El asambleísta Paco Moncayo, frente a los lamentables hechos protagonizados por la Asamblea Nacional, como consecuencia del proceso de juicio político al Fiscal y que han generado malestar en la ciudadanía, lesionando gravemente la institucionalidad de este poder del Estado y evidenciando, una vez más, la incapacidad de la Asamblea de cumplir con una de sus principales funciones, como es la de fiscalizar, presentó el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Según el asambleísta, la Ley Orgánica de la Función Legislativa en los artículos: 76, 81, 82, 83 violenta la norma y el espíritu del mandato constitucional al amputar la capacidad de todos los asambleístas de legislar y fiscalizar, conforme al mandato otorgado por sus electores, y atribuir a una Comisión de once miembros la posibilidad de convertirse en instancia final de decisión en cuanto a archivar o dar trámite a los juicios políticos, con lo cual dicha Ley ha impedido que la Asamblea Nacional pueda fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, como manda la Constitución de la República del Ecuador.
“La capacidad de fiscalizar debe tener un tratamiento igual a la de legislar y la comisión de Fiscalización y Control Político las mismas normas, de modo que pueda presentar informes de consenso o de mayoría y minoría que deben pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea, único nivel de resolución y decisión, conforme a la propia Ley que dispone en su artículo 7 que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas”, según expresó Paco Moncayo.
Finalmente expresó que los vacíos existentes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se han transparentado en el Juicio Político al Fiscal General del Estado, causando grave conmoción ética en la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas y afectado gravemente a la democracia.
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