12/24/2009

Intervención en la Asamblea Nacional sobre Ley de Comunicación

Distinguidos y distinguidas asambleístas:

Nuestro país inició en este año las celebraciones de la Revolución quiteña que abrió los causes de la rebeldía hispano americana para romper los vínculos coloniales.

En estas circunstancias, la Asamblea Nacional inicia los debates sobre la Ley de Comunicación, y lo hace con la garantía del consenso alcanzado por la casi totalidad de los partidos y movimientos políticos, en ella representados, para darle al país una ley que garantice los derechos que en esta materia hemos alcanzado los ecuatorianos como fruto de la lucha de tantas generaciones.

Por esta razón, deseo, más que referirme al articulado del Proyecto de Ley, lo que ya he realizado en más de una ocasión, traer a la memoria de esta representación de la soberanía popular, el recuerdo de las luchas de los próceres de nuestra independencia, en defensa del derecho a la libertad.

Hace doscientos años, José Mejía Lequerica, uno de los más destacados diputados de las Cortes de Cádiz, luchó de forma denodada en un entorno oscurantista y retrogrado, por la libertad de imprenta, que en términos actuales sería la libertad de expresión y comunicación.

En sus exposiciones, advertía Mejía, como lo hemos hecho los legisladores en estos días, del peligro de poner en manos de tribunales administrativos la capacidad de sancionar con suspensión o clausura a los medios. Decía: “ Sujetar a un autor a que no imprima sus libros sin que los censuren primero y los censuren con intervención y orden de los mismos jueces, que pueden detener las obras que estimen o afectan estimar por malas, jueces que a los que se declaren autores de ellas han de castigar ellos mismos con las más formidables e infamatorias penas, esto es y será siempre sujetar las ideas y los deseos , las fatigas y la propiedad, el honor y la vida de los desdichados autores al terriblemente voluntarioso capricho de los censores, es decir, al irresistible capricho de unos hombres que, teniendo ya por sí mismos todas las pasiones , todas las fragilidades, toda la ignorancia de cualquier hombre, están además subyugados por todos los errores, todos los intereses y todos los resentimientos, están armados con todo el poderío, toda la impunidad de las autoridades que les confían la vara de hierro de la censura, con el intento y la persuasión de que la sacudirán en pro y a placer de ellas mismas.”

Gracias a los esfuerzos denodados de los “reformistas”, frente a los “Serviles” como se conocía a liberales y monárquicos en esos días, las Cortes de Cádiz, mediante decreto del 10 de noviembre de 1810, reconocieron por primera vez la libertad de imprenta. Esta ley permitió la edición de un número importante de publicaciones, muchas de ellas críticas al Rey. A la Monarquía y a la Iglesia, por lo que la Junta de Regencia consultó a la Asamblea si, en virtud del Reglamento del Poder Ejecutivo, podía tomar providencia sobre los autores de papeles sediciosos, sin la formalidad de la intervención del Poder Judicial, a lo que Mejía se refirió en los siguientes términos:

¿No es ya para los españoles una ley y de las más precisas y trascendentales, la de libertad de imprenta? ¿Y quien no ve que ésta iría por tierra si antes de censurarse un papel y practicarse las demás salvaguardias de éste tan santo como de los tiranos detestado derecho, desde luego procediese el Gobierno a la prisión de un autor? ¿Podría éste esperar una censura imparcial, un dictamen franco, después de que la terrible mano del Poder Ejecutivo de la Monarquía hubiese tapado la boca y comprimido el aliento de tres literatos sin jurisdicción, que se llaman censores?

En estos meses la Asamblea ha tramitado proyectos de ley llegados desde el Ejecutivo, en los que se propone crear estructuras ministeriales verticales y autoritarias en todos los campos: los recursos hídricos, la educación general y superior, la cultura, la educación física poniendo así en manos de ministerios burocráticos y dóciles capacidades administrativas que seguramente darán lugar a abusos de autoridad y excesos. Mejía lo advertía:

Serán los Ministros que, creyéndose identificados con el Gobierno y a los que le administran con el Estado, se encandecen y apellidan “alarma, al sedicioso al traidor, luego que leen el más leve reparo sobre sus acciones o de la del último de sus porteros? ¡Pobre pueblo español si no hubiese de gozar de más libertad civil que la que se dignasen dejarle las deidades ministeriales!

Y, con admoniciones válidas para el momento que vive nuestro país, advierte sobre los excesos en el ejercicio del poder y en las relaciones de éste con los medios: Para velar sobre la seguridad del Estado, y aún para lograr el villano placer de perder a un hombre que mortifique o haya irritado a los agentes del gobierno, ¿Qué necesidad hay de echar a los calabozos a un miserable escritor, sin esperar que lo amarre la mano de la censura? Dicen que esta suele hacerse despacio y entretanto fugar el reo, puede cundir el fuego que haya encendido el papel. ¡Débil escusa de una impaciente y mal disimulada tiranía!

Ningún gobierno libre e ilustrado se tomará esa ímproba fatiga, pues si las críticas y objeciones que se le hagan fueren fundadas y justas, cuidará sólo de corregirse, y si careciesen de razón y de verdad, no tendrá la imprudencia de degradarse y atraer sobre sí el molesto zumbido y picaduras de millares de insectos por detener o perseguir furioso a un mosquito. ¡No debe sentir su peso quien tenga hombros para llevar el Estado! El Cardenal Cisneros solía responder a los aduladores que le importunaban con delaciones de las quejas que se esparcían contra él:

En efecto, si no fuese permitido hablar libremente, aún los merecidos elogios pasarían por serviles lisonjas, y no habría más invectiva que un misterioso silencio.

Pero el fuego de una conjuración se difundirá con semejantes papeles. ¡Qué poco sabe de conjuraciones quien tal recela! Minas secretas son las que hacen volar los reinos; y cualquier amenaza o proyecto que se encienda a la vista de todos, no será nunca sino un fuego fatuo que se disipará por sí mismo, consumido del aire. Quien corra a desalentado para apagarlo, no hará más que descaminarse, confundirse y, tal vez perderse: y entonces, ¿Qué más podrían apetecer los malvados que ver al gobierno olvidarse de sus verdaderas atenciones y gastar sus desvelos y tiempo en correr tras tan ridículos como fogosos fantasmas? Aún cuando tales apeles fuesen respiraciones de un secreto volcán, valdría más dejarlo desahogarse así que no taparle estas ocas y acelerar su explosión.

Mientras así debatía el ilustre Mejía en Cádiz, en su patria, el país de Quito, se habían producido los acontecimientos que celebramos en este año y recordaremos en los siguientes. La instalación de la primera Junta Soberana de Gobierno del 10 Agosto, la masacre del 2 de Agosto del año1810, el arribo del Comisionado Regio Carlos Montúfar, la instalación de la Segunda Junta Soberana y la expedición de la Primera Constitución Quiteña. Deseo Revisar con ustedes el artículo número 20, en que se consagran derechos que en estos días parecería queremos conculcar.

PACTO SOLEMNE

De Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito.

15 de febrero de 1812

Art. 20

“El Gobierno del Estado se obliga a todos los habitantes de él, y les asegura que serán inviolables sus derechos, su religión, sus propiedades, y su libertad natural y civil: y en consecuencia declara que todo vecino y habitante en él, de cualquier estado, condición y calidad que sea, puede libre y francamente exponer sus sentimientos y sus dictámenes por escrito o de palabra, no siendo en materia de Religión o contra las buenas costumbres, y levantar sus quejas y representación al Gobierno, guardando sólo la moderación que es necesaria para la conservación del buen orden.”

Termino mi intervención como comencé pidiéndole prestada su elocuencia a José Mejía y diciéndoles como él lo hizo a las Cortes: Si queréis ser libres, Diputados, con una libertad de imprenta verdadera, útil, durable y no expuesta a mayores abusos, abolid, en toda materia y sin restricción alguna, toda, toda censura… porque estoy persuadido que si dais este paso con majestad, corréis agigantadamente al templo de la inmortalidad, templo que la providencia ha levantado sobre las eternas bases de la verdad, la libertad y la felicidad general del hombre.

Doscientos años después, honremos la memoria y la lucha de nuestros Próceres, expidiendo una Ley de Comunicación, digna de su ejemplo.

Señor presidente. Señoras y señores legisladores.

12/23/2009

OBSERVACIONES GENERALES A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

Art. 1. El ámbito es definido en el diccionario de la RAE, como espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas relacionadas entre sí. Por lo tanto se refiere a la materia, a la extensión, a las instituciones y a las personas y comunidades con sus derechos. El artículo debería redactarse con este sentido y no con el de contenido de la ley.

Art. 2 Principios

Se han ubicado una gran cantidad de postulados que fungen como principios, y que pueden provocar confusión a la hora de la aplicación e interpretación de la normativa. El caso de Acuerdos de convivencia, escuelas saludables y seguras.

Obligaciones del Estado. Art. 5 debe establecerse la territorialización y a la equidad territorial en la educación.

Derechos y obligaciones de la comunidad. Art. 18 y 19. Se establecen éstos pero no hay en la ley mecanismos para que la participación se haga realidad.

Art. 21. De la estructura del sistema nacional de educación. No se relaciona con el Art. 344 de la Constitución. “ El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.”

Art. 22. Se refiere a la educación escolarizada y no escolarizada, pero persiste una visión tradicional de la educación y aprendizaje circunscrito al aula dejando por fuera regulaciones para la educación no formal y otras formas alternativas de educación, como la educación a distancia y educación virtual que apenas se señalan en los Art. 26 y 27. Es grave que el proyecto no reconozca los avances de la educación informática en el mundo. Y no se desarrolla el derecho de todos los educandos al acceso a las tecnologías de informática y comunicación. Adicionalmente, no está suficientemente desarrollado el tema de los niños niñas y adolescentes con discapacidades o con capacidades especiales, en cuanto los primeros deben ser incluidos dentro del sistema educativo regular y tan solo los niños niñas y adolescentes con discapacidad grave deben ser parte de una educación especial; mientras que, los segundos merecen una atención especial porque son excluidos del sistema ya que no existe la capacitación para abordar metodológicamente los procesos educativos para ello

Art. 31. Parecería que a los bachilleres técnicos se les cierra el acceso a la universidad, debería aclararse este tema. La última parte del literal a) debería ampliarse al b)

El Consejo está conformado con una visión centralista. Deberían estar representados en él los Gobiernos Autónomos Descentralizados que tienen competencias que desarrollar concurrentemente con el gobierno central.

Art. 40 al 44, que desarrollan la desconcentración en niveles regional, distrital y circuitos educativos. Representantes de los GAD, deben estar presentes en los organismos desconcentrados creados por la ley a fin de coordinar las competencias concurrentes.

Art. 48 Se refiere a planificación concurrente, pero es indispensable que se rescate la planificación participativa y la función de los Consejos de Planificación de cada nivel de gobierno.

10. Cap. VI, Art. 49, 50 y 51, excluyen a los institutos fiscomicionales que tienen el reconocimiento constitucional y no están regulados. Se integran a los particulares, pero no conviene hacerlo, porque tienen una condición particular.

11. Art. 53. Existe una clara actitud discriminatoria de los institutos particulares, al plantearse normas diferentes en temas comunes; en el literal b) solamente para este sector se manda respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abuso, maltrato y desvalorización , formas de castigo cruel, inhumano y degradante, aplicación de sanciones corporales o sicológicas atentatorias a la dignidad de las personas” Adicionalmente, existe una marcada discriminación para los alumnos y alumnas de los institutos particulares. Hay que considerar que la falta de oferta educativa del Estado obliga a los padres a buscar alternativas privadas; si solamente los y las alumnas del sector público reciben libros, uniformes, alimentación etc., los niños pobres de la educación privada están marginados, por lo que la atención debería obedecer a la situación social de los alumnados.

12. Se destaca la inclusión de un sistema de control de calidad de la educación, a través de una evaluación permanente a los actores del proceso educativo; pero debe suprimirse o mejorarse el artículo 128 que revoca el permiso de funcionamiento en el caso de los institutos privados.

13. Felicito la inclusión de la educación bilingüe intercultural en esta ley, pero creo que algunas de las conquistas deben ampliarse al sistema nacional, como es el caso del Art. 71: “El sistema nacional de educación intercultural bilingüe concebirá a la persona y a la convivencia en comunidad como el centro del sistema educativo” y el Art. 74, literal e) “Son centro de la educación, la persona, la comunidad y la pachamama. Capítulo VIII, sobre resolución de conflictos, debe incluirse como una medida para frenar la violencia y abuso sexual dentro del sistema educativo un Sistema de Protección, dentro del sistema educativo que contemple acciones de prevención, atención y reparación de derechos veeduría y sanción.

14. No existe una clara interrelación del sector educación con otros sectores tales como: el deporte, la recreación, la cultura y con las leyes respectivas; podría ser bueno una reunión de las tres comisiones para establecer los puntos de contacto que tienen las tres leyes.

15. Hay que estructurar mejor los criterios de calidad, inclusión y equidad, para que se integren en todos los procesos y en la normatividad.

16. En el capítulo sobre el financiamiento de la educación debe estar claro el derecho a la universalización de la educación se refiere a personas antes que a instituciones; se pone mucho énfasis en que estos aportes van directo a las instituciones educativas y no al sujeto del derecho, dejando de lado a niños, niñas y adolescentes fuera del sistema. Debe trabajarse más sobre los principios de equidad territorial.

17. Los reglamentos educativos debe ser sustituidas por Manuales de Convivencia elaborados por alumnos, maestros y padres de familia, lo que permitirá bajar los índices de violencia y represión dentro del sistema educativo. Esta es una recomendación de las juntas de protección de la niñez, que están dentro de los sistemas de protección cantonal que contempla el Código de la Niñez.

18. El enfoque de género, democracia y participación tiene que estar atravesando toda la ley; especialmente la participación, rendición de cuentas y control social se realiza entre los mismos miembros de la comunidad educativa y se rompe la relación con el entorno social. Se insiste en darle el mismo tratamiento a la participación que el que tiene la educación plurinacional y bilingüe.

19. Debe ser valorada la carrera de administración educativa para los cargos de directores, directoras, rectores o rectoras del sistema educativo, concediendo puntajes significativos a los docentes que hayan alcanzado títulos en ese campo. (Art. 74)

20. Hace falta desarrollar el Capítulo 7, Art. 118 sobre los estímulos ampliándolos a todos los actores de la comunidad educativa

21. Si creemos en que la educación es una inversión y no gasto corriente y creemos en la universalización de la educación, es importante ser justos con las demandas salariales del magisterio y la categorización más justa en el escalafón; así como ser justos en la incorporación de los educadores populares y madres comunitarias.

22. Apoyamos el planteamiento de la Unión Nacional de Educadores, presentada a través del Asambleísta Escala, en los correspondiente a:

- Mantener el fondo de frontera, amazónico y de Galápagos, zonas difíciles y, especialmente, la incorporación de educadores populares y las madres comunitarias en la primera categoría educativa.

- La participación de la comunidad educativa participativamente en la planificación, evaluación y control social., siempre que se incorpore a todo el sector.

- La incorporación del sistema intercultural bilingüe en el texto de la ley.

- El establecimiento de un sumario administrativo para las sanciones a docentes, incluida su remoción.



Coincidimos, del mismo modo en los planteamientos de:

- Garantizar el derecho a la gratuidad de los institutos fiscomisionales.

- La integración de los campos de educación, cultura deportes y recreación.

- La devolución de las pruebas a los docentes que las rindieron.

- Que para ocupar los cargos directivos se designe de un concurso entre los docentes que han hecho carrera administrativa

12/16/2009

AGENDA LEGISLATIVA DE CONSENSO
PRIMER SEMESTRE
AGOSTO – DICIEMBRE 2009


NATURALEZA:

La próxima Asamblea, conforme a las declaraciones realizadas por dirigentes de las bancadas más numerosas, se perfila como un espacio bipolar que enfrentará a los asambleístas del partido de gobierno con una fuerte oposición conformada por Sociedad Patriótica, Partido Socialcristiano y PRIAN. Frente a esta situación es importante analizar la posibilidad de conformar un grupo no alineado que apoye todas las iniciativas positivas, se oponga a las que afecten al sistema democrático o al interés nacional, a la vez que tenga libertad de acción suficiente para fiscalizar los actos de gobierno. El grupo no alineado debería, además, desempeñar un papel de espacio democrático de aproximación, de búsqueda de acuerdos y solución de conflictos que asegure un desempeño eficiente de la legislatura y combata las viejas prácticas que desprestigiaron a las anteriores legislaturas.

OBJETIVOS:

Acatar el mandato del electorado ecuatoriano, expresado en las urnas el pasado 26 de abril, de que la primera Asamblea Nacional sea un espacio autónomo, independiente y democrático; que exprese un equilibrio de poder y contrapeso político a cualquier proyecto dominante;

Garantizar un proceso legislativo democrático, eficiente y concertado de aprobación de leyes fundamentales determinadas en la Disposición Transitoria Primera; y

Asegurar un proceso de fiscalización y control político transparente de temas que merecen atención inmediata del Legislativo.

No dejar en la impunidad los abusos cometidos en la Asamblea Nacional Constituyente y en el Congresillo. ( Analizar las conductas de los asambleístas constituyentes y de los delegados de la CLF, a la vez que presentar reformas a las normas que se hayan aprobado de manera irregular)

ACCIONES:

Pedido a la CLF para que reprograme sus actividades en el último mes de su funcionamiento y se abstenga de aprobar cuatro cuerpos legales que requieren un mayor conocimiento de la ciudadanía y debate profundo, como son:

o Ley Orgánica de la Función Legislativa, para asegurar un proceso legislativo y de fiscalización democrático, autónomo y eficiente;

o Ley Orgánica de Control Constitucional, que garantice la plena vigencia del modelo garantista que establece la nueva Constitución;

o Ley Orgánica de Descentralización y Ordenamiento Territorial, que involucre la participación de los gobiernos seccionales recientemente elegidos y defina un marco democrático e incluyente de organización político administrativa del país;

o Ley Orgánica de Seguridad Nacional que considere los argumentos de las Fuerzas Armadas y se conciba a la seguridad como un objetivo de Estado y no como una herramienta del gobierno de turno.

LEGISLACION

Aprobación, a partir de una amplia información y debate de normativas como:

Ley de Comunicación e Información, que garantice plenamente los derechos a la comunicación e información y las libertades de expresión y conciencia que proclama la Constitución;

Ley Orgánica de Educación, que ponga las bases del cambio profundo de las estructuras educativas del país y apunte a asegurar 15 años de educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes;

Ley de Promoción del Empleo y Producción, que permita al país responder creativamente a los efectos de la crisis económica internacional, fortalezca la dolarización y abra oportunidades de trabajo e inclusión a amplios sectores sociales que hoy afrontan la dura realidad del desempleo y subempleo.

Derogatoria de la reforma penal que favorece a los delincuentes dictada por el Congresillo, salvando las normas que aseguran la oralidad penal, la protección de las víctimas de delitos sexuales, la fijación de indemnizaciones sin recurrir a juicios civiles, entre las fundamentales.

Ley reformatoria al Código Penal que tipifique nuevos delitos, ofrezca garantías a favor de las víctimas de la delincuencia, sancione ejemplarmente el asesinato de miembros de la fuerza pública y se constituya en un cuerpo normativo protector de la ciudadanía y no de la delincuencia.

Reforma constitucional que introduzca una auténtica y real “muerte cruzada” para evitar que la independencia del Parlamento sea socavada por la amenaza permanente de su disolución que elimina a la Asamblea y deja en funciones indefinidamente al Primer Mandatario.

FISCALIZACION

Desarrollo de una agenda de fiscalización que, de manera transparente, determine la legalidad y posibles perjuicios contra el Estado en temas como: asignación a dedo de miles de millones de dólares en obras públicas; incremento del gasto corriente; y, las denuncias en contra del hermano del Presidente de la República.

Fiscalización a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congresillo en materias como contratación de obras, servicios y adecuaciones; pago de “liquidaciones” a los ex asambleístas constituyentes; compra de teléfonos celulares y pago de uso de esos teléfonos a favor de los miembros del Congresillo; adquisición de vehículos y destrucción de uno de ellos; egresos en viajes internacionales y viáticos, entre otros.

Es importante que la transparencia de las actividades de cada asambleísta asegure una relación limpia y transparente, por esa razón dejo planteadas las bases de mi conducta en el desempeño de la representación de mis electores.
BASES PARA LA GESTION PARLAMENTARIA.

En la actual situación del país, es una tarea compleja difícil, pero estimulante el llevar una representación seria, digna y patriótica de los electores con el propósito de trabajar por una sociedad libre, justa, equitativa y democrática; de ser posible, con el consenso de los diversos sectores políticos y de la sociedad.

Por esa razón mi compromiso es participar en la próxima Asamblea buscando estrictamente el mayor bien para todos los ecuatorian@s, con independencia crítica frente a la acción del gobierno y de otros sectores parlamentarios, apoyando toda iniciativa que en mi más patriótico entender sea buena para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para los sectores desprotegidos.

Convencido de la importancia de la participación de la sociedad civil plantearé a ciudadanos patriotas, honestos y especializados en las distintas áreas de la acción pública, constituir un grupo de apoyo a mi participación en la legislatura, además que abriré por medios virtuales y tradicionales las oportunidades de contacto con la población para escuchar sus inquietudes y poder representar mejor sus intereses.

Mi compromiso Ideológico:

1. El Estado

Defenderé un Estado nacional soberano, democrático, que asegure la libertad y la dignidad de las personas, su desarrollo personal y colectivo, material y espiritual, con garantías para el ejercicio de una ciudadanía activa y participativa; un Estado Social de Derechos, fundamentado en el poder ciudadano y en el reconocimiento de nuestra realidad multicultural y diversa; en la democracia como un sistema que asegura la participación política y que hace posible que la ciudadanía ejerza influencia y tome parte en las decisiones políticas. Aspiro a incidir fuertemente en la defensa de los principios de pluralidad, diversidad, equidad, tolerancia, libertad e igualdad.

2. La sociedad ecuatoriana

Es importante contribuir a la creación de un orden social justo, que asegure la libertad de conciencia, de cultos y expresión, el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la igualdad de oportunidades y a la calidad de vida. Su antitesis es la intolerancia que debe combatirse en cualquiera de sus expresiones. Lucharé por ser parte de una Asamblea y una sociedad que garanticen la convivencia respetuosa y pacífica; la efectiva defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad; un desarrollo económico que permita un mínimo de bienestar para todas las personas, cuidando la conservación y mejoramiento del ambiente y que haga de la palabra la herramienta fundamental de la creación de una cultura de paz.

3. La organización territorial

Creo firmemente y como municipalista defenderé la descentralización y las autonomías, para la realización de un proyecto nacional integrador que asegure una mayor cohesión nacional y la articulación entre lo político, económico, social, urbano, ecológico y cultural.
Es indispensable defender la subsidiaridad como principio de buen gobierno, esto es la complementariedad y cooperación respetuosa de los distintos niveles de gestión para que exista un sistema armónico, sin conflictos de autoridad y con los pesos y contrapesos territoriales que evitan el centralismo y sus males.

4. La construcción de ciudadanía

No se debe confundir un Estado fuerte con un gobierno fuerte. El estado fuerte implica una ciudadanía formada, con conciencia política, actuante, informada y responsable. Por lo tanto propondré y apoyaré proyectos que aseguren la construcción de ciudadanía.

5. La Información

Los medios de comunicación son agentes activos en la construcción de la opinión pública y, por lo tanto de identidades, autoestima y sentido de pertenencia. En un mundo global que tiende a avasallar a las particularidades culturales, su papel en ese sentido debe ser reconocido. Es vital para el país la posibilidad de que las personas tengan acceso a medios plurales, laicos y democráticos y que éstos asuman su responsabilidad social, jurídica, educativa y política coherentes con el interés de la sociedad. Se debe velar por su democratización, regulación y vigilancia social así como por la visión objetiva, profesional y ética de los informadores. La ciudadanía debe participar y ejercer con responsabilidad el derecho a la información.

6. El sistema político

En la actualidad existe un déficit de política y de democracia que debe ser superado. Se debe trabajar desde la legislatura para recuperar las instituciones básicas del quehacer político, prestigiar a la participación en política y reivindicarla como la tarea de los mejor preparados, más justos y buenos ciudadanos. Hay que demostrar que la ética debe ser sustento de la política y que participar en la vida pública no implica inevitablemente corrupción e ineficacia. Contribuiré desde mi curul a entender la política como la expresión superior de la ciudadanía para manifestar ideas, para enarbolar propuestas y para construir un proyecto nacional viable.

7. El Desarrollo Económico

El desarrollo económico sólo tiene importancia en la medida que genera mejores y más justos niveles de vida para la población. No es un fin en si mismo, sino un medio para alcanzar equitativamente el bienestar físico y espiritual de las presentes y futuras generaciones. Para que el crecimiento se convierta en verdadero desarrollo económico y social es necesario un reparto justo y equitativo de la riqueza.

En este contexto, se debe defender una economía de mercado con diversas formas de propiedad y orientada por un gobierno democrático que garantice el interés público y la soberanía nacional, que funcione bien y haga frente a las ineficacias, ineficiencias y a la corrupción. El patrón de desarrollo debe caracterizarse fundamentarse en las capacidades productivas internas, buscando abatir los desequilibrios sectoriales y regionales, así como las desigualdades sociales.

El estado debe conducir la economía de mercado con responsabilidad social, y participación de los sectores público – privado para subsanar las fallas y desequilibrios estructurales del mercado.

En este sentido, el estado debe ser conductor, regulador y promotor de la economía hacia objetivos fundamentales del país como el pleno empleo, el crecimiento sostenido y sustentable, la distribución equitativa de la riqueza, la calidad de vida y la defensa de la soberanía.

Debe merecer atención primaria del estado, desarrollar equitativamente la infraestructura y la tecnología; la educación productiva y la organización del trabajo, el financiamiento y vinculación de los mercados, con una amplia participación de los diversos agentes económicos.

8. Compromiso ambiental

Es deber de la legislatura legislar para el cuidado, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente; estimular el desarrollo sostenible y sustentable que supone el resguardo de los recursos naturales y el mejoramiento del ambiente, así como el acceso equitativo a los recursos naturales, preservándoles para el aprovechamiento de las futuras generaciones. El compromiso ambiental debe nacer de la propia sociedad y ser política firme de las instituciones públicas y privadas. Todos los niveles de gobierno deben diseñar y ejecutar estrategias frente al cambio climático y el calentamiento global.

9. Seguridad Alimentaria

Es obligación del estado garantizar la seguridad alimentaria de la población como un derecho humano fundamental. Promover el derecho a la alimentación debe inscribirse como una prioridad de los ejes políticos, económicos y sociales de la nación. La seguridad alimentaria implica asegurar a toda la población una nutrición de calidad basada en el patrimonio cultural alimentario del país.

10. La calidad de vida

Hay que trabajar para que toda la población pueda gozar de una vida de calidad, con derecho al empleo digno, a la seguridad social y económica, a la educación, alimentación, salud, a la tierra, a la independencia, a la libertad, a la diferencia, a la justicia y al tiempo libre. Debe promoverse toda acción para acabar con las profundas, complejas y dolorosas desigualdades que marginan y obstaculizan el desarrollo del pueblo ecuatoriano.

11. Inclusión Social

El respeto a la diferencia es una actitud social de comprensión de los distintos. Respetar a las personas, implica ser tolerante con las ideas y las posiciones diferentes. Tolerar significa que cada persona acepte y se reconozca en el otro, para asumir el derecho a disentir como forma de convivencia, evitando la discriminación y exclusión. Las mujeres han irrumpido en todos los ámbitos de la vida pública conquistando espacios en la economía y el sistema de decisiones; las etnias emergen para hacer valer su cosmovisión y sus representaciones tradicionales e integrarse al concurso nacional; las personas con capacidades diferentes, las de la tercera edad, los niños, adolescentes y jóvenes, entre otros sectores, al hacer valer sus derechos han mejorado la vida del conjunto de la sociedad y merecen todo el apoyo político de la legislatura.

12 La Educación

Su objeto debe ser dotar a las personas de herramientas para mejorar su calidad de vida, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades; implica la incorporación de saberes múltiples, significa aprehenderse, aprender a desaprender y volver a aprender, entender la complejidad de la realidad como un todo interdependiente y no fragmentado; debe ser praxis, reflexión crítica y acción sobre el mundo para transformarlo; la formación de una ciudadanía responsable, informada y comprometida, con capacidades para formarse una opinión propia cimentada y flexible, comprender y aceptar la diversidad social en todas sus facetas, para encontrar nuevas formas de relación entre las personas y con la naturaleza. La educación pública, como principal obligación del estado, debe ser universal, laica y gratuita.

13. Ciencia y Tecnología

Debe ser tarea principal y prioritaria del estado. Ecuador requiere de manera urgente, fortalecer y acrecentar su capacidad científica y tecnológica, dando atención al fomento, a la vocación hacia la ciencia y la tecnología, desde la más tierna edad de la población y como una práctica de vida. En la sociedad del conocimiento la peor forma de dependencia es la que se deriva del atraso tecnológico. Se debe estimular la investigación en el sistema educativo, especialmente en el nivel superior, en la comunidad para que sea innovadora y en todas las instituciones no importa cuales sean sus fines.

14. La Cultura

La política cultural debe ser un eje fundamental para el desarrollo del país y la legislatura debe apoyar intensamente los esfuerzos para preservar y fortalecer el mosaico diverso y plural, rural y urbano, que refuerza nuestras identidades, nuestra autoestima como pueblo y nuestro sentido de pertenencia. La cultura debe aportar al esfuerzo de remontar atavismos y transitar hacia una convivencia libre, respetuosa, ajena al sexismo y discriminación que permita potenciar todas las capacidades creativas de cada integrante de la población ecuatoriana como parte de la civilización mundial.
La legislatura debe comprometerse con el rescate, preservación y promoción todas las manifestaciones artísticas de la nación, así como su integración al crisol universal, respetando la rica pluralidad y diversidad de las manifestaciones estéticas que son parte de nuestra cultura.

15. La Salud

Gozar de salud significa la posibilidad de acceder a un estado de vida que incorpore el bienestar de las personas, el placer y la autodeterminación sobre el propio cuerpo, considerando las especificidades de género y edad. Significa una debida alimentación y calidad de vida, disponibilidad de recursos necesarios para la prevención, así como acceso a una atención digna en los casos de enfermedad, los procesos reproductivos y el lecho de muerte. Es deber prioritario del estado asegurar a todos los ecuatorianos la protección en salud y una atención de calidad y calidez.

16. La Seguridad Social

La seguridad social es un derecho inalienable de toda persona y es parte esencial de la política social del Estado y su responsabilidad fundamental indelegable. Debe superar los conceptos asistencialistas y la voluntariedad y fundamentarse en los principios de equidad, solidaridad, integralidad, subsidiariedad, universalidad y respeto a la diversidad. Las instituciones de seguridad social del Estado no pueden regirse por criterios individualistas, mercantilistas, privatizadores y eficientistas.
El Estado deberá impulsar políticas y acciones tendientes a garantizar a todas las personas un nivel básico de vida de calidad en materia de salud individual y pública, pensiones y jubilaciones, y de fondos compensatorios para grupos vulnerables.

17. Política Internacional

El estado debe defender los principios fundamentales del derecho internacional público, el multilateralismo, la libertad, la justicia y la paz construidas sobre la base del reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Es imperativo diversificar y acrecentar las relaciones de intercambio y cooperación con el mundo, como mecanismo para asegurar el flujo adecuado de los factores tecnológicos y financieros, así como del conocimiento y la cultura, favoreciendo un desarrollo interno que haga posible ocupar un mejor lugar en la economía global.
Debe existir una participación activa del Ecuador en la vida internacional promoviendo nuevas reglas donde prevalezca la justicia, la corresponsabilidad, el respeto a las diferencias y la equidad, como fundamentos de un nuevo orden internacional; se debe procurar la concertación de un nuevo concepto pragmático de integración andina y sudamericana con mecanismos compensatorios para el financiamiento de los cambios en los factores estructurales de los países de menor desarrollo relativo


Seguridad Nacional

La seguridad nacional, debe concebirse como el conjunto de leyes, políticas, estrategias y acciones tendientes a restaurar y preservar las condiciones políticas, económicas, sociales, naturales, tecnológicas y culturales que garanticen la viabilidad orgánica del Estado y el ejercicio de la soberanía por toda la colectividad, a fin de poder cumplir con los objetivos del desarrollo nacional.
La seguridad nacional implica el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la seguridad de todas las naciones, y una cooperación internacional que garantice la seguridad global. Ello significa que la seguridad nacional no es solamente estatal ni es primariamente militar, ni debe confundirse con defensa o protección; por el contrario, incluye prioritariamente la garantía de los derechos individuales y la promoción del desarrollo económico y social, por lo que es derecho y responsabilidad de los y las ciudadanas.

Alianza

Publicado en Diario El Comercio


Martes, 25 de Agosto de 2009 15:01

Libertad es un nuevo grupo de cinco asambleístasLos asambleístas Paco Moncayo, Marco Murillo, Tomás Zevallos, Rafael Dávila y Edwin Vaca se constituyeron ayer en un grupo legislativo, denominado Alianza Libertad.

Paco Moncayo dijo en rueda de prensa que no quieren ser parte de una Asamblea que reedite los viejos males de los congresos del pasado.

Aseguró que este grupo de asambleístas no pide absolutamente nada ni se conformará como bloque, pues "lo que nos mueve es ser libres en la Asamblea, apoyando todo lo positivo, libres para disentir, oponerse y, sobre todo, para fiscalizar.

Murillo, del Movimiento Amauta, afirmó que se suma a este grupo para decirle al país que no están atados a nada ni a nadie ni a mayorías ni a minorías, sino exclusivamente
sobre puntos de trabajo específico.

Vaca aseguró que este grupo de legisladores apoyará todo lo positivo y rechazará lo negativo para el interés nacional y particularmente para las provincias a las que representan.

También indicó que el discurso de posesión del presidente Rafael Correa no se ajustó a la normativa constitucional que le obligaba a presentar ante la Asamblea los lineamientos fundamentales de las políticas de acción que desarrollará en el ejercicio de su mandato.

Dávila manifestó que el Movimiento Conciencia Ciudadana, de la provincia de Loja, decidió sumarse y actuar con absoluta libertad apoyando tesis positivas y rechazando aquellas que afecten a la sociedad.

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Confianza y Seguridad

Publicado en Diario Hoy

Miercoles, 26 de agosto del 2009

En anterior artículo, se propuso que se estaba configurando un escenario de guerra fría en la región andina. Sin embargo, conviene destacarse que, en la época de la bipolaridad geopolítica y de la guerra fría entre los sistemas marxista leninista y occidental, no se retiraron los embajadores de las dos potencias y, por el contrario, se instaló una línea directa -el teléfono rojo- para evitar el desencadenamiento de una confrontación provocada por errores de comunicación o fallas tecnológicas de los sistemas de alerta temprana, y que, en los peores momentos del conflicto, primó la prudencia y autorregulación por parte de los mandatarios soviético y norteamericano.

En la guerra ecuatoriano-peruana de 1995, los dos Gobiernos tuvieron también la prudencia y el acierto de no retirar sus embajadores, lo cual facilitó el avance de las negociaciones y los acuerdos de Itamaraty y Montevideo que detuvieron las operaciones militares y dieron paso a las negociaciones de la paz.

En Santiago, Chile, se negoció un documento de la mayor importancia: el Acuerdo de Constitución de la Comisión Binacional Ecuatoriano-Peruana sobre medidas de confianza mutua y seguridad, que se firmó posteriormente en Brasilia como parte de los Tratados de Paz. El escenario de confrontaciones que lastimosamente esta viviendo nuestra región, caracterizado por una peligrosa escalada armamentista, por agresivas operaciones psicológicas, por nuevos episodios de desestabilización de Gobiernos elegidos democráticamente, por denuncias dentro de nuestro propio país de conspiraciones desestabilizadoras y de creación de comités populares para defender la revolución ciudadana, hace necesario un sistema y procedimientos de prevención que eviten la escalada de violencia que lamentamos y condenamos. La doctrina universal, para evitar el mal atroz de la guerra y administrar los conflictos en el marco del derecho internacional, es preventiva y es la antípoda de la doctrina de "guerra preventiva" puesta en práctica por el anterior mandatario estadounidense y asumida, aparentemente, por el actual presidente de nuestra entrañablemente hermana nación colombiana. Este tipo de acuerdos no son nuevos en nuestra región y, como consta en el citado documento, tiene antecedentes en las declaraciones emanadas de las Conferencias Regionales de Santiago y San Salvador sobre estas materias.

Encontrándose la novísima Unasur en vísperas de su reunión en de Bariloche, el Gobierno ecuatoriano debería, como una demostración más de su espíritu de paz y concordia y dando cumplimiento a las normas constitucionales vigentes que privilegian la integración andina y latinoamericana, proponer un trato para la firma de un convenio sobre medidas de confianza mutua y seguridad, que sería un aporte a las políticas comunes que en este campo deben asumirse para bien del desarrollo de los pueblos, hoy amenazado por los "vientos de guerra" que estremecen la conciencia de la patria común proclamada por Bolívar.

*Ex alcalde de Quito, invitado de HOY

¿Guerra fría regional? Imprimir Martes, 25 de Agosto de 2009 15:15

Por Paco Moncayo Gallegos*

Impreso en Diario Hoy

Impreso Martes 25 de Agosto, 2009

Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se vieron confrontados en lucha por el poder y la hegemonía derivados de intereses geopolíticos y de dos ideologías excluyentes: el capitalismo y el marxismo-leninismo. El mundo entero se dividió en dos áreas de influencia claramente marcadas. Las posiciones tercermundistas o no alineadas no pudieron extraerse de la confrontación bipolar.

La existencia de dos alianzas estratégicas con capacidad nuclear condujo a modificaciones sustanciales en las formas de enfrentamiento. Se desarrolló toda una teoría sobre las guerras de alta, media y baja intensidad en el escenario global de una guerra distinta, calificada como fría, cuyo eje central fueron las operaciones psicológicas. América Latina fue uno de los escenarios de esa "guerra fría" y soportó conflictos internos urbanis y rurales que para la región fueron siempre de alta intensidad. Nuestros países aportaron con el escenario y los muertos, para el logro de los objetivos trazados por los estrategas de las grandes potencias. La primera víctima de la confrontación fue la población que sufrió las terribles consecuencias; otra fue la integración latinoamericana. No se concebía la convivencia en paz entre países con distintos sistemas y, en el interior de los mismos, instituciones fundamentales de la democracia fueron brutalmente demolidas con el pretexto de la lucha de clases o a la defensa de la sacrosanta civilización "cristiana y occidental". La certeza de la destrucción mutua asegurada (MAD, esto es locura, por sus iniciales en el idioma inglés) obligó a aceptar la convivencia pacífica de los dos sistemas. He intentado este recordatorio porque, en la actualidad, se está reeditando en el escenario andino una forma de guerra fría entre países cuyos Gobiernos orientan sus políticas públicas, con fervor misionero, unos en la economía de mercado y el Estado liberal; otros en el difuso socialismo del siglo XXI. Las víctimas son, una vez más, los pueblos de estos países y la incipiente integración andina que ha transitado una dolorosa historia de fracasos. La diferencia está ahora en que la guerra fría sirve a los mandatarios para mantener altos niveles de popularidad, usando como siempre asuntos tan delicados para fines de política interna.

Hay que poner fin a esta actitud demencial. La sociedad civil de los países involucrados, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gremiales, los gobiernos locales, la población en su conjunto deben llevar a cabo una campaña de sensatez y sosiego a favor de la paz, convivencia pacífica, el respeto a Gobiernos de otra orientación política. ¡Nada de guerras frías ni peor calientes en nuestra América Latina!

*Ex Alcalde de Quito, asambleísta

12/14/2009

Pisquito

Pisquito Imprimir
Domingo, 04 de Octubre de 2009 11:00

Los gobiernos locales decidieron en el año 2005 conformar una organización de alcance mundial, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de cuya presidencia colectiva, compuesta por tres alcaldes en los tres primeros años y por cinco alcaldes en el segundo período tuve el honor de ser parte. Uno de los temas que concitó la mayor atención por parte de los miembros fue la forma de cooperación solidaria que se podía realizar de manera horizontal entre los gobiernos locales, para enfrentar desastres. La forma de operar, de una manera simplificad consiste en que cada ciudad pueda apoyar con medios técnicos, logísticos o financieros a otra que por su tamaño y población reciba una apoyo sustancial de la ciudad solidaria. Cuando se produjo el terremoto en la hermana República del Perú, en el año 2007, los quiteños actuamos con la mayor diligencia para procurar llevar algún alivio a nuestros hermanos en desgracia y aplicamos la práctica que habíamos diseñado en la organización mundial. Los resultados de la participación quiteña sobrepasaron todo lo imaginable. La generosidad del noble pueblo peruano en la expresión de su gratitud hizo que lo realizado por Quito sea retribuido con creces y de las más distintas formas por los hermanos de Santa Cruz de Flores y por el propio gobierno del Perú. El mensaje del apreciado y cordial amigo embajador Vicente Rojas en el mensaje que transcribo explica de mejor manera esta experiencia que he tratado de explicar.

“El 15 de agosto de 2007, cuando la fuerza de la naturaleza se ensañó nuevamente con nuestro querido Perú, especialmente con Pisco y también con Santa Cruz de Flores, la solidaridad del pueblo hermano de Ecuador y de su Gobierno no se hizo esperar. Se movilizó el Gobierno del Presidente Rafael Correa, con la participación directa de la entonces Canciller, María Fernanda Espinoza. Se movilizaron diversas instituciones, empresas y ciudadanos anónimos que aportaron aproximadamente 300 toneladas en donaciones que incluían alimentos, medicinas, ropa, agua, entre otros, que ayudaron a mitigar el dolor y el sufrimiento de sus hermanos en el Perú.

Para el suscrito fue algo extraordinario y emocionante el verificar que, luego de averiguar dónde estaba ubicado mi domicilio, muchos hermanos ecuatorianos me hacían entrega de una botella de aceite, de un kilo de arroz o de azúcar, cuando no de una camisa o un par zapatos propios para sus hermanos peruanos que hacían frente a una nueva tragedia generada por la naturaleza.

Revisando la historia he podido encontrar que estas reacciones, siendo extraordinarias no son excepcionales, sino que han estado siempre presente en el alma de nuestros pueblos. Así, por señalar solamente una experiencia, en el terrible terremoto de 1949, que prácticamente destruyó Ambato, el Perú fue el primer país en hacerse presente con su apoyo solidario.

Y es en medio de estas circunstancias de dolor que afectan recurrentemente a nuestros pueblos que quiero destacar una experiencia excepcional para el suscrito:
Apenas ocurrida la tragedia del 15 de agosto de 2007, recibí una llamada telefónica del General Paco Moncayo, entonces Alcalde Metroplitano de Quito, indicándome que era su deseo visitarme en la sede de la Embajada del Perú. Por cierto que mi respuesta inmediata fue que lo esperaba con mucho gusto.

Al arribar me dijo: " Embajador y amigo: Quiero expresarle mi solidaridad frente a la tragedia que sufre el pueblo hermano del Perú. Quiero también hacerle entrega de un cheque por 130,000 dólares, producto de un día de trabajo que donan los trabajadores del Municipio de Quito y la contribución de nuestras empresas municipales". A renglón seguido, me indicó que le "encantaría que estos recursos fueran a un pueblito pequeño al que le pudieran servir de algo". En su generosidad y sencillez lo que me quería indicar fue que el monto era pequeño. Y vaya que no lo era!.
Inmediatamente me puse en contacto con el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador José Antonio García Belaunde, quien conversó con el entonces Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Jorge del Castillo, para, en atención a lo solicitado por el General Paco Moncayo, definir a cuál de los pueblitos afectados irían los recursos donados por el Municipio de Quito. Pronto me enteré que el destinatario final era el distrito de Santa Cruz de Flores. Todo lo demás lo conocen ustedes mejor que nadie!.

Es así como entro en contacto con su dinámico e inteligente Alcalde, don César Cama, a quien hago llegar mi felicitación y agradecimiento por la labor que desempeña al frente de Santa Cruz de Flores, distrito pujante y de fe, que espero conocer pronto.

En otro acto visionario, que lee el alma de nuestros pueblos, el General Paco Moncayo tuvo también el acierto de donar a Santa Cruz de Flores la imagen de la Virgen de Quito, Patrona de Quito y ahora Patrona de Santa Cruz de Flores, bajo cuyo manto protector continuarán desarrollando su extraordinaria labor los miembros de la Asociación de Damnificados del Terremoto del 15 de agosto de 2007, las autoridades y los ciudadanos de Santa Cruz de Flores.

Gracias también , señor Alcalde, por haber hecho realidad mi sugerencia de producir el "Pisquito", como una manera de dejar plasmada nuestra gratitud hacia Quito.

Igualmente quiero agradecer la presencia en esta ceremonia de mi distinguido amigo el Embajador Diego Rivadeneira, quien encarna certeramente ese sentimiento y actitud de solidaridad del noble pueblo ecuatoriano.
Estos son los nuevos tiempos de paz, hermandad y solidaridad que viven los pueblos de Perú y Ecuador.
Viva el Perú!. Viva el Ecuador!.

Afectuosamente,
Vicente Rojas Escalante
Embajador del Perú en Ecuador.