1/08/2010

Caso aeropuerto levanta polvareda

El dictamen del fiscal de Pichincha, Marco Freire, en el caso del nuevo aeropuerto para Quito, que acusa a unos y a otros se abstiene de hacerlo, ha generado una serie de reacciones de conocidos juristas que no han tenido reparo alguno en calificarlo de incoherente.

El ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y catedrático universitario en materia penal, Rodrigo Bucheli, dijo que no entiende lo que quiso expresar el fiscal Marco Freire en su dictamen, primero porque una situación de orden colectivo y la mera expresión de una voluntad, de manera alguna puede convertirse en infracción, porque la opinión no constituye trasgresión.

Agrega que nadie puede ser perseguido y sentenciado por sus ideas, pero en el presente caso el Fiscal de Pichincha incrimina a unos por haber expresado su opinión a través del voto en el interior del Concejo, pero a otros los absuelve, pese a que también expresaron las mismas ideas por medio de sus votos.

Aeropuerto: denuncian intereses económicos



“Eso es contradictorio y carece de coherencia legal”, dice el jurista en libre ejercicio de la profesión, no sin antes aclarar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna, pero el Fiscal no acusa a algunos concejales aduciendo que fueron inducidos por los comentarios de otros y por ello emitieron su voto a favor.

‘Una chifladura’
Un criterio casi similar emitió el también ex magistrado de la ex CSJ, Mauro Terán, solo que éste jurista agregó el comentario que este dictamen “es una chifladura del servilismo, porque de bases jurídicas carece en su totalidad”.

También dice que es absurdo acusar de un posible peculado, cuando éste no se ha consolidado. “El peculado es un perjuicio al Estado y en este caso no se puede afirmar aquello por una garantía que no se ha efectivizado”.

El ex magistrado sostiene además que es absurdo que se acuse a unas personas y a otras no, cuando todas emitieron un criterio por el que se les está juzgando a las primeras. También señala que es inaudito que el fiscal Marco Freire se haya convertido en una especie de defensor de ciertos concejales, a quienes les dice que han actuado sin conciencia ni libertad, y por ello se abstiene de acusarles.

FRASE

MAURO TERÁN
“Es ofensivo para las personas a las que el Fiscal está tratando de defender, al liberarles de la acción judicial, porque se les está considerando una especie de minusválidos mentales o irresponsables que votan sin analizar…”


Fiscalía demanda y exige respeto a sus decisiones

Se ha convertido en lugar común que el imputado de un presunto delito, acuse a los fiscales de persecución política y que, como respuesta a su “dignidad ofendida”, procedan a inferir improperios y burdos insultos como la más alta forma de su defensa.

Así invoca el documento que ayer hizo circular la Fiscalía General del Estado para contestar la reacción que ha generado el dictamen acusatorio contra el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo y otros, por la garantía para el nuevo aeropuerto de Quito.

En este se dice que toda sociedad regida por leyes y normas legales, los sujetos que la integran tienen la obligación de respetarlas y, cuando las infringen, el deber de asumir sus responsabilidades y, en legítimo derecho, defender, con argumentos jurídicos, la honradez de sus procedimientos.

También se aclara que la Fiscalía General del Estado es una institución independiente de apetitos políticos, que actúa en derecho y sus resoluciones y dictámenes se ajustan a las normas legales y procesales. No toma en cuenta ni el nombre, ni el rango, ni el brillante pasado, ni el promisorio futuro de quienes presuntamente cometieron un delito.

El comunicado de la Fiscalía termina demandando respeto y exigiendo de los presuntamente afectados, en este caso un ex presidente de la República y un ex alcalde de Quito, sindéresis con su trayectoria, tranquilidad de ánimo y argumentos sólidos en su defensa.


Los argumentos del Fiscal de Pichincha para no acusarlos

Augusto barrera
No conocía de las prohibiciones legales que existían para otorgar garantías a empresas privadas con bienes y recursos municipales. Actuó con la opinión legal otorgada por el Procurador Síndico del Municipio, Carlos Jaramillo, único profesional del Derecho dentro del Concejo, “es decir que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible”.

Antonio Ricaurte
Se presume que la actuación del ex Concejal se debió a la seguridad que infundió el asesor jurídico de la Alcaldía, por lo que actuó bajo lo que la doctrina denomina como error de tipo vencible, ya que si bien el informe jurídico infundió el convencimiento de que la resolución sería apegada a derecho, pude ser vencible o superable, ya que con algo más de diligencia se pudo enterar de la ilegalidad de lo actuado y hubiese seguramente votado en contra.
Idéntico argumento se esgrime para no acusar a los otros ex concejales de Quito.

Ramiro Dávila Silva (Notario)
Para este caso, el Fiscal dice que existe acción pero esta no tiene relevancia jurídico-penal alguna, siendo la misma atípica, haciéndose innecesario, en su caso, analizar las demás categorías dogmáticas del delito: antijuridicidad y culpabilidad.

Sandra Reed Serrano
Se estableció que actuó en calidad de doctora en jurisprudencia y abogados de los Tribunales de la República, por lo que su actuación se enmarca a los servicios profesionales contratados por las diferentes empresas como son Canadian Commercial Corporation o Quitport
Se agrega que su actuación no tiene relevancia jurídico-penal, ya que no se aprovechó de su función para favorecerse o favorecer a las empresas privadas concesionarias de las obras a desarrollarse en el nuevo aeropuerto de Quito.

Informe pericial
El perito Fernando Rodríguez Díaz, en su informe dice, entre otras cosas, que la Garantía Municipal si es una garantía financiera y compromete las rentas y bienes municipales.

El denunciante enjuiciado
La investigación de la fiscalía se inició en base a la denuncia presentada por el entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, por lo que se dio inicio a la indagación previa el 22 de noviembre de 2007.

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