http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980632
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
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1/08/2010
Caso aeropuerto levanta polvareda
El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.
El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
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Carta de Apoyo al Gnral. Paco Moncayo
Señor General
Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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1/07/2010
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326954&id_seccion=11
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
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El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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Aeropuerto en riesgo
Aeropuerto en riesgo
Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980426
Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
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Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
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Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
Jueves 07 de Enero de 2010. Jueves 07 de enero del 2010 País
Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
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Moncayo dice que es perseguido por Fiscal
QUITO
El dictamen acusatorio que involucra a los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo y Andrés Vallejo, en el supuesto delito de peculado atenuado enfrenta a los encausados con el fiscal general, Washington Pesántez.
La pugna se desató la noche del pasado martes luego de que se conoció el dictamen que acusó, además, al ex procurador síndico municipal Carlos Jaramillo de entregar ilegalmente la garantía del Municipio de Quito a una empresa canadiense para la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela.
Indignado, Moncayo afirmó que irá a la cárcel “para que se confirme la más grande ignominia” y acusó a Pesántez de persecución política.
Incluso, dijo, recibió llamadas de la Fiscalía de Pichincha en la que le alertaron que Pesántez presionó al fiscal Marco Freire para que emita esa resolución.
No obstante, Freire defendió a Pesántez y rechazó las afirmaciones de Moncayo al señalar que sus actuaciones fueron absolutamente independientes.
Mediante un comunicado, el presidente de la concesionaria Quiport, Philippe Baril, consideró que el dictamen “es una grave amenaza para la conclusión de la renegociación del contrato” de construcción.
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
El alcalde Augusto Barrera acusa a los bancos de presión por el aeropuerto
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
Fiscal de Pichincha defiende dictamen
El Fiscal de Pichincha acusó el martes, por presunto delito de peculado, a los ex alcaldes de Quito Paco Moncayo y Andrés Vallejo.
http://www.expreso.ec/ediciones/2010/01/07/nacional/actualidad/fiscal-de-pichincha-defiende-dictamen/
El dictamen acusatorio emitido por la Fiscalía de Pichincha contra los ex alcaldes de Quito, Paco Moncayo (actual asambleísta) y Andrés Vallejo, y del ex concejal y ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, en calidad de autores del presunto delito de peculado, fue defendido por el fiscal Marco Freire.
El funcionario defendió el análisis de más de cien cuerpos, por más de siete meses, sobre el presunto delito de peculado por el otorgamiento de una garantía municipal a la concesionaria Quiport y a la Canadian Comercial Corporation (CCC).
En cuanto al proceso investigativo puso énfasis en que uno de los elementos que se tomaron en cuenta fue un informe de la Contraloría que sugería no otorgar la garantía: “se entiende que es por toda la obra. Si es que por cualquier motivo la obra fracasa, presumimos que el Municipio dio esa garantía para proteger toda la inversión de las firmas que construyen el nuevo aeropuerto”.
Frente a las acusaciones, el general Paco Moncayo denunció notablemente molesto que ya conocía de esta decisión y aseguró que es un acto de persecución política de parte del fiscal general, Washington Pesántez.
“Yo recibí varias llamadas de la Fiscalía de Pichincha, diciéndome que este monstruo, este ser despreciable (Pesántez), estaba presionando al Fiscal de Pichincha para que emita esta resolución”.
También se mostró sorprendido porque el dictamen solamente los sindica a él y a Andrés Vallejo y no a los demás concejales que firmaron.
“Es un acto político para dañar la imagen, porque me temen políticamente y, claro, como el actual Alcalde (Augusto Barrera) es lacayo del Gobierno, para salvarlo, no tocan a ninguno de los otros concejales, como si firmaron engañados por mí”. Sobre estas declaraciones el fiscal Marco Freire aclaró que él jamás habló con Paco Moncayo ni con Andrés Vallejo y “peor con los señores de Quiport y de Corpaq. Con ellos no he tenido ningún contacto y con ninguno de los imputados, de tal suerte que son falsas las declaraciones en este sentido”, manifestó.
Augusto Barrera, actual alcalde Quito, por su parte, denunció que los “señores de los bancos” han condicionado a que la Asamblea dicte una ley que le dé propiedad del aeropuerto al municipio, además de que el Contralor deje de emitir informes y que el Fiscal no acuse a nadie. “Eso ni en un imperio. En un estado de Derecho cada función tiene su autonomía... Lamento mucho, pero no puedo en un estado de Derecho, como Alcalde, comprometerme a lo que va a hacer la Fiscalía o la Contraloría”.
Sin embargo, el alcalde Barrera no podrá evitar los trámites judiciales. El fiscal Marco Freire también acusó de cómplices a Luis Pérez, Diego Pachel y Barry Morocho, pero absolvió al actual alcalde y a varios de sus ex colegas del anterior concejo municipal.
Moncayo pide que le digan a qué cárcel tiene que ir
“Que me diga de una vez a qué cárcel tengo que ir, yo estoy aquí y siempre daré la cara, no me asustan y no voy a pagar abogados, porque no les voy a quitar a mis hijos la plata de sus estudios o de su comida”, afirmó ayer Paco Moncayo.
El ex vicealcalde Gonzalo Ortiz, por su parte, aseguró que “es raro que no se nos llame también a los concejales que firmamos, se nota que es una persecución”. “Además, hay la posibilidad de que se juzgue también a Quiport como cómplice del supuesto ilícito y se detenga la construcción definitivamente, porque una de las condiciones de la renegociación, que va por buen camino, es que no haya implicaciones legales para los actores”.
El ex alcalde y ex general Paco Moncayo fue enfático al señalar que seguirá acciones legales contra el fiscal Pesántez. “Lo voy a perseguir jurídicamente, nacional e internacionalmente. Yo tengo mi honra y no se puede dañar”, concluyó.
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