El general Paco Moncayo, ex alcalde de Quito y actual asambleísta, calificó de "persecución" al proceso que se sigue en su contra por la garantía para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. También dijo que envió una carta al Presidente Rafael Correa en la que le manifiesta que "sin querer ya me sentenció".
El ex alcalde Quito mencionó que es una "ofensa" para la ciudad que el Fiscal manifieste que los concejales quedan libres de culpa "porque la señora Macarena Valarezo en sus declaraciones dijo que no sabían lo que estaban aprobando". Considera que se actúa políticamente porque "quieren librarle al alcalde (Augusto Barrera), para eso liberan a todos los demás". Calificó de "grave" el dictamen del Fiscal de Pichincha, que se da en momentos en que se realiza el proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto. Según dice, con este dictamen se benefician "los dueños del aeropuerto de Guayaquil, que son una empresa en la que está la familia Deller". Moncayo aclaró que él conoce diez años los inconvenientes alrededor de la nueva terminal aérea. En su periodo municipal desestimó la propuesta del Ejecutivo de 70 millones por la administración del aeropuerto, cuando la compañía canadiense consiguió los 350 millones de la obra con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, más un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Moncayo explicó que los Concejos Municipales en el 2004 y otro distinto, en el 2005, con nueve meses de diferencia aprobaron la garantía. Además contó con la opinión vinculante del procurador general del Estado y del procurador síndico de Quito para firmar la garantía municipal no financiera para la construcción del aeropuerto en Tababela.
En torno a construcción de la vía a Gualo para el nuevo aeropuerto, Moncayo indicó que siguieron los juicios de expropiación, pero que se descuidó la adjudicación de la obra de 13 kilómetros. Sin embargo, ahora quieren construir un acceso por el sur de que tiene 20 kilómetros, por lo que no estaría lista en 2 años y harían falta 100 millones de dólares adicionales para expropiación. Trabajo en la Asamblea Nacional Paco Moncayo se autodenominó como "social demócrata" que apoyó la Constitución por la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático con la participación ciudadana. No obstante, cuestionó los proyectos de ley enviados por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) porque no serían afines a la Carta Magna; agregó que en el país los jueces no muestran independencia.
DCCH
Publicado por: Editor Noticias 01 MULTIMEDIOS 106
1/14/2010
La Verdad sobre el Aeropuerto
La Verdad sobre el Aeropuerto
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En el año 2000, al iniciar nuestra gestión, tomamos la posta del proceso que habían venido realizando por más de 30 años la Dirección General de Aviación Civil y la Vicepresidencia de la República en los distintos gobiernos para la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio escogido previamente y cuyos terrenos habían sido expropiados para ese propósito 20 años antes.
La situación del aeropuerto “Mariscal Sucre”, era desastrosa; apenas brindaba en malas condiciones los servicios de una pobre terminal terrestre, de una ciudad secundaria.
En 1970, la Junta Nacional de Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil, contrataron a Airways Engineering Corp., a fin de efectuar un estudio de pre-factibilidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; cinco años después, el 5 de noviembre de 1975, el Gobierno Nacional contrató con las compañías International Engineering Co. y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., un estudio para la selección definitiva del sitio en que debía ubicarse el aeropuerto internacional de Quito.
En las recomendaciones presentadas, tras el respectivo estudio, los consultores afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Y: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año 1982, el Gobierno Nacional contrató al consorcio FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realice la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrolle el Plan Maestro de Ejecución.
En julio del año 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas y publicó las Bases de Precalificación para empresas interesadas en participar en la construcción.
En octubre de 2000 a los tres meses de iniciada mi gestión, el Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de conformidad con lo previsto en el Art. 249 de la Constitución Política y el Art. 1 de la Ley de Aviación Civil, entre otras normas, emitió el Decreto Ejecutivo número 885, traspasando a la Municipalidad quiteña la construcción del nuevo aeropuerto internacional, así como para la administración y operación del aeropuerto Mariscal Sucre. El Decreto mandaba que cada municipalidad conforme una unidad ejecutora para realizar el proyecto.
Conformación de la CORPAQ
El Concejo Metropolitano de Quito, vistos los informes legales favorables emitidos por la Procuraduría General del Estado, por resolución unánime y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo 885, resolvió la constitución de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ).
De conformidad con el Estatuto de la CORPAQ, los órganos de dirección de dicha entidad son: el Directorio y el Comité Ejecutivo, que se encuentran conformados de la siguiente manera:
DIRECTORIO:
- El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
- El Ministro de Relaciones Exteriores
- El Ministro de Comercio Exterior
- El Ministro de Turismo
- El presidente del CONAM
- El Director General de Aviación Civil
- Dos concejales designados por el Concejo Metropolitano
- Un concejal designado por el Alcalde
- Un delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Prefecto Provincial de Pichincha
- Un delegado de los sectores productivos organizados
- Un representante elegido por los rectores de las universidades y escuelas politécnicas con sede en Quito
- El Director de Planificación del Municipio de Quito
- El presidente de EXPOFLORES
COMITÉ EJECUTIVO:
- El Presidente del Directorio (Alcalde Metropolitano)
- El Vicepresidente del Directorio (Concejal designado por el Concejo Metropolitano)
- El delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Director de Aviación Civil
- El Director de Planificación del Municipio de Quito.
Es fácil observar que las decisiones que se tomaron en el proceso de concesión y en la administración superior de la CORPAQ, fueron tomadas por un organismo que tiene representantes del sector público en los tres niveles de gobierno y presentes a la sociedad civil, el sector académico y el sector empresarial. Con esta conformación se aseguró que en la toma de decisiones exista una amplia participación, que asegure un proceso transparente en beneficio del país y la ciudad. La Dirección de Aviación Civil ha tenido una directa participación en este proceso, no sólo por cuanto su Director es miembro nato del Directorio y del Comité Ejecutivo de la CORPAQ, sino porque ha votado a favor en todas las decisiones adoptadas.
La oposición al proyecto
La negociación de la concesión tomó casi cinco años; todos los pasos se realizaron públicamente; toda firma de documentos en actos solemnes; en cada caso participó representando al gobierno del Canadá el Embajador de dicho país. Todo cambió cuando se legró el cierre financiero; entonces, cuando la construcción era un hecho y no una locura del Alcalde, como se decía entonces, “porque nadie querría invertir tanto dinero en este país”, que los intereses económicos comenzaron a conspirar de una manera activa y con una campaña costosa cuyo financiamiento debería investigarse.
Una tarde, me visitaron Alberto y Michel Deller y me advirtieron que no firme los contratos, porque me arrepentiría toda mi vida. Me dijeron que ellos podían construir el aeropuerto en 170 millones. Yo les respondí que si ellos presentaban una propuesta seria y una garantía, inmediatamente pediría al Directorio de la CORPAQ, terminar con la relación con el gobierno de Canadá. Nunca recibimos ni la propuesta y, peor la garantía. Los argumentos han sido los siguientes:
1) La inviabilidad del sitio de Puembo
En los estudios realizados en los años 1975 - 1976 para la selección del sitio participaron las consultoras Peat Marwick & Mitchell, especializada en estudios de navegación aérea, y Helmuth Obata y Kassabaum, diseñadora de aeropuertos –– se consideraron todos los temas como topografía y superficie, espacio aéreo, condiciones meteorológicas, planificación urbana, social y ambiental, acceso al aeropuerto, ingeniería y aspectos constructivos, informe final y plan maestro.
En las conclusiones plantean: “Desde el punto de vista de la planificación urbana y de los factores sociales y del medio ambiente, la acción más indicada es cerrar el aeropuerto Mariscal Sucre y desarrollar un nuevo aeropuerto en cualquiera de las dos partes.” Por la altura y consideraciones de planificación urbana aconsejan Puembo.; En las recomendaciones afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Considerando las condiciones del espacio aéreo los consultores afirman: “El sitio de Puembo constituiría una buena mejora con relación al aeropuerto existente… El sitio de Puembo satisface los criterios de despegue para las salidas al norte y al sur”
Sobre la aproximación de precisión afirman que “funcionarán dentro de los parámetros indicados.” Y en la conclusión final dice: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año de 1982, para dar continuidad al proyecto, el Gobierno nacional contrata a FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realicen la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrollen el Plan Maestro de Ejecución. Entonces los consultores plantean en el tema de Circuitos de Espera y Procedimientos de Aproximación una advertencia operativa en el sentido de que: “la orografía difícil no permite aplicar rigurosamente las prescripciones OACI en lo que se refiere a la aproximación por instrumentos, considerando que corresponde a las autoridades locales decidir sobre el tema.” De haber sido éste, como ahora pretenden descubrir, un impedimento para la ejecución del Proyecto, lo lógico habría sido que las autoridades gubernamentales y la DGAC lo suspendieran y buscaran otras alternativas.
Sobre la base de los estudios realizados, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas en julio de 1996 y publicó para este efecto las Bases de Precalificación, en las cuales se afirma: “Los estudios para la selección del sitio para el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se iniciaron en 1968 y luego se profundizaron en todos sus aspectos con el Estudio de Selección de Sitio efectuado por el consorcio IECO- CAE….Los estudios desarrollados por el consorcio IECO –CAE determinaron que el sitio más conveniente para el emplazamiento del nuevo aeropuerto es Puembo … La ubicación geográfica de la ciudad de Quito determina la imposibilidad de encontrar, dentro de una distancia aceptable desde el centro de la ciudad un sitio que responda a todos los requerimientos como sitio ideal. Por lo tanto, algunas de las limitaciones del sitio de Puembo deben ser aceptadas como inevitables y vinculantes al desarrollo del proyecto.”
En el año 1997, frente a pretensiones de que el aeropuerto de Quito se desarrolle en Latacunga, el Director de la DGAC, responde al Ministro de Defensa: “Es deber de esta Dirección dar las explicaciones necesarias a fin de que no exista duda alguna de las decisiones que desde mucho tiempo atrás se han tomado, respecto a los lugares donde se ha decidido construirlos, a debida cuenta que responde a estudios muy serios realizados con el aval de anteriores gobiernos y del actual Gobierno, por lo que esta Dirección se ratifica en todo lo actuado, pues corresponde a estudios avalizados por el organismo de aviación civil internacional (OACI) que ha actuado muy estrechamente con la Dirección de Aviación Civil…”
En términos similares responde la DAC al Jefe del Comando Conjunto, cargo que me honraba en desempeñar: “No existe otra alternativa para el país sino la de concluir los nuevos aeropuertos so pena de quedarnos aislados de las rutas internacionales, lo cual significará enormes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano que en corto tiempo sobrepasarán el valor previsto (para la construcción)”
Del mismo modo, ante la pregunta: “¿Porqué no se utiliza el aeropuerto de Latacunga como alternativa a la construcción de un nuevo aeropuerto en Quito?”, la DAC contestó al diputado Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político: “El tema ha sido estudiado y analizado en el transcurso de los últimos años, llegando a la conclusión técnica que el aeropuerto de Latacunga no puede reemplazar al aeropuerto de Quito; inciden en esta conclusión factores económicos, operativos y de demanda del centro de mayor consumo de los servicios que es la ciudad de Quito.”
Observen la irracionalidad de la campaña de los conspiradores que se pasaron más de un año con la cantaleta de que el sitio no era el adecuado. Lo cierto es que como no pudieron evitar la firma de la concesión, pretendieron parar su construcción. El temor es que si el actual aeropuerto funciona en apenas 130 ha., con una pista de 3.200 m., a una altura de 2.850 m. sobre el nivel del mar. Por estas razones los aviones no pueden salir con carga y combustible completos y los pasajeros debemos hacer escala obligada en Guayaquil, mientras que en Puembo, el nuevo aeropuerto se encuentra instalado en una extensión de 1.500 ha., tiene una pista de 4.100 m. y está a una altura de 2.400 m. Tales condiciones permitirán a los aviones salir con carga y combustible para llegar directamente a los principales aeropuertos de Norteamérica y Europa. Esta es una de las causas de la ciega oposición.
2) El sobreprecio en la concesión
Frente a denuncias de “sobreprecios” en la construcción, pedí al Directorio que se contrate dos consultoras independientes para determinar si era posible que la CORPAQ haya sido llevada a error por los concesionarios o por sus propios asesores. Así pues, en el año 2006, la CORPAQ contrató a las consultoras Louis Berger, de EEUU, y Agosta & Campana, de Argentina, ambas de reconocido prestigio internacional, para que analizaran las inquietudes relacionadas con el costo de construcción del proyecto contratado.
Louis Berger realizó su estudio utilizando el método comparativo con infraestructura similar de otros aeropuertos recientemente construidos. Así, compara terminales de pasajeros, terminales de carga, pista principal, torre de control y elabora un cuadro de costos de construcción por metro cuadrado, de cuyo análisis se desprende que el costo de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, a su juicio, se encuentra dentro de un rango aceptable de fluctuación de 5%.
La consultora Agosta & Campana realizó su estudio utilizando el método constructivo a base de precios unitarios, es decir que hizo su propio cálculo del costo de construcción como si se tratara del constructor y concluyó que, a su juicio, el costo es un 12% más bajo que el señalado en el contrato de 2005.
No solamente eso, sino que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financistas del proyecto, su criterio. Esta fue la respuesta recibida el 22 de diciembre de 2005 que, entre otros temas, indica:
“La revisión detallada del proyecto que hizo el BID durante el proceso para la aprobación del préstamo, incluyó la revisión de los costos de construcción por parte de un ingeniero independiente; los cuales fueron confirmados dentro de un rango aceptable comparado con proyectos internacionales con características similares. Además la empresa Louis Berger, contratada por CORPAQ, realizó un análisis comparativo de costos del nuevo aeropuerto de Quito, y su conclusión fue que en la fecha de ese estudio, el costo de construcción estimado por ellos alcanzaba un monto cuya diferencia era de aproximadamente 1% superior en relación con el costo propuesto por el concesionario.
Finalmente, cabe recordar que CORPAQ realizó un proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Swiss Challenge que le permitió al mercado en general participar y ofrecer un precio más competitivo. La falta de interés de otros participantes en el proceso sugiere que, en su momento, el precio del aeropuerto no presentaba una discrepancia significativa que resultase en contrapropuestas más competitivas.”
Como se insistió en las diferencias en los precios de la Terminal y Torre de Control, volví a pedir aclaraciones. La administración respondió que se debían a las especiales medidas de seguridad necesarias en la construcción por tratarse de una zona sísmica y que las exigencias planteadas generan esa diferencia de precios.
3) Ventajas desproporcionadas a favor del Concesionario
Era necesario, como en el caso de los “sobreprecios” comprobar que los concesionarios hayan sacado provecho y engañado a los asesores y a la Administración. Por lo tanto, en defensa de los intereses de Quito, pedí al Directorio que disponga la contratación de una consultora experta que aclare este punto.
Como un mecanismo de transparencia adicional, dispuse que, a través de un proceso de selección, se contrate una firma independiente para que analice ese y los demás estudios financieros relativos al proyecto del nuevo aeropuerto. En efecto, se realizó un concurso público y el Consorcio Proventus-PKF fue contratado para la auditoría y revisión de los planes financieros. La consultoría determinó con toda claridad que la tasa interna de retorno del proyecto se ubica entre el 16.5% y la del accionista es 19.78%.
4) Las garantías de rentabilidad a favor de los Concesionarios y prestamistas
La Garantía Municipal consta del documento emitido el 22 de junio de 2005. Respalda las obligaciones que, en virtud de los diferentes contratos y acuerdos relativos a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, asumió la unidad de gestión municipal CORPAQ. El objeto de la garantía es:
- Otorgar los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción del aeropuerto, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes;
- No obstaculizar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto;
- Conceder los derechos de vía requeridos para la instalación de servicios básicos;
- No expropiar indebidamente el área concesionada ni la infraestructura edificada;
- Remover los obstáculos que impidan una segura operación del aeropuerto, como las antenas de HCJB;
- No impedir la normal operación del aeropuerto actual o la del nuevo aeropuerto, una vez construido, excluyéndose, por cierto, casos fortuitos o de fuerza mayor,
- Prestar los servicios de seguridad en el actual y en el nuevo aeropuerto y otras obligaciones similares.
Ni la Novación de la Garantía ni el Acuerdo de Consentimiento alteran en forma alguna el alcance de la Garantía lo cual sería además, jurídicamente improcedente. Ni la Garantía Municipal ni algún otro documento, han sido emitidos en respaldo de eventuales incumplimientos del concesionario, Corporación Quiport S.A, como han asegurado los dos concejales opuestos al proyecto y recogen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Distrital de Pichincha.
Es todavía peor, falso de falsedad absoluta y malsano en su intención, afirmar que exista “el consentimiento expreso de la Municipalidad de responsabilizarse por riesgos, de todo tipo, incluyendo aquellos vinculados con la falta de pago del financiamiento por parte de Quiport S.A…”
Nota: Para conocimiento general he publicado en la página Web personal el documento completo de la garantía.
5) No se ha considerado el “aporte público” en la valoración del proyecto y en la distribución de los ingresos.
La verdad es que en los estudios previos se había pensado en utilizar los aeropuertos para urbanizarlos y ayudar al financiamiento. Cuando el Concejo, en defensa de la salud de la población decidió que esos terrenos se conviertan en un parque, los asesores financieros, recomendaron al Comité Ejecutivo y al Directorio que la única forma de lograr el cierre financiero sería si la totalidad de los excedentes que genere el actual fuesen invertidos, única y exclusivamente, en el nuevo aeropuerto.
Por otra parte, la propiedad de los terrenos de Tababela es del Municipio, se concede solamente el usufructo, no se ha entregado la propiedad de dichas tierras al Concesionario. Finalmente los servicios básicos no los da la Municipalidad; por el contrario, el Concesionario proveerá de éstos a varias comunidades colindantes de estos servicios.
6) La Concesión se hizo a una empresa fantasma con ochocientos dólares de capital
Se ha dicho y el Presidente ha reiterado que con 70 millones de dólares el gobierno puede asumir el aeropuerto. No es así. El Concesionario invierte 110 millones de dinero propio y 350 millones de préstamos que ellos obtuvieron. No hay ningún crédito que deba pagar el Estado ecuatoriano, como aseguran opositores, la Contraloría y la Fiscalía. El total de aporte de los concesionarios es pues de 460 millones. Me parece que alguien que no soy yo no sabe de números. Además, como nadie es experto en todo, se contrataron especialistas en cada campo y contamos en el equipo de administración a economistas como Washington Herrera o Elsa de Mena, personas honradas y de reconocido prestigio.
7) La concesión no es al gobierno del Canadá
Todos los contratos celebrados para la ejecución del proyecto han sido suscritos con el Gobierno del Canadá, representado por la Canadian Commercial Corporation. Dicho gobierno, adicionalmente, emitió su formal garantía, por la cual asegura que el nuevo aeropuerto internacional de Quito será construido de conformidad con las especificaciones técnicas, precios, plazos y más condiciones acordadas. Todo esto fue ratificado por la Nota Diplomática que el Embajador del Canadá remitiera a la Cancillería ecuatoriana, a fin de atender el pedido formulado por la Comisión Anticorrupción.
El siguiente es parte del contenido de la comunicación:
“El Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, actualmente en marcha, conlleva la directa participación del Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation (CCC). La CCC es una Corporación Estatal del Gobierno de Canadá, establecida por el Parlamento Canadiense mediante Acta Parlamentaria de 1946.
De conformidad con la legislación canadiense, la CCC tiene la facultad de celebrar contratos, ya sea en su nombre, o a nombre del Gobierno de Canadá.
En Junio del año 2005 la Corporación Comercial Canadiense (CCC) celebró en su nombre los respectivos contratos con la CORPAQ, unidad de gestión de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para ejecutar tan importante proyecto.
Los contratos relativos al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito fueron suscritos por la Canadian Commercial Corporation mediante escrituras públicas celebradas en Quito, el 22 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, lo que implica una obligación directa, bajo las legislaciones ecuatoriana y canadiense, de dicha entidad en los términos y condiciones establecidos en dichos documentos.
Adicionalmente, la Canadian Commercial Corporation emitió formalmente la garantía de cumplimiento mediante documento de 20 de diciembre de 2005, de conformidad con el texto que consta del Anexo B del Contrato de Construcción.
Por consiguiente, el Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, garantiza que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, será construido de conformidad con las especificaciones, plazos, costos y demás aspectos previstos en los contratos suscritos para el efecto.”
Esta es la verdad. Somos perseguidos por haber hecho posible un sueño del pueblo quiteño. Por haber tomado todas las previsiones, dentro de lo posible; por no tenerle miedo al poder económico y político que están detrás de la conspiración.
El pueblo de Quito vio con horror la campaña electoral más miserable de su historia, utilizando este proyecto para destruir mi honra, con recursos de financiamiento a campañas de quienes apoyaron la presunta inconveniencia del nuevo aeropuerto.
Es una pena que la Contraloría haya sido sometida a vergüenza por malos funcionarios que obraron por las razones antes expuestas en beneficio de los conspiradoras, es una pena que la Fiscalía Distrital de Pichincha haya, por razones que despiertan sospecha, emitido un dictamen acusatorio justamente cuando el alcalde Augusto Barrera se encontraba renegociando los contratos, con mi apoyo, porque si le es posible mejorar las condiciones para el país no puedo menos que adherirme.
No nos queda más que esperar del juicio de Dios y del de la Historia, porque en el de los hombres, en nuestro país resulta imposible.
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En el año 2000, al iniciar nuestra gestión, tomamos la posta del proceso que habían venido realizando por más de 30 años la Dirección General de Aviación Civil y la Vicepresidencia de la República en los distintos gobiernos para la construcción del nuevo aeropuerto, en un sitio escogido previamente y cuyos terrenos habían sido expropiados para ese propósito 20 años antes.
La situación del aeropuerto “Mariscal Sucre”, era desastrosa; apenas brindaba en malas condiciones los servicios de una pobre terminal terrestre, de una ciudad secundaria.
En 1970, la Junta Nacional de Planificación, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil, contrataron a Airways Engineering Corp., a fin de efectuar un estudio de pre-factibilidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil; cinco años después, el 5 de noviembre de 1975, el Gobierno Nacional contrató con las compañías International Engineering Co. y Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., un estudio para la selección definitiva del sitio en que debía ubicarse el aeropuerto internacional de Quito.
En las recomendaciones presentadas, tras el respectivo estudio, los consultores afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Y: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año 1982, el Gobierno Nacional contrató al consorcio FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realice la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrolle el Plan Maestro de Ejecución.
En julio del año 1996, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas y publicó las Bases de Precalificación para empresas interesadas en participar en la construcción.
En octubre de 2000 a los tres meses de iniciada mi gestión, el Presidente Constitucional de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, de conformidad con lo previsto en el Art. 249 de la Constitución Política y el Art. 1 de la Ley de Aviación Civil, entre otras normas, emitió el Decreto Ejecutivo número 885, traspasando a la Municipalidad quiteña la construcción del nuevo aeropuerto internacional, así como para la administración y operación del aeropuerto Mariscal Sucre. El Decreto mandaba que cada municipalidad conforme una unidad ejecutora para realizar el proyecto.
Conformación de la CORPAQ
El Concejo Metropolitano de Quito, vistos los informes legales favorables emitidos por la Procuraduría General del Estado, por resolución unánime y en cumplimiento de lo previsto en el Art. 4 del Decreto Ejecutivo 885, resolvió la constitución de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito (CORPAQ).
De conformidad con el Estatuto de la CORPAQ, los órganos de dirección de dicha entidad son: el Directorio y el Comité Ejecutivo, que se encuentran conformados de la siguiente manera:
DIRECTORIO:
- El Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
- El Ministro de Relaciones Exteriores
- El Ministro de Comercio Exterior
- El Ministro de Turismo
- El presidente del CONAM
- El Director General de Aviación Civil
- Dos concejales designados por el Concejo Metropolitano
- Un concejal designado por el Alcalde
- Un delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Prefecto Provincial de Pichincha
- Un delegado de los sectores productivos organizados
- Un representante elegido por los rectores de las universidades y escuelas politécnicas con sede en Quito
- El Director de Planificación del Municipio de Quito
- El presidente de EXPOFLORES
COMITÉ EJECUTIVO:
- El Presidente del Directorio (Alcalde Metropolitano)
- El Vicepresidente del Directorio (Concejal designado por el Concejo Metropolitano)
- El delegado del Comité Cívico del Distrito Metropolitano
- El Director de Aviación Civil
- El Director de Planificación del Municipio de Quito.
Es fácil observar que las decisiones que se tomaron en el proceso de concesión y en la administración superior de la CORPAQ, fueron tomadas por un organismo que tiene representantes del sector público en los tres niveles de gobierno y presentes a la sociedad civil, el sector académico y el sector empresarial. Con esta conformación se aseguró que en la toma de decisiones exista una amplia participación, que asegure un proceso transparente en beneficio del país y la ciudad. La Dirección de Aviación Civil ha tenido una directa participación en este proceso, no sólo por cuanto su Director es miembro nato del Directorio y del Comité Ejecutivo de la CORPAQ, sino porque ha votado a favor en todas las decisiones adoptadas.
La oposición al proyecto
La negociación de la concesión tomó casi cinco años; todos los pasos se realizaron públicamente; toda firma de documentos en actos solemnes; en cada caso participó representando al gobierno del Canadá el Embajador de dicho país. Todo cambió cuando se legró el cierre financiero; entonces, cuando la construcción era un hecho y no una locura del Alcalde, como se decía entonces, “porque nadie querría invertir tanto dinero en este país”, que los intereses económicos comenzaron a conspirar de una manera activa y con una campaña costosa cuyo financiamiento debería investigarse.
Una tarde, me visitaron Alberto y Michel Deller y me advirtieron que no firme los contratos, porque me arrepentiría toda mi vida. Me dijeron que ellos podían construir el aeropuerto en 170 millones. Yo les respondí que si ellos presentaban una propuesta seria y una garantía, inmediatamente pediría al Directorio de la CORPAQ, terminar con la relación con el gobierno de Canadá. Nunca recibimos ni la propuesta y, peor la garantía. Los argumentos han sido los siguientes:
1) La inviabilidad del sitio de Puembo
En los estudios realizados en los años 1975 - 1976 para la selección del sitio participaron las consultoras Peat Marwick & Mitchell, especializada en estudios de navegación aérea, y Helmuth Obata y Kassabaum, diseñadora de aeropuertos –– se consideraron todos los temas como topografía y superficie, espacio aéreo, condiciones meteorológicas, planificación urbana, social y ambiental, acceso al aeropuerto, ingeniería y aspectos constructivos, informe final y plan maestro.
En las conclusiones plantean: “Desde el punto de vista de la planificación urbana y de los factores sociales y del medio ambiente, la acción más indicada es cerrar el aeropuerto Mariscal Sucre y desarrollar un nuevo aeropuerto en cualquiera de las dos partes.” Por la altura y consideraciones de planificación urbana aconsejan Puembo.; En las recomendaciones afirman: “El Gobierno del Ecuador debería proceder al desarrollo de un nuevo aeropuerto internacional en el sitio de Puembo para servir las necesidades futuras de la aviación para Quito.” Considerando las condiciones del espacio aéreo los consultores afirman: “El sitio de Puembo constituiría una buena mejora con relación al aeropuerto existente… El sitio de Puembo satisface los criterios de despegue para las salidas al norte y al sur”
Sobre la aproximación de precisión afirman que “funcionarán dentro de los parámetros indicados.” Y en la conclusión final dice: “Desde el punto de vista del espacio aéreo se concluyó que el sitio de Puembo sirve bien la demanda y requisitos futuros de aviación.”
En el año de 1982, para dar continuidad al proyecto, el Gobierno nacional contrata a FOSWECO – ITALAIRPORT, para que realicen la ingeniería básica del nuevo aeropuerto en Puembo y desarrollen el Plan Maestro de Ejecución. Entonces los consultores plantean en el tema de Circuitos de Espera y Procedimientos de Aproximación una advertencia operativa en el sentido de que: “la orografía difícil no permite aplicar rigurosamente las prescripciones OACI en lo que se refiere a la aproximación por instrumentos, considerando que corresponde a las autoridades locales decidir sobre el tema.” De haber sido éste, como ahora pretenden descubrir, un impedimento para la ejecución del Proyecto, lo lógico habría sido que las autoridades gubernamentales y la DGAC lo suspendieran y buscaran otras alternativas.
Sobre la base de los estudios realizados, la Comisión de Nuevos Aeropuertos de Quito y Guayaquil convocó a la precalificación de firmas en julio de 1996 y publicó para este efecto las Bases de Precalificación, en las cuales se afirma: “Los estudios para la selección del sitio para el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito se iniciaron en 1968 y luego se profundizaron en todos sus aspectos con el Estudio de Selección de Sitio efectuado por el consorcio IECO- CAE….Los estudios desarrollados por el consorcio IECO –CAE determinaron que el sitio más conveniente para el emplazamiento del nuevo aeropuerto es Puembo … La ubicación geográfica de la ciudad de Quito determina la imposibilidad de encontrar, dentro de una distancia aceptable desde el centro de la ciudad un sitio que responda a todos los requerimientos como sitio ideal. Por lo tanto, algunas de las limitaciones del sitio de Puembo deben ser aceptadas como inevitables y vinculantes al desarrollo del proyecto.”
En el año 1997, frente a pretensiones de que el aeropuerto de Quito se desarrolle en Latacunga, el Director de la DGAC, responde al Ministro de Defensa: “Es deber de esta Dirección dar las explicaciones necesarias a fin de que no exista duda alguna de las decisiones que desde mucho tiempo atrás se han tomado, respecto a los lugares donde se ha decidido construirlos, a debida cuenta que responde a estudios muy serios realizados con el aval de anteriores gobiernos y del actual Gobierno, por lo que esta Dirección se ratifica en todo lo actuado, pues corresponde a estudios avalizados por el organismo de aviación civil internacional (OACI) que ha actuado muy estrechamente con la Dirección de Aviación Civil…”
En términos similares responde la DAC al Jefe del Comando Conjunto, cargo que me honraba en desempeñar: “No existe otra alternativa para el país sino la de concluir los nuevos aeropuertos so pena de quedarnos aislados de las rutas internacionales, lo cual significará enormes pérdidas económicas para el Estado ecuatoriano que en corto tiempo sobrepasarán el valor previsto (para la construcción)”
Del mismo modo, ante la pregunta: “¿Porqué no se utiliza el aeropuerto de Latacunga como alternativa a la construcción de un nuevo aeropuerto en Quito?”, la DAC contestó al diputado Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político: “El tema ha sido estudiado y analizado en el transcurso de los últimos años, llegando a la conclusión técnica que el aeropuerto de Latacunga no puede reemplazar al aeropuerto de Quito; inciden en esta conclusión factores económicos, operativos y de demanda del centro de mayor consumo de los servicios que es la ciudad de Quito.”
Observen la irracionalidad de la campaña de los conspiradores que se pasaron más de un año con la cantaleta de que el sitio no era el adecuado. Lo cierto es que como no pudieron evitar la firma de la concesión, pretendieron parar su construcción. El temor es que si el actual aeropuerto funciona en apenas 130 ha., con una pista de 3.200 m., a una altura de 2.850 m. sobre el nivel del mar. Por estas razones los aviones no pueden salir con carga y combustible completos y los pasajeros debemos hacer escala obligada en Guayaquil, mientras que en Puembo, el nuevo aeropuerto se encuentra instalado en una extensión de 1.500 ha., tiene una pista de 4.100 m. y está a una altura de 2.400 m. Tales condiciones permitirán a los aviones salir con carga y combustible para llegar directamente a los principales aeropuertos de Norteamérica y Europa. Esta es una de las causas de la ciega oposición.
2) El sobreprecio en la concesión
Frente a denuncias de “sobreprecios” en la construcción, pedí al Directorio que se contrate dos consultoras independientes para determinar si era posible que la CORPAQ haya sido llevada a error por los concesionarios o por sus propios asesores. Así pues, en el año 2006, la CORPAQ contrató a las consultoras Louis Berger, de EEUU, y Agosta & Campana, de Argentina, ambas de reconocido prestigio internacional, para que analizaran las inquietudes relacionadas con el costo de construcción del proyecto contratado.
Louis Berger realizó su estudio utilizando el método comparativo con infraestructura similar de otros aeropuertos recientemente construidos. Así, compara terminales de pasajeros, terminales de carga, pista principal, torre de control y elabora un cuadro de costos de construcción por metro cuadrado, de cuyo análisis se desprende que el costo de construcción del nuevo aeropuerto de Quito, a su juicio, se encuentra dentro de un rango aceptable de fluctuación de 5%.
La consultora Agosta & Campana realizó su estudio utilizando el método constructivo a base de precios unitarios, es decir que hizo su propio cálculo del costo de construcción como si se tratara del constructor y concluyó que, a su juicio, el costo es un 12% más bajo que el señalado en el contrato de 2005.
No solamente eso, sino que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los financistas del proyecto, su criterio. Esta fue la respuesta recibida el 22 de diciembre de 2005 que, entre otros temas, indica:
“La revisión detallada del proyecto que hizo el BID durante el proceso para la aprobación del préstamo, incluyó la revisión de los costos de construcción por parte de un ingeniero independiente; los cuales fueron confirmados dentro de un rango aceptable comparado con proyectos internacionales con características similares. Además la empresa Louis Berger, contratada por CORPAQ, realizó un análisis comparativo de costos del nuevo aeropuerto de Quito, y su conclusión fue que en la fecha de ese estudio, el costo de construcción estimado por ellos alcanzaba un monto cuya diferencia era de aproximadamente 1% superior en relación con el costo propuesto por el concesionario.
Finalmente, cabe recordar que CORPAQ realizó un proceso de licitación internacional bajo la modalidad de Swiss Challenge que le permitió al mercado en general participar y ofrecer un precio más competitivo. La falta de interés de otros participantes en el proceso sugiere que, en su momento, el precio del aeropuerto no presentaba una discrepancia significativa que resultase en contrapropuestas más competitivas.”
Como se insistió en las diferencias en los precios de la Terminal y Torre de Control, volví a pedir aclaraciones. La administración respondió que se debían a las especiales medidas de seguridad necesarias en la construcción por tratarse de una zona sísmica y que las exigencias planteadas generan esa diferencia de precios.
3) Ventajas desproporcionadas a favor del Concesionario
Era necesario, como en el caso de los “sobreprecios” comprobar que los concesionarios hayan sacado provecho y engañado a los asesores y a la Administración. Por lo tanto, en defensa de los intereses de Quito, pedí al Directorio que disponga la contratación de una consultora experta que aclare este punto.
Como un mecanismo de transparencia adicional, dispuse que, a través de un proceso de selección, se contrate una firma independiente para que analice ese y los demás estudios financieros relativos al proyecto del nuevo aeropuerto. En efecto, se realizó un concurso público y el Consorcio Proventus-PKF fue contratado para la auditoría y revisión de los planes financieros. La consultoría determinó con toda claridad que la tasa interna de retorno del proyecto se ubica entre el 16.5% y la del accionista es 19.78%.
4) Las garantías de rentabilidad a favor de los Concesionarios y prestamistas
La Garantía Municipal consta del documento emitido el 22 de junio de 2005. Respalda las obligaciones que, en virtud de los diferentes contratos y acuerdos relativos a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, asumió la unidad de gestión municipal CORPAQ. El objeto de la garantía es:
- Otorgar los permisos y autorizaciones necesarios para la construcción del aeropuerto, una vez que se hayan cumplido los requisitos legales correspondientes;
- No obstaculizar el proceso de construcción del nuevo aeropuerto;
- Conceder los derechos de vía requeridos para la instalación de servicios básicos;
- No expropiar indebidamente el área concesionada ni la infraestructura edificada;
- Remover los obstáculos que impidan una segura operación del aeropuerto, como las antenas de HCJB;
- No impedir la normal operación del aeropuerto actual o la del nuevo aeropuerto, una vez construido, excluyéndose, por cierto, casos fortuitos o de fuerza mayor,
- Prestar los servicios de seguridad en el actual y en el nuevo aeropuerto y otras obligaciones similares.
Ni la Novación de la Garantía ni el Acuerdo de Consentimiento alteran en forma alguna el alcance de la Garantía lo cual sería además, jurídicamente improcedente. Ni la Garantía Municipal ni algún otro documento, han sido emitidos en respaldo de eventuales incumplimientos del concesionario, Corporación Quiport S.A, como han asegurado los dos concejales opuestos al proyecto y recogen la Contraloría General del Estado y la Fiscalía Distrital de Pichincha.
Es todavía peor, falso de falsedad absoluta y malsano en su intención, afirmar que exista “el consentimiento expreso de la Municipalidad de responsabilizarse por riesgos, de todo tipo, incluyendo aquellos vinculados con la falta de pago del financiamiento por parte de Quiport S.A…”
Nota: Para conocimiento general he publicado en la página Web personal el documento completo de la garantía.
5) No se ha considerado el “aporte público” en la valoración del proyecto y en la distribución de los ingresos.
La verdad es que en los estudios previos se había pensado en utilizar los aeropuertos para urbanizarlos y ayudar al financiamiento. Cuando el Concejo, en defensa de la salud de la población decidió que esos terrenos se conviertan en un parque, los asesores financieros, recomendaron al Comité Ejecutivo y al Directorio que la única forma de lograr el cierre financiero sería si la totalidad de los excedentes que genere el actual fuesen invertidos, única y exclusivamente, en el nuevo aeropuerto.
Por otra parte, la propiedad de los terrenos de Tababela es del Municipio, se concede solamente el usufructo, no se ha entregado la propiedad de dichas tierras al Concesionario. Finalmente los servicios básicos no los da la Municipalidad; por el contrario, el Concesionario proveerá de éstos a varias comunidades colindantes de estos servicios.
6) La Concesión se hizo a una empresa fantasma con ochocientos dólares de capital
Se ha dicho y el Presidente ha reiterado que con 70 millones de dólares el gobierno puede asumir el aeropuerto. No es así. El Concesionario invierte 110 millones de dinero propio y 350 millones de préstamos que ellos obtuvieron. No hay ningún crédito que deba pagar el Estado ecuatoriano, como aseguran opositores, la Contraloría y la Fiscalía. El total de aporte de los concesionarios es pues de 460 millones. Me parece que alguien que no soy yo no sabe de números. Además, como nadie es experto en todo, se contrataron especialistas en cada campo y contamos en el equipo de administración a economistas como Washington Herrera o Elsa de Mena, personas honradas y de reconocido prestigio.
7) La concesión no es al gobierno del Canadá
Todos los contratos celebrados para la ejecución del proyecto han sido suscritos con el Gobierno del Canadá, representado por la Canadian Commercial Corporation. Dicho gobierno, adicionalmente, emitió su formal garantía, por la cual asegura que el nuevo aeropuerto internacional de Quito será construido de conformidad con las especificaciones técnicas, precios, plazos y más condiciones acordadas. Todo esto fue ratificado por la Nota Diplomática que el Embajador del Canadá remitiera a la Cancillería ecuatoriana, a fin de atender el pedido formulado por la Comisión Anticorrupción.
El siguiente es parte del contenido de la comunicación:
“El Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, actualmente en marcha, conlleva la directa participación del Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation (CCC). La CCC es una Corporación Estatal del Gobierno de Canadá, establecida por el Parlamento Canadiense mediante Acta Parlamentaria de 1946.
De conformidad con la legislación canadiense, la CCC tiene la facultad de celebrar contratos, ya sea en su nombre, o a nombre del Gobierno de Canadá.
En Junio del año 2005 la Corporación Comercial Canadiense (CCC) celebró en su nombre los respectivos contratos con la CORPAQ, unidad de gestión de la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, para ejecutar tan importante proyecto.
Los contratos relativos al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito fueron suscritos por la Canadian Commercial Corporation mediante escrituras públicas celebradas en Quito, el 22 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, lo que implica una obligación directa, bajo las legislaciones ecuatoriana y canadiense, de dicha entidad en los términos y condiciones establecidos en dichos documentos.
Adicionalmente, la Canadian Commercial Corporation emitió formalmente la garantía de cumplimiento mediante documento de 20 de diciembre de 2005, de conformidad con el texto que consta del Anexo B del Contrato de Construcción.
Por consiguiente, el Gobierno del Canadá, a través de la Canadian Commercial Corporation, garantiza que el Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, será construido de conformidad con las especificaciones, plazos, costos y demás aspectos previstos en los contratos suscritos para el efecto.”
Esta es la verdad. Somos perseguidos por haber hecho posible un sueño del pueblo quiteño. Por haber tomado todas las previsiones, dentro de lo posible; por no tenerle miedo al poder económico y político que están detrás de la conspiración.
El pueblo de Quito vio con horror la campaña electoral más miserable de su historia, utilizando este proyecto para destruir mi honra, con recursos de financiamiento a campañas de quienes apoyaron la presunta inconveniencia del nuevo aeropuerto.
Es una pena que la Contraloría haya sido sometida a vergüenza por malos funcionarios que obraron por las razones antes expuestas en beneficio de los conspiradoras, es una pena que la Fiscalía Distrital de Pichincha haya, por razones que despiertan sospecha, emitido un dictamen acusatorio justamente cuando el alcalde Augusto Barrera se encontraba renegociando los contratos, con mi apoyo, porque si le es posible mejorar las condiciones para el país no puedo menos que adherirme.
No nos queda más que esperar del juicio de Dios y del de la Historia, porque en el de los hombres, en nuestro país resulta imposible.
1/08/2010
En Tababela las obras siguen en curso
En Tababela las obras siguen en curso
El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.
86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos
Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.
Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.
Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.
Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.
Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.
Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.
Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.
Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.
El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.
Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
El movimiento de trabajadores en la nueva terminal aérea es normal. Mientras tanto, el proceso por presunto peculado en el contrato avanza.
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
Los trabajos en el nuevo aeropuerto de la capital no se han paralizado. Ayer, este Diario realizó un recorrido por la terminal aérea de Tababela y allí se corroboró que los obreros trabajan con regular normalidad en la estación.
Las cuadrillas de trabajadores colocaban el césped en las áreas aledañas al edificio principal de la terminal. Mientras, otro grupo colocaba material sobre la pista de aterrizaje.
86 por ciento
de los sub contratos que se realiza en el aeropuerto son
ecuatorianos
Cuatro tanqueros regaban los caminos de polvo de la estación con normalidad. En el interior del edificio también hubo trabajos, aunque con menos obreros. Allí se hacían las pruebas de las cinco escaleras eléctricas que funcionarán en la estación.
Roberto Díaz, uno de los empleados, comentó que las labores no han sufrido complicaciones. “Trabajamos en las instalaciones eléctricas y estamos contra el tiempo”. Él llega hasta Tababela a las 08:00 y termina su trabajo a las 19:00. Díaz labora junto con otras 15 personas.
Este Diario intentó obtener la versión del porcentaje de avance de obra y el número de trabajadores que laboran en el lugar, pero hasta la tarde de ayer la información no fue proporcionada.
Asimismo, los permisos para ingresar hasta las instalaciones son más rigurosos. Esto luego del dictamen emitido por el Fiscal de Pichincha, Marco Freire, donde se establece presunto delito de peculado.
Según Philippe Baril, presidente de Quiport, no hay ningún problema en recorrer las obras, pero considera que ahora “estamos en una situación difícil, en la cual no podemos mandar mensajes que no sean claros dentro de este problema”.
Él se refiere al documento legal donde se señala que el ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo; el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel, y dos funcionarios de la concesionaria Quiport son presuntos autores y cómplices de peculado.
Esto fue lo que consideró Frei-
re luego de concluir la instrucción fiscal que investiga el presunto otorgamiento de garantía municipal a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC) que construye el aeropuerto en Tababela.
Baril acotó que esta resolución pone en grave peligro el proyecto y al proceso de renegociación del contrato de construcción del aeropuerto “Cómo se puede renegociar un contrato que se supone está mal obtenido. Esta resolución complica la situación”. Según Quiport, los banqueros internacionales (prestamistas del proyecto aeroportuario) aún no se han pronunciado sobre el petitorio del fiscal de Pichincha, pues todavía están estudiando el documento de 113 páginas.
Baril mencionó que está a la espera del pronunciamiento de los prestamistas, pues ya se tenía pactada una reunión para definir los acuerdos de la renegociación para el 15 de enero.
Por otra parte, el fiscal Freire señaló que los implicados en el caso de presunto peculado ya fueron notificados.
Ahora se espera que la Tercera Sala de lo Penal de Pichincha envíe a consulta al Fiscal General del Estado sobre los no acusados, entre los que constan el alcalde Augusto
Barrera, los ex concejales Wilma Andrade, María Cárdenas, Antonio Ricaurte, Margarita Carranco y otras nueve personas. Freire dijo que el Fiscal General debe confirmar o revocar su decisión luego de verificar si las versiones otorgadas están o no bien hechas.
El ex vicealcalde de Quito, Andrés Vallejo, rechazó y criticó la acción del fiscal de pichincha, él considera que este dictamen contiene “barbaridades jurídicas y que es un golpe de gracia contra el acuerdo de renegociación del nuevo aeropuerto”.
Acotó que en el caso “no consentido de que existiera un presunto delito”, las dos partes: Municipio y la CCC serían autoras del mismo. “El Fiscal ni siquiera menciona a la CCC ni se tomó la molestia de pedir una versión oficial al organismo”.
Moncayo por su parte señaló en una carta pública que renuncia a la inmunidad política para enfrentar el proceso legal. “A la Asamblea Nacional quiero expresarle que, a pesar del origen político y persecutorio de la acusación, ni aspiro, ni aceptaría jamás acogerme a ninguna forma de inmunidad”.
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Hay intereses económicos en el aeropuerto
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980632
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
Para más articulos visitar sección Noticias en:
www.pacomoncayo.ec
8 enero 2010
Luego de más de cinco años, alguien hizo público un temor que rondaba por los pasillos del Municipio desde la anterior administración y que se ha mantenido en la actual.
“Hay un complot para evitar la construcción del nuevo aeropuerto que viene desde el Grupo Deller que actualmente administra el aeropuerto de Guayaquil. Ellos pretenden tener un monopolio sobre los aeropuertos del Ecuador ya que también están haciendo mejoras en el de Latacunga”, dijo Antonio Ricaurte, ex concejal y ex candidato a Alcalde.
También usó la palabra complot el ex alcalde Paco Moncayo en una entrevista que concedió a Teleamazonas.
Pero Ricaurte profundizó en la afirmación: “actualmente hay funcionarios en el Estado y en el Municipio que son empleados del presidente de este grupo, Michele Deller”. Y mencionó al director de Aviación Civil, Fernando Guerrero; al gerente de la Empresa Nuevo Aeropuerto (Corpaq), César Pozo Arregui; y a un supuesto funcionario del Cabildo, llamado Ramiro Almeida.
“Incluso el propio Deller es quien debe haberle pagado al fiscal general, Washington Pesántez, para que haga este pronunciamiento. Aunque esto no se pueda demostrar, es evidente”, agregó.
Más indicios
Otra de las informaciones que circulaba en el Municipio era que el grupo Deller se acercó al ex alcalde Paco Moncayo, una vez que su administración decidió concesionar la construcción de la obra a la Canadian Commercial Corporation (CCC), para ofrecerse como candidato para la ejecución.
Ayer confirmó eso el concejal Pablo Ponce, quien fue uno de los hombres más cercanos a Moncayo:
“Vinieron a decirnos que podían construir el mismo aeropuerto a un costo mucho menor, pero ellos no habían participado en la licitación pública y nosotros ya teníamos la garantía del Gobierno de Canadá”.
Ricaurte también aseguró conocer esta situación y comentó que “es lógico, con la construcción del aeropuerto de Quito, el que más pierde es el de Guayaquil porque más vuelos podrán llegar a la capital”.
La Hora intentó hablar con Deller, pero en su oficina dijeron que estaba en una reunión y luego dejaron de contestar el teléfono.
Desprestigio
Este diario tuvo acceso a un documento que tiene el sello de una reconocida empresa de relaciones públicas del país, en el que se detalla una estrategia de desprestigio contra el nuevo aeropuerto y se especifica qué cosas se deber decir sobre la obra, entre ellas, la supuesta garantía entregada sobre la rentabilidad del proyecto.
Además, el documento advierte que se contactó con una concejala de la pasada administración y con varios periodistas para que difundieran estas afirmaciones
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Caso aeropuerto levanta polvareda
El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.
El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.
Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.
Aeropuerto: denuncian intereses económicos
“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.
‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.
También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.
El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.
FRASE
MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”
Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones
Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.
Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.
En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.
También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.
El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.
Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos
Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.
Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.
Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.
Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.
Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.
El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=980677
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Carta de Apoyo al Gnral. Paco Moncayo
Señor General
Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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Paco Moncayo Gallegos
Ex Alcalde Metropolitano
Estimado General:
Con pena nos hemos enterado de la intención de iniciar acciones legales en su contra y quiero expresarle mis sentimientos de consideración y estima, así como la convicción de que “la verdad no pide fuerza” y que sale a la luz a pesar de los intereses mediáticos en acallarla.
Hemos sido testigos los ciudadanos del Distrito de la gran obra realizada en su administración al punto de convertir a Quito en una de las ciudades con mejores índices de cobertura de los principales servicios y confío que en este caso sabrá respaldar a un hombre que tanto sacrificio y trabajo demostró, he sido testigo su entrega, honestidad, dedicación, de las interminables jornadas laborales en la que usted como principal personero era el primero en iniciarla y también el último en concluirla, cuando la mayoría de los ciudadanos estaba gozando de la paz de su familia, eso no puede quedar en el olvido y aunque los quiteños somos difíciles y exigentes también somos un pueblo noble y sabemos reconocer la labor de grandes hombres como usted.
Haga por favor extensiva mi solidaridad y respaldo a Doña Martita y a su familia.
Ing. Rita Vargas
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1/07/2010
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=326954&id_seccion=11
El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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El dictamen fiscal puede afectar a la renegociación del aeropuerto
El Alcalde afirmó que el pronunciamiento del fiscal puede complejizar las conversaciones con los prestamistas. Los implicados aún no han sido notificados
Redacción Quito
quito@elcomercio.com
El dictamen acusatorio emitido por el Fiscal de Pichincha en donde se acusa de supuesto delito de peculado por el contrato del nuevo aeropuerto, pudiera afectar el proceso de renegociación del proyecto de Tababela.
El documento señala como presuntos autores de peculado al ex alcalde Paco Moncayo; el ex vicealcalde Andrés Vallejo, el ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo; el ex presidente de Corpaq, Diego Pachel y dos funcionarios del concesionario Quiport.
El dictamen acusatorio fue emitido al concluir la instrucción que investiga el presunto otorgamiento de garantías municipales a favor de la Canadian Commercial Corporation (CCC).
El alcalde Augusto Barrera, quien lleva adelante la renegociación del contrato del aeropuerto, señaló que el dictamen emitido por el fiscal Marco Freire “podría complejizar el proceso de renegociación del contrato que se lleva adelante desde agosto de 2009”.
El Alcalde afirmó que existen dos problemas. El primero es que los prestamistas del nuevo aeropuerto (banqueros internacionales) han planteado condiciones en las que “ellos pudieran suspender los desembolsos para el proyecto. Sus preocupaciones son sobre la posición de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso”.
Además, Barrera dijo que no ha incidido desde su cargo de Alcalde ni como miembro de Alianza País para que se dé el dictamen.
El segundo elemento que pudiera afectar las conversaciones con los prestamistas y Quiport es que el dictamen es sobre el contrato que está en renegociación.
Philippe Baril, presidente de Quiport, expresó que los errores de concepto y malos entendidos del dictamen acusatorio serán refutados. “Esta acción solo puede hacer daño a la conclusión de la renegociación”.
El fiscal Freire defendió su actuación y aclaró que no ha recibido presiones de ningún tipo para emitir su dictamen. Aclaró que no se acusaron a todos los concejales que aprobaron la firma de las garantías del contrato porque dentro de la investigación se determinó que “algunas señoritas concejalas no conocían a fondo el texto que iban a aprobar”.
Eso en derecho significa -según Freire- que no tuvieron la conciencia y voluntad de conocer a fondo el documento que iban a firmar. Freire refirió que Andrés Vallejo y Paco Moncayo sí conocían lo que se iba a firmar en la reunión del Concejo.
Este trámite continúa en la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. Esta sala tiene que notificar a las partes, pero hasta ayer el trámite no se cumplió.
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