Polémica. La actual administración municipal ha tenido que aceptar que la obra se ha retrasado durante varios meses.
De ser encontrados culpables del delito de peculado sancionado por el Art. 257 C del Código Penal, el ex alcalde de Quito Paco Moncayo y los otros cinco imputados acusados por la Fiscalía podrían enfrentar una pena que va de uno a cinco años de prisión y multa de 190 a 250 dólares.
Este juicio tiene como sustento la autorización que otorgara el Concejo Metropolitano de Quito, mediante resolución, para que el alcalde de ese entonces, Paco Moncayo, suscribiera los contratos de ‘garantía municipal’, con la Canadian Commercial Corporation, para que ésta asuma las obligaciones que la Corporación Aeropuerto y Zona Franca asume en virtud del contrato de concesión.
El documento
En el extenso dictamen mixto, de 134 páginas, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, argumenta que la antijuridicidad material en la que habrían incurrido por los imputados, es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que ‘in specie’ es la administración pública, que ha sido lesionada por la conducta de los procesados, “lo cual queda demostrado con el hecho de que convoca a la sesión extraordinaria, dirigió la misma en calidad de presidente del Concejo Metropolitano y suscribieron, en el caso de Paco Moncayo y Carlos Jaramillo, la garantía municipal”.
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Este Fiscal también sostiene que las “representadas” por los otros imputados también se beneficiaron con esta “Garantía Municipal”, afectando claramente bienes tangibles e intangibles de la Municipalidad.
La acusación fiscal
Del ex alcalde Paco Moncayo, el Fiscal dice que abusando de su cargo favoreció a la empresa Canadian Commercial Corporation, garantizando a la empresa Quiport y los financistas de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, sus inversiones con bienes y rentas municipales, conforme consta en los contratos celebrados y suscritos por el ex alcalde.
Respecto del ex vicealcalde Andrés Vallejo, el fiscal Freire señala, entre otras cosas, que existió acto típico y doloso por cuanto el procesado supo y conocía lo que hacía. Además, “en calidad de alcalde encargado, sus acciones de encaminaron a defender la concesión y el otorgamiento de la garantía municipal a una empresa privada”.
En cuanto al ex procurador síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, Freire señala que como asesor jurídico conocía que el otorgamiento de garantías a favor de deudores, ya sean personas naturales o jurídicas del sector privado, corresponde realizarlo exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que al haber emitido su opinión favorable, indujo a error a la mayoría de los ex concejales, al hacerles creer que la autorización que otorgaban al Alcalde se enmarcaba dentro de los parámetros legales.
La versión del ex Alcalde
El ex burgomaestre de Quito, Paco Moncayo, en un comunicado reconoció que los prestamistas exigieron una garantía. Documento que dijo haber firmado “previo informe de la Procuraduría General del Estado y de la Procuraduría Metropolitana; con conocimiento del Directorio de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito; y con la autorización de la totalidad de los Concejales presentes en la sesión pública del Concejo Metropolitano del 17 de junio de 2005”.
Esa garantía, que no es financiera como lo han reconocido los propios prestamistas, los concesionarios y el perito nombrado por la Fiscalía, y sin la cual simplemente el aeropuerto no se construía, con grave daño al país, “es la que motiva la insensata, antijurídica y vil acusación del fiscal Marco Freire, presionado, con evidentes intensiones políticas”, informó Moncayo.
Freire rechazó esas declaraciones. Dijo que la política de la Fiscalía a nivel nacional es de respetar la independencia de los fiscales.
Señaló además que el dictamen acusatorio que emitió fue resultado de una investigación de siete meses. “Exigimos respeto al trabajo que hace la Fiscalía. Si ellos quieren oponerse, que lo hagan conforme manda la Ley”, agregó.
Proceso
Las listas
ACUSADOS DE AUTORES
Paco Moncayo Gallegos, ex alcalde
Andrés Vallejo Arcos, ex vicealcalde
Carlos Jaramillo Díaz, ex procurador sindico
ACUSADOS DE CóMPLICES
Luis Pérez, presidente ejecutivo de Quiport
Diego Pachel Sevilla, director ejecutivo de Corpaq
Barry Morocho Santamaría, gerente gene-ral de Quiport
NO ACUSATORIO
Ex concejales Wilma Andrade Muñoz, Augusto Barrera Guarderas, Luis Caicedo Araque, María Rivadeneira, Margarita Carranco Obando, Paulina Espinosa Andrade, Gonzalo Ortiz Crespo, Pablo Ponce Cerda, Antonio Ricaurte Román, Sandra Serrano (abogada en libre ejercicio) y Ramiro Dávila Silva (Notario).
Dato
El juicio tiene 137 cuerpos de 13.785 fojas
Para más contenido, visitar pagina oficial del Asambleísta Paco Moncayo:
www.pacomoncayo.ec
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