resolución.

A las 23:00 horas y con los argumentos expresados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Ampliado decidió no aceptar la decisión del Congreso, porque no podían 44 voluntades dar al traste con los procedimientos constitucionales. Entonces emitimos un segundo comunicado invocando al pueblo ecuatoriano a respaldar la concertación y al diálogo como únicos instrumentos válidos para mantener la vigencia de una democracia auténtica.

Alas 23:55 horas arribó una comisión del Congreso conformada por los diputados Franco Romero, Heinz Meller y Carlos Vallejo. El diputado Franco Romero, en representación del Congreso Nacional, explicó que ante la aguda crisis que venía afrontando el país en las últimas semanas, se vieron obligados a convocar a un Congreso extraordinario a través del cual llegaron a la resolución que pidió dar lectura por Secretaría. En la resolución se declaraba la incapacidad mental del Abogado Abdalá Bucaram y el cese de funciones, así como la designación del doctor Fabián Alarcón como Presidente Constitucional.

Como Jefe del COMACO, confirmé la recepción del documento, aseguré que teníamos una Institución bien modelada, con un bien ganado prestigio, por lo que su conducta sería serena y responsable; seguiremos cumpliendo nuestro deber y evitaremos el caos. Afirmé que las FFAA expresarán su opinión, luego del análisis del documento y finaliza indicando que nos encontramos férreamente unidos, por lo que cualquier intento que afecte a esa unión será rechazado.

El Dr. Heinz Meller, aclaró que se cuestionaba la decisión del Congreso; que le preocupa la situación internacional con el Perú, que se encontraba en plena fase de negociaciones. Que el Art. 1 de la Constitución establece la soberanía de las funciones del Estado y espera que la decisión de FFAA se dé en función de país.

El Diputado Carlos Vallejo, expresó que ni el Parlamento, ni grupo político alguno se permitirá resquebrajar la unidad de las FFAA. Manifestó, además, que se encontraban en defensa de la institucionalidad, porque el Presidente había traicionado el respaldo recibido del pueblo.

Ya el día 7 de febrero a los veinte minutos de iniciado el día, recibí un llamado del la Vicepresidenta haciéndome conocer que ante el vacío de poder que se había producido por la resolución inconstitucional del Congreso había decidido asumir la Presidencia de la República y que pedía el respaldo de las Fuerzas Armadas, además me ofreció el Ministerio de Defensa a lo que respondí indignado que no está pensando en mi situación personal sino en la crítica situación del país y que cualquier decisión se haga conocer al mando. Lo cual se realizó y a la una y media llegó el doctor Nelson Robelli portando el Decreto por el cual la señora vicepresidenta asumía la Presidencia.

A esas mismas horas, manifestantes pedían la salida del Presidente en los alrededores del Palacio de Carondelet.

Frente a los hechos suscitados y con tres autoridades exigiendo la obediencia de las Fuerzas Armadas decidimos hacer un nuevo llamado al diálogo a las tres autoridades, sin tomar partido, e insistimos en la necesidad de una salida constitucional.

A las 02:20, se conoce una declaración del Tribunal de Garantías Constitucionales a través del cual manifiesta la inconstitucionalidad de la destitución del Presidente Bucaram y felicita la acción democrática y constitucional de las FFAA.. A esta hora se incorporan al Consejo los. Oficiales Generales de la Policía Nacional.

A las 03:00, se realiza una rueda de prensa, y hacemos conocer un nuevo comunicado invitando al diálogo a las partes para obtener una salida constitucional y exhortando al pueblo a mantener la calma.

A las once de la mañana el presidente Bucaram invitó a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia aceptando el diálogo; a las once y media el doctor Fabián Alarcón declaró que solamente había un presidente de la República y convocó al pueblo a salir a las calles, como en efecto sucedió. Recibí una llamada pidiéndome que me una a la “marcha del pueblo” a lo que me negué y responsabilicé a él y a los políticos de la sangre que pueda derramarse en esa marcha al Palacio.

A las 1600 horas se reinstala la sesión del Consejo Ampliado. Los Generales, al retornar de sus unidades miitares informan de la situación, se conoce el contenido de un comunicado del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, documento a través del cual expresan su preocupación por la situación que vive Ecuador y resaltando la actuación de FFAA, a más de su esperanza por una solución pacífica. También se recibieron criterios positivos de países como Chile y Argentina, que destacaban la actuación de Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les informé también de las visitas recibidas por parte de de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo, el Frente Unitario de Trabajadores, las Cámaras de la Producción, quienes pedían se obedezca el mandato del Congreso. La respuesta siempre fue que no era esa nuestra obligación.

Los oficiales generales informaron que había enorme preocupación en las tropas y que en los cuarteles se creía que debía obedecerse las decisiones del Congreso. Luego de largos análisis, el Consejo acordó que el Mando Militar se desplace hasta donde el Presidente Bucaram a expresarle que su presencia en el Palacio ante la situación que se vivía era un serio peligro para su seguridad y la de sus colaboradores; que se le invite a abandonar el mismo y que, dadas las circunstancias, era imposible continuar respaldándole; de igual modo que se siga solicitando una solución constitucional.
Los miembros del Comando Conjunto salimos, a las 14:30, sale con destino al Palacio Presidencial.

En el despacho presidencial se produjo una tensa reunión, con presencia de los colaboradores cercanos del Presidente, quien me invitó a un cuarto aledaño a su oficina y me planteó que como 44 diputados o un Consejo de Generales podían resolver contra la decisión dada por el pueblo en las urnas. Yo le expliqué que estábamos sitiados, que se intentaba asaltar el Palacio y que esto podía dar lugar a un grave derramamiento de sangre.

De vuelta al despacho presidencial, acordaron encargar la presidencia a la Vicepresidenta hasta que se calmen los ánimos y se retorne a la normalidad. Llegó la Vicepresidenta, no hubo acuerdo y el presidente planteó que su presencia en el lugar podía ocasionar un problema mayor y que viajaría a Guayaquil. Con el Grupo de Operaciones Especiales, se organizó la evacuación con todo éxito.

Al despedirnos, le dije al Presidente que lamentaba este desenlace y que había cumplido mi deber con lealtad. Abdalá Bucaram se despidió agradeciéndome y asegurando que yo era un caballero. Esto lo reiteró a su llegada a Guayaquil.

El sábado 8 de febrero visitaron el Ministerio de Defensa varias personalidades de la política nacional pidiendo unos el respaldo a la Vicepresidenta y otros al doctor Alarcón. Nuestra respuesta: Nosotros no vamos a ser árbitros de este conflicto. Que las tres autoridades busquen un acuerdo.

Cuando a las tres de la tarde reinstalamos la sesión del Consejo ampliado informé a los generales sobre las actividades de la mañana y tarde. El planteamiento del doctor Heinz Meller de lograr una solución constitucional aceptando que está cesante el Presidente Bucaram, se encargue el poder a la Vicepresidenta y se convoque al Congreso a encontrar un proceso de sucesión constitucional.

Les informé también que el señor general Víctor Bayas había presentado su renuncia y que conforme a las leyes militares estaba a cargo de esa Cartera de Estado hasta que se nombre al titular. Poco después ingresó al auditorio el Ministro cesante y manifestó que con lealtad institucional, de acuerdo a su planteamiento inicial, presentó su renuncia; agradeció por el apoyo prestado y se despidió deseando suerte a la Institución.

Continuábamos reunidos. Mientras el Congreso seguía firme en su postura de apoyar al Dr. Alarcón, el Abogado Bucaram en Guayaquil aseguraba que seguía siendo el Presidente Constitucional, del mismo modo que la Vicepresidenta. El país continuaba en el dilema de contar con tres presidentes.

En una nueva visita, el doctor. Heinz Meller me hizo conocer que, con el apoyo del Abogado Jaime Nebot planteaba la siguiente solución :

1.- El Congreso se ratifica en su posición de destituir al Abogado Bucaram.
2.- El Congreso nombra otro Presidente y
3.- Se convoca a una consulta popular para legitimar el proceso.

El Abogado Jaime Nebot llamó telefónicamente. Participó en la conversación el ingeniero León Febres Cordero, quien se refirió a la urgencia de hallar una salida porque el país no podía continuar en esa situación de caos. La respuesta es que las Fuerzas armadas están de acuerdo, pero piden una salida constitucional.

A la media noche, llegaron los jefes de los distintos bloques del Congreso nacional s dialogar con el Mando Militar y hacen conocer sobre una solución negociada con la señora Vicepresidenta, en los siguientes términos:

1. Se ratifica la destitución del Presidente Bucaram.
2. A pedido del Dr. Fabián Alarcón se deja sin efecto su nominación como Presidente Interino.
3. Se encarga el poder a la Sra. Vicepresidenta hasta que se nombre constitucionalmente al Presidente Interino.

Plantean que con esta proposición, se obtendría una salida constitucional que se nos explicó contaba con los dos tercios de los votos de los miembros del Congreso.

Expliqué entonces a los legisladores cual había sido la posición institucional de las Fuerzas Armadas, fieles a la democracia y a la constitucionalidad, Que las Fuerzas Armadas acataríamos las resoluciones del Congreso, que tenía mayoría de 57 legisladores; que la institución no aceptaba ser consultada porque sería inconstitucional hacerlo. Pedí que se respete a los mandos y puse mi cargo a disposición del Congreso.

Inmediatamente informé al Consejo Ampliado sobre lo tratado y recibimos el respaldo unánime de sus miembros. Se nombró entonces una comisión para que redacte un nuevo comunicado que fue conocido y aprobado. El comunicado decía: “Una vez que
El Congreso Nacional ha ratificado la cesación de funciones el Sr. Abogado Abdalá Bucaram Ortiz como Presidente Constitucional de la República, el Sr. Doctor Fabián Alarcón Rivera ha pedido al Congreso Nacional deje insubsistente su nombramiento como Presidente Constitucional Interino y la Sra. Doctora Rosalía Arteaga Serrano ha retirado su nominación como Presidenta y que el Congreso Nacional ha encargado temporalmente la Presidencia de la República a la Sra. Rosalía Arteaga, hasta el nombramiento del Presidente Constitucional Interino, las Fuerzas Armadas reafirman su inquebrantable vocación democrática y de respeto absoluto a la Constitución y Leyes de la República y subordinan la Institución a la autoridad legítimamente elegida por el Congreso Nacional; exhortan al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unido en aras de la paz y el progreso del país.”

El día 11 de febrero, su padre abandonó el país, la Vicepresidenta renunció al encargo de la presidencia y el doctor Alarcón fue designado Presidente Interino.

El día martes 12 de febrero, a las cuatro de la tarde, reinstalamos la sesión del Consejo Ampliado. Informé a los oficiales generales de los últimos acontecimientos y destaqué que con un mando unificado, con el consenso de los miembros, aplicando profesionalmente los planes y la doctrina, se había logrado una participación legal y positiva de la Fuerza Pública. La doctrina de seguridad interna se había mostrado adecuada para enfrentar un caso tan difícil y el Plan de Defensa Interna funcionó a cabalidad. Felicité a las Fuerzas de Tarea por el su comportamiento profesional, al haber operado con sensatez e inteligencia, protegiendo los derechos humanos, orientados por los valores, principios y doctrina para mantener la unidad nacional y el sistema democrático.

Esa es la realidad de los hechos. Existen las actas y grabaciones que dan fe de todo lo aquí relatado. Cabe entonces una pregunta: ¿Podía un mando militar haber adoptado un comportamiento más firme y leal al Presidente Bucaram y a la democracia, en circunstancias como las vividas? ¿Dónde un atisbo de interés o ambición personal?

Tengo mucha información de la prensa peruana que desinformaba al mundo sobre mis ambiciones presidenciales, sobre el golpe fraguado por mi persona, y sobre la corrupción de mis actos. Lastimosamente su padre abonó a esa y otras campañas en contra de mi honor, de las que jamás hice caso, porque estaban absolutamente fuera de la realidad.

Todo esto lo he escrito pensando en usted, en su angustia de hijo y en el dolor de toda su familia. No puedo sentirme culpable de lo sucedido, aunque no dejo de solidarizarme con su pesar, que espero termine pronto. Sobre si yo supe u observé de sacos de dinero que llevaron de Palacio el día 7 de febrero, puedo afirmar que no. Solamente leí y escuché de esas acusaciones en los medios, posteriormente.

Esa es la información que le entrego, junto a mi autorización para que pueda usarla conforme a su mejor interés. Hay personas del equipo de gobierno de su padre que estuvieron presentes en todos estos momentos. Ellos podrán certificar lo que he dicho.

Paco Moncayo Gallegos
ASAMBLEÍSTA.

2010-01-28T13:59:00.000-08:00

EL UNIVERSO
Jueves 28 de Enero de 2010. Jueves 28 de enero del 2010 Política

El asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE) dijo que tomará varias acciones luego de conocer el contenido de una carta en la que se revela la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y algunos políticos en el golpe de Estado que derrocó de la presidencia a su padre, Abdalá Bucaram Ortiz, en febrero de 1997.

El documento, de nueve páginas, fue entregado el martes pasado (con fecha 19 de enero del 2010) por el actual asambleísta Paco Moncayo, quien era el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. en aquella época.

Según la interpretación de Bucaram Pulley sobre la versión firmada por Moncayo, el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad y el ex diputado socialcristiano Heinz Moeller, apoyado por el ex mandatario León Febres-Cordero y el actual alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, planificaron la caída del gobierno roldosista.

Por eso el hijo del ex mandatario Bucaram dijo que creará una comisión en la Asamblea Nacional “para que investigue y castigue a los golpistas”.

Agregó que entregará información, incluido el documento firmado por Moncayo, a cada uno de sus colegas legisladores, a quienes sugirió darle la amnistía a su padre “el único perseguido político de este país”. Y que escribirá un libro sobre “la verdad histórica” de los acontecimientos.

Apoyado en el relato del ex jefe militar, Bucaram destacó la inocencia de su padre, y cuestionó las versiones que lo acusan de haber sacado dinero en sacos del Palacio de Carondelet. “Si el jefe del Comando Conjunto, que evacuó al Presidente una madrugada del 7 de febrero, porque su vida corría peligro, reconoce que no observó a nadie sacando dinero, ¿cómo es posible que cierto sector de la prensa haya dicho que sacaron 11.000 millones de sucres?”.

Por ello, dijo que espera la autorización del comandante de la Policía, Freddy Martínez, para que el cabo Miguel Lara, quien fue señalado como el testigo de que vio a Bucaram Ortiz llevar sacos de dinero, comparezca ante los medios para desmentirlo.

Con todo lo expuesto, Bucaram dijo que demandará de los políticos ecuatorianos la honestidad del caso y que espera que el presidente Rafael Correa cumpla con todo lo que ha expresado, “porque si considera que lo de Bucaram fue inconstitucional y señala que los presidentes no pueden ser responsables de los actos de sus ministros, tiene que actuar igual en todos los casos, y no con doble moral”, enfatizó.

Admitió que el golpe de Estado de 1997 ocurrió sin la intervención de los militares, como creyó su padre, una vez que ya no estaba en el poder.

El contenido total de la carta fue publicado el martes en el sitio web www.asambleanacional.gov.ec/blogs/abdala_bucaram, en el que Bucaram reconoce el gesto de Moncayo.

Informe: Otros documentos
Abdalá Bucaram Pulley dijo que dará información a los asambleístas sobre una conversación telefónica entre Franklin Verduga, ex diputado del PSC y Jaime Nebot, “quienes hablan paso a paso de la persecución jurídica y política, como en efecto se dio, contra mi padre”. También presentará amparos y consultas a la Procuraduría sobre la prescripción de los juicios.

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Moncayo: Jamás se entregó en propiedad ni un gramo de arena

2010-01-20T07:50:00.001-08:00

Moncayo: Jamás se entregó en propiedad ni un gramo de arena

VISTAZO 19 enero 2010

El ex Alcalde de Quito se defiende de las denuncias de peculado en su contra y afirma que toda la documentación del nuevo aeropuerto está disponible en internet.

Moncayo explica que a los prestamistas (los gobiernos de Canadá y Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo) se les extendió una garantía referida a:

No interrumpir el funcionamiento del aeropuerto Mariscal Sucre y el del futuro aeropuerto.

Dar los derechos de vía para que puedan construir la infraestructura.

Dar los permisos, si cumplen todos los requisitos, para la construcción de los edificios.

Bajar las antenas de HCJB, porque están en el cono de aproximación.

Y, en caso de que muriese alguna persona por culpa de la Corpaq, a cancelar las indemnizaciones correspondientes.

Durante una entrevista en Contacto Directo, el periodista y director del espacio Francisco Pinoargotti afirmó que existen otras garantías adicionales en la página web de la Corpaq, una de ellas firmada en Miami por el procurador síndico del municipio.

A esto, Moncayo respondió que el único que pudo firmar una garantía que competa a la Municipalidad era él pero debía pedir criterio al Procurador General del Estado, al procurador municipal y autorización a la Dirección Nacional de Administración de Bienes en Depósito (CONSEP).

Además, sostiene que el BID “no se va a prestar para una atraco” y que, por pedido de la actual Alcaldía, el Ministerio de Finanzas da un certificado en el que se aclara que ninguno de los prestamistas posee garantía financiera alguna y que no pueden reclamarle al Municipio ni al Estado.

El ex Alcalde asegura que jamás se entregó en propiedad “ni un gramo de arena” y “terminada la concesión, el aeropuerto y todas sus instalaciones pasan a ser parte de la Municipalidad, patrimonio de Quito”.

También rechazó las declaraciones del presidente Rafael Correa, quien lo calificó como “idiota honrado”, al considerar que posee la suficiente experiencia en la administración pública.

Explica que para el proyecto del nuevo aeropuerto se crearon comisiones jurídicas, financieras y técnicas, las cuales informaron al directorio conformado por el Alcalde, tres Ministros, el Prefecto de Pichincha, concejales, representantes de las universidades y sectores productivos.

Además, el actual asambleísta manifiesta que con anterioridad se publicó el libro “El nuevo aeropuerto de Quito, documentos para la historia”, para evitar malas interpretaciones. En el texto se encuentran todos los documentos del proyecto e incluso fueron colgados en la web para que la ciudadanía aceda a ellos.

Gracias a Todos por Cartas de Apoyo

2010-01-19T17:59:00.000-08:00

Gracias, y mil veces gracias a todas las cartas de apoyo que nos han enviado. La razón habla por sí sola, y seguiremos luchando y defendiendo el trabajo íntegro que necesita nuestro país.

Paco.

Para revisar y bajar cartas de apoyo, favor visitar:

www.pacomoncayo.ec

Moncayo: El Presidente "ya me sentenció"

2010-01-15T10:51:00.000-08:00

El general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito y actual asambleísta, calificó de "persecución" al proceso que se sigue en su contra por la garantía para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. También dijo que envió una carta al Presidente Rafael Correa en la que le manifiesta que "sin querer ya me sentenció".

El ex alcalde Quito mencionó que es una "ofensa" para la ciudad que el Fiscal manifieste que los concejales quedan libres de culpa "porque la señora Macarena Valarezo en sus declaraciones dijo que no sabían lo que estaban aprobando". Considera que se actúa políticamente porque "quieren librarle al alcalde (Augusto Barrera), para eso liberan a todos los demás". Calificó de "grave" el dictamen del Fiscal de Pichincha, que se da en momentos en que se realiza el proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto. Según dice, con este dictamen se benefician "los dueños del aeropuerto de Guayaquil, que son una empresa en la que está la familia Deller". Moncayo aclaró que él conoce diez años los inconvenientes alrededor de la nueva terminal aérea. En su periodo municipal desestimó la propuesta del Ejecutivo de 70 millones por la administración del aeropuerto, cuando la compañía canadiense consiguió los 350 millones de la obra con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, más un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Moncayo explicó que los Concejos Municipales en el 2004 y otro distinto, en el 2005, con nueve meses de diferencia aprobaron la garantía. Además contó con la opinión vinculante del procurador general del Estado y del procurador síndico de Quito para firmar la garantía municipal no financiera para la construcción del aeropuerto en Tababela.

En torno a construcción de la vía a Gualo para el nuevo aeropuerto, Moncayo indicó que siguieron los juicios de expropiación, pero que se descuidó la adjudicación de la obra de 13 kilómetros. Sin embargo, ahora quieren construir un acceso por el sur de que tiene 20 kilómetros, por lo que no estaría lista en 2 años y harían falta 100 millones de dólares adicionales para expropiación. Trabajo en la Asamblea Nacional Paco Moncayo se autodenominó como "social demócrata" que apoyó la Constitución por la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático con la participación ciudadana. No obstante, cuestionó los proyectos de ley enviados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) porque no serían afines a la Carta Magna; agregó que en el país los jueces no muestran independencia.
DCCH

Publicado por: Editor Noticias 01 MULTIMEDIOS 106

La Verdad sobre el Aeropuerto

2010-01-14T17:55:00.000-08:00

La Verdad sobre el Aeropuerto

Para Bajar el Documento de la Garantia favor visitar www.pacomoncayo.ec

En el año 2000, al iniciar nuestra gestión, tomamos la posta del proceso que habían venido realizando por más de 30 años la Dirección General de Aviación Civil y la Vicepresidencia de la República en los distintos gobiernos para la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio escogido previamente y cuyos terrenos habían sido expropiados para ese propósito 20 años antes.

La situación del aeropuerto “Mariscal Sucre”, era desastrosa; apenas brindaba en malas condiciones los servicios de una pobre terminal terrestre, de una ciudad secundaria.

En 1970, la Junta Nacional de Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil, contrataron a Airways Engineering Corp., a fin de efectuar un estudio de pre-factibilidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; cinco años después, el 5 de noviembre de 1975, el Gobierno Nacional contrató con las compañías International Engineering Co. y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., un estudio para la selección definitiva del sitio en que debía ubicarse el aeropuerto internacional de Quito.

En las recomendaciones presentadas, tras el respectivo estudio, los consultores afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Y: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”

En el año 1982, el Gobierno Nacional contrató al consorcio FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realice la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrolle el Plan Maestro de Ejecución.

En julio del año 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas y publicó las Bases de Precalificación para empresas interesadas en participar en la construcción.

En octubre de 2000 a los tres meses de iniciada mi gestión, el Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de conformidad con lo previsto en el Art. 249 de la Constitución Política y el Art. 1 de la Ley de Aviación Civil, entre otras normas, emitió el Decreto Ejecutivo número 885, traspasando a la Municipalidad quiteña la construcción del nuevo aeropuerto internacional, así como para la administración y operación del aeropuerto Mariscal Sucre. El Decreto mandaba que cada municipalidad conforme una unidad ejecutora para realizar el proyecto.

Conformación de la CORPAQ

El Concejo Metropolitano de Quito, vistos los informes legales favorables emitidos por la Procuraduría General del Estado, por resolución unánime y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo 885, resolvió la constitución de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ).

De conformidad con el Estatuto de la CORPAQ, los órganos de dirección de dicha entidad son: el Directorio y el Comité Ejecutivo, que se encuentran conformados de la siguiente manera:

DIRECTORIO:

- El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

- El Ministro de Relaciones Exteriores

- El Ministro de Comercio Exterior

- El Ministro de Turismo

- El presidente del CONAM

- El Director General de Aviación Civil

- Dos concejales designados por el Concejo Metropolitano

- Un concejal designado por el Alcalde

- Un delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano

- El Prefecto Provincial de Pichincha

- Un delegado de los sectores productivos organizados

- Un representante elegido por los rectores de las universidades y escuelas politécnicas con sede en Quito

- El Director de Planificación del Municipio de Quito

- El presidente de EXPOFLORES

COMITÉ EJECUTIVO:

- El Presidente del Directorio (Alcalde Metropolitano)

- El Vicepresidente del Directorio (Concejal designado por el Concejo Metropolitano)

- El delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano

- El Director de Aviación Civil

- El Director de Planificación del Municipio de Quito.

Es fácil observar que las decisiones que se tomaron en el proceso de concesión y en la administración superior de la CORPAQ, fueron tomadas por un organismo que tiene representantes del sector público en los tres niveles de gobierno y presentes a la sociedad civil, el sector académico y el sector empresarial. Con esta conformación se aseguró que en la toma de decisiones exista una amplia participación, que asegure un proceso transparente en beneficio del país y la ciudad. La Dirección de Aviación Civil ha tenido una directa participación en este proceso, no sólo por cuanto su Director es miembro nato del Directorio y del Comité Ejecutivo de la CORPAQ, sino porque ha votado a favor en todas las decisiones adoptadas.

La oposición al proyecto

La negociación de la concesión tomó casi cinco años; todos los pasos se realizaron públicamente; toda firma de documentos en actos solemnes; en cada caso participó representando al gobierno del Canadá el Embajador de dicho país. Todo cambió cuando se legró el cierre financiero; entonces, cuando la construcción era un hecho y no una locura del Alcalde, como se decía entonces, “porque nadie querría invertir tanto dinero en este país”, que los intereses económicos comenzaron a conspirar de una manera activa y con una campaña costosa cuyo financiamiento debería investigarse.

Una tarde, me visitaron Alberto y Michel Deller y me advirtieron que no firme los contratos, porque me arrepentiría toda mi vida. Me dijeron que ellos podían construir el aeropuerto en 170 millones. Yo les respondí que si ellos presentaban una propuesta seria y una garantía, inmediatamente pediría al Directorio de la CORPAQ, terminar con la relación con el gobierno de Canadá. Nunca recibimos ni la propuesta y, peor la garantía. Los argumentos han sido los siguientes:

1) La inviabilidad del sitio de Puembo

En los estudios realizados en los años 1975 - 1976 para la selección del sitio participaron las consultoras Peat Marwick & Mitchell, especializada en estudios de navegación aérea, y Helmuth Obata y Kassabaum, diseñadora de aeropuertos –– se consideraron todos los temas como topografía y superficie, espacio aéreo, condiciones meteorológicas, planificación urbana, social y ambiental, acceso al aeropuerto, ingeniería y aspectos constructivos, informe final y plan maestro.

En las conclusiones plantean: “Desde el punto de vista de la planificación urbana y de los factores sociales y del medio ambiente, la acción más indicada es cerrar el aeropuerto Mariscal Sucre y desarrollar un nuevo aeropuerto en cualquiera de las dos partes.” Por la altura y consideraciones de planificación urbana aconsejan Puembo.; En las recomendaciones afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Considerando las condiciones del espacio aéreo los consultores afirman: “El sitio de Puembo constituiría una buena mejora con relación al aeropuerto existente… El sitio de Puembo satisface los criterios de despegue para las salidas al norte y al sur”

Sobre la aproximación de precisión afirman que “funcionarán dentro de los parámetros indicados.” Y en la conclusión final dice: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”

En el año de 1982, para dar continuidad al proyecto, el Gobierno nacional contrata a FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realicen la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrollen el Plan Maestro de Ejecución. Entonces los consultores plantean en el tema de Circuitos de Espera y Procedimientos de Aproximación una advertencia operativa en el sentido de que: “la orografía difícil no permite aplicar rigurosamente las prescripciones OACI en lo que se refiere a la aproximación por instrumentos, considerando que corresponde a las autoridades locales decidir sobre el tema.” De haber sido éste, como ahora pretenden descubrir, un impedimento para la ejecución del Proyecto, lo lógico habría sido que las autoridades gubernamentales y la DGAC lo suspendieran y buscaran otras alternativas.

Sobre la base de los estudios realizados, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas en julio de 1996 y publicó para este efecto las Bases de Precalificación, en las cuales se afirma: “Los estudios para la selección del sitio para el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se iniciaron en 1968 y luego se profundizaron en todos sus aspectos con el Estudio de Selección de Sitio efectuado por el consorcio IECO- CAE….Los estudios desarrollados por el consorcio IECO –CAE determinaron que el sitio más conveniente para el emplazamiento del nuevo aeropuerto es Puembo … La ubicación geográfica de la ciudad de Quito determina la imposibilidad de encontrar, dentro de una distancia aceptable desde el centro de la ciudad un sitio que responda a todos los requerimientos como sitio ideal. Por lo tanto, algunas de las limitaciones del sitio de Puembo deben ser aceptadas como inevitables y vinculantes al desarrollo del proyecto.”

En el año 1997, frente a pretensiones de que el aeropuerto de Quito se desarrolle en Latacunga, el Director de la DGAC, responde al Ministro de Defensa: “Es deber de esta Dirección dar las explicaciones necesarias a fin de que no exista duda alguna de las decisiones que desde mucho tiempo atrás se han tomado, respecto a los lugares donde se ha decidido construirlos, a debida cuenta que responde a estudios muy serios realizados con el aval de anteriores gobiernos y del actual Gobierno, por lo que esta Dirección se ratifica en todo lo actuado, pues corresponde a estudios avalizados por el organismo de aviación civil internacional (OACI) que ha actuado muy estrechamente con la Dirección de Aviación Civil…”

En términos similares responde la DAC al Jefe del Comando Conjunto, cargo que me honraba en desempeñar: “No existe otra alternativa para el país sino la de concluir los nuevos aeropuertos so pena de quedarnos aislados de las rutas internacionales, lo cual significará enormes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano que en corto tiempo sobrepasarán el valor previsto (para la construcción)”

Del mismo modo, ante la pregunta: “¿Porqué no se utiliza el aeropuerto de Latacunga como alternativa a la construcción de un nuevo aeropuerto en Quito?”, la DAC contestó al diputado Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político: “El tema ha sido estudiado y analizado en el transcurso de los últimos años, llegando a la conclusión técnica que el aeropuerto de Latacunga no puede reemplazar al aeropuerto de Quito; inciden en esta conclusión factores económicos, operativos y de demanda del centro de mayor consumo de los servicios que es la ciudad de Quito.”

Observen la irracionalidad de la campaña de los conspiradores que se pasaron más de un año con la cantaleta de que el sitio no era el adecuado. Lo cierto es que como no pudieron evitar la firma de la concesión, pretendieron parar su construcción. El temor es que si el actual aeropuerto funciona en apenas 130 ha., con una pista de 3.200 m., a una altura de 2.850 m. sobre el nivel del mar. Por estas razones los aviones no pueden salir con carga y combustible completos y los pasajeros debemos hacer escala obligada en Guayaquil, mientras que en Puembo, el nuevo aeropuerto se encuentra instalado en una extensión de 1.500 ha., tiene una pista de 4.100 m. y está a una altura de 2.400 m. Tales condiciones permitirán a los aviones salir con carga y combustible para llegar directamente a los principales aeropuertos de Norteamérica y Europa. Esta es una de las causas de la ciega oposición.

2) El sobreprecio en la concesión

Frente a denuncias de “sobreprecios” en la construcción, pedí al Directorio que se contrate dos consultoras independientes para determinar si era posible que la CORPAQ haya sido llevada a error por los concesionarios o por sus propios asesores. Así pues, en el año 2006, la CORPAQ contrató a las consultoras Louis Berger, de EEUU, y Agosta & Campana, de Argentina, ambas de reconocido prestigio internacional, para que analizaran las inquietudes relacionadas con el costo de construcción del proyecto contratado.

Louis Berger realizó su estudio utilizando el método comparativo con infraestructura similar de otros aeropuertos recientemente construidos. Así, compara terminales de pasajeros, terminales de carga, pista principal, torre de control y elabora un cuadro de costos de construcción por metro cuadrado, de cuyo análisis se desprende que el costo de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, a su juicio, se encuentra dentro de un rango aceptable de fluctuación de 5%.

La consultora Agosta & Campana realizó su estudio utilizando el método constructivo a base de precios unitarios, es decir que hizo su propio cálculo del costo de construcción como si se tratara del constructor y concluyó que, a su juicio, el costo es un 12% más bajo que el señalado en el contrato de 2005.

No solamente eso, sino que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financistas del proyecto, su criterio. Esta fue la respuesta recibida el 22 de diciembre de 2005 que, entre otros temas, indica:

“La revisión detallada del proyecto que hizo el BID durante el proceso para la aprobación del préstamo, incluyó la revisión de los costos de construcción por parte de un ingeniero independiente; los cuales fueron confirmados dentro de un rango aceptable comparado con proyectos internacionales con características similares. Además la empresa Louis Berger, contratada por CORPAQ, realizó un análisis comparativo de costos del nuevo aeropuerto de Quito, y su conclusión fue que en la fecha de ese estudio, el costo de construcción estimado por ellos alcanzaba un monto cuya diferencia era de aproximadamente 1% superior en relación con el costo propuesto por el concesionario.

Finalmente, cabe recordar que CORPAQ realizó un proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Swiss Challenge que le permitió al mercado en general participar y ofrecer un precio más competitivo. La falta de interés de otros participantes en el proceso sugiere que, en su momento, el precio del aeropuerto no presentaba una discrepancia significativa que resultase en contrapropuestas más competitivas.”

Como se insistió en las diferencias en los precios de la Terminal y Torre de Control, volví a pedir aclaraciones. La administración respondió que se debían a las especiales medidas de seguridad necesarias en la construcción por tratarse de una zona sísmica y que las exigencias planteadas generan esa diferencia de precios.

3) Ventajas desproporcionadas a favor del Concesionario

Era necesario, como en el caso de los “sobreprecios” comprobar que los concesionarios hayan sacado provecho y engañado a los asesores y a la Administración. Por lo tanto, en defensa de los intereses de Quito, pedí al Directorio que disponga la contratación de una consultora experta que aclare este punto.

Como un mecanismo de transparencia adicional, dispuse que, a través de un proceso de selección, se contrate una firma independiente para que analice ese y los demás estudios financieros relativos al proyecto del nuevo aeropuerto. En efecto, se realizó un concurso público y el Consorcio Proventus-PKF fue contratado para la auditoría y revisión de los planes financieros. La consultoría determinó con toda claridad que la tasa interna de retorno del proyecto se ubica entre el 16.5% y la del accionista es 19.78%.

4) Las garantías de rentabilidad a favor de los Concesionarios y prestamistas

La Garantía Municipal consta del documento emitido el 22 de junio de 2005. Respalda las obligaciones que, en virtud de los diferentes contratos y acuerdos relativos a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, asumió la unidad de gestión municipal CORPAQ. El objeto de la garantía es:

- Otorgar los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción del aeropuerto, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes;

- No obstaculizar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto;

- Conceder los derechos de vía requeridos para la instalación de servicios básicos;

- No expropiar indebidamente el área concesionada ni la infraestructura edificada;

- Remover los obstáculos que impidan una segura operación del aeropuerto, como las antenas de HCJB;

- No impedir la normal operación del aeropuerto actual o la del nuevo aeropuerto, una vez construido, excluyéndose, por cierto, casos fortuitos o de fuerza mayor,

- Prestar los servicios de seguridad en el actual y en el nuevo aeropuerto y otras obligaciones similares.

Ni la Novación de la Garantía ni el Acuerdo de Consentimiento alteran en forma alguna el alcance de la Garantía lo cual sería además, jurídicamente improcedente. Ni la Garantía Municipal ni algún otro documento, han sido emitidos en respaldo de eventuales incumplimientos del concesionario, Corporación Quiport S.A, como han asegurado los dos concejales opuestos al proyecto y recogen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Distrital de Pichincha.

Es todavía peor, falso de falsedad absoluta y malsano en su intención, afirmar que exista “el consentimiento expreso de la Municipalidad de responsabilizarse por riesgos, de todo tipo, incluyendo aquellos vinculados con la falta de pago del financiamiento por parte de Quiport S.A…”

Nota: Para conocimiento general he publicado en la página Web personal el documento completo de la garantía.

5) No se ha considerado el “aporte público” en la valoración del proyecto y en la distribución de los ingresos.

La verdad es que en los estudios previos se había pensado en utilizar los aeropuertos para urbanizarlos y ayudar al financiamiento. Cuando el Concejo, en defensa de la salud de la población decidió que esos terrenos se conviertan en un parque, los asesores financieros, recomendaron al Comité Ejecutivo y al Directorio que la única forma de lograr el cierre financiero sería si la totalidad de los excedentes que genere el actual fuesen invertidos, única y exclusivamente, en el nuevo aeropuerto.

Por otra parte, la propiedad de los terrenos de Tababela es del Municipio, se concede solamente el usufructo, no se ha entregado la propiedad de dichas tierras al Concesionario. Finalmente los servicios básicos no los da la Municipalidad; por el contrario, el Concesionario proveerá de éstos a varias comunidades colindantes de estos servicios.

6) La Concesión se hizo a una empresa fantasma con ochocientos dólares de capital

Se ha dicho y el Presidente ha reiterado que con 70 millones de dólares el gobierno puede asumir el aeropuerto. No es así. El Concesionario invierte 110 millones de dinero propio y 350 millones de préstamos que ellos obtuvieron. No hay ningún crédito que deba pagar el Estado ecuatoriano, como aseguran opositores, la Contraloría y la Fiscalía. El total de aporte de los concesionarios es pues de 460 millones. Me parece que alguien que no soy yo no sabe de números. Además, como nadie es experto en todo, se contrataron especialistas en cada campo y contamos en el equipo de administración a economistas como Washington Herrera o Elsa de Mena, personas honradas y de reconocido prestigio.

7) La concesión no es al gobierno del Canadá

Todos los contratos celebrados para la ejecución del proyecto han sido suscritos con el Gobierno del Canadá, representado por la Canadian Commercial Corporation. Dicho gobierno, adicionalmente, emitió su formal garantía, por la cual asegura que el nuevo aeropuerto internacional de Quito será construido de conformidad con las especificaciones técnicas, precios, plazos y más condiciones acordadas. Todo esto fue ratificado por la Nota Diplomática que el Embajador del Canadá remitiera a la Cancillería ecuatoriana, a fin de atender el pedido formulado por la Comisión Anticorrupción.

El siguiente es parte del contenido de la comunicación:

“El Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, actualmente en marcha, conlleva la directa participación del Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation (CCC). La CCC es una Corporación Estatal del Gobierno de Canadá, establecida por el Parlamento Canadiense mediante Acta Parlamentaria de 1946.

De conformidad con la legislación canadiense, la CCC tiene la facultad de celebrar contratos, ya sea en su nombre, o a nombre del Gobierno de Canadá.

En Junio del año 2005 la Corporación Comercial Canadiense (CCC) celebró en su nombre los respectivos contratos con la CORPAQ, unidad de gestión de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para ejecutar tan importante proyecto.

Los contratos relativos al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito fueron suscritos por la Canadian Commercial Corporation mediante escrituras públicas celebradas en Quito, el 22 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, lo que implica una obligación directa, bajo las legislaciones ecuatoriana y canadiense, de dicha entidad en los términos y condiciones establecidos en dichos documentos.

Adicionalmente, la Canadian Commercial Corporation emitió formalmente la garantía de cumplimiento mediante documento de 20 de diciembre de 2005, de conformidad con el texto que consta del Anexo B del Contrato de Construcción.

Por consiguiente, el Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, garantiza que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, será construido de conformidad con las especificaciones, plazos, costos y demás aspectos previstos en los contratos suscritos para el efecto.”

Esta es la verdad. Somos perseguidos por haber hecho posible un sueño del pueblo quiteño. Por haber tomado todas las previsiones, dentro de lo posible; por no tenerle miedo al poder económico y político que están detrás de la conspiración.

El pueblo de Quito vio con horror la campaña electoral más miserable de su historia, utilizando este proyecto para destruir mi honra, con recursos de financiamiento a campañas de quienes apoyaron la presunta inconveniencia del nuevo aeropuerto.

Es una pena que la Contraloría haya sido sometida a vergüenza por malos funcionarios que obraron por las razones antes expuestas en beneficio de los conspiradoras, es una pena que la Fiscalía Distrital de Pichincha haya, por razones que despiertan sospecha, emitido un dictamen acusatorio justamente cuando el alcalde Augusto Barrera se encontraba renegociando los contratos, con mi apoyo, porque si le es posible mejorar las condiciones para el país no puedo menos que adherirme.

No nos queda más que esperar del juicio de Dios y del de la Historia, porque en el de los hombres, en nuestro país resulta imposible.

En Tababela las obras siguen en curso

2010-01-08T13:06:00.001-08:00

En Tababela las obras siguen en curso

El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.

Redacción Quito
quito@elcomercio.com

Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.

Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.

86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos

Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.

Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.

Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.

Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.

Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.

Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.

Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.

Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.

Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.

Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.

El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.

Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.

Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.

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Hay intereses económicos en el aeropuerto

2010-01-08T13:04:00.000-08:00

http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980632
8 enero 2010

Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.

“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.

También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.

Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.

“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.

Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.

Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:

“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.

Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.

La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.

Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.

Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones

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Caso aeropuerto levanta polvareda

2010-01-08T12:58:00.000-08:00

El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.

El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.

Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.

Aeropuerto: denuncian intereses económicos

“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.

‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.

También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.

El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.

FRASE

MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”

Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones

Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.

Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.

En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.

También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.

El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.

Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos

Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.

Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.

Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.

Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.

Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.

El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.

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Carta de Apoyo al Gnral. Paco Moncayo

2010-01-08T12:44:00.001-08:00

Señor General

Paco Moncayo Gallegos

Ex Alcalde Metropolitano

Estimado General:

Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.

Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.

Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.

Ing. Rita Vargas

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El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto

2010-01-07T15:37:00.000-08:00

http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326954&id_seccion=11

El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto

El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados

Redacción Quito
quito@elcomercio.com

El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.

El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.

El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).

El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.

El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.

Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.

Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.

El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.

Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.

Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.

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Aeropuerto en riesgo

2010-01-07T15:33:00.000-08:00

Aeropuerto en riesgo

Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.

De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.

Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.

El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.

http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426

Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.

La acusación fiscal

Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.

Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.

En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.

La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.

Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.

Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.

Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.

Proceso
Las listas

ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico

ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport

NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).

Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas

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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal

2010-01-07T15:32:00.000-08:00

Jueves 07 de Enero de 2010. Jueves 07 de enero del 2010 País
Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO

El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.

La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.

Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.

Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.

No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.

Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.

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2010-01-07T15:28:00.000-08:00

El alcalde Augusto Barrera acusa a los bancos de presión por el aeropuerto

Fiscal de Pichincha defiende dictamen

El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.

http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/

El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.

El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).

En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.

Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.

“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.

También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.

“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.

Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.

Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir

“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.

El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.

El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.

Aeropuerto: implicados defienden actuaci

2010-01-07T15:18:00.000-08:00

Aeropuerto: implicados defienden actuación

Publicado el 07/Enero/2010

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/rechazo-a-acusacion-fiscal-de-peculado-386037.html

Varios de los seis implicados, por la Fiscalía, defendieron su actuación, en el caso de la garantía municipal

La emisión del dictamen acusatorio, por parte del fiscal provincial de Pichincha, Marco Freire López, contra seis implicados sobre el caso de la garantía municipal emitida en 2005 para el nuevo aeropuerto de Quito, generó reacciones.

Los ex alcaldes de la capital Paco Moncayo y Andrés Vallejo, junto a Carlos Jaramillo, ex procurador municipal, considerados autores de presunto delito de peculado, rechazaron la acusación.

Moncayo señaló que la Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, de los Estados Unidos y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Agregó que los prestamistas exigieron una garantía que firmó previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito. Y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio del 2005.

Su versión fue respaldada a través de una carta enviada, el 22 de febrero de 2008, por el BID al ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en la cual se indica que: " Ni el BID, ni las restantes entidades financistas del proyecto del nuevo aeropuerto... han solicitado u obtenido del Ecuador, aquellas garantías previstas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control..."

"Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire, presionado, según lo aseverado por personas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha por el Fiscal General Dr. Washington Pesantez", señaló.

En el dictamen acusatorio también fueron señalados en calidad de cómplices Luis Eduardo Pérez, ex funcionario de Quiport, Barry Tito Morocho, del área financiera del concesionario y Diego Pachel, ex director de la Corpaq.

El Presidente y Director de Quiport, Philippe Baril, expresó que todos y cada uno de los contratos suscritos con el Municipio de Quito se firmaron respetando las leyes ecuatorianas y obteniendo los dictámenes favorables de las autoridades de control del Estado, lo cual garantiza la legalidad y honestidad de este proceso.

La Tercera Sala de lo Penal de Pichincha dictará el auto llamamiento de juicio.

El dictamen del fiscal se produce luego de un año de indagación y ocho meses de instrucción, lo cual coincide con el proceso de renegociación del contrato de concesión de la nueva terminal aérea entre el Municipio, el concesionario y los prestamistas.

Baril manifestó que la acción del Fiscal es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación. (NJ/MDA)

PACO MONCAYO SE DEFIENDE DE ACUSACIÓN DE FISCAL SOBRE AEROPUERTO DE QUITO

2010-01-07T14:51:00.000-08:00

PACO MONCAYO SE DEFIENDE DE ACUSACIÓN
DE FISCAL SOBRE AEROPUERTO DE QUITO

EcuadorInmediato.com

Paco Moncayo / Facebook
Mediante un comunicado emitido a través de la red social Facebook, y que ha sido pagado en remitido a los diversos medios impresos del Ecuador, el ex alcalde de Quito, y asambleista nacional, General (r) Paco Moncayo Gallegos, defendió su honor y dignidad frente a las acusaciones de las que es objeto por parte del fiscal Marco freire en el tema de contratación y construcción del nuevo Aeropuerto de Quito.

El texto del remitido, que Ecuadorinmediato.com, lo pone a disposición en una publicación considerada como noticia, es el siguiente:

AL PUEBLO DEL ECUADOR:

Elegido por el pueblo quiteño para desempeñar el honroso cargo de Alcalde Metropolitano me empeñé y dediqué mis mayores esfuerzos para que la Capital cuente con el aeropuerto de Tababela, indispensable para impulsar su desarrollo.

La Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, del de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los prestamistas exigieron una garantía que firmé previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesiones públicas del Concejo Metropolitano de 5 de agosto de 2004 y de 17 de junio de 2005. Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios, el perito nombrado por la fiscalía, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire.

A pesar de haberme asegurado la certeza de mi honestidad, el Presidente Rafael Correa, en acto público, de trascendencia mundial, aseveró que la concesión del Aeropuerto de Quito era el mayor atraco de la larga noche neoliberal y, con sus palabras, así no haya sido su intención, firmó anticipadamente mi sentencia; fue a partir de entonces que la fiscalía que antes se había referido reiteradamente a mi honestidad, se empeñó en la acuciosa tarea de empañar mi prestigio y buen nombre para validar las expresiones del Presidente; no obstante que el propio Presidente en más de una ocasión, ha reconocido la limpieza de los procedimientos.

Con la conciencia tranquila, porque jamás he tocado un centavo de los dineros públicos ni he utilizado en beneficio personal o familiar los altos cargos que me confió la Patria, deseo llegar a las conciencias y al corazón de mis compatriotas para pedirles, como única recompensa a mis largos años de servicios, la confianza y credibilidad que creo merecerla.

A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad.

A mis compañeros militares, aunque parezca innecesario, porque me conocen de cuarenta años de compartir sacrificios y esperanzas, deseo que sepan que mi uniforme de soldado y mis escudos de General están como siempre límpidos.

A mis heroicos compañeros de las gestas del Cenepa, tengan la certeza que los lauros alcanzados con su abnegación y sacrificio en los campos de batalla no serán jamás marchitados por una conducta indigna de su Comandante.

A mi querida familia, que solamente ha cosechado sinsabores de mi participación política, no necesito asegurarles que los apellidos que recibimos intachables de nuestros abuelos y padres los entregaré inmaculados a mis hijos.

A la Fiscalía, cuyos motivos de persecución desconozco, sepan que en defensa de mi honor de ciudadano y militar que han manchado gravemente, causándome un incalculable daño moral, no descansaré hasta que se corrija esta infamia. Espero que la Función Judicial corrija esta desacertada actuación.

Finalmente, advierto al pueblo ecuatoriano las graves consecuencias que pueden derivarse de esta injusta acusación, si se paralizan los trabajos y se pospone, aún más, la inauguración del nuevo aeropuerto.

GENERAL PACO MONCAYO GALLEGOS

Carta al Pueblo Ecuatoriano

2010-01-06T18:04:00.001-08:00

AL PUEBLO DEL ECUADOR:

Elegido por el pueblo quiteño para desempeñar el honroso cargo de Alcalde Metropolitano me empeñé y dediqué mis mayores esfuerzos para que la Capital cuente con el aeropuerto de Tababela, indispensable para impulsar su desarrollo.

La Concesión del proyecto se realizó al gobierno del Canadá, a través de la Corporación Comercial Canadiense y el financiamiento se obtuvo del propio gobierno de Canadá, del de los Estados Unidos de Norteamérica y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los prestamistas exigieron una garantía que firmé previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesiones públicas del Concejo Metropolitano de 5 de agosto de 2004 y de 17 de junio de 2005. Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios, el perito nombrado por la fiscalía, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal, Dr. Marco Freire.

A pesar de haberme asegurado la certeza de mi honestidad, el Presidente Rafael Correa, en acto público, de trascendencia mundial, aseveró que la concesión del Aeropuerto de Quito era el mayor atraco de la larga noche neoliberal y, con sus palabras, así no haya sido su intención, firmó anticipadamente mi sentencia; fue a partir de entonces que la fiscalía que antes se había referido reiteradamente a mi honestidad, se empeñó en la acuciosa tarea de empañar mi prestigio y buen nombre para validar las expresiones del Presidente; no obstante que el propio Presidente en más de una ocasión, ha reconocido la limpieza de los procedimientos.

Con la conciencia tranquila, porque jamás he tocado un centavo de los dineros públicos ni he utilizado en beneficio personal o familiar los altos cargos que me confió la Patria, deseo llegar a las conciencias y al corazón de mis compatriotas para pedirles, como única recompensa a mis largos años de servicios, la confianza y credibilidad que creo merecerla.

A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad.

A mis compañeros militares, aunque parezca innecesario, porque me conocen de cuarenta años de compartir sacrificios y esperanzas, deseo que sepan que mi uniforme de soldado y mis escudos de General están como siempre límpidos.

A mis heroicos compañeros de las gestas del Cenepa, tengan la certeza que los lauros alcanzados con su abnegación y sacrificio en los campos de batalla no serán jamás marchitados por una conducta indigna de su Comandante.

A mi querida familia, que solamente ha cosechado sinsabores de mi participación política, no necesito asegurarles que los apellidos que recibimos intachables de nuestros abuelos y padres los entregaré inmaculados a mis hijos.

A la Fiscalía, cuyos motivos de persecución desconozco, sepan que en defensa de mi honor de ciudadano y militar que han manchado gravemente, causándome un incalculable daño moral, no descansaré hasta que se corrija esta infamia. Espero que la Función Judicial corrija esta desacertada actuación.

Finalmente, advierto al pueblo ecuatoriano las graves consecuencias que pueden derivarse de esta injusta acusación, si se paralizan los trabajos y se pospone, aún más, la inauguración del nuevo aeropuerto.

GENERAL PACO MONCAYO GALLEGOS

2010-01-04T14:12:00.000-08:00

En el programa “El Maestro Juanito”, conversamos con el General Paco Moncayo, Ex Alcalde de Quito y actual Asambleísta de Pichincha, el cual se refirió a las Leyes que se pretende aprobar en estas semanas en la Asamblea Nacional.

En el poder Legislativo, para este año, se pretende aprobar varias leyes que por diversos motivos no fueron ratificadas, como la Ley de comunicación, “se comenzó el debate, pero la oposición conspiró para que no se logre consensos en el pleno, Cynthia Viteri anuncia la sanción de Teleamazonas y Radio Arutam y en pleno debate salen del plenario, y lo que deberíamos buscar todos los asambleístas es la libertad de expresión y la convivencia”, mencionó el ex alcalde de Quito.

Sobre su movimiento político, Paco Moncayo afirma que “la mayoría de los pertenecientes a nuestro movimiento, fueron personas que lograron crear proyectos en cada uno de sus municipios, y ahora varios alcaldes nos piden consejos u opiniones para su trabajo, eso nos demuestra que no somos gente improvisada”, aclaró.

Al finalizar su intervención, mencionó que la Asamblea nacional trabaja hasta altas horas del día para poder entregar los proyectos de ley a tiempo, “en otros países, para aprobar una ley se necesita 6 meses, en ecuador tratamos de aprobar 14 en dos meses, algo absurdo”, y pidió a la sociedad, no polarizar su tendencia política, entre correístas y anticorreistas, creando división.

Fuente: Radio Tarqui

"Esto no fue un asunto de santos"

2009-12-28T09:43:00.000-08:00

Entrevista en Diario Expreso

Lunes, 28 de diciembre del 2009

El Héroe del Cenepa, alcalde de Quito por 8 años y ahora asambleísta, Paco Moncayo, busca ganar otra batalla: la de rescatar el acuerdo para el proyecto de Ley de Comunicación. Bajo un manto de prudencia, él fue la figura central en el acuerdo de 7 puntos logrado por los todos los bloques legislativos a instancias del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero. Ahora, tras el bombazo del cierre temporal de Teleamazonas y permanente de la radio Voz de Arutam, y la aparente ruptura del acuerdo, Moncayo da su visión de lo que pasó, y de lo que cree que pasará desde el 5 de enero.

P. Usted ayudó a construir un acuerdo que aparentemente se hizo trizas luego de las clausuras. ¿Cuál es su lectura de los hechos?

R. Hay que ver están detrás de las acciones. Nada que se hace es inocente, en el sentido de que no tenga una razón. en esta país, es una vieja historia la de poner por delante nuestros intereses personales o de grupo frente al gran interés de la nación. Y el 22 de diciembre pasó eso dos veces. Para mí fue un día doblemente infeliz, porque teníamos que ratificar nuestra posición frente a la necesidad de que la Función Judicial reciba sus recursos por 80 millones, y teníamos que aclarar lo que corresponde a la distribución de los gobiernos autónomos. Había dos posiciones: una que venía desde los intereses legítimos de la ciudad de Guayaquil y que la planteaba el asambleísta Andrés Roche (Madera de Guerrero) , y la otra era de Virgilio Hernández (PAIS). Yo mismo pedí al presidente Cordero que suspenda la sesión para llegar a un acuerdo. Trabajamos, logramos eso, se introdujo lo que quería Andrés Roche. Y el rato de votar, los de Madera de Guerrero se abstuvieron.

¿Qué pasó entonces?

Lo que obtuvieron, los de PAIS, en este choque irracional, es que la Función Judicial se quede sin esos recursos vitales, porque lo esencial para la seguridad es la Justicia. Pero ya en la mañana, perjudicamos a los gobiernos autónomos y a la Función Judicial y le dimos gusto al Presidente Correa.

¿Pero darle el gusto al Presidente no es el objetivo de Alianza País?

Para la derecha, el objetivo es agudizar el conflicto, y para el bloque de PAIS es darle gusto al Presidente. Demostrar que son disciplinados, que no están subvertidos. Y uno no se explica cómo se puede causar daño al país desde ambas posiciones. Ambos salieron con un resultado que puede ser bueno para uno u otro, pero malo para el país. La derecha, dar el pretexto para agudizar el conflicto y luchar contra este Gobierno "que no quiere dar plata a los gobiernos locales, a la justicia y que quiere una ley mordaza". Al que vive de eso y lo explota, ese resultado le interesa.

Pero se había, de todas maneras logrado acuerdos, pero estos se rompieron ¿Por qué?

Se había logrado juntar las dos posiciones, pero hablaron los jefes (se refiere a Correa y a Nebot. Ndlr) se acabó lo que acordamos en la negociación parlamentaria, y eso es terrible.

¿Es decir, que los asambleístas no actúan bajo su propia conciencia ni autónomamente?

La Asamblea es un espacio de debate, de acuerdos, de desacuerdos. Esa es la política, y así debe ser. Lo que en la democracia se entiende por oposición no es decir "no" a todo. La visión maniquea no es democrática. La oposición juega un papel, dentro de la democracia, para ayudar a mejorar al Gobierno e impedir sus errores. En teoría, la oposición empuja el avance del país en el sentido correcto, ayuda a corregir el rumbo.

Es el campo de lo ideal, pero la política es distinta...

No, estoy hablando del deber ser en democracia. Porque sino este país vive rezagado en la historia. Porque de lo que se trata acá, cuando se llega al poder, es que unos quieren sacarlo del Gobierno, maniatarlo, imposibilitar su gestión, y cuando cambia el péndulo los otros hacen lo mismo. Y quién se queda detenido es el país.

Pero, este acuerdo sobre la Ley de Comunicación había roto esa tradición...

Habíamos dado un paso fundamental. Porque estábamos enseñados a que se logra mayorías con el hombre del maletín, dando gobernaciones, cargos o partidas presupuestarias. Acá, sin eso, logramos sentarnos todos en una mesa. Mandamos a una señal al país de que los políticos somos personas sensatas. ¡Oiga! No pasan unos días y toda la sensatez se fue al tarro.

Vamos a las causas: ¿Qué permitió el logro de los acuerdos?

Todo tiene una base de interés. Y el presidente de la Asamblea entendió muy bien la situación y actuó en consecuencia para el interés del Gobierno y del país.

¿Que era…?

De que haya una ley de comunicación. Porque tal como estaba el proyecto, no había los votos. Porque no iban a votar por ese proyecto (de la comisión de Betty Carrillo. Ndlr.) ni siquiera los de Alianza País, porque ese iba a dividir al bloque y al momento de votar ese proyecto no había pasado, y en ese momento habría sido una derrota para el Presidente de la Asamblea y para el Gobierno. O sea, ellos ganaban.

¿Y desde la oposición?

Ellos entendieron que había una justa preocupación que ya fue desvanecida en los puntos de conflicto, y se había logrado lo que una oposición democrática debe hacer: corregir y enrumbar. Pero por este malhadado paso, que nadie puede decir que fue inocente. Porque ya estoy viejito para creer que este señor Superintendente de Telecomunicaciones, justo el día en que íbamos a debatir sobre la base de los acuerdos, se le iluminaron los deberes, y justo pasó lo mismo con el Conatel. Porque es una extrema coincidencia, que estas dos instituciones de control, sobre dos temas completamente diferentes tomen esa decisión. Se lo hizo para boicotear el acuerdo.

¿Se pusieron de acuerdo?

Hay una coincidencia en los tiempos. Al menos disimulen, y que uno lo haga primero y el otro al siguiente día.

El presidente sacó las manos y aseguró que él no había ordenado estos cierres, que son entidades autónomas. ¿Le cree al Presidente?

En este país hay que empezar a creernos, pero cuando usted ve tantas coincidencias...Y puede ser, porque muchas veces los esbirros y los lacayos son los que le hacen más daño al jefe, porque para quedar bien con el jefe hace en esfuercito para lucirse al jefe y le hacen daño a la democracia y al país. No es el único caso, acá hay tantos esbirros que por quedar bien con el jefe han hecho tantos horrores que el primer perjudicado ha sido el jefe.

Esa es la teoría del Gobierno y de PAIS: Rafael Correa es inocente, él no lo ordenó, etc.

Yo no puedo hacer conjeturas ni puedo adivinar. Pero es demasiado evidente que o les ordenó el Presidente o estos funcionarios quisieron quedar bien con el Presidente. Porque además el Superintendente de Telecomunicaciones y los miembros del Conatel no están en la Luna, no están viviendo en el Polo Norte, están en este país. Sabían que se iba a debatir la ley, sabían que habíamos logrado los acuerdos. ¡Discúlpeme"! Si hay un momento tan importante para el país podían haberse demorado 24 horas, o hacerlo antes; pero no, fue el momento en que estábamos hablando los legisladores.

¿Hubo perversidad?

A mi juicio, la hubo. Esto no fue un asunto de santos. Ni aunque tuviesen un enorme retardo mental, que no lo tienen, para que hagan las cosas así.

¿Y cuáles son, a su juicio, los impactos a largo plazo?

Estos aprendices de Maquiavelo no pueden controlar los efectos de sus propias acciones. El efecto es que ahora todo el país sabe que la ley vigente sí es ley mordaza, es con esta ley que están amordazando, cerrando. Para que lo vean los medios que están cuestionando lo que aún es un proyecto. Esta es una espada de Damocles para que el mandón de turno puede usar para los comunicadores.

¿Pero lo se pretende no es otra espada? El Presidente quiere una Ley que cierre medios.

Yo no puedo presuponer que eso es lo que quiere el Presidente.

Usted también vive en este país. Él lo ha dicho...

El no ha dicho que quiera una ley que cierre medios. No ha dicho hay que cerrar, hay que clausurar.

Ha dicho que hay que clausurar de modo definitivo a Teleamazonas ¿O no?

Entonces estaría menospreciando a la inteligencia y a la mínima autonomía que supongo tienen los compañeros Betty Carrillo y Rolando Panchana. La propuesta es de Panchana.

¿Qué va a pasar ahora, va a mojarse el poncho de nuevo para rescatar los acuerdos?

Yo soy un hombre de palabra. Soy un general de la República. Yo no voy a decir un día sí y al día siguiente buscar pretextos para decir no. He firmado, he dado mi palabra, voy a seguir apoyando los acuerdos y voy a atrabajar duro por esos acuerdos, y voy a trabajar con más entusiasmo que nunca para tener una ley como se merece el Ecuador, una ley que realmente preserve mis derechos, los de mis hijos y de mis nietos y los de mi país, para poder comunicarse y expresarse sin ataduras, sin la garra del poder apretándome la garganta o tapándome la boca.

¿Cómo, qué va a hacer?

Voy a asistir a todas las sesiones. Tras la finalización del las discusiones del Código Territorial, donde hemos pasado, en la comisión, de mañana, tarde y noche. Claro, no salimos en los periódicos porque ahí no nos peleamos y trabajamos en serio. Voy a hacer un seguimiento personal.

Pero a partir del 5 de enero. O antes tendrán reuniones.

Bueno, varios compañeros del Congreso están de acuerdo en defender lo que acordamos.

¿Y usted cree que se pueda sumar a Madera de Guerrero?

No sé si sea posible, sería lo deseable. el martes, en ambos casos le hicieron el juego al gobierno y le hicieron un daño al país.

Dice que Madera de Guerrero le hace el juego al Gobierno.

Pero fue obvio. en la mañana de ese martes se quedó la función judicial sin sus 80 millones porque se abstuvieron de votar. También los social cristianos, sociedad patriótica.

¿Usted cree que el bloque de PAIS resistirá a las presiones del Ejecutivo para sacar adelante una ley punitiva?

Yo no lo veo así. Yo veo a un grupo de gente decente que ayer estuvieron al otro lado de la vereda defendiendo las libertades, luchando contra toda forma de abuso del poder. Y yo los veo ahora incomodísimos de no poder seguir defendiendo las banderas a las que estuvieron acostumbrados a levantar en toda su vida. Y uno ya está viejito para no darse cuenta cuando la gente no está a gusto. Creo que en ese bloque hay una gran esperanza de que se pueda argumentar cosas positivas y ellos sean capaces de protagonizar cosas positivas, no creo que sean borregos ni nada.

¿Y usted no está viendo un Gobierno y un liderazgo de Correa, abusivo, autoritario, como asegura la oposición?

Mire, yo soy un socialista democrático. Hay muchas cosas en las que coincido con este Gobierno. Pero soy un socialista de-mo-crá-ti-co. No soy un totalitario, y temo que con el nombre de socialismo se han hecho horrores. Hitler también hablaba del Nacional Socialismo. Tengo muchas coincidencias, creo en un país con más justicia social, con menos pobreza, con equidad e inclusión. Pero no estoy de acuerdo con el modelo de Estado que se está diseñando desde el Senplades, que a mi juicio es autoritario, vertical, antidemocrático, centralista. Y tengo el derecho a decir en que estoy en desacuerdo. Yo no soy de derecha, soy socialista democrático y no he torcido el socialismo a la derecha. Odio a los dictadores, a los tiranos, a los autoritarios. Como odio a los explotadores, a los abusivos, a los acaparadores.

Insisto, ¿usted cree que el perfil del Presidente Correa es el de un tirano, de un autoritario?

No estoy diciendo nada. Tiene todo el tiempo para que le juzgue la historia. El tiene que pensar que desde que llegó a Carondelet, empezó a escribir su propio capítulo en la historia del Ecuador. El escribe ese capítulo y será él quien termine, con su buena o mala letra, diciendo a los nietos y tataranietos, qué clase de Presidente fue.

Intervención en la Asamblea Nacional sobre Ley de Comunicación

2009-12-24T08:39:00.000-08:00

Distinguidos y distinguidas asambleístas:

Nuestro país inició en este año las celebraciones de la Revolución quiteña que abrió los causes de la rebeldía hispano americana para romper los vínculos coloniales.

En estas circunstancias, la Asamblea Nacional inicia los debates sobre la Ley de Comunicación, y lo hace con la garantía del consenso alcanzado por la casi totalidad de los partidos y movimientos políticos, en ella representados, para darle al país una ley que garantice los derechos que en esta materia hemos alcanzado los ecuatorianos como fruto de la lucha de tantas generaciones.

Por esta razón, deseo, más que referirme al articulado del Proyecto de Ley, lo que ya he realizado en más de una ocasión, traer a la memoria de esta representación de la soberanía popular, el recuerdo de las luchas de los próceres de nuestra independencia, en defensa del derecho a la libertad.

Hace doscientos años, José Mejía Lequerica, uno de los más destacados diputados de las Cortes de Cádiz, luchó de forma denodada en un entorno oscurantista y retrogrado, por la libertad de imprenta, que en términos actuales sería la libertad de expresión y comunicación.

En sus exposiciones, advertía Mejía, como lo hemos hecho los legisladores en estos días, del peligro de poner en manos de tribunales administrativos la capacidad de sancionar con suspensión o clausura a los medios. Decía: “ Sujetar a un autor a que no imprima sus libros sin que los censuren primero y los censuren con intervención y orden de los mismos jueces, que pueden detener las obras que estimen o afectan estimar por malas, jueces que a los que se declaren autores de ellas han de castigar ellos mismos con las más formidables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar las ideas y los deseos , las fatigas y la propiedad, el honor y la vida de los desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores, es decir, al irresistible capricho de unos hombres que, teniendo ya por sí mismos todas las pasiones , todas las fragilidades, toda la ignorancia de cualquier hombre, están además subyugados por todos los errores, todos los intereses y todos los resentimientos, están armados con todo el poderío, toda la impunidad de las autoridades que les confían la vara de hierro de la censura, con el intento y la persuasión de que la sacudirán en pro y a placer de ellas mismas.”

Gracias a los esfuerzos denodados de los “reformistas”, frente a los “Serviles” como se conocía a liberales y monárquicos en esos días, las Cortes de Cádiz, mediante decreto del 10 de noviembre de 1810, reconocieron por primera vez la libertad de imprenta. Esta ley permitió la edición de un número importante de publicaciones, muchas de ellas críticas al Rey. A la Monarquía y a la Iglesia, por lo que la Junta de Regencia consultó a la Asamblea si, en virtud del Reglamento del Poder Ejecutivo, podía tomar providencia sobre los autores de papeles sediciosos, sin la formalidad de la intervención del Poder Judicial, a lo que Mejía se refirió en los siguientes términos:

¿No es ya para los españoles una ley y de las más precisas y trascendentales, la de libertad de imprenta? ¿Y quien no ve que ésta iría por tierra si antes de censurarse un papel y practicarse las demás salvaguardias de éste tan santo como de los tiranos detestado derecho, desde luego procediese el Gobierno a la prisión de un autor? ¿Podría éste esperar una censura imparcial, un dictamen franco, después de que la terrible mano del Poder Ejecutivo de la Monarquía hubiese tapado la boca y comprimido el aliento de tres literatos sin jurisdicción, que se llaman censores?

En estos meses la Asamblea ha tramitado proyectos de ley llegados desde el Ejecutivo, en los que se propone crear estructuras ministeriales verticales y autoritarias en todos los campos: los recursos hídricos, la educación general y superior, la cultura, la educación física poniendo así en manos de ministerios burocráticos y dóciles capacidades administrativas que seguramente darán lugar a abusos de autoridad y excesos. Mejía lo advertía:

Serán los Ministros que, creyéndose identificados con el Gobierno y a los que le administran con el Estado, se encandecen y apellidan “alarma, al sedicioso al traidor, luego que leen el más leve reparo sobre sus acciones o de la del último de sus porteros? ¡Pobre pueblo español si no hubiese de gozar de más libertad civil que la que se dignasen dejarle las deidades ministeriales!

Y, con admoniciones válidas para el momento que vive nuestro país, advierte sobre los excesos en el ejercicio del poder y en las relaciones de éste con los medios: Para velar sobre la seguridad del Estado, y aún para lograr el villano placer de perder a un hombre que mortifique o haya irritado a los agentes del gobierno, ¿Qué necesidad hay de echar a los calabozos a un miserable escritor, sin esperar que lo amarre la mano de la censura? Dicen que esta suele hacerse despacio y entretanto fugar el reo, puede cundir el fuego que haya encendido el papel. ¡Débil escusa de una impaciente y mal disimulada tiranía!

Ningún gobierno libre e ilustrado se tomará esa ímproba fatiga, pues si las críticas y objeciones que se le hagan fueren fundadas y justas, cuidará sólo de corregirse, y si careciesen de razón y de verdad, no tendrá la imprudencia de degradarse y atraer sobre sí el molesto zumbido y picaduras de millares de insectos por detener o perseguir furioso a un mosquito. ¡No debe sentir su peso quien tenga hombros para llevar el Estado! El Cardenal Cisneros solía responder a los aduladores que le importunaban con delaciones de las quejas que se esparcían contra él:

En efecto, si no fuese permitido hablar libremente, aún los merecidos elogios pasarían por serviles lisonjas, y no habría más invectiva que un misterioso silencio.

Pero el fuego de una conjuración se difundirá con semejantes papeles. ¡Qué poco sabe de conjuraciones quien tal recela! Minas secretas son las que hacen volar los reinos; y cualquier amenaza o proyecto que se encienda a la vista de todos, no será nunca sino un fuego fatuo que se disipará por sí mismo, consumido del aire. Quien corra a desalentado para apagarlo, no hará más que descaminarse, confundirse y, tal vez perderse: y entonces, ¿Qué más podrían apetecer los malvados que ver al gobierno olvidarse de sus verdaderas atenciones y gastar sus desvelos y tiempo en correr tras tan ridículos como fogosos fantasmas? Aún cuando tales apeles fuesen respiraciones de un secreto volcán, valdría más dejarlo desahogarse así que no taparle estas ocas y acelerar su explosión.

Mientras así debatía el ilustre Mejía en Cádiz, en su patria, el país de Quito, se habían producido los acontecimientos que celebramos en este año y recordaremos en los siguientes. La instalación de la primera Junta Soberana de Gobierno del 10 Agosto, la masacre del 2 de Agosto del año1810, el arribo del Comisionado Regio Carlos Montúfar, la instalación de la Segunda Junta Soberana y la expedición de la Primera Constitución Quiteña. Deseo Revisar con ustedes el artículo número 20, en que se consagran derechos que en estos días parecería queremos conculcar.

PACTO SOLEMNE

De Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito.

15 de febrero de 1812

Art. 20

“El Gobierno del Estado se obliga a todos los habitantes de él, y les asegura que serán inviolables sus derechos, su religión, sus propiedades, y su libertad natural y civil: y en consecuencia declara que todo vecino y habitante en él, de cualquier estado, condición y calidad que sea, puede libre y francamente exponer sus sentimientos y sus dictámenes por escrito o de palabra, no siendo en materia de Religión o contra las buenas costumbres, y levantar sus quejas y representación al Gobierno, guardando sólo la moderación que es necesaria para la conservación del buen orden.”

Termino mi intervención como comencé pidiéndole prestada su elocuencia a José Mejía y diciéndoles como él lo hizo a las Cortes: Si queréis ser libres, Diputados, con una libertad de imprenta verdadera, útil, durable y no expuesta a mayores abusos, abolid, en toda materia y sin restricción alguna, toda, toda censura… porque estoy persuadido que si dais este paso con majestad, corréis agigantadamente al templo de la inmortalidad, templo que la providencia ha levantado sobre las eternas bases de la verdad, la libertad y la felicidad general del hombre.

Doscientos años después, honremos la memoria y la lucha de nuestros Próceres, expidiendo una Ley de Comunicación, digna de su ejemplo.

Señor presidente. Señoras y señores legisladores.

2009-12-23T18:38:00.001-08:00

OBSERVACIONES GENERALES A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Art. 1. El ámbito es definido en el diccionario de la RAE, como espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Por lo tanto se refiere a la materia, a la extensión, a las instituciones y a las personas y comunidades con sus derechos. El artículo debería redactarse con este sentido y no con el de contenido de la ley.

Art. 2 Principios

Se han ubicado una gran cantidad de postulados que fungen como principios, y que pueden provocar confusión a la hora de la aplicación e interpretación de la normativa. El caso de Acuerdos de convivencia, escuelas saludables y seguras.

Obligaciones del Estado. Art. 5 debe establecerse la territorialización y a la equidad territorial en la educación.

Derechos y obligaciones de la comunidad. Art. 18 y 19. Se establecen éstos pero no hay en la ley mecanismos para que la participación se haga realidad.

Art. 21. De la estructura del sistema nacional de educación. No se relaciona con el Art. 344 de la Constitución. “ El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.”

Art. 22. Se refiere a la educación escolarizada y no escolarizada, pero persiste una visión tradicional de la educación y aprendizaje circunscrito al aula dejando por fuera regulaciones para la educación no formal y otras formas alternativas de educación, como la educación a distancia y educación virtual que apenas se señalan en los Art. 26 y 27. Es grave que el proyecto no reconozca los avances de la educación informática en el mundo. Y no se desarrolla el derecho de todos los educandos al acceso a las tecnologías de informática y comunicación. Adicionalmente, no está suficientemente desarrollado el tema de los niños niñas y adolescentes con discapacidades o con capacidades especiales, en cuanto los primeros deben ser incluidos dentro del sistema educativo regular y tan solo los niños niñas y adolescentes con discapacidad grave deben ser parte de una educación especial; mientras que, los segundos merecen una atención especial porque son excluidos del sistema ya que no existe la capacitación para abordar metodológicamente los procesos educativos para ello

Art. 31. Parecería que a los bachilleres técnicos se les cierra el acceso a la universidad, debería aclararse este tema. La última parte del literal a) debería ampliarse al b)

El Consejo está conformado con una visión centralista. Deberían estar representados en él los Gobiernos Autónomos Descentralizados que tienen competencias que desarrollar concurrentemente con el gobierno central.

Art. 40 al 44, que desarrollan la desconcentración en niveles regional, distrital y circuitos educativos. Representantes de los GAD, deben estar presentes en los organismos desconcentrados creados por la ley a fin de coordinar las competencias concurrentes.

Art. 48 Se refiere a planificación concurrente, pero es indispensable que se rescate la planificación participativa y la función de los Consejos de Planificación de cada nivel de gobierno.

10. Cap. VI, Art. 49, 50 y 51, excluyen a los institutos fiscomicionales que tienen el reconocimiento constitucional y no están regulados. Se integran a los particulares, pero no conviene hacerlo, porque tienen una condición particular.

11. Art. 53. Existe una clara actitud discriminatoria de los institutos particulares, al plantearse normas diferentes en temas comunes; en el literal b) solamente para este sector se manda respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, maltrato y desvalorización , formas de castigo cruel, inhumano y degradante, aplicación de sanciones corporales o sicológicas atentatorias a la dignidad de las personas” Adicionalmente, existe una marcada discriminación para los alumnos y alumnas de los institutos particulares. Hay que considerar que la falta de oferta educativa del Estado obliga a los padres a buscar alternativas privadas; si solamente los y las alumnas del sector público reciben libros, uniformes, alimentación etc., los niños pobres de la educación privada están marginados, por lo que la atención debería obedecer a la situación social de los alumnados.

12. Se destaca la inclusión de un sistema de control de calidad de la educación, a través de una evaluación permanente a los actores del proceso educativo; pero debe suprimirse o mejorarse el artículo 128 que revoca el permiso de funcionamiento en el caso de los institutos privados.

13. Felicito la inclusión de la educación bilingüe intercultural en esta ley, pero creo que algunas de las conquistas deben ampliarse al sistema nacional, como es el caso del Art. 71: “El sistema nacional de educación intercultural bilingüe concebirá a la persona y a la convivencia en comunidad como el centro del sistema educativo” y el Art. 74, literal e) “Son centro de la educación, la persona, la comunidad y la pachamama. Capítulo VIII, sobre resolución de conflictos, debe incluirse como una medida para frenar la violencia y abuso sexual dentro del sistema educativo un Sistema de Protección, dentro del sistema educativo que contemple acciones de prevención, atención y reparación de derechos veeduría y sanción.

14. No existe una clara interrelación del sector educación con otros sectores tales como: el deporte, la recreación, la cultura y con las leyes respectivas; podría ser bueno una reunión de las tres comisiones para establecer los puntos de contacto que tienen las tres leyes.

15. Hay que estructurar mejor los criterios de calidad, inclusión y equidad, para que se integren en todos los procesos y en la normatividad.

16. En el capítulo sobre el financiamiento de la educación debe estar claro el derecho a la universalización de la educación se refiere a personas antes que a instituciones; se pone mucho énfasis en que estos aportes van directo a las instituciones educativas y no al sujeto del derecho, dejando de lado a niños, niñas y adolescentes fuera del sistema. Debe trabajarse más sobre los principios de equidad territorial.

17. Los reglamentos educativos debe ser sustituidas por Manuales de Convivencia elaborados por alumnos, maestros y padres de familia, lo que permitirá bajar los índices de violencia y represión dentro del sistema educativo. Esta es una recomendación de las juntas de protección de la niñez, que están dentro de los sistemas de protección cantonal que contempla el Código de la Niñez.

18. El enfoque de género, democracia y participación tiene que estar atravesando toda la ley; especialmente la participación, rendición de cuentas y control social se realiza entre los mismos miembros de la comunidad educativa y se rompe la relación con el entorno social. Se insiste en darle el mismo tratamiento a la participación que el que tiene la educación plurinacional y bilingüe.

19. Debe ser valorada la carrera de administración educativa para los cargos de directores, directoras, rectores o rectoras del sistema educativo, concediendo puntajes significativos a los docentes que hayan alcanzado títulos en ese campo. (Art. 74)

20. Hace falta desarrollar el Capítulo 7, Art. 118 sobre los estímulos ampliándolos a todos los actores de la comunidad educativa

21. Si creemos en que la educación es una inversión y no gasto corriente y creemos en la universalización de la educación, es importante ser justos con las demandas salariales del magisterio y la categorización más justa en el escalafón; así como ser justos en la incorporación de los educadores populares y madres comunitarias.

22. Apoyamos el planteamiento de la Unión Nacional de Educadores, presentada a través del Asambleísta Escala, en los correspondiente a:

- Mantener el fondo de frontera, amazónico y de Galápagos, zonas difíciles y, especialmente, la incorporación de educadores populares y las madres comunitarias en la primera categoría educativa.

- La participación de la comunidad educativa participativamente en la planificación, evaluación y control social., siempre que se incorpore a todo el sector.

- La incorporación del sistema intercultural bilingüe en el texto de la ley.

- El establecimiento de un sumario administrativo para las sanciones a docentes, incluida su remoción.

Coincidimos, del mismo modo en los planteamientos de:

- Garantizar el derecho a la gratuidad de los institutos fiscomisionales.

- La integración de los campos de educación, cultura deportes y recreación.

- La devolución de las pruebas a los docentes que las rindieron.

- Que para ocupar los cargos directivos se designe de un concurso entre los docentes que han hecho carrera administrativa

2009-12-16T11:48:00.000-08:00

AGENDA LEGISLATIVA DE CONSENSO
PRIMER SEMESTRE
AGOSTO – DICIEMBRE 2009

NATURALEZA:

La próxima Asamblea, conforme a las declaraciones realizadas por dirigentes de las bancadas más numerosas, se perfila como un espacio bipolar que enfrentará a los asambleístas del partido de gobierno con una fuerte oposición conformada por Sociedad Patriótica, Partido Socialcristiano y PRIAN. Frente a esta situación es importante analizar la posibilidad de conformar un grupo no alineado que apoye todas las iniciativas positivas, se oponga a las que afecten al sistema democrático o al interés nacional, a la vez que tenga libertad de acción suficiente para fiscalizar los actos de gobierno. El grupo no alineado debería, además, desempeñar un papel de espacio democrático de aproximación, de búsqueda de acuerdos y solución de conflictos que asegure un desempeño eficiente de la legislatura y combata las viejas prácticas que desprestigiaron a las anteriores legislaturas.

OBJETIVOS:

Acatar el mandato del electorado ecuatoriano, expresado en las urnas el pasado 26 de abril, de que la primera Asamblea Nacional sea un espacio autónomo, independiente y democrático; que exprese un equilibrio de poder y contrapeso político a cualquier proyecto dominante;

Garantizar un proceso legislativo democrático, eficiente y concertado de aprobación de leyes fundamentales determinadas en la Disposición Transitoria Primera; y

Asegurar un proceso de fiscalización y control político transparente de temas que merecen atención inmediata del Legislativo.

No dejar en la impunidad los abusos cometidos en la Asamblea Nacional Constituyente y en el Congresillo. ( Analizar las conductas de los asambleístas constituyentes y de los delegados de la CLF, a la vez que presentar reformas a las normas que se hayan aprobado de manera irregular)

ACCIONES:

Pedido a la CLF para que reprograme sus actividades en el último mes de su funcionamiento y se abstenga de aprobar cuatro cuerpos legales que requieren un mayor conocimiento de la ciudadanía y debate profundo, como son:

o Ley Orgánica de la Función Legislativa, para asegurar un proceso legislativo y de fiscalización democrático, autónomo y eficiente;

o Ley Orgánica de Control Constitucional, que garantice la plena vigencia del modelo garantista que establece la nueva Constitución;

o Ley Orgánica de Descentralización y Ordenamiento Territorial, que involucre la participación de los gobiernos seccionales recientemente elegidos y defina un marco democrático e incluyente de organización político administrativa del país;

o Ley Orgánica de Seguridad Nacional que considere los argumentos de las Fuerzas Armadas y se conciba a la seguridad como un objetivo de Estado y no como una herramienta del gobierno de turno.

LEGISLACION

Aprobación, a partir de una amplia información y debate de normativas como:

Ley de Comunicación e Información, que garantice plenamente los derechos a la comunicación e información y las libertades de expresión y conciencia que proclama la Constitución;

Ley Orgánica de Educación, que ponga las bases del cambio profundo de las estructuras educativas del país y apunte a asegurar 15 años de educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes;

Ley de Promoción del Empleo y Producción, que permita al país responder creativamente a los efectos de la crisis económica internacional, fortalezca la dolarización y abra oportunidades de trabajo e inclusión a amplios sectores sociales que hoy afrontan la dura realidad del desempleo y subempleo.

Derogatoria de la reforma penal que favorece a los delincuentes dictada por el Congresillo, salvando las normas que aseguran la oralidad penal, la protección de las víctimas de delitos sexuales, la fijación de indemnizaciones sin recurrir a juicios civiles, entre las fundamentales.

Ley reformatoria al Código Penal que tipifique nuevos delitos, ofrezca garantías a favor de las víctimas de la delincuencia, sancione ejemplarmente el asesinato de miembros de la fuerza pública y se constituya en un cuerpo normativo protector de la ciudadanía y no de la delincuencia.

Reforma constitucional que introduzca una auténtica y real “muerte cruzada” para evitar que la independencia del Parlamento sea socavada por la amenaza permanente de su disolución que elimina a la Asamblea y deja en funciones indefinidamente al Primer Mandatario.

FISCALIZACION

Desarrollo de una agenda de fiscalización que, de manera transparente, determine la legalidad y posibles perjuicios contra el Estado en temas como: asignación a dedo de miles de millones de dólares en obras públicas; incremento del gasto corriente; y, las denuncias en contra del hermano del Presidente de la República.

Fiscalización a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congresillo en materias como contratación de obras, servicios y adecuaciones; pago de “liquidaciones” a los ex asambleístas constituyentes; compra de teléfonos celulares y pago de uso de esos teléfonos a favor de los miembros del Congresillo; adquisición de vehículos y destrucción de uno de ellos; egresos en viajes internacionales y viáticos, entre otros.

Es importante que la transparencia de las actividades de cada asambleísta asegure una relación limpia y transparente, por esa razón dejo planteadas las bases de mi conducta en el desempeño de la representación de mis electores.
BASES PARA LA GESTION PARLAMENTARIA.

En la actual situación del país, es una tarea compleja difícil, pero estimulante el llevar una representación seria, digna y patriótica de los electores con el propósito de trabajar por una sociedad libre, justa, equitativa y democrática; de ser posible, con el consenso de los diversos sectores políticos y de la sociedad.

Por esa razón mi compromiso es participar en la próxima Asamblea buscando estrictamente el mayor bien para todos los ecuatorian@s, con independencia crítica frente a la acción del gobierno y de otros sectores parlamentarios, apoyando toda iniciativa que en mi más patriótico entender sea buena para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para los sectores desprotegidos.

Convencido de la importancia de la participación de la sociedad civil plantearé a ciudadanos patriotas, honestos y especializados en las distintas áreas de la acción pública, constituir un grupo de apoyo a mi participación en la legislatura, además que abriré por medios virtuales y tradicionales las oportunidades de contacto con la población para escuchar sus inquietudes y poder representar mejor sus intereses.

Mi compromiso Ideológico:

1. El Estado

Defenderé un Estado nacional soberano, democrático, que asegure la libertad y la dignidad de las personas, su desarrollo personal y colectivo, material y espiritual, con garantías para el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa; un Estado Social de Derechos, fundamentado en el poder ciudadano y en el reconocimiento de nuestra realidad multicultural y diversa; en la democracia como un sistema que asegura la participación política y que hace posible que la ciudadanía ejerza influencia y tome parte en las decisiones políticas. Aspiro a incidir fuertemente en la defensa de los principios de pluralidad, diversidad, equidad, tolerancia, libertad e igualdad.

2. La sociedad ecuatoriana

Es importante contribuir a la creación de un orden social justo, que asegure la libertad de conciencia, de cultos y expresión, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la igualdad de oportunidades y a la calidad de vida. Su antitesis es la intolerancia que debe combatirse en cualquiera de sus expresiones. Lucharé por ser parte de una Asamblea y una sociedad que garanticen la convivencia respetuosa y pacífica; la efectiva defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad; un desarrollo económico que permita un mínimo de bienestar para todas las personas, cuidando la conservación y mejoramiento del ambiente y que haga de la palabra la herramienta fundamental de la creación de una cultura de paz.

3. La organización territorial

Creo firmemente y como municipalista defenderé la descentralización y las autonomías, para la realización de un proyecto nacional integrador que asegure una mayor cohesión nacional y la articulación entre lo político, económico, social, urbano, ecológico y cultural.
Es indispensable defender la subsidiaridad como principio de buen gobierno, esto es la complementariedad y cooperación respetuosa de los distintos niveles de gestión para que exista un sistema armónico, sin conflictos de autoridad y con los pesos y contrapesos territoriales que evitan el centralismo y sus males.

4. La construcción de ciudadanía

No se debe confundir un Estado fuerte con un gobierno fuerte. El estado fuerte implica una ciudadanía formada, con conciencia política, actuante, informada y responsable. Por lo tanto propondré y apoyaré proyectos que aseguren la construcción de ciudadanía.

5. La Información

Los medios de comunicación son agentes activos en la construcción de la opinión pública y, por lo tanto de identidades, autoestima y sentido de pertenencia. En un mundo global que tiende a avasallar a las particularidades culturales, su papel en ese sentido debe ser reconocido. Es vital para el país la posibilidad de que las personas tengan acceso a medios plurales, laicos y democráticos y que éstos asuman su responsabilidad social, jurídica, educativa y política coherentes con el interés de la sociedad. Se debe velar por su democratización, regulación y vigilancia social así como por la visión objetiva, profesional y ética de los informadores. La ciudadanía debe participar y ejercer con responsabilidad el derecho a la información.

6. El sistema político

En la actualidad existe un déficit de política y de democracia que debe ser superado. Se debe trabajar desde la legislatura para recuperar las instituciones básicas del quehacer político, prestigiar a la participación en política y reivindicarla como la tarea de los mejor preparados, más justos y buenos ciudadanos. Hay que demostrar que la ética debe ser sustento de la política y que participar en la vida pública no implica inevitablemente corrupción e ineficacia. Contribuiré desde mi curul a entender la política como la expresión superior de la ciudadanía para manifestar ideas, para enarbolar propuestas y para construir un proyecto nacional viable.

7. El Desarrollo Económico

El desarrollo económico sólo tiene importancia en la medida que genera mejores y más justos niveles de vida para la población. No es un fin en si mismo, sino un medio para alcanzar equitativamente el bienestar físico y espiritual de las presentes y futuras generaciones. Para que el crecimiento se convierta en verdadero desarrollo económico y social es necesario un reparto justo y equitativo de la riqueza.

En este contexto, se debe defender una economía de mercado con diversas formas de propiedad y orientada por un gobierno democrático que garantice el interés público y la soberanía nacional, que funcione bien y haga frente a las ineficacias, ineficiencias y a la corrupción. El patrón de desarrollo debe caracterizarse fundamentarse en las capacidades productivas internas, buscando abatir los desequilibrios sectoriales y regionales, así como las desigualdades sociales.

El estado debe conducir la economía de mercado con responsabilidad social, y participación de los sectores público – privado para subsanar las fallas y desequilibrios estructurales del mercado.

En este sentido, el estado debe ser conductor, regulador y promotor de la economía hacia objetivos fundamentales del país como el pleno empleo, el crecimiento sostenido y sustentable, la distribución equitativa de la riqueza, la calidad de vida y la defensa de la soberanía.

Debe merecer atención primaria del estado, desarrollar equitativamente la infraestructura y la tecnología; la educación productiva y la organización del trabajo, el financiamiento y vinculación de los mercados, con una amplia participación de los diversos agentes económicos.

8. Compromiso ambiental

Es deber de la legislatura legislar para el cuidado, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente; estimular el desarrollo sostenible y sustentable que supone el resguardo de los recursos naturales y el mejoramiento del ambiente, así como el acceso equitativo a los recursos naturales, preservándoles para el aprovechamiento de las futuras generaciones. El compromiso ambiental debe nacer de la propia sociedad y ser política firme de las instituciones públicas y privadas. Todos los niveles de gobierno deben diseñar y ejecutar estrategias frente al cambio climático y el calentamiento global.

9. Seguridad Alimentaria

Es obligación del estado garantizar la seguridad alimentaria de la población como un derecho humano fundamental. Promover el derecho a la alimentación debe inscribirse como una prioridad de los ejes políticos, económicos y sociales de la nación. La seguridad alimentaria implica asegurar a toda la población una nutrición de calidad basada en el patrimonio cultural alimentario del país.

10. La calidad de vida

Hay que trabajar para que toda la población pueda gozar de una vida de calidad, con derecho al empleo digno, a la seguridad social y económica, a la educación, alimentación, salud, a la tierra, a la independencia, a la libertad, a la diferencia, a la justicia y al tiempo libre. Debe promoverse toda acción para acabar con las profundas, complejas y dolorosas desigualdades que marginan y obstaculizan el desarrollo del pueblo ecuatoriano.

11. Inclusión Social

El respeto a la diferencia es una actitud social de comprensión de los distintos. Respetar a las personas, implica ser tolerante con las ideas y las posiciones diferentes. Tolerar significa que cada persona acepte y se reconozca en el otro, para asumir el derecho a disentir como forma de convivencia, evitando la discriminación y exclusión. Las mujeres han irrumpido en todos los ámbitos de la vida pública conquistando espacios en la economía y el sistema de decisiones; las etnias emergen para hacer valer su cosmovisión y sus representaciones tradicionales e integrarse al concurso nacional; las personas con capacidades diferentes, las de la tercera edad, los niños, adolescentes y jóvenes, entre otros sectores, al hacer valer sus derechos han mejorado la vida del conjunto de la sociedad y merecen todo el apoyo político de la legislatura.

12 La Educación

Su objeto debe ser dotar a las personas de herramientas para mejorar su calidad de vida, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades; implica la incorporación de saberes múltiples, significa aprehenderse, aprender a desaprender y volver a aprender, entender la complejidad de la realidad como un todo interdependiente y no fragmentado; debe ser praxis, reflexión crítica y acción sobre el mundo para transformarlo; la formación de una ciudadanía responsable, informada y comprometida, con capacidades para formarse una opinión propia cimentada y flexible, comprender y aceptar la diversidad social en todas sus facetas, para encontrar nuevas formas de relación entre las personas y con la naturaleza. La educación pública, como principal obligación del estado, debe ser universal, laica y gratuita.

13. Ciencia y Tecnología

Debe ser tarea principal y prioritaria del estado. Ecuador requiere de manera urgente, fortalecer y acrecentar su capacidad científica y tecnológica, dando atención al fomento, a la vocación hacia la ciencia y la tecnología, desde la más tierna edad de la población y como una práctica de vida. En la sociedad del conocimiento la peor forma de dependencia es la que se deriva del atraso tecnológico. Se debe estimular la investigación en el sistema educativo, especialmente en el nivel superior, en la comunidad para que sea innovadora y en todas las instituciones no importa cuales sean sus fines.

14. La Cultura

La política cultural debe ser un eje fundamental para el desarrollo del país y la legislatura debe apoyar intensamente los esfuerzos para preservar y fortalecer el mosaico diverso y plural, rural y urbano, que refuerza nuestras identidades, nuestra autoestima como pueblo y nuestro sentido de pertenencia. La cultura debe aportar al esfuerzo de remontar atavismos y transitar hacia una convivencia libre, respetuosa, ajena al sexismo y discriminación que permita potenciar todas las capacidades creativas de cada integrante de la población ecuatoriana como parte de la civilización mundial.
La legislatura debe comprometerse con el rescate, preservación y promoción todas las manifestaciones artísticas de la nación, así como su integración al crisol universal, respetando la rica pluralidad y diversidad de las manifestaciones estéticas que son parte de nuestra cultura.

15. La Salud

Gozar de salud significa la posibilidad de acceder a un estado de vida que incorpore el bienestar de las personas, el placer y la autodeterminación sobre el propio cuerpo, considerando las especificidades de género y edad. Significa una debida alimentación y calidad de vida, disponibilidad de recursos necesarios para la prevención, así como acceso a una atención digna en los casos de enfermedad, los procesos reproductivos y el lecho de muerte. Es deber prioritario del estado asegurar a todos los ecuatorianos la protección en salud y una atención de calidad y calidez.

16. La Seguridad Social

La seguridad social es un derecho inalienable de toda persona y es parte esencial de la política social del Estado y su responsabilidad fundamental indelegable. Debe superar los conceptos asistencialistas y la voluntariedad y fundamentarse en los principios de equidad, solidaridad, integralidad, subsidiariedad, universalidad y respeto a la diversidad. Las instituciones de seguridad social del Estado no pueden regirse por criterios individualistas, mercantilistas, privatizadores y eficientistas.
El Estado deberá impulsar políticas y acciones tendientes a garantizar a todas las personas un nivel básico de vida de calidad en materia de salud individual y pública, pensiones y jubilaciones, y de fondos compensatorios para grupos vulnerables.

17. Política Internacional

El estado debe defender los principios fundamentales del derecho internacional público, el multilateralismo, la libertad, la justicia y la paz construidas sobre la base del reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Es imperativo diversificar y acrecentar las relaciones de intercambio y cooperación con el mundo, como mecanismo para asegurar el flujo adecuado de los factores tecnológicos y financieros, así como del conocimiento y la cultura, favoreciendo un desarrollo interno que haga posible ocupar un mejor lugar en la economía global.
Debe existir una participación activa del Ecuador en la vida internacional promoviendo nuevas reglas donde prevalezca la justicia, la corresponsabilidad, el respeto a las diferencias y la equidad, como fundamentos de un nuevo orden internacional; se debe procurar la concertación de un nuevo concepto pragmático de integración andina y sudamericana con mecanismos compensatorios para el financiamiento de los cambios en los factores estructurales de los países de menor desarrollo relativo

Seguridad Nacional

La seguridad nacional, debe concebirse como el conjunto de leyes, políticas, estrategias y acciones tendientes a restaurar y preservar las condiciones políticas, económicas, sociales, naturales, tecnológicas y culturales que garanticen la viabilidad orgánica del Estado y el ejercicio de la soberanía por toda la colectividad, a fin de poder cumplir con los objetivos del desarrollo nacional.
La seguridad nacional implica el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la seguridad de todas las naciones, y una cooperación internacional que garantice la seguridad global. Ello significa que la seguridad nacional no es solamente estatal ni es primariamente militar, ni debe confundirse con defensa o protección; por el contrario, incluye prioritariamente la garantía de los derechos individuales y la promoción del desarrollo económico y social, por lo que es derecho y responsabilidad de los y las ciudadanas.

Alianza

2009-12-16T11:25:00.000-08:00

Publicado en Diario El Comercio

Martes, 25 de Agosto de 2009 15:01

Libertad es un nuevo grupo de cinco asambleístasLos asambleístas Paco Moncayo, Marco Murillo, Tomás Zevallos, Rafael Dávila y Edwin Vaca se constituyeron ayer en un grupo legislativo, denominado Alianza Libertad.

Paco Moncayo dijo en rueda de prensa que no quieren ser parte de una Asamblea que reedite los viejos males de los congresos del pasado.

Aseguró que este grupo de asambleístas no pide absolutamente nada ni se conformará como bloque, pues "lo que nos mueve es ser libres en la Asamblea, apoyando todo lo positivo, libres para disentir, oponerse y, sobre todo, para fiscalizar.

Murillo, del Movimiento Amauta, afirmó que se suma a este grupo para decirle al país que no están atados a nada ni a nadie ni a mayorías ni a minorías, sino exclusivamente
sobre puntos de trabajo específico.

Vaca aseguró que este grupo de legisladores apoyará todo lo positivo y rechazará lo negativo para el interés nacional y particularmente para las provincias a las que representan.

También indicó que el discurso de posesión del presidente Rafael Correa no se ajustó a la normativa constitucional que le obligaba a presentar ante la Asamblea los lineamientos fundamentales de las políticas de acción que desarrollará en el ejercicio de su mandato.

Dávila manifestó que el Movimiento Conciencia Ciudadana, de la provincia de Loja, decidió sumarse y actuar con absoluta libertad apoyando tesis positivas y rechazando aquellas que afecten a la sociedad.

http://www.elcomercio.com/

Confianza y Seguridad

2009-12-16T11:23:00.000-08:00

Publicado en Diario Hoy

Miercoles, 26 de agosto del 2009

En anterior artículo, se propuso que se estaba configurando un escenario de guerra fría en la región andina. Sin embargo, conviene destacarse que, en la época de la bipolaridad geopolítica y de la guerra fría entre los sistemas marxista leninista y occidental, no se retiraron los embajadores de las dos potencias y, por el contrario, se instaló una línea directa -el teléfono rojo- para evitar el desencadenamiento de una confrontación provocada por errores de comunicación o fallas tecnológicas de los sistemas de alerta temprana, y que, en los peores momentos del conflicto, primó la prudencia y autorregulación por parte de los mandatarios soviético y norteamericano.

En la guerra ecuatoriano-peruana de 1995, los dos Gobiernos tuvieron también la prudencia y el acierto de no retirar sus embajadores, lo cual facilitó el avance de las negociaciones y los acuerdos de Itamaraty y Montevideo que detuvieron las operaciones militares y dieron paso a las negociaciones de la paz.

En Santiago, Chile, se negoció un documento de la mayor importancia: el Acuerdo de Constitución de la Comisión Binacional Ecuatoriano-Peruana sobre medidas de confianza mutua y seguridad, que se firmó posteriormente en Brasilia como parte de los Tratados de Paz. El escenario de confrontaciones que lastimosamente esta viviendo nuestra región, caracterizado por una peligrosa escalada armamentista, por agresivas operaciones psicológicas, por nuevos episodios de desestabilización de Gobiernos elegidos democráticamente, por denuncias dentro de nuestro propio país de conspiraciones desestabilizadoras y de creación de comités populares para defender la revolución ciudadana, hace necesario un sistema y procedimientos de prevención que eviten la escalada de violencia que lamentamos y condenamos. La doctrina universal, para evitar el mal atroz de la guerra y administrar los conflictos en el marco del derecho internacional, es preventiva y es la antípoda de la doctrina de "guerra preventiva" puesta en práctica por el anterior mandatario estadounidense y asumida, aparentemente, por el actual presidente de nuestra entrañablemente hermana nación colombiana. Este tipo de acuerdos no son nuevos en nuestra región y, como consta en el citado documento, tiene antecedentes en las declaraciones emanadas de las Conferencias Regionales de Santiago y San Salvador sobre estas materias.

Encontrándose la novísima Unasur en vísperas de su reunión en de Bariloche, el Gobierno ecuatoriano debería, como una demostración más de su espíritu de paz y concordia y dando cumplimiento a las normas constitucionales vigentes que privilegian la integración andina y latinoamericana, proponer un trato para la firma de un convenio sobre medidas de confianza mutua y seguridad, que sería un aporte a las políticas comunes que en este campo deben asumirse para bien del desarrollo de los pueblos, hoy amenazado por los "vientos de guerra" que estremecen la conciencia de la patria común proclamada por Bolívar.

*Ex alcalde de Quito, invitado de HOY

¿Guerra fría regional? Imprimir Martes, 25 de Agosto de 2009 15:15

2009-12-16T11:16:00.000-08:00

Por Paco Moncayo Gallegos*

Impreso en Diario Hoy

Impreso Martes 25 de Agosto, 2009

Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se vieron confrontados en lucha por el poder y la hegemonía derivados de intereses geopolíticos y de dos ideologías excluyentes: el capitalismo y el marxismo-leninismo. El mundo entero se dividió en dos áreas de influencia claramente marcadas. Las posiciones tercermundistas o no alineadas no pudieron extraerse de la confrontación bipolar.

La existencia de dos alianzas estratégicas con capacidad nuclear condujo a modificaciones sustanciales en las formas de enfrentamiento. Se desarrolló toda una teoría sobre las guerras de alta, media y baja intensidad en el escenario global de una guerra distinta, calificada como fría, cuyo eje central fueron las operaciones psicológicas. América Latina fue uno de los escenarios de esa "guerra fría" y soportó conflictos internos urbanis y rurales que para la región fueron siempre de alta intensidad. Nuestros países aportaron con el escenario y los muertos, para el logro de los objetivos trazados por los estrategas de las grandes potencias. La primera víctima de la confrontación fue la población que sufrió las terribles consecuencias; otra fue la integración latinoamericana. No se concebía la convivencia en paz entre países con distintos sistemas y, en el interior de los mismos, instituciones fundamentales de la democracia fueron brutalmente demolidas con el pretexto de la lucha de clases o a la defensa de la sacrosanta civilización "cristiana y occidental". La certeza de la destrucción mutua asegurada (MAD, esto es locura, por sus iniciales en el idioma inglés) obligó a aceptar la convivencia pacífica de los dos sistemas. He intentado este recordatorio porque, en la actualidad, se está reeditando en el escenario andino una forma de guerra fría entre países cuyos Gobiernos orientan sus políticas públicas, con fervor misionero, unos en la economía de mercado y el Estado liberal; otros en el difuso socialismo del siglo XXI. Las víctimas son, una vez más, los pueblos de estos países y la incipiente integración andina que ha transitado una dolorosa historia de fracasos. La diferencia está ahora en que la guerra fría sirve a los mandatarios para mantener altos niveles de popularidad, usando como siempre asuntos tan delicados para fines de política interna.

Hay que poner fin a esta actitud demencial. La sociedad civil de los países involucrados, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gremiales, los gobiernos locales, la población en su conjunto deben llevar a cabo una campaña de sensatez y sosiego a favor de la paz, convivencia pacífica, el respeto a Gobiernos de otra orientación política. ¡Nada de guerras frías ni peor calientes en nuestra América Latina!

*Ex Alcalde de Quito, asambleísta

Pisquito

2009-12-14T15:02:00.000-08:00

Pisquito

Domingo, 04 de Octubre de 2009 11:00

Los gobiernos locales decidieron en el año 2005 conformar una organización de alcance mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de cuya presidencia colectiva, compuesta por tres alcaldes en los tres primeros años y por cinco alcaldes en el segundo período tuve el honor de ser parte. Uno de los temas que concitó la mayor atención por parte de los miembros fue la forma de cooperación solidaria que se podía realizar de manera horizontal entre los gobiernos locales, para enfrentar desastres. La forma de operar, de una manera simplificad consiste en que cada ciudad pueda apoyar con medios técnicos, logísticos o financieros a otra que por su tamaño y población reciba una apoyo sustancial de la ciudad solidaria. Cuando se produjo el terremoto en la hermana República del Perú, en el año 2007, los quiteños actuamos con la mayor diligencia para procurar llevar algún alivio a nuestros hermanos en desgracia y aplicamos la práctica que habíamos diseñado en la organización mundial. Los resultados de la participación quiteña sobrepasaron todo lo imaginable. La generosidad del noble pueblo peruano en la expresión de su gratitud hizo que lo realizado por Quito sea retribuido con creces y de las más distintas formas por los hermanos de Santa Cruz de Flores y por el propio gobierno del Perú. El mensaje del apreciado y cordial amigo embajador Vicente Rojas en el mensaje que transcribo explica de mejor manera esta experiencia que he tratado de explicar.

“El 15 de agosto de 2007, cuando la fuerza de la naturaleza se ensañó nuevamente con nuestro querido Perú, especialmente con Pisco y también con Santa Cruz de Flores, la solidaridad del pueblo hermano de Ecuador y de su Gobierno no se hizo esperar. Se movilizó el Gobierno del Presidente Rafael Correa, con la participación directa de la entonces Canciller, María Fernanda Espinoza. Se movilizaron diversas instituciones, empresas y ciudadanos anónimos que aportaron aproximadamente 300 toneladas en donaciones que incluían alimentos, medicinas, ropa, agua, entre otros, que ayudaron a mitigar el dolor y el sufrimiento de sus hermanos en el Perú.

Para el suscrito fue algo extraordinario y emocionante el verificar que, luego de averiguar dónde estaba ubicado mi domicilio, muchos hermanos ecuatorianos me hacían entrega de una botella de aceite, de un kilo de arroz o de azúcar, cuando no de una camisa o un par zapatos propios para sus hermanos peruanos que hacían frente a una nueva tragedia generada por la naturaleza.

Revisando la historia he podido encontrar que estas reacciones, siendo extraordinarias no son excepcionales, sino que han estado siempre presente en el alma de nuestros pueblos. Así, por señalar solamente una experiencia, en el terrible terremoto de 1949, que prácticamente destruyó Ambato, el Perú fue el primer país en hacerse presente con su apoyo solidario.

Y es en medio de estas circunstancias de dolor que afectan recurrentemente a nuestros pueblos que quiero destacar una experiencia excepcional para el suscrito:
Apenas ocurrida la tragedia del 15 de agosto de 2007, recibí una llamada telefónica del General Paco Moncayo, entonces Alcalde Metroplitano de Quito, indicándome que era su deseo visitarme en la sede de la Embajada del Perú. Por cierto que mi respuesta inmediata fue que lo esperaba con mucho gusto.

Al arribar me dijo: " Embajador y amigo: Quiero expresarle mi solidaridad frente a la tragedia que sufre el pueblo hermano del Perú. Quiero también hacerle entrega de un cheque por 130,000 dólares, producto de un día de trabajo que donan los trabajadores del Municipio de Quito y la contribución de nuestras empresas municipales". A renglón seguido, me indicó que le "encantaría que estos recursos fueran a un pueblito pequeño al que le pudieran servir de algo". En su generosidad y sencillez lo que me quería indicar fue que el monto era pequeño. Y vaya que no lo era!.
Inmediatamente me puse en contacto con el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José Antonio García Belaunde, quien conversó con el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Jorge del Castillo, para, en atención a lo solicitado por el General Paco Moncayo, definir a cuál de los pueblitos afectados irían los recursos donados por el Municipio de Quito. Pronto me enteré que el destinatario final era el distrito de Santa Cruz de Flores. Todo lo demás lo conocen ustedes mejor que nadie!.

Es así como entro en contacto con su dinámico e inteligente Alcalde, don César Cama, a quien hago llegar mi felicitación y agradecimiento por la labor que desempeña al frente de Santa Cruz de Flores, distrito pujante y de fe, que espero conocer pronto.

En otro acto visionario, que lee el alma de nuestros pueblos, el General Paco Moncayo tuvo también el acierto de donar a Santa Cruz de Flores la imagen de la Virgen de Quito, Patrona de Quito y ahora Patrona de Santa Cruz de Flores, bajo cuyo manto protector continuarán desarrollando su extraordinaria labor los miembros de la Asociación de Damnificados del Terremoto del 15 de agosto de 2007, las autoridades y los ciudadanos de Santa Cruz de Flores.

Gracias también , señor Alcalde, por haber hecho realidad mi sugerencia de producir el "Pisquito", como una manera de dejar plasmada nuestra gratitud hacia Quito.

Igualmente quiero agradecer la presencia en esta ceremonia de mi distinguido amigo el Embajador Diego Rivadeneira, quien encarna certeramente ese sentimiento y actitud de solidaridad del noble pueblo ecuatoriano.
Estos son los nuevos tiempos de paz, hermandad y solidaridad que viven los pueblos de Perú y Ecuador.
Viva el Perú!. Viva el Ecuador!.

Afectuosamente,
Vicente Rojas Escalante
Embajador del Perú en Ecuador.

Opinión: Ley de Educación Superior

2009-12-14T14:38:00.000-08:00

Ley de educación superior:

Todos Estamos concientes de la importancia de la ley que vamos a tratar.
El Dr. Gustavo Vega afirmó en su importante intervención que está en nuestras manos el futuro de la educación superior.

Estamos conscientes de la fuerza de verdad de las frases del gran maestro y rector Alfredo Pérez Guerrero que “A donde vaya la universidad irá la patria”.

Si queremos que la patria ecuatoriana sea una sociedad justa, incluyente, solidaria, sin explotación, gobernable, democrática, competitiva, en capacidad de enfrentar los retos de una época de cambios constantes y dramáticos, entonces necesitamos una universidad que lo haga posible.

Necesitamos una universidad para el siglo XXI, que sea mejor, que mejore cada día.

La universidad ecuatoriana reclama esos cambios, no se opone a ellos. Lo que reclama es la dirección que se le quiere dar a los cambios.

Los cambios tienen que encontrar el camino correcto para tener una universidad más libre más democrática, más autónoma.

Así como los males de la democracia solo se curan con más democracia, del mismo modo LOS MALES DE LA UNIVERSIDAD SOLAMENTE PODRAN CURARSE CON MAS DEMOCRACIA, MAS LIBERTAD, CON MAS AUTONOMIA.

La autonomía es la esencia de la comunidad universitaria. SIN AUTONOMIA, EN SENTIDO ESTRICTO NO HAY UNIVERSIDAD. –eso es lo que reclama la universidad pública y la particular; los docentes y los estudiantes, los empleados y obreros y lo que reclamamos todos los ecuatorianos.

Tenemos una buena constitución que nos da el marco adecuado para que la universidad tenga una buena ley. No traicionemos el espíritu y el texto de la Constitución que aprobó el pueblo por decisión absolutamente mayoritaria.

El artículo 355 manda que El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Autonomía académica

En el Art. 29 El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior,

Autonomía orgánica
Artículo 350

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

En el artículo 14 Los integrantes del sistema:

Universidades y Escuelas politécnicas

Institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y, los observatorios superiores de música y artes.

Un sistema es un conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso.

Un sistema es un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a determinado objeto

Excluir del sistema y colocarlos en un artículo a parte, en el 15 al Consejo de Educación Superior y al Consejo Nacional de acreditaión, y en el 16 a la Asamblea del Sistema de Educación Superior, al Comité Consultivo de Promoción de Investigaciones técnicas y científicas y los Comités Regionales Consultivos de Planificación. Esta pretención del Proyecto podría implicar que la autonomía se refiere con exclusividad a las universidades, escuelas politécnicas, y otras instituciones de nivel superior. En mi concepto la autonomía se refiere al sistema como el conjunto de institucioines, políticas, regulaciones, que interactúan, que son interdependientes y a través de las cuales se logran los fines de la educación superior.

Artículo 351El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de desarrollo la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva

Debe cosiderarse el alcance del texto del presente artículo. ARTICULADO que no significa sometido y la constitución dispone que se creen mecanismos de coordinación con la función ejecutiva. Tal como está el proyecto de ley crea una secretaría no de coordinación sino de gobierno. Un Ministerio que bien podría crearlo el Presidente, pero no como parte del sistema que solamente prevé dos instituciones rectora la una y acreditadora la otra, conforme al artículo que analizo a continuación.

Artículo 353

El sistema de educación superior se regirá por

un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por (EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR).

un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación. EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIO SUPERIOR.

Como puede observarse es solamente para el segundo que rige la prohibición de que se conforme por representantes de las instituciones. Entonces, porque negarle a la Universidad que este representada por sus máximas autoridades o por quienes la comunidad universitaria quiera que los represente en ejercicio de su autonomía.

Los artículos que afectan a la autonomía universitaria son los que analizo a continuación:

DE LOS ORGANISMOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sección Primera

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 169.- Consejo de Educación Superior.-

El Consejo de Educación Superior funcionará en coordinación con el Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.

Art. 170.- Integración del Consejo de Educación Superior.- El Consejo de Educación Superior estará integrado por los siguientes miembros:

a) Cuatro representantes del Ejecutivo que serán: el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e innovación, quien lo presidirá, el Secretario Técnico del Sistema Nacional de Planificación o su delegado con rango de Viceministro, el Ministro que dirija el Sistema Educativo Nacional o su delegado con rango de Viceministro, el Ministro que dirija la Política de Producción o su delegado con rango de Viceministro.

b) Seis Académicos; tres del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, dos del sector de las Universidades y Escuelas Politécnicas Particulares y Cofinanciadas, uno del sector de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes.

c) Uno del sector de estudiantes que participará en las sesiones con voz.

La pregunta es ¿porque los representantes de la comunidad de la educación superior son sometidos a exigencias que no se dispone para los representantes del ejecutivo?

¿Porqué estamos creando una autoridad suprema del sistema a cargo del representante del Presidente?

¿No estamos reeditando el mismo criterio del que algunos asambleístas llamaron el Dios de las aguas en el debate del día Martes?

CAPITULO III

DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON LA

FUNCIÓN EJECUTIVA

Art. 186.- De la Coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva.- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el ente de la Función Ejecutiva que ejerce la rectoría de las políticas públicas del sistema de educación superior.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, coordinará con los organismos públicos que rigen el sistema previstos en la Constitución.

Art.- 187.- Del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, será designado por el Presidente de la República. Dirigirá la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que contará con el personal necesario para su funcionamiento.

Art. 188.- Funciones de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación, ejercerá la rectoría de las políticas públicas en el campo de la educación superior y expedirá los reglamentos, acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión, para el efecto tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a) Emitir en base a la planificación del Consejo de Educación Superior las políticas generales de desarrollo y proyecciones del sistema de educación superior, lo que deberá incluir, entre otros aspectos: la formación académica y profesional, la investigación científica y tecnológica, la vinculación con la sociedad y la colaboración académica nacional e internacional;

k) Aprobar aquellas carreras y programas considerados de interés público en base al Plan Nacional de Desarrollo;

m) Aprobar los estatutos de las federaciones y. asociaciones nacionales de profesores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores universitarios y politécnicos del Ecuador y sus reformas;

o) Elaborar los siguientes reglamentos y comunicarlos al Consejo de Educación Superior para su consideración:

1) De creación, intervención, suspensión y solicitud de derogatoria de ley, decreto, convenio o acuerdo de creación de universidades y escuelas politécnicas;

2) De creación y extinción de los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y conservatorios superiores de música y artes;

3) De régimen académico y títulos, y de régimen de posgrado;

4) De las modalidades de educación virtual, en línea, semipresencial, a distancia y similares;

5) Del sistema de carrera del profesor e investigador;

6) Del Sistema de Evaluación Estudiantil;

7) De criterios generales y porcentajes para la distribución de recursos para las instituciones de educación superior públicas y particulares que reciben rentas del Estado.

p) Elaborar su Estatuto Orgánico y presupuesto anual;

q) Presentar informe anual sobre su gestión; y,

r) Elaborar y aprobar los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de su función.

Desde cuando coordinar es regir, administrar, disponer, mandar, ser rector del sistema? Es una norma realmente inconstitucional, inconveniente y peligrosa. Hay que suprimir esa Secretaría. Si el Ejecutivo desea crear un Ministerio, puede hacerlo, pero no como parte del sistema de educación superior.

Art. 177.- Integración del Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.- El Consejo Nacional de Acreditación y

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior tendrá un Directorio que contará con la asesoría de un Comité Asesor.

El Directorio estará integrado por los siguientes miembros:

a) Tres miembros designados por el Presidente de la República, uno de los cuales

presidirá el organismo; y

b) Dos miembros elegidos por el Comité Asesor entre sus integrantes.

Presidir las sesiones del Directorio del Consejo;

¿Cómo puede ser juez imparcial y no instrumento de presiones y retaliaciones un organismo político en el que se encuentra en mayoría el gobierno? Dios no quiera ni el pueblo lo permita que con esta ley llegue al poder la extrema derecha.

Una autonomía financiera

26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado;

Artículo 356 La educación superior de tercer nivel será gratuita; esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.

Artículo 298

Habrá una preasignación destinada a la educación superior, cuyas transferencias serán predecibles y automáticas.

Art. 20.- Patrimonio de las instituciones del sistema de educación superior.- En ejercicio de la autonomía responsable, el patrimonio de las instituciones del sistema de educación superior estará constituido por:

c) Las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO), las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; y los que corresponde a la gratuidad

Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión, desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio económico, obligatoriamente se incorporarán al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. PARA PAGAR PROFESORES ESPECIALMENTE EN LAS MAESTRIAS.

Art. 36.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e innovación.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán acceder adicionalmente a los recursos públicos de la preasignación para investigación ciencia, tecnología e innovación establecida en la ley correspondiente.

Finalmente, si no hay autonomía financiera simplemente no hay autonomía. La Universidad va a tener exigencias superiores derivadas de la gratuidad y de la educación permanente, si no se le dan los recursos suficientes, no podrá cumplir sus altas misiones.

Está en nuestras manos; en las manos de la Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía del pueblo ecuatoriano, corregir el articulado evidentemente inconstitucional del proyecto, abrir democráticamente un amplio diálogo con la comunidad conforme a lo que manda la constitución al regular la participación directa de la sociedad en la formulación de las políticas públicas. constitucionales